Condena de cárcel a un promotor lanzaroteño

El Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife ha condenado al promotor Miguel Morales, dueño de la empresa Hormiconsa, a un año y ocho meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia por continuar con las obras de unas naves tras decretarse el precinto de las mismas.

También se le condena a una multa de 67.000 euros, a derribar dichas naves y a un año de inhabilitación para ejercer trabajos del sector de la construcción. Morales no tendrá que ingresar en la cárcel ya que no tiene antecedentes y la condena no supera los dos años de prisión.

La juez considera probado que Morales construyó sin licencia tres naves más una planta de hormigón y una machacadora en suelo rústico de protección por paso de jable, junto al cementerio de San Román, en Arrecife.

El juicio se celebró en dos sesiones, entre el lunes 24 y el martes 25 de octubre. La denuncia partió de Alternativa Ciudadana y durante la vista oral declaró el denunciante, el ex concejal Andrés Barreto, así como técnicos del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife, además del propio acusado, que alegó que sus asesores le aseguraron que tenía los permisos en regla.

Fuentes próximas a la defensa del empresario, indicaron este viernes, según publica diariodelanzarote.com, que recurrirá a la Audiencia Provincial y, llegado el caso, al Tribunal Constitucional, puesto que considera que se han vulnerado garantías fundamentales del procesado. Consideran que se ha pretendido dictar una “sentencia ejemplarizante” contra el constructor y rechazan la comisión de ambos delitos.

Las mismas fuentes señalan que “ha quedado de manifiesto” que por la zona donde se edificaron las naves “no pasa jable” y que la protección del suelo es “meramente formal”. Entienden que tampoco hubo desobediencia porque “las obras estaban casi terminadas cuando se precintaron” y critican que, si el caso nació por una denuncia de Alternativa por presunta prevaricación, no se haya sentado ningún político ni técnico municipal en el banquillo de los acusados.

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