Los jueces ven inviable la ejecución de sentencias con los medios actuales
La junta de jueces de Las Palmas de Gran Canaria y la Junta de magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas han considerado este martes “inviable” el control en la ejecución de las sentencias con los medios actuales.
En un comunicado difundido, tras mantener una reunión en protesta por el caso de la niña Mari Luz, los jueces afirman que lo ocurrido en Sevilla puede producirse en la provincia de Las Palmas si los responsables políticos no adoptan las medidas oportunas.
“En el caso de Las Palmas, -sostiene- es inviable con los medios actuales el control de la ejecución de sentencias”, por lo que dicen a los ciudadanos que “en caso de que los responsables políticos no pongan en marcha con prontitud el programa de actuaciones propuesto, lo ocurrido con una ejecutoria en el Juzgado de lo penal nº 1 de Sevilla puede suceder en esta provincia”.
Y ello pese a que “los titulares de los órganos judiciales cumplan e incluso superen la carga de trabajo fijada por el propio CGPJ”.
En su comunicado, los jueces de Las Palmas denuncian “la sobrecarga” de asuntos que padecen todos sus órganos judiciales de esta provincia, así como “las penosas condiciones en las que los jueces de los pueblos desarrollan su trabajo jurisdiccional”.
Esta situación, afirman, impide “frecuentemente impartir justicia con los niveles de calidad deseables en cualquier Estado de Derecho avanzado”.
También denuncian las “continuas injerencias” del poder ejecutivo en el órgano de gobierno de los jueces, “puestas de manifiesto recientemente en la designación, con criterios esencialmente partidistas de los vocales del CGPJ”, de su presidente y vicepresidente y en las “recomendaciones realizadas respecto a la sanción a imponer al juez Rafael Tirado”.
Exigen tanto del Gobierno central como de la comunidad autónoma, el incremento de la planta judicial necesaria, la dotación a cada órgano de los medios materiales y personales suficientes y el respeto a la independencia del CGPJ.
También reivindican ante el Consejo del Poder Judicial la puesta en marcha de las iniciativas necesarias para que los jueces puedan desarrollar su trabajo “con calidad, sin un permanente estrés laboral, con la retribución suficiente y pudiendo conciliar la vida familiar y laboral”.
