El expediente revela que el Cabildo de Tenerife trabajaba con la oferta del edificio de Plasencia antes de que fuera oficial

Vicente Pérez

Santa Cruz de Tenerife —

El documento clave para que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife haya acordado la polémica compra, sin concurso, a una empresa de Antonio Plasencia de un edificio en Cabo Llanos, municipio de Santa Cruz de Tenerife, por 23 millones de euros entró en el Registro General del organismo el día 14 de de diciembre pasado, con número 1/31.289.

Tal fecha implica que no consta formalmente en el expediente hasta ese momento, a pesar de que el escrito está fechado el 1 de octubre de 2018. Es en los días siguientes a la fecha de la oferta de Carlacand -dos meses antes de su entrada oficial en el IASS- cuando se pone en marcha la maquinaria administrativa para encargar una tasación del edificio de la familia de Antonio Plasencia, que la empresa Tinsa entregó en tiempo récord el 18 de octubre, según se expone en los informes técnicos de dicho organismo autónomo y en la propuesta de acuerdo que salió adelante el 28 de diciembre en su consejo rector, tras anularse la cita del día anterior por no estar preparado el informe del interventor delegado.

Pero es más, manuscrito sobre el sello aparecen las letras SGA y el número 5060, siglas que presumiblemente corresponden al Servicio de Gestión Administrativa del IASS, pues otro documento registrado ese mismo día en este departamento lleva la numeración 5065, y se trata de un informe del Servicio de Atención a la Dependencia que avala la necesidad y oportunidad de comprar el inmueble.

Así consta, al menos, en la copia del expediente entregada a los grupos políticos de la oposición, que lo solicitaron tras la polémica surgida al publicar Tenerife Ahora que el edificio cuya compra anunció en nota de prensa el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), el 28 de diciembre era propiedad de la familia de Antonio Plasencia, constructor doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos, por los que afronta una responsabilidad patrimonial de más de 100 millones de euros.

En los informes técnicos del IASS sobre este expediente se menciona además que “en octubre se produjo una oferta”, pero en ninguno, curiosamente, se explicita qué día. 

De la valoración hecha por Tinsa en el expediente consta una copia (sin sello de registro) que fue firmada electrónicamente el 30-10-2018, a pesar de que en el informe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS figura que este documento fue entregado por dicha empresa el día 18 de ese mes, fecha que también aparece en la propia tasación.

Tinsa es la compañía que precisamente infló de manera artificial el precio de las parcelas de Las Teresitas en contacto con el arquitecto de Antonio Plasencia, como se prueba en la sentencia de la Audiencia Provincial, recurrida ante el Supremo y por ello aún no es firme.

El escándalo político sobrevenido ha hecho que CC se haya quedado sola en defensa de la limpieza de este expediente, que además incluye otros 6,1 millones para Plasencia, pues se encargará también de adecuar el inmueble a uso sociosanitario, lo que totaliza 29,1 millones adjudicados a dedo.

Aunque en el consejo rector del IASS los partidos PSOE y PP apoyaron la operación, posteriormente ambos han reculado, acusando de “oscurantismo” a CC en este asunto.

No obstante, hay que recordar que en la propuesta acordada el 28 de diciembre en ese órgano figuraba con total claridad que el representante de Carlacand es Carlos Antonio Plasencia Romero, hijo del constructor condenado.