El de Ana María es uno de esos casos en los que el Colegio Sagrado Corazón de Jesús discriminó a sus hijas porque ella no podía hacer frente a las cuotas voluntarias del centro. Cuando fue a la Consejería de Educación y allí le dijeron que no era obligatorio pagar las cuotas voluntarias, Ana María se puso en contacto con el colegio para dar de baja a sus hijas de las mismas.
Sin embargo, el centro le comunicó que si quería usar el comedor, este quedaba “lógicamente supeditado en su horario al tiempo de permanencia en el centro”. La suma eran casi 300 euros al mes por sus dos hijas, un gasto que muchas familias no se pueden permitir. Ante esto, Ana María decidió quitar a sus hijas del comedor, pero no así del colegio.
Lo normal era que a partir de ahora ya no tuviese más problemas. La madre ha dado de baja a sus hijas de un servicio y listo. Pero no, el colegio siguió reclamando los dos primeros meses de la permanencia, y como se negó a pagarla, la llevaron a juicio. En la denuncia, además de decir que adeudaba este pago supuestamente obligatorio, le añadieron pagos complementarios como la agenda escolar, el uso de las taquillas (que sus hijas nunca utilizaron) o un anuario, cosas que ella nunca solicitó y que por tanto, no debía. En total, entre las cantidades demandadas y los costes judiciales, se le solicitaba 1.172 euros.
Ana María no fue a la vista porque jamás le pusieron un abogado de oficio. Al no presentarse, perdió el juicio y el colegio le notificó que le embargaba el coche. Como ella no quería perderlo iba a pagar la deuda. Sin embargo, el día que se presentó para dar el dinero, el abogado del centro, con desprecio, le comunicó que le agradecían que le dieran el dinero, porque el coche no lo necesitaban para nada. Con rabia, Ana María le entregó las llaves de su vehículo.
Pero aquí no terminó la cosa, tras ir a por la madre y la economía familiar el colegio fue a por sus dos hijas. Una de las medidas que realizaron fue impedir el uso de las duchas tras las clases de educación física. También tenían que recorrer a pie la carretera que va de la entrada hasta la puerta del colegio, más de 400 metros, porque no le permitían el acceso en su coche ni en el de otros padres. Aunque lloviera o hiciera mucho calor, al colegio le daba igual.
Al ver que ella no se rendía y no quitaba a sus hijas del centro, comenzaron a planear otras tretas para que se fuera. Así, su hija mayor pasó de la noche a la mañana de ser una alumna de sobresalientes a suspender asignaturas como matemáticas, lengua o ciencias naturales. Incluso la llegaron a expulsar del colegio tres días en época de exámenes por supuestamente dar un portazo al salir de clase tras enfadarse con la profesora después de suspender otro examen más. El colegio expulsó de inmediato a la niña, sin ponerse en contacto con Ana María.
Finalmente el año académico 2009-2010 finalizó y la chica tuvo que ir a la convocatoria de septiembre por suspender lengua, matemáticas y ciencias. En la convocatoria de septiembre tampoco aprobó, pero además los exámenes de matemáticas y ciencias los corrigió el propio director del centro, no el profesor. La revisión no sirvió para nada y aunque se puso en contacto con la Consejería de Educación para reclamar, cuando esta le pidió los exámenes al colegio, comunicaron que estaba fuera de tiempo. El Sagrado Corazón se salió con la suya para que la hija mayor repitiera curso. Cuando la estudiante cambió de centro, en el nuevo instituto no sabe cómo pudo repetir un año con el nivel que tiene.
Mientras, con su otra hija lo que hicieron fue apartarla poco a poco de clase. Su tutor, Rayco, la ignoraba. La gota que colmó el vaso fue el día de la fotografía de la clase. La pequeña que estaba con la madre vio como sus compañeros iban a hacerse la fotografía y le pidió permiso a la madre, pero el tutor le impidió la fotografía. Cuando la madre se acercó a hablar con él, le dijo que lo que estaba haciendo con la pequeña de 11 años era “muy fuerte” y no se lo esperaba. El tutor permitió hacer la fotografía a la pequeña, pero repitieron la fotografía tras irse la pequeña, alegando al resto de los alumnos que la cámara se había estropeado.
Por este hecho el tutor puso una denuncia,en la que decía que Ana María interrumpió “los actos normales del centro” y que estaba entre matorrales vigilando las fotografías. Además, también dio un parte de urgencias en el que justificaba que le había dado un ataque de ansiedad. Esta vez Ana María salió ganadora del juicio, entre otras cosas porque el parte de urgencias era ilegible.
Finalmente Ana María logró cambiar a sus hijas de centro, pero por sí misma, sin necesitar ayuda de la Consejería de Educación.
La Consejería de Educación no hace caso
Ana María se puso en contacto numerosas veces con la Consejería de Educación. La primera vez le sirvió para saber que las cuotas voluntarias no eran para nada obligatorias, pero las siguientes ya fueron para denunciar la situación totalmente surrealista que estaba viviendo ella y sus hijas. Gracias, entre otras cosas al presidente de la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), Néstor García , logró reunirse con el Director Territorial de Educación de Las Palmas, quien le prometió que “se iban a revisar los exámenes de la mayor para ver si se podía promocionar y luego se tramitarían los traslados de ambas a otro centro”. El centro al que iban a trasladar a las hijas era al Colegio Santa Catalina, centro al que la madre no quería.
Finalmente no se consiguió nada, la Consejería se excusaba en que “con Coello no se puede” y así hasta hoy. Ana María denuncia, entre otras cosas, por qué un colegio concertado en el que la enseñanza es gratuita impone estas normas, estos gastos. No entiende cómo el colegio no acepta a los estudiantes que son de Tafira prefiriendo a los de zonas más lejanas (así se ven obligados a usar el transporte escolar y el comedor). Pero lo que de verdad le duele es que la Consejería no meta mano en un centro que incluso ha llegado a embargar un coche por no pagar unas cuotas que, según la propia Consejería, no son obligatorias, o que tampoco haga nada porque el colegio usa lo anteriormente citado con tal de que los padres paguen y si no quiten a los niños del centro.