El Gobierno vuelve a avalar al tribunal de las oposiciones a la Policía Canaria con un ‘copia y pega’ que ignora el audio clave
El Gobierno de Canarias sigue sin ver razones para apartar al inspector Ángel Nichel Acosta de la presidencia de las polémicas oposiciones para el ingreso de 141 agentes en la Policía Autonómica. Una resolución firmada el pasado jueves por el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso, desestima la segunda recusación planteada por aspirantes de ese proceso selectivo.
Lo hace con argumentos calcados, un copia y pega literal, de su primer pronunciamiento al respecto, firmado el pasado 21 de enero. El alto cargo utiliza la misma plantilla, palabra por palabra, para concluir que no ha quedado acreditado que el presidente del tribunal impartiera clases a opositores en los cinco años que precedieron a la convocatoria ni que, por tanto, incumpliera su obligación de abstenerse en el procedimiento según las bases.
La última resolución ignora un elemento clave: un audio de 70 minutos en el que se escucha a Acosta explicar a un grupo de aspirantes cómo debían resolver el supuesto práctico, una de las fases del proceso selectivo. Esa grabación, que es de principios de 2021 (dos años antes de la convocatoria), fue incorporada por los denunciantes en la segunda recusación en un pendrive, en registro físico. En la primera no había sido aportada por una cuestión técnica, por la imposibilidad de subirla por registro electrónico debido a su tamaño.
A pesar de esa diferencia, el director general resuelve la discrepancia en ambas resoluciones (la del 21 de enero y la del 5 de febrero) con la misma frase: “La ausencia de aportación de esas supuestas grabaciones invocadas por el recusante no permite su valoración e impide otorgar a las mismas valor probatorio, quedando reducidas a una mera afirmación no acreditada”. Es decir, sostiene que ese audio tampoco ha sido presentado en la segunda recusación, lo que contradice lo manifestado unos párrafos antes, en la parte de antecedentes de su propia resolución: “Recoge (el aspirante) en su escrito de recusación que se aportan extractos de grabaciones de las clases que realizaba” Acosta.
Pero hay más. El propio Ángel Nichel Acosta reconoce en su informe de defensa que esas grabaciones han sido aportadas. “Respecto a las grabaciones de audio y transcripciones de mensajes aportadas, estima que su mera aportación no acredita por sí sola la concurrencia de ninguna de las causas (de abstención) tasadas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 (de Régimen Jurídico del Sector Público)”, reza la resolución del director general José Manuel González Afonso como resumen de lo manifestado por el presidente de las oposiciones.
Se produce así una paradoja. El director general sostiene que no puede valorar el audio porque “no ha sido aportado” a la vez que da por buenas las explicaciones del recusado defendiéndose de ese mismo material sonoro. El argumento de Acosta es que se trataron de “charlas de carácter informativo” destinadas a valorar la posibilidad de ofrecer preparación, pero que al final “desistió de continuar con el proyecto”.
Como ha contado este periódico en anteriores publicaciones, junto a ese audio los denunciantes aportaron mensajes que el propio Acosta difundió a través de grupos de WhatsApp de la Policía Canaria ofreciendo clases e informando de cuál era el precio (diez euros por sesión), los horarios (sábado en tres turnos), la duración (entre 70 y 80 minutos) y el lugar (la academia Forma2 que regenta su pareja). “Si estás interesado, confirma por esta misma vía. Se recomienda acudir a la sesión con los textos legales impresos”, decía.
En el audio aportado se escucha al propio Acosta dar su número de teléfono a los aspirantes. Según varios testimonios, los pagos se realizaban a través de Bizum.
En sus escritos de recusación, los denunciantes también aportaron mensajes publicados en redes sociales que anunciaban el inicio de esas clases (también con el número del ahora presidente del tribunal) o promocionaban el temario que Acosta había preparado sobre esa materia. En relación con este temario, el inspector defiende que se trataba de “un borrador” que elaboró entre 2018 y 2019, pero que “nunca fue publicado ni comercializado”, además de “tener escasa relación con el temario del procedimiento en curso, debido a las modificaciones operadas en el tiempo”.
En su defensa, Acosta, que ingresó en el cuerpo en la primera promoción de la Policía Canaria y que ya es inspector, manifiesta que “no ha realizado en ningún momento actividades de preparación de opositores, ni de forma continuada ni ocasional” y que “no ha facilitado información privilegiada o asesoramiento a candidatos” ni tampoco ha distribuido material “que pudiera otorgar una ventaja competitiva a alguno de ellos”.
El Gobierno de Canarias, a través de la resolución del alto cargo de la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), vuelve a dar por buenas las explicaciones del presidente del tribunal de las oposiciones sin cuestionarlas y sin tener en cuenta el audio aportado. Con respecto al resto de pruebas incorporadas por los denunciantes, considera que son insuficientes para desvirtuar la presunción de imparcialidad de Acosta. El director general vuelve a señalar que los aspirantes no aportan “declaraciones, pruebas de pago, contratos, testimonio de alumnos o comunicaciones” que acrediten que el inspector formó a aspirantes e incumplió su deber de abstención.
Al rechazar la recusación, González Alonso levanta también la orden de suspensión del procedimiento selectivo.