Dos asociaciones denuncian que el Plan de Reactivación del Gobierno de Canarias refuerza “la miseria y la semiesclavitud”

La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza (ACRR) denuncian que el Gobierno de Canarias “no tiene un plan” para la justicia social. “La normalidad en nuestro Archipiélago es el empobrecimiento, la explotación, sufrimiento, precariedad y desigualdad”. Ambas asociaciones coinciden en que la distancia social es “abismal”: “Los ricos son más ricos y las personas empobrecidas cada vez viven más precariedad, miseria y desigualdad”. Según el informe de Oxfam Intermón Una reconstrucción justa es posible y necesaria, 47.000 personas más entran en situación de pobreza. La segunda comunidad autónoma con un mayor impacto en la desigualdad de todo el país. De acuerdo con este mismo estudio, 800.000 personas estarán en una situación de empobrecimiento y exclusión social.

“El confinamiento de la riqueza en Canarias no se toca”, critican, asegurando que ninguno de los mecanismos que “permiten fraude, evasión y paraíso fiscal se transforman”. Las asociaciones rechazan que se priorice que “pocos tengan mucho a costa de que muchas tengamos poco”, con un modelo social asistencialista y que “no llega sino a una mínima parte de las personas que tendrían derecho, manteniéndolas en situación de miseria y semiesclavitud”.

Redesscan y ACRR aseguran que el Gobierno de Canarias ha presentado un Plan de Reactivación que no redistribuye ni reparte renta, riqueza o propiedad, y que no va a generar justicia social ni ecológica. “El viejo modelo no solo queda intacto, sino que además se refuerza un sistema que necesita de la desigualdad y la acumulación de la riqueza de pocos, para vivir matando oportunidades, derechos y libertades para la mayoría”, apuntan. Las organizaciones critican que este Plan no toca ni la Reserva para Inversores en Canarias (RIC), ni el Régimen Económico y Fiscal (REF). “El Plan tiene dinámicas pervertidas que no escuchan ni acogen las medidas que no están avaladas por los lobbies de las cámaras de comercio y de las grandes empresas de Canarias”.

Ambas asociaciones consideran que en este proyecto de recuperación del Gobierno de Canarias se perciben diferencias entre las prioridades: “Mientras hay 105 instrumentos previstos para impulsar la actividad económica, con 2.061 millones para los tres años, para los colectivos vulnerables hay 33 instrumentos y 75 millones desde el 2020 al 2023”. Además, destacan que para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales se plantean seis instrumentos con 429 millones.

58 euros al año por persona

Redesscan y ACRR critican que los 45 millones para el 2020 previstos para facilitar rentas dejarían un reparto de 58 euros al año por persona, teniendo en cuenta la cifra de población en situación de riesgo y exclusión. “Este plan tiene como prioridad la atención y el apoyo a las personas vulnerables con tres campos de acción: la lucha contra la violencia de género (sin partida concreta), la agilización de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y demás rentas en Canarias y medidas de atención a colectivos especialmente vulnerables (sin partida concreta)”.

Por ello, lamentan que no se haya incluido una partida concreta para la dependencia, para la vivienda social, para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, para el plan de inclusión y lucha contra la pobreza, para el Proyecto de Ley de Renta Canaria para 2020, o los convenios plurianuales para el desarrollo del Plan Concertado. Así, exigen que las organizaciones pidan unos servicios sociales universales, públicos, gratuitos y con financiación suficiente, para dar cobertura a la garantía de derechos por parte de la comunidad autónoma. También solicitan que se reactive la dimensión social del Plan, desde el incremento y la mejora de las políticas públicas y los servicios públicos que garanticen, protejan y respeten los derechos y libertades, “priorizando el cumplimiento de una renta básica para todas las personas, comenzando con urgencia por las más de 773.000 personas en riesgo de exclusión social”.

Las dos organizaciones también defienden un cambio de modelo de desarrollo para las Islas, más “justo, ecológico, feminista, antirracista y antimilitarista”, que ponga en el centro la vida de todas las personas y no las “dinámicas de acumulación de capital en pocas manos”.