Inés Rojas: “Dimitir sería una cobardía”

La consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha afirmado este lunes que “nadie debería dimitir cuando, primero, se ha hecho un trabajo importante y segundo, hay problemas. Eso es ser cobarde”. De esta forma ha respondido Rojas al portavoz de la Asociación de directores y gerentes de Servicio Sociales, José Manuel Ramírez, que responsabilizó a la consejera de la “nefasta gestión” de las ayudas destinadas a personas en situación de dependencia.

Ramírez denunció que más de 4.000 personas fallecieron sin percibir ninguna ayuda pese a tener derecho a ello, unos datos que han sido reconocidos por Rojas en declaraciones a Cadena Ser, aunque ha matizado que las cifras canarias no distan de las mostradas por otras comunidades autónomas y que la situación se agrava con el recorte de partidas destinadas a Canarias desde el Gobierno central.

Aunque admitió que Canarias tiene en lista de espera al 52% de las solicitudes para percibir una prestación económica, señaló que de la Asociación de directores y gerentes de Servicio Sociales no hace referencia a que en la actualidad el Gobierno central “no permite darlas”. Al respecto, recordó que el Consejo Territorial de Dependencia modificó las condiciones para que las personas que cuidan a un familiar en sus viviendas puedan recibir ayudas, de forma que “no se pueden dar, porque casi nadie cumple los requisitos”.

Uno de los nuevos criterios, indicó, es el de acreditar que el familiar lleva más de un año atendiendo a un dependiente, lo que resulta “difícil de demostrar en el caso de personas mayores”, motivo por el que el Gobierno de Canarias prioriza la atención a menores con discapacidad o personas “muy mayores”, dijo. “Pero, esta lista de espera, una inmensa mayoría, con las condiciones que ha puesto el Estado ahora, no las recibiría”, apostilló.

Rojas afirmó que la implantación de la Ley de Dependencia desde 2007 no ha sido “un camino de rosas” y señaló “muchísimas dificultades”, antes de volver a mencionar a la Administración central y decir que hasta hace dos o tres años no contemplaba el procedimiento a seguir en los casos de fallecimiento de las personas que debían de recibir la prestación, que en algunas familias llega con seis años de retraso.

“Es verdad que lo debemos, en la inmensísima mayoría lo debemos”, afirmó la consejera, que añadió que el Gobierno canario ha priorizado los servicios demandados por la sociedad durante la crisis económica. Una deuda que “tenemos que pagar”, aunque no precisó cuándo.

“Dejación no ha habido”

La consejera insistió en los avances realizados desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia y señaló que “para mí sería más cómo quedarme en casa”, pero “a algunas personas nos ha tocado estar en política aquí y en este momento tan duro y les puedo asegurar que habrá cosas que no se habrán podido hacer, pero dejación no ha habido”.

Aunque no dejó de describir la situación de otros territorios de la Península, aseguró que “no me satisface compararme con los demás” e hizo hincapié en que queda mucho camino por recorrer, pero “hemos avanzado”.

En referencia a las 400 personas que ocupan plazas en centros hospitalarios y que podrían necesitar atención sociosanitaria, que mencionó recientemente el presidente canario, Paulino Rivero, la consejera fijó para los próximos meses la puesta en marcha de una orde para “protocolarizar” la salida del paciente con las familias, que en la actualidad está siendo revisada por los servicios jurídicos de la administración.