Uno de cada tres dependientes, sin ayudas
Uno de cada tres dependientes en España no recibe los servicios y prestaciones a los que tiene derecho, de acuerdo con al Ley de Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según los últimos datos con fecha 1 de abril del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
De 1.071.603 personas calificadas por el sistema como beneficiarias con derecho a prestación, 720.769 están recibiendo alguna ayuda, de tal manera que 350.834 dependientes todavía están a la espera, según han reconocido en rueda de prensa la directora general de Política Social, Isabel Martínez, y la directora del Imserso, Purificación Causapié, que han presentado la estadística de los cuatro años de aplicación de la norma.
Si bien han señalado que en el último año se han acelerado los plazos para la valoración y atención de este colectivo, también han indicado que no en todas las comunidades autónomas existe la misma diligencia. No obstante, en 2010 no ingresaron nuevos dependientes al sistema porque se trataba de un año valle y desde el 1 de enero de 2011, se han incorporado al sistema 148.193 dependientes moderados (grado I nivel 2) que han engrosado la lista de espera.
“El Gobierno ha hecho todo lo que tocaba en el marco de sus competencias y en el desarrollo de la ley. Hemos puesto en marcha un sistema desde cero”, ha aseverado Martínez, para añadir que “no hay que olvidar” que se trata de un sistema nacional que “se pone en marcha en un momento de gran complejidad económica y de ajustes presupuestarios”.
Asimismo, ha indicado que “es verdad” que existen diferentes porcentajes de personas atendidas según la comunidad autónoma, al tiempo que ha recordado que el Gobierno aprobó un Real Decreto para que las autonomías evaluaran y asignaran prestaciones en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud. De este modo, ha señalado que La Rioja, Andalucía y Cantabria “están a la cabeza” en número de reconocimientos y otras, como Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid “van a un ritmo un poco más lento”.
Sobre la Memoria de 2010 del Defensor del Pueblo, presentada la semana pasada, que señala que Madrid y Valencia son las regiones que más quejas de ciudadanos acumulan por las demoras en el desarrollo de la norma, la directora general de Política Social ha señalado que “no aporta ninguna novedad a lo que ya se conoce”. No obstante, ha advertido de que hay tiempos de espera que “hay que ir reduciendo”, pero que su departamento ya ha aprobado medidas para que así se haga.
“El Estado apoya con la financiación y las comunidades autónomas tienen que hacer el esfuerzo presupuestario legalmente establecido y priorizar estas políticas frente a otras”, ha señalado Martínez, para añadir que la aportación económica del Gobierno supera en más de un 60% lo previsto inicialmente en la memoria económica de la ley. Así, a finales de 2010, ha invertido 5,3 millones de euros.
Más prestaciones que servicio
Por otro lado, Causapié y Martínez han señalado que si bien la mayoría de las prestaciones que se otorga a los dependientes son para cuidados en el entorno familiar, también han señalado que, según disminuye el grado de dependencia, se incrementa la prestación de servicios a domicilio, como la teleasistencia. Asimismo, ha recordado la encuesta sobre personas mayores del Imserso de 2010, que confirma que el 87,3% de los mayores “prefieren quedarse en casa” y ser atendidos allí.
Respecto a los servicios de carácter residencial, Martínez ha explicado que se prestan especialmente a personas con elevada dependencia y ha añadido que una de cada cuatro personas reconocidas como gran dependiente (grado 3 nivel 2) recibe este servicio. En cambio, entre los dependientes severos (grado 2 nivel 1), sólo un 8,8% acude a una residencia.
Sobre el perfil de los dependientes, el Ministerio de Sanidad asegura que las estadísticas apuntan a que se trata de una mujer mayor de 80 años, residente en una localidad de más de 50.000 habitantes, valorada en situación de gran dependencia, perceptora de una pensión de viudedad de la Seguridad Social, con una renta media situada entre uno y dos IPREM, titular de patrimonio inmobiliario, fundamentalmente su vivienda habitual.
