El TSJC pide 7 nuevas unidades judiciales para 2010
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se conforma con que en 2010 se creen siete nuevas unidades judiciales en el Archipiélago, pese a que su presidente, Antonio Castro Feliciano, recordó este miércoles ante la comisión de Presidencia y Gobernación que son necesarios 37 nuevos órganos judiciales y plazas de magistrados.
“Como no me van a aceptar 37, porque eso no va a ocurrir, presentaré la propuesta de siete nuevas unidades en la reunión de la próxima comisión mixta”, explicó Castro a preguntas de la diputada socialista Eulalia Guerra de Paz. Las siete propuestas del TSJC son un nuevo juzgado de lo Social para Las Palmas de Gran Canaria; otro de Primera Instancia e Instrucción para Telde; cuatro de Primera Instancia para San Bartolomé de Tirajana, Arona, Arucas y La Palma, además de una plaza de ,magistrado para la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que consideró primordial.
Durante la presentación de la Memoria del TSJC correspondiente a 2008, Castro Feliciano señaló algunas deficiencias notables, como que la interinidad en la Administración de Justicia alcance el 55 por ciento en los funcionarios, “cuando debería ser excepcional”, dijo, y que en los juzgados canarios haya nada menos que 37 jueces sustitutos (que no son de carrera) y 8 magistrados de refuerzo, y que de los 197 secretarios judiciales que ejercen en las Islas, 90 estén de baja. Además, en 2008 se fueron de Canarias a otros destinos 35 jueces y magistrados, y únicamente se han incorporado a la carrera judicial nueve.
De la misma manera llamó la atención sobre la falta de unidades de valoración forense en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y crear más equipos psicotécnicos para los juzgados de Familia y de Violencia, ya que en la actualidad los dos únicos equipos que existen tardan hasta un año en dar cita para elaborar los informes psicosociales que afectan a las custodias de los hijos en los procesos de separación o divorcio.
Pendencia exagerada
Pese a todas las carencias y que los litigios han aumentado en todas las jurisdicciones, en especial la penal, Social y Mercantil, el presidente del TSJC se congratuló de que la tasa de pendencia (asuntos que han entrado en los juzgados pero no se han resuelto aún), una de las mayores lacras de la justicia en Canarias, haya bajado de una tasa del 0,37 al 0,32. Lo malo es que aún se está lejos de la tasa media nacional, que es del 19,7.
Castro, optimista, confió en que el Plan Estratégico 2009-2012 para la modernización de la Justicia, palie la llamativa interinidad judicial con la creación de 750 plazas de jueces, 450 de fiscales y 800 de secretarios judiciales. En cuanto a los jueces, la cifra se queda a la mitad de cuantos son en la actualidad jueces sustitutos y magistrados suplentes.
La diputada del PP María del Mar Arévalo evocó a Sócrates y afirmó que“”es preferible sufrir una injusticia a cometerla“, para asegurar acto seguido que la justicia en Canarias ”es víctima de la desidia y los ciudadanos reclaman mayor rapidez“ en la resolución de sus pleitos. Estuvo de acuerdo con Castro en que la demora de los informes psicosociales ”tienen una grave incidencia en los asuntos de familia“.
Coalición Canaria también se mostró conciliadora, pese que la diputada Flora Marrero regañó al presidente del TSJC por haberse referido en la Memoria a minusválidos en vez de discapacitados, y apoyó la necesidad “de contar con una justicia profesional y tecnológicamente avanzada”. En su opinión, explicó, es la interinidad la base de que no haya estabilidad es la plantilla judicial de las Islas.
Denuncias falsas
Marrero también llamó la atención de Castro por haber insinuado que el ámbito de la violencia de género ha habido denuncias falsas. “Las falsas denuncias son mínimas y decir lo contrario hace daño”.
Castro negó esta acusación y aseguró que “nunca he dicho que hay denuncias falsas, porque en el momento que diga eso debería poner yo la denuncia. Lo que he dicho es que en ocasiones se exagera en los términos de la denuncia. Es lo que me han transmitido los jueces de Instrucción y de lo Penal en conversaciones informales que hemos mantenido”.
Por su parte, la socialista Guerra de Paz preguntó a Castro acerca del problema que supone la instrucción de algunas causas cuando afectan a personas aforadas y si aboga por que desaparezca esta figura, pero el mayor responsable de la Justicia en canarias no quiso implicarse y dijo que aún no había meditado acerca de si era aconsejable o no suprimir ese privilegio.
