Prohibido usar pitos y sirenas en unas protestas contra el Gobierno de Canarias para no molestar a un colegio cercano
La Delegación del Gobierno en Canarias ha prohibido a la plataforma Viviendas Sociales en Lucha, que representa a gran parte de los más de 3.000 adjudicatarios del II Plan de Vivienda del Archipiélago (1992-1995), el uso de dispositivos que emitan “sonidos estridentes o de elevada intensidad” durante las protestas que han convocado ante el edificio institucional Usos Múltiples I, situado en la plaza de los Derechos Humanos, en Las Palmas de Gran Canaria.
Los manifestantes reclaman el acceso a la propiedad de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en las que residen desde hace más de treinta años y cuya entrega en propiedad fue prometida por el Ejecutivo regional desde el principio. Entre julio y agosto realizaron un total de quince protestas y habían previsto once más para este mes de septiembre.
Sin embargo, poco después del inicio del curso lectivo, el 9 de septiembre, la dirección del CEIP Iberia, situado a unos 80-100 metros del lugar de las manifestaciones, escribió a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Las Palmas para exponer “la difícil situación” que el centro a diario “debido a los altos niveles de ruido generados por las concentraciones en las inmediaciones”.
La Subdelegación ha reaccionado prohibiendo “el empleo de pitos, vuvuzelas, bocinas de aire comprimido, sirenas, dispositivos que reproduzcan señales acústicas de alarma o emergencia y otros elementos de similares características que produzcan sonidos estridentes o de elevada intensidad” a causa de la “afección acústica” que las concentraciones han generado “en el entorno y, especialmente, sobre el normal desarrollo de la actividad lectiva del CEIP Iberia”.
La presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha, Araceli Refoyo, ha asegurado a Canarias Ahora que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que la medida vulnera el derecho de reunión.
En un escrito firmado este mismo lunes, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas recuerda que el derecho de reunión, recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, no es ilimitado y debe conciliarse con el derecho a la educación del alumnado y el derecho al trabajo del entorno, que figuran en los artículos 27 y 35 de la Carta magna, respectivamente.
El órgano señala que las quejas del centro escolar no responden a una “mera hipótesis o previsión de una eventual afección”, sino que se ha constatado “la producción efectiva de molestias y afecciones acústicas”. Para justificarlo, menciona un informe de la Policía Nacional sobre el desarrollo de las protestas, en el que consta que los manifestantes utilizan “silbatos, botellas de plástico vacías que golpean entre sí, y unas bocinas de aire comprimido también conocidas como bocinas de estadio […] además de un megáfono que utilizan para proclamar eslóganes, con función sirena, que activan de vez en cuando, emitiendo un fuerte sonido estridente”.
La Subdelegación puntualiza que la acumulación de convocatorias (15 en verano y 11 en septiembre) rompe con la “transitoriedad o temporalidad que debe configurar” el derecho de reunión. Añade que esta “reiteración en días y horas” puede suponer “un agravante al ponerse en relación con los perjuicios reiterados que se causan en la zona afectada para quien tiene allí su domicilio, desarrolla su trabajo o recibe una jornada lectiva”.
El escrito indica que el derecho de reunión “puede verse sometido a ciertas modulaciones o límites” para evitar que un ejercicio “extralimitado” del mismo pueda entrar en colisión con otros derechos. Y matiza que no busca impedir su disfrute, sino “determinar las condiciones que permitan compatibilizar su ejercicio con el normal desarrollo de la actividad lectiva”, en este caso.
La Subdelegación del Gobierno en Las Palmas dice que valoró la posibilidad de adoptar medidas “de mayor incidencia”, como la modificación del horario o del lugar de celebración de las protestas. Pero considera que prohibir directamente el uso de elementos que emitan sonidos elevados es una alternativa “menos restrictiva” que va a la “fuente concreta de la afección constatada”.
Esta decisión, agrega el órgano, “permite mantener el lugar, las fechas, el horario, la duración y el objeto reivindicativo” de las protestas, así como el derecho a expresarse mediante “la voz, consignas, pancartas, carteles y demás medios ordinarios de expresión”.
Protestas idénticas en 2024
No es la primera vez que estas manifestaciones contra el Gobierno de Canarias, en concreto contra la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), son restringidas por exceso de ruido.
Una “idéntica situación” se vivió en 2024, recuerda la Subdelegación en su informe, en la que se llegó a modificar el horario de las concentraciones “con el fin de garantizar la conciliación entre el ejercicio del derecho de reunión y el derecho a la educación” de los alumnos del colegio. La medida fue avalada por el TSJC.
El alto tribunal canario, no obstante, reprochó en dos sentencias anteriores la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas al prohibir las manifestaciones convocadas para determinados días de marzo de 2024 e inadmitir la comunicación previa de concentración para otras jornadas de ese mismo mes. Ambos fallos remarcan que lo que tendría que haber hecho el órgano era modificar la fecha, el lugar o la duración de las protestas para permitir su celebración.
En esta ocasión, la Subdelegación remarca que ya había advertido el día 4 de septiembre de que actuaría si el ruido continuaba con el inicio del curso escolar. El 10 de septiembre, la dirección del CEIP Iberia denunció los hechos. Y el órgano estatal considera, por tanto, que “se ha constatado el empleo reiterado de determinados elementos acústicos susceptibles de generar sonidos de elevada intensidad y carácter estridente, existiendo además una afectación expresamente puesta de manifiesto” una vez iniciada la actividad lectiva.