La exdiputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha sido objeto de polémica en los últimos días por una publicación en un medio local (El Time) en la que se aseguraba que no tiene residencia habitual en las zonas afectadas por el volcán de La Palma. Rodríguez sí fue evacuada de una vivienda en El Remo el mismo día de la erupción, una casa que siempre ha asegurado que es suya y en la que se encontraba hospedada en ese momento. Existen imágenes del primer día de desalojos de ella haciendo cola con su vehículo para rescatar algunas pertenencias. En la declaración de bienes que realizó en el Congreso en el año 2019 cuando era diputada, se recoge que es propietaria de una vivienda en Canarias desde el año 2015. Un inmueble que no quedó finalmente afectado por la lava, como sí ocurrió con el de otros familiares en Todoque con los que ha asegurado que se hospedó tras esta primera evacuación.
La exdirigente política ha sido muy crítica en las últimas semanas con el reparto de donaciones y con la ralentización de las ayudas y, aunque ha insistido a este periódico en que no quiere “hacer ningún tipo de declaraciones”, sí considera que se ha iniciado esta “campaña” para desacreditar sus quejas y que se ha vulnerado la protección de datos, puesto que se ha desvinculado de la esfera política y ya no es un personaje público. Así mismo, invita a investigar cuál es el criterio empleado para el reparto de donaciones y a que se hable con muchas otras personas evacuadas que no están de acuerdo con esta gestión.
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, municipio donde se encuentra la casa de Rodríguez, ha explicado a este periódico que el reparto de donaciones se ha efectuado después de las entrevistas realizadas por los trabajadores sociales del Gobierno de Canarias. Desde el Consistorio remarcan que en las bases se apunta que para obtener la cuantía proporcional de estas donaciones se tendrá en cuenta la situación de vulnerabilidad “por pérdida o desalojo de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción de Cumbre Vieja”. Es la Policía Local la que acredita si se trata de la vivienda habitual con un certificado de convivencia, que puede ser “negativo o no”, señala la concejala de Seguridad del municipio, Lorena Hernández, que apunta que no va a confirmar o desmentir la situación de Rodríguez ni la de ningún otro particular.
Si se atiende a este criterio, una persona que no pueda demostrar que la vivienda de la que fue desalojada no es una residencia habitual no tendría derecho a esta donación. Sin embargo, para ello el padrón no es la única vía que lo demuestra, también lo son las facturas de suministros como la luz, el agua, la basura, el contrato de alquiler… Normalmente, cuando la Policía hace estas certificaciones habla con los vecinos del barrio en concreto, algo que se complica estos meses al tratarse de zonas evacuadas. No es el hecho de ser o no propietaria de una vivienda lo que da derecho a la acreditación de afectado o afectada, ya que las personas que vivían de alquiler también han podido verse perjudicadas por la erupción.
Rodríguez compartía en sus redes sociales el pasado sábado el comunicado del Ayuntamiento en el que aseguraba que ya había repartido la totalidad de las donaciones con la siguiente crítica: “Más de cuatro meses desalojada sin poder usar mi casa, ni mi apartamento… Yo=0 euros”, afeaba. No obstante, aclara a este periódico que no se trata de que esté solicitando ayudas para ella, sino que pretendía mostrar que es un ejemplo de que este dinero no llega a todo el mundo e insiste en que son muchas las personas que no están de acuerdo con que no se aclaren los criterios y con que no se haya contado con las personas afectadas en las tomas de decisiones. Así mismo, insiste en que no es la portavoz de ninguna plataforma y que así se lo ha hecho saber a todos los medios nacionales y locales que la han entrevistado como afectada.
Más transparencia
Este mismo lunes una caravana de vehículos recorrió la capital de La Palma para reclamar “transparencia” y que se respete el derecho de los afectados “a la participación en las decisiones públicas” que les afectan. Es el segundo acto de protesta que ha convocado Iniciativa de Apoyo Ciudadano cuyos integrantes han adelantado que van a reclamar por escrito la creación del Consejo Sectorial de los Afectados por el Volcán y para la Reconstrucción de La Palma, “que deberá dar cabida a los diferentes colectivos sociales, empresariales y económicos que representan a los afectados y al tejido económico palmero dañado por el volcán”. Unos días antes también habían protestado por ese derecho a la participación y comenzaron con una recogida de firmas.
El Cabildo de La Palma, por su parte, anunciaba este lunes que comenzaría con el reparto de 6 millones de euros en donaciones de particulares y empresas que irán íntegramente “a los afectados por el volcán”. La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, explica que se ha optado por el uso del Registro Único del Gobierno de Canarias que es quién facilita la información al Cabildo sin que el afectado tenga que hacer ningún otro trámite de presentación de documentación o justificación. La Corporación prevé finalizar el abono de esta primera parte esta semana y pide que en caso de que alguna persona afectada el próximo 31 de enero no haya percibido el ingreso o la información de que su expediente está en trámite, se pongan en contacto con el Cabildo y se adjunte el certificado de afectado por el volcán, así como un teléfono para evaluar su caso, siempre y cuando haya pasado con anterioridad por el Registro Único, ubicado en la Casa Massieu.
La picaresca de un 10% de demandantes de vivienda
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, adelantaba este domingo en el programa Informe Trópico, de Radio Televisión Canaria, que se ha creado “una oficina única garantista porque también puede haber engaños”. Según afirmó, “ha habido quien ha dicho que ha perdido la casa y resulta que no ha dicho que es heredada y tú tienes que confrontar esos datos porque no puedes entregar una casa a quien no lo merece”. Además, hay quien ha entregado una cuenta pero no ha dicho que se encuentra en situación de divorcio con bienes gananciales o quien ha afirmado perder una casa y no es así. En declaraciones a la Cadena Ser, este lunes la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife ha señalado que se han producido fraudes o han falseado los datos en un 10% de los procesos de solicitud de vivienda. Desde la Oficina de Atención a las personas afectadas confirman que, según datos del Instituto Canario de Vivienda, han sido 130 personas de un total de 1.300 demandantes los que han cometido picaresca o han dado unos datos erróneos.
Fuentes de la Oficina señalan a este periódico que entre los casos que se han encontrado se encuentran el de familias que vivían padres e hijos en la misma residencia el 19 de septiembre y que, sin embargo, ahora aseguran que residían en domicilios distintos para poder acceder a casas separadas. También apuntan que hay matrimonios que ahora alegan que están separados y no es cierto. Así mismo remarca que los fraudes se han podido detectar y que en tan solo un caso una persona dijo que su vivienda estaba afectada y no era cierto. Desde la oficina recalcan que en el 90% de las solicitudes de demanda de vivienda los datos sí estaban correctos e insisten en que la picaresca, aunque existe, es mucho menor al número de personas afectadas y que no han intentado cometer ningún fraude.
“Hay una declaración jurada y una responsabilidad si se miente pero los funcionarios son los que terminan firmando una entrega de una casa”, remarcó Torres en Informe Trópico, donde lamentó que se haya criticado al Ejecutivo por entregar diez casas por semana, cuando en una situación normal se tardan años. “Cuando tu escuchas un partido de la oposición que critica que tardemos dos meses en entregar viviendas y en 2005 tuvimos un Delta (tormenta tropical que causó numerosos destrozos) en el que tardaron no meses sino años en llegar las ayudas, un poco de rubor pueden tener”, apuntó.