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Cuando tu rehabilitación depende de la ambulancia que te quieren quitar

Familias y profesionales denuncian “presiones y amenazas” de la empresa pública responsable del 1-1-2 en Canarias para retirar el servicio de transporte no urgente a pacientes

Rehabilitadores y fisioterapeutas han dado la voz de alarma después de haber detectado numerosos casos en los que se les comunica a las familias la conclusión de la prestación sin que los afectados hayan sido valorados por un médico

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Ambulancias en el Hospital Universitario Doctor Negrín.

Ambulancias en el Hospital Universitario Doctor Negrín. Alejandro Ramos.

Dos años después de que un ictus paralizara la parte derecha de su cuerpo, Andrés (nombre ficticio) ha comenzado a mover los dedos y a caminar un poco más deprisa, aún con dificultad. “Hay que agarrarlo, no aguanta el equilibrio”, explica su mujer, que lo asiste en tareas cotidianas, en el baño o a la hora de comer. Tres días por semana una ambulancia traslada a este paciente de 79 años desde su domicilio en San Agustín, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, hasta el Hospital Insular en la capital, el de referencia en el área sur, donde recibe sesiones de rehabilitación para minimizar los déficits que arrastra a raíz de la lesión neurológica. 

Desde hace unos meses, su familia vive con temor a que los avances experimentados se vayan al traste por las carencias en el transporte sanitario no urgente de las Islas. Los miedos se fundan en las llamadas que periódicamente recibe de la empresa pública Gestión para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), responsable del 1-1-2 en las Islas, para anular el servicio de ambulancias. “Llaman, preguntan por un pariente cercano, nos hacen algunas preguntas y nos dicen que ya lleva dos años y hay que dar paso a otras personas”, relata su mujer, que recuerda que ya le retiraron el transporte una semana y que solo pudo recuperarlo gracias a la intervención -y la obstinación- de la fisioterapeuta que atiende a su marido en el Insular. 

No es un caso aislado. Acoraima atiende ese tipo de llamadas “cada dos o tres semanas”. Su padre, de 48 años, sufrió un ictus el año pasado. “No habla y apenas puede caminar con bastón. No le puedes dejar solo, en cualquier momento se cae”. En su caso son cinco las sesiones semanales de rehabilitación. “En los últimos meses, sobre todo en los meses de verano, lo han dejado atrás varias veces. Llamamos y resulta que no lo han puesto en ruta. Se quedó sin rehabilitación seis días. Ahora me dicen que mi padre ya se puede defender, que puede ir en guagua, bajar escaleras, y amenazan con quitarle el transporte. A mi padre no lo ha valorado nadie, los técnicos de las ambulancias no son médicos ni rehabilitadores”, se queja “indignada”. 

Profesionales del servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Insular ya han dado la voz de alarma y han expresado su rechazo tanto a esas presiones procedentes del 1-1-2 como a los criterios y la escala de valoración a los pacientes, aspectos “que no quedan reflejados en ningún informe”. El transporte sanitario no urgente se presta en virtud de una instrucción firmada en 1998 por el entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), Román Rodríguez, actual vicepresidente del Gobierno regional. Es el médico rehabilitador quien solicita la ambulancia para los pacientes que la requieran y las coordinadoras de la empresa pública GSC quienes la autorizan, previa propuesta de la Mesa de Transporte tras esas llamadas a los familiares y la valoración de los técnicos de las ambulancias, sin conocimientos médicos, o de los supervisores de los centros concertados.

“Utilizan las respuestas de los familiares, su desconocimiento y sus miedos, para anular el servicio de ambulancia. Creen que como caminan o bajan las escaleras, están capacitados para usar transporte público, pero no valoran que muchos de ellos son pacientes neurológicos, que tienen un trastorno motor, sensitivo y cognitivo y pueden estar desorientados o tener déficit de atención o memoria. Para llegar a donde nosotros estamos, tienen que superar un montón de obstáculos y no están capacitados para ello, una cosa es caminar cinco metros y otra, hacerlo 20 minutos, desde donde te deja la guagua en San Cristóbal hasta el hospital”, explica una fisioterapeuta del centro con amplia experiencia en el sector. 

Esta profesional denuncia que la decisión de retirar la prestación se adopta sin que ningún médico vea al paciente, con el único criterio de las respuestas de los familiares y de los técnicos de las ambulancias, “con el riesgo que ello supone”. La lucha para mantener el servicio es constante y algunos acaban renunciando. “Yo miro al usuario, quien me importa es el paciente y no voy a consentir que se valore a un paciente desde la distancia o con un video”, señala en referencia a algunos casos, “contados” según los especialistas, en los que se han registrado grabaciones a los enfermos para atestiguar que pueden caminar y que, por lo tanto, no requieren el uso de una ambulancia. 

“Nosotros analizamos cada mes o cada tres meses si se les puede dar el alta o no. A veces, si caminan, hasta les viene bien llegar en guagua, pero pedimos que seamos nosotros los que decidamos. Muchas personas dejan de venir a las sesiones que necesitan por miedo y porque no tienen recursos para llegar, porque sus familiares no pueden traerlos o porque tienen que coger dos guaguas desde el sur con los déficits motores y cognitivos que arrastran”, añade. Los médicos rehabilitadores llevan años reclamando mejoras en el transporte sanitario y una renovación de los protocolos de actuación vigentes desde el año 1998. 

Los sanitarios explican que con los centros concertados no hay tantos problemas, una circunstancia que vinculan a la mayor celeridad de las clínicas privadas para pagar la prestación en comparación con las demoras del SCS. El sector de la rehabilitación en la isla de Gran Canaria está fuertemente vinculado a un grupo privado, ICOT, que acapara entre el 60 y el 70% de las derivaciones del sector público y que intenta acceder ahora al negocio del transporte al presentarse al concurso de ambulancias, en unión con Acciona, con la oferta económica más bajas de entre las presentadas por los siete licitadores que han concurrido al polémico proceso. 

La empresa pública GSC no ha contestado a las preguntas formuladas por esta redacción en relación con las quejas de pacientes y profesionales. En un comunicado difundido el pasado mes de febrero, la mercantil cuantificó en 451.300 el número de pacientes que fueron trasladados a diferentes centros de Canarias en ambulancias de transporte sanitario no urgente durante 2018.  Los servicios de rehabilitación ocuparon entonces el mayor porcentaje de actividad, con un 51,2% del total de trayectos, seguido por los traslados de hemodiálisis, que ascendieron al 32,3%. Según esa información, la flota para estos servicios es de 234 vehículos en todas las Islas. 

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