Comienza el juicio contra el ex alcalde de Yaiza
La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles, 22 de junio, al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (PNL-Nueva Canarias), al secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes y a otros dos técnicos del Ayuntamiento, Pablo Carrasco y Alfredo Morales, por tres delitos continuados contra la ordenación del territorio y uno de falsedad de documento público.
La Fiscalía solicita para Reyes, Morales y Fuentes, nueve años inhabilitación especial para empleo o cargo público, y unas multas de 19.000, 7.500 y 15.000 euros, respectivamente, y para Pablo Carrasco, cinco años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo, así como una multa de 11.500 euros por los mismos delitos en concurso con falsedad en documento público.
Los hechos se remontan a 1998. Según el relato del fiscal, la sociedad Casas Conejeras adquirió un terreno rústico de 12.500 metros entre las localidades de Las Breñas y Femés (Yaiza) “a sabiendas de que el Ayuntamiento de Yaiza autorizaría la construcción de al menos una edificación con destino a vivienda en el lugar”.
La sociedad construyó en ese terreno nueve viviendas unifamiliares con piscina en nueve parcelas independientes y su construcción fue autorizándose a través de licencias de segregación y de obra por decretos del alcalde. Todas las licencias fueron solicitadas por el administrador de la empresa, Martín Bartolo, excepto una que la pidió su pareja, Elsa Luzardo, mientras que los decretos los firmó Reyes, excepto cuatro que los firmaron José Antonio Rodríguez y Narcisa Peña, como alcaldes en funciones.
A pesar de las segregaciones, la finca matriz no disminuía de tamaño y continuaba teniendo 12.500 metros cuadrados. La Fiscalía considera que Reyes sabía que la parcelación urbanística requería de una ordenación pormenorizada pero “se desentendió voluntariamente” de ella. También señala que el ex alcalde sabía que no se podía autorizar las viviendas sin control previo por parte del Gobierno de Canarias o del Cabildo, ya que para autorizar edificaciones en suelo rústico hace falta una calificación territorial que otorga la institución insular. Dos de esos decretos fueron declarados nulos por los tribunales de justicia.
En cuanto al secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, dice la Fiscalía que omitió hacer constar en sus informes jurídicos la necesidad de obtener la calificación territorial del Cabildo. Sin embrago, en el primero de los informes que hizo para esas casas, en mayo de 1998, sí hizo constar que era necesario un informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación.
El arquitecto técnico del Ayuntamiento, Pablo Carrasco, “informó con conciencia y voluntad de no poner ningún inconveniente”, según el Fiscal, ya que consideraba los terrenos para los que se solicitaban las licencias como urbanos solar, cuando eran rústicos, tal y como él mismo reconocía en las licencias de segregación. Por su parte, el aparejador municipal, Alfredo Morales, según el fiscal, informó varias solicitudes de segregación conforme a un planeamiento municipal que no estaba aprobado definitivamente.
Archivo
La causa tenía otros seis imputados más, para los que el fiscal pide que se archive. Se trata del promotor, Martín Bartolo, y su pareja, Elsa Luzardo, así como el arquitecto Juan Carlos Matallana, el técnico municipal Antonio Fernández y los cargos públicos José Antonio Rodríguez y Narcisa Peña, ambos concejales en la actualidad, el primero del PNL y la segunda de CC.
Reyes, que fue alcalde entre 1994 y 2008, primero con CC y luego con el PNL-Nueva Canarias, ya está condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística por conceder una licencia para un restaurante en suelo rústico. Además está imputado en el caso Unión y en el que investiga los hoteles ilegales de Playa Blanca. Por ese procedimiento estuvo en prisión provisional ya que se le acusa de lograr un patrimonio de más de 700.000 euros sin justificar su procedencia. Su mujer y tres de sus hijos también están imputados.
Dos de los tres técnicos que se sentarán en el banquillo continúan ejerciendo en el Ayuntamiento y los tres están imputados por la concesión de licencias ilegales en el procedimiento de los hoteles que investiga el Juzgado número 2 de Arrecife. Además, el secretario Vicente Bartolomé también fue detenido dentro del caso Unión. La Guardia Civil encontró en su despacho del Ayuntamiento un sobre con 56.000 euros en billetes de 100 y 200.
