Canarias aguanta con “almacenaje” la huelga de transportes, pero ya nota sus efectos en alimentación y construcción

Área de gestión de contenedores en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Iván Alejandro Hernández

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La huelga de transportes en Península se prolonga durante más de 10 días y se podría extender a Canarias con unas consecuencias “mucho mayores”, según el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) en las Islas, José Ángel Hernández. La FET ha anunciado este miércoles que el sector convocará una manifestación motorizada para reclamar un plan de contingencia que podría derivar en la paralización de la actividad si sus reivindicaciones no son atendidas. Los efectos de los paros ya se han hecho notar en las Islas que, aunque no corren riesgo de desabastecimiento en ningún producto, sí empiezan a experimentar una merma en la importación de alimentos perecederos, piezas de automóviles o materiales de construcción. Y de sumarse el Archipiélago a la huelga del transporte terrestre, al problema en origen en un territorio altamente dependiente de las importaciones se sumarían las dificultades para trasladar las mercancías en tierra y distribuirlas a las islas no capitalinas, para las que supondría un doble castigo.

Las protestas “podrían producirse entre este viernes y el martes de la semana que viene”, ha anunciado el secretario general de la FET. “En medio de ese lapso de tiempo esperamos que el Gobierno regional tome las decisiones para apoyar al sector en la autonomía, independientemente de lo que pueda desarrollar el Ministerio (cuya reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera ha sido adelantada a este jueves). Y en función de eso, se decidirá si se irá al paro o no”, que, en caso de llevarse a cabo, “no habría ningún preaviso, sería sobre la marcha”. La FET ha realizado este anuncio después de reunirse el pasado martes con el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, quien se comprometió a elevar la subvención al transporte para paliar el aumento de los costes por la inflación en los combustibles, que experimenta una escalada progresiva desde hace meses, agravada por la guerra en Ucrania.

Ya el 28 de febrero la FET advertía del incremento del 32% en el precio del diesel desde enero de 2021 al mismo mes de 2022 y preveía un aumento adicional del 10% por la invasión rusa en Ucrania, además de retrasos en la entrega de camiones y guaguas o de repuestos. En dicha nota, se limitaron a manifestar su preocupación sin especificar las demandas que sí han revelado tras el encuentro con el consejero de Transporte del Gobierno regional.

“La reunión (con el consejero Sebastián Franquis) fue manifiestamente insuficiente, porque principalmente estaban estudiando a ver qué medidas se iban a implantar. Y el sector esperaba que a estas alturas ya se hubieran estudiado. No convenció como para esperar. Y eso ha provocado este tipo de manifestación”, explica Hernández. En concreto, sectores del transporte de mercancías y de viajeros en las Islas -incluyendo pymes, grandes empresas, cooperativas, autónomos y diversas asociaciones- reclaman demandas similares a la Península, como mayor concreción en las bonificaciones de 500 millones anunciadas por el Ministerio de Transportes para minimizar el impacto el gasóleo. 

Pero en el plano específicamente regional, Hernández recuerda que la Consejería “tiene unos márgenes de actuación para medidas de apoyo extraordinario al sector y competencias sobre la fiscalidad del combustible”. En este sentido, añade que el aspecto fiscal del combustible es diferente a la Península, donde “el impuesto es un tanto por ciento del precio del crudo con lo cual, mientras más sube el precio del combustible, más ingresa la Agencia Tributaria”. Pero en el caso de Canarias, los impuestos sobre combustibles son fijos y el Gobierno regional ni gasta más ni menos en función de las fluctuaciones. Y si el Gobierno de España dota de algún tipo de apoyo en este ámbito, en el Archipiélago no tendría repercusión si la administración autonómica no replica una acción similar. 

El secretario general de la FET expone que el Gobierno de Canarias “puede inyectar un balón del oxígeno al sector”, donde asegura que ya hay pequeñas empresas que no pueden comprar por adelantado el combustible y están parando por su incapacidad para soportar el coste de la actividad. “El mercado les paraliza y eso nos ha llevado a exigir medidas rápidas y potentes”, añade Hernández. Además, también reclama al Ejecutivo regional que articule cambios en los contratos públicos de servicio con el sector, como el transporte escolar o de obra pública. “Actualmente no se puede repercutir el sobrecoste del combustible y hemos planteado la posibilidad de que evolucionen conforme a los costes reales”, añade Hernández.

El secretario general de la FET explica que no se han sumado aún los paros por las graves consecuencias que tendría para un territorio fragmentado como Canarias. “Ya ni siquiera habría capacidad para suministrar a entre los almacenes y las tiendas o los puntos de ventas” y, dado que la mercancía importada llega principalmente vía marítima a Gran Canaria y Tenerife, “las islas no capitalinas tendrían un doble efecto de falta de suministros”. Pero, añade, “ya estamos en un punto en el que nos es prácticamente imposible continuar aguantando este tirón”.

El secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Pequeñas Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, considera que la situación en las Islas “es preocupante”. Aunque han aguantado la primera semana con la mercancía embarcada antes de los paros y la producción local, ya se ha empezado a notar sus efectos en “frutas, verduras, hortalizas, leche fresca, carnes y pescados frescos o yogures”, productos que por su propia naturaleza necesitan de una distribución y suministro continuo. También tiene constancia de que a los talleres de automóviles no les llegan piezas o que en ciertas obras escasean materiales de construcción. “Un país no puede funcionar sin transporte, es como quedarse sin luz”, añade.

Si esta situación se alarga más en el tiempo y si se sumara una huelga en las islas, “sería mucho peor, no me la quiero imaginar”, dice Medina, porque a la llegada de menos mercancías a puertos y aeropuertos se añadiría “otro problema igual que en origen”, subraya. En Península, Danone ha anunciado que interrumpirá la producción; mientras Heineken y Mahou San Miguel han advertido de problemas para abastecer a bares y restaurantes, lo que a su vez puede derivar en ERTES. Los paros también han generado más aceleración de las subidas de precios en el corto plazo, y especialmente sobre productos de primera necesidad como los lácteos, el pan, la harina, el pescado y otros alimentos frescos. Y, además, ya hay puertos bloqueados por transportistas, como en la terminal de contenedores de Barcelona, donde actúan como piquetes para la entrada de la infraestructura para reclamar más adhesiones al paro. 

En el transporte marítimo de mercancías, Canarias se nutre principalmente de los puertos de Cádiz, Huelva, Valencia y Barcelona, según explica el presidente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios de Canarias (Oneport), José Mayor, quien aclara que aún no se ha notado una merma importante en las mercancías que llegan a las islas. “La huelga empezó fuerte a principios de esta semana, que es cuando se ha dejado de embarcar mercancía, con lo cual es posible que los barcos que lleguen durante el próximo fin de semana lo hagan con menos cantidad”, añade. Mayor huye de los alarmismos porque en Canarias hay almacenaje para bastante tiempo y esto permitirá afrontar la falta de mercancías. “Si la semana que viene continúan los paros, el stock bajará notoriamente, por ello es importante que la gente no se desespere ni se alarme y tenga ansias de ir a comprar”. 

“Desabastecimiento, ninguno, en absoluto”

A pesar de que el escenario no invita al optimismo, el secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández, asegura que no existe ni se prevé ningún problema de desabastecimiento en las islas. “Hay producción, hay almacenes, hay stock. Y estamos en una huelga de transporte que tiende a regularse en los envíos hacia las islas, porque por los tiempo de espera en las reposiciones de mercancías, el almacenaje es mayor. Desabastecimiento, ninguno, en absoluto”, añade. 

Lo que sí puede suceder es que “en un momento concreto” el cliente o consumidor no encuentre una marca de producto determinado que suele comprar, pero “esto es algo que ocurre a lo largo del año muchas veces y existen otras alternativas”. Por ejemplo, aunque Danone pare su producción es la Península, en las Islas “es distinto” y existen otras marcas. “Tenemos mucho mercado y muchos productos en los supermercados del Archipiélago”, remarca Fernández.

Desde Asuican sí han percibido que se ha generado un aumento en ciertas compras, lo que llevó a establecer recomendaciones para la venta de aceite de girasol a 5 litros mensuales por persona, para evitar la especulación. Pero remarca que no se han sucedido más circunstancias en este sentido. “Si todo el mundo corre a comprar un producto, tendrá una reposición más lenta, pero nunca deja de estar”, matiza Fernández.

Por otro lado, también destaca que la inflación de los últimos meses sí puede provocar que los precios de la cesta de la compra puedan subir. “Primero, por el elevado precio del coste de la energía, que ha sido brutal y eso afecta a todos los productores y todos los industriales. Y ahora se suma el elevado coste del transporte por el elevado precio de los combustibles”, dice Fernández.

Sin embargo, el secretario general de Asuican insiste en que Canarias no experimenta ni experimentará desabastecimiento en la situación actual. “Hay que tener en cuenta que los supermercados somos un sector esencial y así estamos tipificados por el propio Gobierno de España. De hecho, éramos de los pocos sectores que operamos durante el confinamiento total y absoluto. Como sector esencial, hay unos protocolos de seguridad en cuanto a transporte o comercialización de mercancías para evitar que la población tenga desabastecimiento. Eso está controlado por el Estado porque es un servicio esencial para la sociedad”, concluye Fernández.

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