Wert “ignora” la lejanía de Canarias en los costes de implantación de la Lomce

El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha criticado este lunes que el Ministerio de Educación haya “ignorado” en su estimación sobre los costes correspondientes a la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) y de la ESO en Canarias aspectos “tan importantes” como la lejanía, la insularidad y la dispersión, a pesar de estar contemplados en el artículo sexto de la propia Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Así lo ha indicado Pérez en la rueda de prensa que ha ofrecido en Madrid junto a sus homólogos de Andalucía y Asturias. El consejero canario subrayó que se pretende financiar 1 de cada 5 euros por coste de alumno.

“No se ha tenido en cuenta que, tanto la dispersión, como la lejanía y, especialmente la insularidad, elevan el coste del alumnado en las islas, muy por encima de las estimaciones ministeriales, ya que será necesario crear para el mismo número de estudiantes que en las demás comunidades una mayor cantidad de grupos con menos alumnos de los 30 que el Ministerio estima para definir los costes”, resaltó.

Andalucía, Asturias y Canarias han acusado este lunes al Ministerio de Educación de presentarles unos cálculos de financiación de la reforma educativa lejos del coste real, de manera tardía, a dos meses del nuevo curso, llenos de improvisación e incertidumbre y faltos de rigor, según los consejeros de enseñanza.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reúne esta tarde con los consejeros de todas las comunidades para analizar los costes y la financiación de la reforma educativa, que comienza a implantarse el curso próximo.

Perjuicio en el cumplimiento del déficit

Pérez asegura que que la financiación que reciban las comunidades procedente del Fondo Social Europeo se suscribirá por medio de convenios con el Ministerio de Educación en forma de “préstamos”.

Estos computarán, ha explicado, como “endeudamiento” autonómico aunque no se tengan que devolver (si se cumplen las condiciones del convenio) y perjudicará, ha denunciado, los esfuerzos de las CCAA de cumplimiento del déficit público máximo.

Con estas cuentas es “imposible” comenzar la implantación de la FP Básica en septiembre, como prevé la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ha señalado la consejera de Asturias, Ana González, en la rueda de prensa conjunta.

El consejero de Andalucía, Luciano Alonso, se ha referido al coste de recambiar totalmente los libros de texto con la reforma (223 millones de euros), que son gratuitos para los alumnos de esta comunidad según el estatuto de autonomía, algo que la Consejería siempre intentará defender, ha dicho.

Ha insistido en que es una cantidad “tremenda” y que tendrá que hablarse con la Consejería de Hacienda.

Alonso se ha referido a un “error de cálculo” del Ministerio, que prevé un coste de implantación en esta comunidad de 189 millones, frente a los 584 que prevé la Junta para Primaria, ESO y FP Básica, es decir, una diferencia “abismal” de 395 millones.

Ha asegurado que no se ha tenido en cuenta a las comunidades para los cálculos y que sea un asunto aún no resuelto a estas alturas del calendario, ya que en septiembre se implantan primero, tercero y quinto de Primaria y el primer curso de la FP Básica.

Ha criticado que el Ministerio tome como base del coste de la FP Básica el número de alumnos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), vigentes hasta ahora, ya que estos no son de oferta obligatoria para las comunidades y tienen características diferentes.

A preguntas de la prensa, se ha referido a la próxima ley de formación de Andalucía, de la que se podría presentar un borrador a final de julio, según espera.

Ana González se ha preguntado dónde está la financiación de la primaria y los libros de texto, pues las cuentas ministeriales se refieren a tercero y cuarto de ESO y la FP Básica y ha comparado los sucesivos cálculos ministeriales de los costes con “arenas movedizas”, pues primero eran cerca de 500 millones, luego 2.000 y ahora 964, ha indicado.

Ha explicado que Educación calcula un coste en Asturias de 4,4 millones de euros, donde menos por delante de Ceuta, cuando el Principado estima que se necesitarían 16,5 millones.

Al igual que Alonso, ha echado en falta los gastos de adecuación de las infraestructuras educativas a la FP Básica.

Pérez ha lamentado que Canarias tenga que financiar cuatro de cada cinco euros del coste de esta FP en esta comunidad, cuando es obligatorio que las comunidades la ofrezcan, y ha asegurado que el Ministerio no ha tenido en cuenta la lejanía, la insularidad y la dispersión del alumnado del archipiélago.

El Estado debería asumir toda la financiación de las nuevas enseñanzas obligatorias, no solo el sobrecoste en comparación con las actuales, ha reclamado.

El Ministerio destina 44 millones para Canarias, pero la comunidad calcula un coste real de cuatro veces más.