La plaga de palmeral que retrata las lagunas urbanísticas del paraíso turístico del sur de Fuerteventura

Enclavada en medio del campo de dunas de la estrecha y alargada franja de terreno conocida como el istmo de Jandía o de La Pared, la localidad de Costa Calma, en el sur de Fuerteventura, presume de sus más de once kilómetros de paradisiacas playas de arena fina y blanquecina. Es eminentemente turística. La inmensa mayoría de los habitantes censados en este núcleo del municipio de Pájara -en torno a 5.000- vive directa o indirectamente del sector. De hecho, la población flotante ronda las 15.000 personas de forma habitual. Por ello, la pandemia supuso un duro golpe para la economía local. Su alcalde, Pedro Armas (Asambleas Municipales de Fuerteventura), recuerda que el suyo fue de los primeros ayuntamientos que, tras la irrupción de la COVID-19, encargó un informe para cuantificar el previsible impacto de la crisis sanitaria en el municipio. Se estimó que el desempleo podría alcanzar al 80% de la población. La previsión, dice, se quedó corta y esa cifra se superó.  Buena parte de la planta hotelera se vio abocada al cierre y a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 

La pandemia agravó el estado de abandono en el que ya estaba sumida esta localidad. Un año antes del confinamiento, unos 400 vecinos de Costa Calma salieron a la calle para protestar contra la degradación del núcleo turístico, la carencia de servicios básicos y la inacción de las instituciones implicadas. De fondo subyacen problemas históricos, con urbanizaciones construidas desde hace décadas que no han sido recepcionadas, un trámite esencial por el que el promotor de las obras cede al ayuntamiento las dotaciones e instalaciones (viales, luminaria...) que estuviera obligado a ejecutar en cumplimiento del proyecto aprobado, en contraprestación por el aprovechamiento urbanístico derivado de la licencia.  

En los últimos meses, la estampa más ilustrativa de este deterioro, de las lagunas y conflictos urbanísticos de Costa Calma, ha sido un palmeral de 7.000 ejemplares, un reducto verde que separa la zona turística de la residencial y que resultó afectado por una plaga de Diocalandra Frumenti, un escarabajo de pequeñas dimensiones que se detectó por primera vez en el Archipiélago en 1998 en la zona de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria. 

Los vecinos y visitantes que paseaban por este recinto se tropezaban con numerosas palmeras enfermas, algunas muertas, con el tronco partido y caído y hojas amontonadas sobre los senderos. Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Pájara a Gestión del Medio Rural, una empresa pública del Gobierno de Canarias, detectó la presencia de la plaga en el 70% de los ejemplares identificados y pudriciones compatibles con hongos en un 10%. Se localizaron 124 palmeras muertas y restos de poda sin retirar repartidos por toda la zona. 

El gobierno municipal atribuyó esta “gravísima crisis” de sanidad vegetal al “cese unilateral” de las actuaciones de riego, mantenimiento y control fitosanitario por parte de la promotora de la urbanización donde se encuentra el palmeral, Cañada del Río, la mayor de Costa Calma, construida en los años ochenta. El Consistorio sostiene que esa empresa, Fuertcan, era la responsable de estas labores “en cumplimiento de las obligaciones derivadas” de la adjudicación. El pasado 20 de septiembre, el alcalde, que asegura que con anterioridad había intentado comunicarlo verbalmente, emitió un decreto que ordenaba a la promotora intervenir “de manera urgente e inmediata” en el palmeral, aplicar los tratamientos, restablecer el riesgo y vigilar y erradicar las palmeras afectadas por el peligro que entrañaban para los paseantes.

La empresa recurrió ese decreto y pidió suspender su ejecución. El juzgado le denegó esta medida cautelar. Finalmente, y después de que la Policía Local  advirtiera en un nuevo informe de la “alta peligrosidad para personas y bienes” por la situación del palmeral, el Ayuntamiento decidió asumir los trabajos y contrató por la vía de urgencia los servicios de una empresa especializada para la retirada de las palmeras muertas y su envío al vertedero. Esta adjudicataria realizó esa intervención, con un coste de alrededor de 38.000 euros, a principios de febrero. Tras constatar que había más ejemplares afectados, cerca de 200, la corporación local está tramitando otro contrato de limpieza y tratamiento fitosanitario por un importe algo mayor, que ronda los 50.000 euros, según afirma el alcalde. “Entendemos que esas cantidades las tendrá que pagar la empresa promotora, pero eso lo decidirá un juez”, señala Armas. 

Una entrega parcial y tácita

Entre el decreto del alcalde y la actuación en el palmeral se produjo un hito en este conflicto. En una sentencia fechada a finales de noviembre, la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria estimó una demanda presentada por Fuertcan contra la “inactividad” de la administración local y declaró que el Ayuntamiento de Pájara había recepcionado de forma tácita y parcial la urbanización Cañada del Río y, por tanto, la administración debía asumir servicios de asfaltado, mantenimiento, alumbrado...

“El Ayuntamiento nos hizo ese requerimiento, pero con posterioridad nosotros hemos cedido la urbanización y tenemos una sentencia firme que reconoce que está entregada parcial y tácitamente. Por lo tanto, el responsable del mantenimiento de la urbanización es el propio Ayuntamiento”, defienden fuentes de la promotora en respuesta a las acusaciones de la corporación sobre la dejadez de sus obligaciones en el palmeral. El alcalde de Pájara, por su parte, sostiene que han decidido acatar la sentencia para poder actuar. “Si hubiéramos recurrido, es posible que hubiéramos ganado, según nos dicen desde los servicios jurídicos, pero perdería el pueblo, que seguiría en el estado de abandono en el que está desde hace años”.

La resolución judicial, advierte en cualquier caso Armas, no solventa de manera definitiva el conflicto. Según el regidor sureño, el Ayuntamiento de Pájara ya ha comenzado a ejecutar los trabajos necesarios para adecentar la zona, pero considera que determinados gastos en los que está incurriendo la administración deben ser repercutidos a la promotora. “Una cosa es la obsolescencia, y ahí tiene razón la empresa, en que no va a entregar una urbanización nueva si ya tiene 30 años, no es lo mismo. Si una farola está en mal estado por los años de uso, tendremos que reponerla, porque eso sí que nos compete a nosotros, pero no todo es obsolescencia. Hay cosas que faltan y esas las tendrán que poner los promotores”, apunta. 

En diciembre de 2019, el alcalde decidió recabar un informe técnico sobre la situación de Cañada del Río a los efectos de proceder a su recepción. La promotora había solicitado que se concluyera este trámite en dos ocasiones. La primera, en 2014, se dio por desistida después de que la empresa no aportara la documentación exigida. La segunda se presentó un año después y nunca fue resuelta. También en esa ocasión la administración requirió más información a Fuertcan, que tampoco la incorporó. El informe encargado reveló defectos en la luminaria, en el asfaltado y en el acerado de las calles, pero hizo constar la existencia de un principio de acuerdo entre las partes y la decisión de recepcionar los principales viales de la urbanización.

“Los servicios (en esos viales) están culminados casi en su totalidad y en estado aceptable de uso y funcionamiento, considerando que son instalaciones ejecutadas y puestas en funcionamiento desde hace unos treinta años”, recogía ese informe técnico, que precisaba, no obstante, que era necesario aún que el promotor repusiera, reparara o finalizara “obras inacabadas o deterioradas”. El Ayuntamiento requirió a la empresa para que, en un plazo de tres meses, acometiera las actuaciones pendientes, pero Fuertcan entendió que, con lo recogido en ese informe, la administración había admitido la recepción tácita de la urbanización y que había tomado posesión “de facto” de esas obras desde hacía años. 

El perito contratado por la promotora expuso en un informe que “un alto porcentaje del trazado de la urbanización” se encontraba culminado y que el Ayuntamiento llevaba tiempo realizando actuaciones en Cañada del Río a pesar de que la urbanización no estaba formalmente entregada. Entre ellas, aludía al servicio de recogida de basuras, a la instalación de señalética, a la elaboración y ejecución del proyecto de alumbrado público, a la autorización municipal para la celebración de eventos o a la concesión a terceros de licencias de ocupación sujetas al pago de tasas municipales. El juzgado dio la razón a la empresa. “El Ayuntamiento no puede negar la recepción ni manejarla como objeto de cambio de otras pretensiones”, reza la sentencia. 

La resolución judicial censura la actuación de la administración. La jueza remarca que, en caso de que entendiera que las obras de obligado cumplimiento por parte de la promotora no hubieran sido concluidas o no lo hubieran sido de la forma ordenada debía haberle requerido para que, en un plazo determinado, las ejecutase. Y si tampoco así cumplía, “la reacción inmediata” debió ser la ejecución forzosa, que consiste en que la administración concluye las actuaciones de forma subsidiaria “por cuenta y a cargo” del responsable de las obras. La sentencia remarca que la recepción de una urbanización no es un acto “voluntario y discrecional”, sino que está reglado, y que la administración no puede evitarlo si se ofrecen las obras en las debidas condiciones, un supuesto que el ayuntamiento sostiene que no se ha dado. 

La promotora asegura que ha cumplido con todas sus obligaciones y que “así lo ha reconocido” la justicia. Fuentes de la empresa cifran en 100.000 euros el coste mensual del mantenimiento de esta urbanización de Costa Calma y alude a los servicios de jardinería, fumigaciones y tratamientos fitosanitarios, limpieza de las calles e iluminación del viario público. 

Con respecto a la situación del palmeral, señalan que “es una plaga que se da en toda Canarias e, irremediablemente, cuando se detecta, quien tiene competencias para actuar sobre ella no es el Ayuntamiento, sino el Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento, ya lo hemos denunciado, está asumiendo unas competencias que son del director general de Agricultura del Gobierno de Canarias. El alcalde no tiene competencias para exigir un tratamiento fitosanitario, ni un traslado de los ejemplares muertos ni nada” a la promotora. 

Fuertcan también denunció recientemente que la rotura de una tubería afectó a unas arquetas con cables eléctricos en una zona próxima a un colegio y “puso en riesgo la seguridad de los usuarios”. “A pesar de que hay una sentencia firme parece que quieren demorar la ejecución” de la recepción de las obras y “hacerse cargo de sus obligaciones”, afirman fuentes de la promotora. “Hemos acatado la sentencia y tenemos que esperar trámites. Todo es burocracia y no hay colaboración de la otra parte”, responde el alcalde del municipio turístico. 

Otras urbanizaciones

El caso de Cañada del Río no es único en Pájara. En abril de 2016, la justicia obligó al Ayuntamiento a hacerse cargo de los servicios públicos de una urbanización en La Pared, en la otra punta del istmo, tras una denuncia de los vecinos. Hay otra sentencia similar en Morro Jable, en la parte más meridional de la isla. En Esquizo tampoco se han recepcionado las obras de una urbanización construida hace años. Sigue sin haber acuerdo. Y en la propia Costa Calma, los residentes de El Granillo, en el extremo norte del pueblo, siguen esperando que el promotor culmine las actuaciones y entregue la urbanización al Ayuntamiento. “Por las noches, los turistas tienen que caminar con la luz de los móviles porque en esta zona llevamos mucho tiempo sin alumbrado”, asegura uno de sus vecinos, que explica también que hace unos meses se cayó una farola por falta de mantenimiento, “dada la oxidación de su base”, y que no alcanzó a un cliente de un hotel “por medio metro”. 

En el escrito que remitió a la corporación local, este vecino de El Granillo señalaba que, además de la “evidente” carencia de iluminación en la zona, tampoco se garantiza la seguridad, ni se acometen las debidas reparaciones y mantenimiento de la red viaria y de las aceras. “Ni siquiera los accesos a las playas son decentes”, añade el residente, que recuerda que por su vivienda paga cada año el Impuesto de Bienes Inmuebles y la tasa de recogida de basura. 

Pedro Armas defiende su actuación. “Fui el primer alcalde que firmó la recepción de una urbanización. Empezamos por La Pared. Los vecinos llevaban batallando más de veinte años con la administración y hubo una sentencia judicial. Tuve que sentarme con los propietarios, porque no se sabía quienes eran los promotores, e intentar llegar a un entendimiento de cesión de los viales. Lo firmé cuando era concejal de Urbanismo. Ahora se están poniendo en marcha todos los servicios de agua, de electricidad... En Costa Calma queremos hacer lo mismo”. 

El regidor admite la inacción de las instituciones durante años. “Ha habido muchas promesas, pero nadie ha podido culminar nada y estamos haciendo cosas por las que se vienen batallando desde hace tiempo”. Armas tiende la mano a los promotores para intentar llegar a acuerdos, pero advierte de que “hay un momento para hablar y un momento para actuar” y anticipa que, de no llegar a acuerdos, será en los tribunales donde se diriman las discrepancias.