eldiario.es

9

El Gobierno de Canarias comunica por carta un desahucio a una familia de Lanzarote con dos menores

La empresa pública Visocan afirma que no es un caso de vulnerabilidad social y alega que se trata de un problema de convivencia, pero no consta ninguna denuncia

La carta es la única comunicación que ha hecho la empresa pública. No hubo llamadas antes de eso, ni visitas para conocer la situación de la familia

- PUBLICIDAD -
Ana Cecilia, segunda por la izquierda, junto a las compañeras de la plataforma y a su abogada

Ana Cecilia, segunda por la izquierda, junto a las compañeras de la plataforma y a su abogada Manolo de la Hoz / Diario de Lanzarote

El pasado 28 de mayo Ana Cecilia Sánchez y su familia tenían que haber abandonado la que ha sido su casa en la capital lanzaroteña durante los cinco últimos años, en la calle Tarragona, de Arrecife. El 1 de diciembre recibieron una carta en la que se decía, muy escuetamente, lo siguiente: “Por medio de la presente y dentro del plazo conferido al efecto por el artículo 10 de la LAU 29/1994 pongo en su conocimiento la voluntad de esta entidad arrendadora de dar por concluido el contrato de arrendamiento (...) Les ruego por lo tanto que antes de la expiración de dicho término, tengan a bien dejar libre la vivienda”. Nada raro sino fuera porque el casero es la empresa pública del Gobierno de Canarias Visocan, cuyo objeto fundamental es la promoción de viviendas sociales protegidas.

Ana Cecilia es ayudante de cocina y vive en esa casa con su marido, que es chapista, y sus tres hijos, uno de ellos menor de edad, y uno de sus nietos, de 18 meses. Firmó en 2013 un contrato de alquiler con opción a compra en una promoción de viviendas de protección oficial, por el que paga casi 300 euros al mes. En el momento de  afrontar la compra, en 2015, no pudo hacerlo porque no disponía del dinero suficiente, ya que ni su marido ni ella tienen trabajos fijos, y Visocan pedía una entrada de 15.000 euros.

La carta es la única comunicación que ha hecho la empresa pública. No hubo llamadas antes de eso, ni visitas para conocer la situación de la familia, que se mantiene en la casa, pagando a través del Juzgado porque no encuentra una vivienda que pueda costearse. Ana Cecilia fue a pedir ayuda a la plataforma por una vivienda digna de Lanzarote, que a su vez la remitió al abogado Jorge Peñas: “Lo de los 15.000 euros es una opción ficticia, lo ponen difícil”, dice, y se extraña del “tono tan frío para una institución de este tipo”.

Según Ana Cecilia, Visocan alude también, “por teléfono”, a un problema de convivencia, a quejas de la comunidad de propietarios, pero no existe ninguna denuncia, ni pruebas ni documentos que acredite esto. Ella solicitó por escrito hablar con la dirección de la empresa pero no la contestaron, así que se trasladó a Gran Canaria, donde están las oficinas, y donde tampoco encontró ninguna solución. De la misma forma, tampoco logra nada en el Instituto Canario de la Vivienda, pero el 8 de marzo recibió otra carta con el mismo texto.

Su abogado dice que ella ha cumplido con todas sus obligaciones puntualmente, con todos los gastos y que las acusaciones sobre la convivencia no son ciertas. En un escrito presentado a Visocan propone tres soluciones: prorrogar el contrato con opción a compra asumiendo una subida de la renta de unos 100 euros al mes, por la evolución del mercado o firmar un nuevo contrato en precario de dos o tres meses para dar un plazo y encontrar otra casa. La tercera opción es una oferta de compra por 80.000 euros. En el escrito, Peñas señala que esperan alcanzar “una solución favorable para todas las partes garantizando una alternativa habitacional a esta familia evitando soluciones de vulnerabilidad y desamparo”, y hace referencia al problema de “turistificación y gentrificación que sufrimos en Lanzarote, unido a la precarización laboral”. El abogado, Peñas, señala que es extraño, “por lo informal”, tratándose de una empresa pública, ya que la comunicación es a través de llamadas telefónicas y que Visocan llega a insinuar que hay otra persona para esa vivienda. Por su parte, Ana Cecilia asegura que esto le va a perjudicar porque la van a vetar para poder optar en el futuro a una vivienda social. “El daño moral es irreparable y somos gente decente y trabajadora”, afirma.

Por su parte, desde la Consejería de Vivienda se señala que el de esta familia no se trata de un caso de vulnerabilidad social sino de convivencia. Dicen que hay un acuerdo de la comunidad de vecinos por el que se ha pedido a esta familia que cambie de comportamiento aunque no hay constancia documental de este hecho. Ana Cecilia insiste  en que no es cierto y que Visocan está creyendo la versión de una parte sin haber podido ni siquiera oponer sus explicaciones.

Un repunte de usurpaciones y desahucios

El abogado Jorge Peñas señala que, después de los desahucios por ejecuciones hipotecarias, ahora está habiendo un repunte de desahucios aunque se está logrando paralizar algunos porque no hay alternativas habitacionales, dada la escasez de viviendas de alquiler en el mercado. “Hay un gran problema porque no hay casas en el mercado y las que hay son muy caras”, señala. Considera que ahora pueden estar en riesgo de exclusión social, sin vivienda, no ya personas en el paro, sino trabajadores con sueldos por debajo de los mil euros que no pueden pagar una casa. Especialmente, en ese grupo vulnerable se encuentran muchas madres con hijos y sin pareja. “Es que no salen las cuentas si cobras eso, tal y como está el mercado”, tanto el de la vivienda como el de trabajo, ya que por su despacho pasan también muchos asuntos de precariedad laboral. Destaca que por el turno de oficio están llegando casos de usurpaciones y desahucios.

En el escrito de oposición al desahucio de Ana Cecilia, este abogado recuerda que en octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que habitaban en un bloque de viviendas propiedad de la Sareb, y que el mismo tribunal impidió cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias en Madrid porque no tenían una alternativa habitacional adecuada. Este tribunal “ha calificado los desalojos como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la obligación de proveer un realojo adecuado a partir de dichos derechos”, afirma.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha