Un informe europeo pide que se preste especial atención a la inmigración en las RUP
El proyecto de informe del Parlamento Europeo respecto al balance y a la futura estrategia con Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas (RUP) “desea que la futura política común de inmigración preste una atención especial a la situación” de estas regiones particulares que son “fronteras exteriores de la Unión Europea” (UE) y se encuentran “rodeadas de terceros países menos favorecidos” lo que conlleva a que estén “sometidas a una presión migratoria muy fuerte que, añadida a un crecimiento demográfico a menudo muy superior a la media comunitaria, provoca tensiones económicas y sociales preocupantes”.
Este texto, cuya ponente es la eurodiputada francesa del Partido Popular Europeo (PPE), Margie Sudre, será debatido este lunes por la noche y votado el martes por el pleno de la Eurocámara. El 'informe Sudre' no es vinculante pero supone la aportación del Parlamento Europeo a la futura estrategia con las RUP que el Ejecutivo comunitario debe presentar en octubre.
El proyecto de informe pide que dicha estrategia no se centre únicamente en los nuevos desafíos identificados por la Comisión Europea en su comunicación (septiembre de 2007) y que son: cambio climático, demografía y migración, agricultura y política marítima, sino que a ellos se sumen otros como la aplicación de la estrategia de Lisboa en estas regiones.
Además, el texto solicita a la Comisión Europea que se adopten “urgentemente” medidas destinadas a luchar contra el carácter persistente del desempleo, la pobreza y las desigualdades en el reparto de los ingresos de las RUP, ya que cuentan con una de las tasas de desequilibrio más grande de la UE, señala un comunicado.
Igualmente, el 'informe Sudre' recuerda la situación de “dependencia absoluta” de las regiones ultraperiféricas respecto a los transportes, por lo que reafirma la “necesidad de un trato diferenciado”.
La ponente tembién defiende que los programas europeos en estas regiones deben preparar la apertura a la necesaria diversificación de sus economías; así como que el Ejecutivo comunitario debe “garantizar a las flotas de pesca de las RUP una discriminación positiva en el acceso a los recursos pesqueros existentes en estas regiones”, indica el texto.
