Las familias cargan contra el enfoque de la Ley de Autoridad del Profesorado: “No ayuda a resolver los problemas reales de las aulas”
El Parlamento de Canarias ha continuado este viernes con las comisiones sobre la Ley de Autoridad del Profesorado, donde han intervenido diferentes asociaciones de familias que han cargado contra el enfoque de esta norma. La Federación de AMPAS de Gran Canaria Galdós a través de Sergio de la Fe y de Marian Álvarez ha incidido en que “estos docentes no necesitan más autoridad por una ley, porque ya son ejemplares. Pasemos de la demagogia de una ley que está vacía y vayamos a la realidad”. Por ello, proponen, entre otras cuestiones, cumplir con la Ley Canaria de Educación, activar la creación del Observatorio de Convivencia así como el blindaje del Consejo Escolar de Canarias.
Por su parte, Ismene Santiago Posada, de la Federación Insular Majorera de AMPAS hizo especial hincapié en las familias NEAE y apuntó que con esta ley “en un debate tan sensible como la convivencia escolar no debería valer todo” subrayando que “convertir este asunto en una confrontación con las familias no ayuda a mejorar la convivencia en los centros educativos. Además, estamos convencidos de que muchos docentes no se sienten representados por ese planteamiento”, apuntó.
En este sentido, Marian Álvarez también incidió en que no son mayoría el profesorado que ha sufrido una agresión y cree que ha sido “una irresponsabilidad” plantear la ley desde ese punto de vista. “Porque cuando no hay nada que ofrecer, lo que se hace es echar a pelear. Y eso es irresponsabilidad. Lo que han conseguido es que nos pasemos las mañanas aquí discutiendo si es un 0,0 o es un 0,5 o es un 1,2%”.
“Cuando hay muchísimos porcentajes que sí merecen estar aquí. Por ejemplo, que el 49,2% del alumnado de segundo de la ESO solo supera 9 de 25 indicadores de las competencias en lengua castellana y literatura. O que el 52,3% del alumnado de segundo de la ESO solo supera 4 de los 20 indicadores básicos en matemáticas”, dijo.
“O, por ejemplo, que el 10,2% del alumnado sufre acoso escolar y que el 70% de los casos de suicidio en menores tienen detrás el acoso escolar. También es muy significativo y mayor el dato de los equipos directivos que consideran que la inspección educativa no sirve para nada. Concretamente, el 1,9% de los equipos directivos considera que la intervención de la inspección educativa para la solución de sus dudas es ineficaz”, agregó Álvarez.
“¿Cuál es la prioridad? La escuela no tiene un problema de autoridad. Lo que tiene es un serio problema de democracia. Y se quiere solventar con aún mayores dosis de autoritarismo”, insistió la representante de FAPA Galdós.
Sergio de La Fe apunta por su parte que “como ya desgranó la presidenta del Consejo Escolar de Canarias”, los problemas graves de convivencia “ni siquiera” figuran entre los cinco primeros temas y agrega que allí donde existe esta ley, no solo “no ha mejorado el prestigio social del profesor” sino que aumenta la litigiosidad contra las familias y los alumnos.
Ismene Santiago Posada remarcó que los docentes necesitan apoyo institucional para poder desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas. “Sin embargo, creemos que el debate se ha orientado de una manera que no está ayudando a resolver los problemas reales de la convivencia en nuestras aulas. Uno de los errores de partida ha sido vincular el reconocimiento al profesorado con el concepto de autoridad”, apunta.
“Cuando hablamos de educación, el interés del menor debe ser siempre el punto de partida y el punto de llegada de cualquier política pública. Queremos dejar algo muy claro. Las familias no estamos enfrentadas al profesorado”, apunta.
Cabe recordar que Ley de Autoridad del Profesorado es una norma que ya existe en otras comunidades autónomas y que, según el preámbulo del primer borrador que entró en el Parlamento, nace tras observarse en los últimos años una falta de reconocimiento social hacia la figura de los docentes, una cuestión que llevaba siendo demandada históricamente por los sindicatos. El texto incide en que es necesario “dotar al profesorado de un marco normativo que refuerce su autoridad, le proporcione seguridad jurídica y garantice el respeto que merece a su función”. No obstante, se trata de norma que no contenta a asociaciones de madres y padres y para la que los sindicatos, aunque en general la respaldan, han preparado enmiendas para mejorar el texto.