Dos juezas canarias, en la dirección nacional de Jueces para la Democracia
Las juezas canarias Carla Vallejo y María Victoria Rosell resultaron elegidas este viernes en Valencia miembros del secretariado de Jueces para la Democracia, la asociación que engloba al sector más progresista de la magistratura española. Rosell y Vallejo fueron tres de los candidatos más votados, Rosell en segundo lugar y Vallejo en tercero, justo por detrás del que desde este congreso se ha convertido en el portavoz oficial de JpD, Joaquín Bosch.
Carla Vallejo es titular del Juzgado de Instrucción 3 de Telde, y María Victoria Rosell, coordinadora de JpD desde hace años en Canarias, está al frente de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
El congreso de Jueces para la Democracia, reunido bajo el lema de “Una justicia de confianza”, ha desembocado a una renovación y en un cambio de orientación respecto al equipo anterior que públicamente se decantó por posturas como negar su apoyo al magistrado Baltasar Garzón y por su inequívoco respaldo a las decisiones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en asuntos tales como la investigación de los crímenes franquistas.
Entre otras resoluciones, Jueces para la Democracia, que agrupa a más de 530 jueces en toda España, acordó en este congreso reiterar su petición de dimisión del presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, por sus viajes de lujo a Marbella pagados con dinero público.
Vocales del CGPJ como Margarita Robes, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Miguel Carmona, explicaron en el congreso de la asociación, de la que forman parte, cuál ha sido su postura en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Junto a la exigencia de dimisión de Dívar, el congreso ha reclamado una auditoría de los gastos del consejo “ya que los mecanismos previstos de control presupuestario no han funcionado”.
Los jueces progresistas españoles también se manifestaron en contra de la reforma laboral y el recorte a los derechos de los ciudadanos, con especial énfasis en “los anuncios de criminalización de la discrepancia y la sanción a los movimientos de protesta ciudadanos”.
En un documento aprobado en este congreso bajo el título de “España, un paraíso fiscal”, JpD se ha mostrado contraria a los privilegios fiscales de la Iglesia.
Jueces para la Democracia ha exigido, además, una investigación y la depuración de responsabilidades en el proceso que ha conducido a la nacionalización de Bankia.
