El plan de CC-PP para movilizar vivienda vacía “consolida la especulación”, según el Sindicato de Inquilinas de Tenerife

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha expresado su rechazo a la medida anunciada por el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria-Partido Popular) para la creación de una bolsa activa de vivienda asequible, al considerar que “no aborda las causas estructurales de la crisis habitacional y consolida precios de alquiler ya inflados”, ha indicado la organización en un comunicado.

El sindicato ha señalado que el Ejecutivo autonómico está “intentando apropiarse del lenguaje de la recuperación de vivienda vacía sin desplegar herramientas que garanticen realmente ese objetivo”. En este sentido, se considera que la iniciativa es “insuficiente y está orientada a generar expectativas que difícilmente se traducirán en un acceso real a la vivienda”. Asimismo, la organización cree que “la medida responde más a una estrategia de comunicación que a una intervención efectiva, generando la impresión de soluciones que en la práctica no se materializan, lo que se resume como 'vender humo' en materia de vivienda”.

El sindicato denuncia que el mecanismo presentado se basa en la incorporación voluntaria de viviendas al mercado mediante incentivos públicos dirigidos a propietarios, a cambio de aplicar reducciones de hasta un 30% sobre el precio de mercado. Ese precio de referencia, dicen, no es neutro, sino que está determinado por un mercado “tensionado y al alza”.

En consecuencia, los “supuestos alquileres asequibles” continuarían situándose en niveles elevados. En el caso de una vivienda de 80 metros cuadrados, por ejemplo, con precios actuales que oscilan entre 950 y 1.200 euros mensuales, la reducción anunciada situaría los alquileres entre 660 y 840 euros, cifras que “siguen muy por encima de lo que amplias capas de la población pueden asumir”, ha agregado la organización en una misiva.

“Esta política no implica una bajada generalizada de los precios del alquiler al no introducir mecanismos de regulación del mercado y actuar de forma limitada y voluntaria sobre una parte del parque de viviendas. Se trata de una medida temporal que no modifica la lógica especulativa del sistema actual y que, en la práctica, canaliza recursos públicos hacia propietarios sin garantizar un acceso real a la vivienda”, apunta el sindicato.

La organización cree que la iniciativa responde a una estrategia política que proyecta una imagen de intervención pública “sin alterar los intereses que están en la base del problema”. En este sentido, señala que se presenta como una solución a la crisis de vivienda, pero que “en realidad reproduce un modelo que sigue beneficiando principalmente a propietarios, empresas y actores que operan en el mercado inmobiliario en clave especulativa”.

El sindicato advierte también de que este tipo de políticas priorizan el incentivo a la oferta privada frente a la protección de las personas inquilinas, y cuestiona su eficacia para movilizar vivienda vacía en un contexto de alta demanda. “No es posible resolver un problema estructural apelando únicamente a la voluntariedad del mercado”.

La organización ha reiterado la necesidad de implementar medidas estructurales que incidan directamente en la contención de precios y en la ampliación del parque público de vivienda. Entre ellas, se destacan:

El Sindicato concluye que “el acceso a la vivienda no puede depender de incentivos a la rentabilidad privada, y que es necesario un cambio de enfoque que priorice el derecho a la vivienda por encima de la lógica del mercado”.