El Estado confirma ocho nuevas unidades judiciales para Canarias

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció este lunes que Canarias contará con ocho nuevas unidades judiciales que se enmarcan en la creación de 150 nuevas unidades judiciales para 2008 durante la reunión de la VIII Conferencia Sectorial, que se celebró en el Palacio de Parcent.

La distribución de los órganos judiciales entre comunidades autónomas se ha efectuado siguiendo los criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, en función de la población y el índice de litigiosidad. Así, la programación de la nueva planta judicial que se desarrollará a lo largo del año que viene es la siguiente: Andalucía, 30 nuevas unidades judiciales; Aragón, 4; Asturias, 3; Canarias, 8; Cantabria,1; Castilla y León, 6; Castilla-La Mancha, 5; Cataluña, 20; Ceuta, 1; Comunidad Valenciana, 22, Extremadura, 2; Galicia, 7; Illes Balears, 3; La Rioja, 1; Madrid, 24; Melilla, 1; Murcia, 6; Navarra,1; País Vasco, 3; Órganos centrales, 2.

Esta ampliación de la planta se justifica, asimismo, en la carga de trabajo generada en determinados órganos como consecuencia de las reformas procesales, así como las novedades legislativas relacionadas con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, Código Penal, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Ley Concursal y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Para garantizar que se cumplan los objetivos que persiguen estas reformas se crean las nuevas plazas de magistrados y nuevos juzgados.

Con este aumento se continúa el esfuerzo inversor de los tres años anteriores (250 unidades judiciales creadas en 2005; 93 en 2006 y 131 en 2007) y se cumple con creces el compromiso adquirido por el Gobierno para la presente legislatura. Si en el período 2001-2004 se crearon 291 unidades judiciales, entre 2005 y 2008 el Gobierno habrá creado 624.

Durante la reunión, a la que han asistido las 11 comunidades que cuentan con las competencias transferidas (Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Madrid, Navarra, Galicia, Canarias, Andalucía, Asturias y Aragón, cuyo traspaso será efectivo el 1 de enero, al igual que Cantabria), también se han tratado otros temas, como el desarrollo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Respecto a esta materia, Fernández Bermejo ha presentado el proyecto de Real Decreto que ha preparado el Ministerio de Justicia por el que se despliega parcialmente la nueva estructura del Ministerio Fiscal y se establece su nueva plantilla para el próximo año. Este proyecto fue remitido para su estudio hace unas semanas a las comunidades autónomas y al Consejo Fiscal con la finalidad de que elaborasen los informes oportunos.

Justicia pretende un despliegue del Ministerio Fiscal más amplio y más organizado, acomodando su estructura territorial al modelo constitucional del Estado. La reordenación es necesaria tanto para adecuarse al Estado de las Autonomías, como para ajustarse a las necesidades de población y concentración de órganos judiciales en diversas áreas geográficas. De modo que quede garantizada la presencia del Ministerio Fiscal en los lugares donde existe mayor litigiosidad, lo que permitirá la prestación de un servicio público próximo y de calidad.

Dada la envergadura del despliegue, el Ministerio de Justicia ha optado por un desarrollo de la nueva estructura orgánica en varias fases. Para el desarrollo efectivo de las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y de las Fiscalías de Área, el Gobierno cuenta con un plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley 24/2007, de 9 de octubre.

Informatización de los registros civiles

En el orden del día de la VIII Conferencia Sectorial también se trató sobre la situación de los Registros Civiles. En la actualidad, casi el 90% de los 432 Registros Civiles principales se encuentran informatizados, es decir, realizan las inscripciones en un aplicativo informático que permite el tratamiento automatizado de la información. Paralelamente, se están llevando a cabo las adaptaciones necesarias de este aplicativo, incorporando el bilingüismo en las inscripciones realizadas en las Comunidades Autónomas que disponen de lengua cooficial.

Asimismo, se están digitalizando los libros de los Registros Civiles con todas las inscripciones hechas a partir de 1950. Este proyecto ya se ha llevado a cabo con éxito en Elche, Alcalá de Henares y Tarragona y se ha comenzado a trabajar este mes en A Coruña, Castellón y Badajoz. Igualmente, ya se ha iniciado la informatización de los casi 8.000 Registros Civiles de los juzgados de paz.

Finalmente, los representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas han analizado la necesidad dedicar mayores recursos para continuar con la modernización de la Administración de Justicia el sistema actual de financiación de la Administración de Justicia y han profundizado en posibles nuevas fórmulas de cara al futuro.