CCOO denuncia que el brote en Las Palmas II se debe a que “no se han tomado las medidas adecuadas”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denuncia que el reciente brote de COVID-19 registrado en la prisión de Juan Grande, en Gran Canaria, y que afecta a veintiocho internas y a un interno, demuestra que “las medidas tomadas no son las adecuadas”.

El sindicato destaca en un comunicado remitido a los medios que “el problema es que se ha realizado un proceso de desescalada y de apertura a la nueva normalidad sin las medidas preventivas adecuadas a la realidad penitenciaria”.

CCOO recuerda que en el centro de Las Palmas II se habían realizado test masivos de diagnóstico rápido durante el estado de alarma, pruebas que no detectaron casos positivos entre la población reclusa, y, aunque aún se desconoce el foco del actual contagio, “se puede destacar que una de las causas de su rápida propagación ha sido que la población reclusa no usa mascarilla, como obliga la normativa sanitaria”. Asimismo, “no puede cumplirse la limitación del aforo en los espacios comunes ni la distancia social de 2 metros porque este centro continúa abierto a la mitad de su capacidad por la falta de personal para que funcione al 100%”.

El sindicato explica que actualmente residen en el centro más de 760 personas, de las que 97 son mujeres. FSC-CCOO ha pedido que se investigue este brote epidémico para detectar el foco de contagio y el alcance del virus en el interior de esta prisión, realizando de nuevo pruebas de detección masiva y que se acompañe de un sistema de rastreos adaptado a las prisiones, una medida que no se ha implantado en las prisiones. El sindicato presentó una batería de medidas necesarias para la apertura progresiva de las prisiones y su adaptación a la nueva normalidad que fueron rechazadas “porque los responsables penitenciarios no quieren ser conscientes del riesgo que supone la entrada del virus dentro de las prisiones”.

Se trata, asegura el sindicato, de un riesgo mucho más alto que en otros ámbitos laborales, teniendo en cuenta que la población reclusa tiene numerosas patologías previas e inmunodepresión adquirida por convivir en espacios cerrados. Por ese motivo, afirma, “es urgente proteger y evitar la transmisión por vía del personal, para lo que se debe de disponer de las mascarillas necesarias y en condiciones de salubridad”. Además, insiste el sindicato, “hay que facilitar mascarillas FFP2 al personal penitenciario que mantiene contacto directo con la población interna, como en bajada y subida de celdas, reparto de comidas, entre otros”. CCOO considera insuficiente dar una mascarilla higiénica que tiene un uso de 4 horas de duración para 38 horas de trabajo.

FSC-CCOO exige que se vuelva a evaluar este riesgo biológico en el caso del personal vulnerable, para valorar si tiene que quedar aislado preventivamente en su casa hasta que finalice el brote, teniendo en cuenta que no se cumplen todas las medidas sanitarias.

En el interior de las prisiones a la población reclusa se la separa en base a dos criterios fundamentales: su conducta y la situación jurídico-penal. Desde FSC-CCOO, y teniendo en cuenta la situación de pandemia, defienden que se suspenda parte de los criterios de clasificación interior y se primen criterios de salud pública. “Las prisiones tienen que estar preparadas para poder hacer cuarentenas de 14 días para todos aquellos internos e internas que mantienen un contacto estrecho con familiares del exterior”, concluye.