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Denunciado por almacenar sin autorización ni medidas de seguridad más de 150 kilos de material pirotécnico en Gran Canaria

Las sanciones pueden conllevar multas de 30.000 euros, además de la incautación de todo el material

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Material pirotécnico encontrado en Gran Canaria

Material pirotécnico encontrado en Gran Canaria

La Guardia Civil intervino el 31 de octubre, en una nave industrial de Las Palmas de Gran Canaria, un total de 150 kilogramos de diverso material pirotécnico por incumplir lo dispuesto en el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, sobre el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Esta intervención fue realizada después de que agentes del Equipo Roca, en el marco de sus competencias específicas, informaran a los homólogos de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de sospechas al respecto.

Por este motivo, ambos equipos realizaron una inspección en el almacén en cuestión, encontrando los citados 150 kilogramos de material pirotécnico. Por su parte, el personal laboral aseguró que desconocía quién era el propietario o la procedencia del mismo, cuestión que averiguaron seguidamente los agentes, que intervinieron el material descrito y lo trasladaron a unas instalaciones adecuadas para su almacenaje en una pirotécnica homologada.

Por ello, la Guardia Civil denunció al particular que tenía almacenado ese material careciendo de autorización, precauciones necesarias y excediendo de cantidades permitidas e incluso almacenando material pirotécnico de uso exclusivo para expertos.

En concreto, los preceptos infringidos del mencionado Reglamento de artículos pirotécnicos fueron el 196.1 por "el almacenamiento, tenencia o uso de artículos pirotécnicos careciendo de la documentación o autorización necesaria"; y el 196.3 que recoge "la omisión e insuficiencia en la adopción o eficacia de las medidas de seguridad ciudadana o precauciones obligatorias".

Las sanciones pueden conllevar multas de 30.000 euros, además de la incautación de todo el material pirotécnico, en concordancia con el artículo 36 de La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015, de 30 de marzo.

Las denuncias han sido remitidas a la correspondiente autoridad administrativa encargada de los oportunos expedientes administrativos sancionadores, en este caso la Delegación del Gobierno en Canarias.

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