Los familiares de San Lorenzo piden al nuevo gobierno la exhumación de la fosa común de Vegueta
La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha solicitado al nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que inicie los trámites para la exhumación de la fosa común número 5 del cementerio de Las Palmas (Vegueta), donde se encuentran los restos de Juan Santana Vega, quien fuera alcalde de San Lorenzo; del sindicalista de la Federación Obrera Francisco González Santana, o del periodista lanzaroteño Manuel Fernández, junto a más de 60 personas asesinadas por los franquistas en la isla de Gran Canaria a partir de 1936, informa en un comunicado.
Francisco González Tejera, nieto de uno de los asesinados enterrado en esa fosa y portavoz de esta Plataforma Ciudadana, espera que el nuevo equipo de gobierno (formado por PSOE, LPGC Puede y NC) tenga “la sensibilidad que no ha tenido el Partido Popular y su alcalde, Juan José Cardona”, que cerró las puertas a esa posible exhumación, “incluso incumpliendo un acuerdo plenario, incurriendo en un presunto delito de prevaricación”.
Los miembros de esta plataforma reclaman que se les devuelvan los restos de sus familiares y que, de no ser posible por cuestiones científicas, que “al menos se instale esa placa homenaje con los nombres de estos héroes que fueron asesinados por defender la democracia y la libertad”.
“Queremos”, explica González, “un humilde lugar donde poner flores a nuestros seres queridos, lo que nos ha sido negado en los últimos años por gobiernos supuestamente democráticos, que lo que han hecho es proteger a los criminales fascistas, además de ocultar unos hechos terribles, que se llevaron por delante las vidas de más de 5.000 canarios”.
Esta plataforma ciudadana lleva más de 15 años tratando de recuperar esos restos y tanto los sucesivos gobiernos municipales de la capital grancanaria, como la justicia se los han negado, “alegando erróneamente que estos crímenes de lesa humanidad ya han prescrito, cuando la lesa humanidad según la legislación internacional en materia de derechos humanos jamás prescribe”, lo que ha llevado a estas familias a formar parte de la querella argentina contra el estado español por genocidio.
