Arona carga con la última secuela de los frustrados planes de modernización turística de los gobiernos de Coalición Canaria

Jueves 9 de junio de 2016. El municipio de Arona acoge un almuerzo-coloquio organizado por el Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST). En la mesa reservada a las autoridades tomaron asiento, entre otros, el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su homólogo en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Durante el acto, el jefe del Ejecutivo autonómico hizo un anuncio que el público presente esperaba desde hacía meses: la salida a exposición pública de los planes de modernización de Los Cristianos y Las Américas. Aunque solo era un paso más en el largo camino que aún faltaba para su aprobación definitiva, la noticia fue acogida con entusiasmo por los más de cien empresarios que acudieron al evento, todos con intereses económicos sembrados en las principales zonas turísticas del sur de la isla. En aquel momento nadie lo sabía, pero era el principio del fin de una de las grandes apuestas urbanísticas de Coalición Canaria, y también de un centro comercial que, camuflado como proyecto científico, se había levantado en la punta de El Camisón en base a los parámetros urbanísticos de los llamados PMM, como se reconoce en un documento oficial presentado en la Demarcación Provincial de Costas.

Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística de Canarias (PMM), que nacieron con el Gobierno de Paulino Rivero y continuaron con el de Fernando Clavijo, se presentaron como la solución necesaria para reactivar la economía de las zonas más deprimidas del litoral insular. Así era en la versión oficial, porque en la práctica los documentos se convertían en una puerta abierta a la especulación. Aunque algunos prosperaron, los más ambiciosos tropezaron con infinidad de trabas legales que impidieron su aplicación. Los de Maspalomas y Costa Adeje fueron tumbados por los tribunales; los de Los Cristianos y Las Américas nunca se llegaron a aprobar.

Arona es un municipio con una planta hotelera obsoleta, pero cuyo mayor problema se concentra en la zona de Costa del Silencio, donde habita la nostalgia del éxito que en el pasado representaron proyectos como Ten-Bel, hoy en el más absoluto abandono. Para Costa del Silencio también había un PMM, pero nunca fue una prioridad para el Gobierno de Canarias, que siempre mostró un mayor interés por desarrollar primero la modernización de Los Cristianos y Las Américas. Así lo demandaba con insistencia Ashotel, la patronal hotelera que preside Jorge Marichal, que un día sí y otro también presionaba al Ejecutivo para que acelerase la burocracia. Una posición que no sorprende si se atiende al aumento de edificabilidad que los planes imponían en las principales zonas del litoral.

Cuando Clavijo anunció la salida a exposición pública de los documentos, entre plato y plato del concurrido almuerzo del FAST, no era consciente de que a la vez encendía una mecha que iba a terminar por estallar el día en que se conoció el contenido de los PMM. El Ayuntamiento de Arona y los pequeños comerciantes del municipio se enteraron de las intenciones urbanísticas del Gobierno de Canarias por el boletín oficial. Los planes nacían con su sentencia de muerte firmada. La movilización de los empresarios más afectados, especialmente por las actuaciones previstas en Las Verónicas, y la oposición del Consistorio obligaron al Ejecutivo autonómico, después de meses de tensiones y declaraciones cruzadas, a tirar la toalla en enero de 2018. Todos los proyectos previstos para Los Cristianos y Las Américas quedaron enterrados. Todos menos uno; un centro comercial que creció en la punta de El Camisón al abrigo de un PMM que nunca se llegó a aprobar.

Melisofi Consulting SL, la promotora del centro comercial, un edificio que incumple la Ley de Costas y el planeamiento municipal, no se quedó de brazos cruzados tras la decisión del Gobierno canario. En enero de 2018 ya se había levantado el edificio en línea con los criterios urbanísticos del PMM, que incluso fue precintado por el Ayuntamiento de Arona en julio de 2017, así que la empresa solicitó a Costas una concesión administrativa para ocupar el dominio público y, en paralelo, reclamó al Cabildo de Tenerife una declaración de interés general que permitiera calzar la instalación de El Camisón en la nueva Ley del Suelo aprobada por el Ejecutivo autonómico. No consta que ninguna de las peticiones haya sido estimada.

En la memoria presentada en Costas para obtener una concesión administrativa, fechada en julio de 2018, se explica que “coincidiendo con el inicio de las obras” del centro comercial, en enero de 2015, “el Gobierno de Canarias inicia la redacción” de los planes de modernización para las zonas turísticas. El documento revela que “el equipo redactor del PMM contactó con la propiedad y le informó de la nueva ordenación propuesta”.

La promotora reconoce que, “ante la inminencia de la aprobación del nuevo plan, encargó la redacción de un proyecto modificado que responde a los nuevos parámetros urbanísticos” y firmó “un convenio con el Ayuntamiento”. A pesar de que el PMM nunca contó con el respaldo oficial del Consistorio, sin cuyo apoyo no podía entrar en vigor, y de que las protestas de un sector empresarial sonaban con insistencia en los medios de comunicación, la empresa decidió hacer oídos sordos y levantar el edificio en línea con los criterios de un plan de modernización que aún se debatía, sin respetar el proyecto inicial por el que había recibido licencia municipal y autorización de la Viceconsejería de Política Territorial para ocupar la servidumbre de protección.

Hay que recordar que el PMM de Los Cristianos aumentaba la altura del centro comercial con respecto a los criterios fijados por el planeamiento municipal, al pasar de 1,5 a 2 plantas, y eliminaba los retranqueos tras crear una única parcela en la punta de El Camisón. También permitía construcciones hasta cuatro metros por encima de la altura reguladora del edificio, que en este caso es de siete metros, siempre y cuando se trate de construcciones singulares “que aporten calidad en el diseño”. Y eso fue lo que hizo la promotora, como ha quedado acreditado en la actuación de inspección realizada por el Ayuntamiento de Arona.

La empresa no oculta que incumplió el proyecto para el que recibió permisos y admite que ejecutó la obra en base al plan de modernización en tramitación, cuando lo correcto era seguir los parámetros establecido en el Plan General de Ordenación (PGO) en vigor. En la memoria elevada a Costas en julio de 2018 reconoce que “a día de hoy, transcurridos tres años desde el inicio de la redacción del PMM, este sigue sin aprobarse”, a lo que añade que “la obra está iniciada y adaptada al nuevo proyecto modificado”.

El proyecto modificado al que alude la promotora, redactado en línea con el PMM, está fechado en abril de 2018, tres meses después de que el Gobierno de Canarias descartase continuar con la tramitación del plan de modernización de Los Cristianos, y no cuenta con la licencia municipal de obras. Un hecho que se omite en el documento presentado en Costas, donde se solicita una concesión administrativa para el uso del dominio público “con el fin de completar estas instalaciones, actualmente en construcción, que han sido tan bien aceptadas por las administraciones”.

La buena sintonía con las instituciones públicas siempre ha sido exaltada por la promotora mientras se construía el edificio en base a un PMM que aún estaba en tramitación. En una entrevista publicada en un suplemento del periódico El País en noviembre de 2016, el dueño de Melisofi Consulting SL, Diego Cano, agradecía “los consejos y directrices del Organismo de Costas de Canarias, la Concejalía de Medio Ambiente, técnicos de Urbanismo y Turismo del Ayuntamiento de Arona”. El empresario insistía en que “sin sus conocimientos técnicos y consejos en cuanto a normativas, hubiese sido todo mucho más laborioso o inviable”.

El PMM de Los Cristianos que salió a información pública en 2016 solo contemplaba dos proyectos de inversión privada: un hotel previsto para la zona de Rincón, que nunca se ejecutó, y el centro comercial de El Camisón. En el primer plan de modernización que se elaboró, en la última legislatura de Paulino Rivero, todo el litoral del núcleo principal de Arona, hasta el límite municipal con Adeje, estaba incluido en un solo documento, cuya tramitación se descartó. La segunda propuesta dividía el plan de modernización en dos, uno para Los Cristianos y otro para Las Américas.

En base al primer PMM, el centro comercial de El Camisón tenía que haber quedado incluido en el documento de Las Américas, el más polémico porque contemplaba importantes aumentos de edificabilidad en el área de Las Verónicas, pero los redactores decidieron mover la raya que dividía los dos ámbitos para que el edificio fuera recogido en el plan de Los Cristianos, cuya tramitación se presumía más pacífica.

En una entrevista publicada por Diario de Avisos en octubre de 2016, el entonces responsable de Política Territorial, Jesús Romero, explicó los motivos que llevaron al Gobierno de Canarias a sacar el centro comercial del PMM de Las Américas: “Vino Costas a proponernos ese asunto para darle continuidad al frente marítimo y donde además se propone una actuación concreta. Costas vino a esta sala de la Viceconsejería a hablarnos de este asunto. Y dijimos, ¿qué más da una raya para aquí o para allá? Esa operación era ambiental y legalmente posible aquí y allí, y como era la continuidad de un paseo no queríamos que se viera envuelto en una frontera artificial y que por cualquier cosa no se pudiera ejecutar. Fue simplemente eso, no hay nada detrás”.

Jesús Romero, uno de los mayores defensores de los PMM, tiene un protagonismo destacado en el expediente del centro comercial de El Camisón. En febrero de 2019, un año después de que el área que dirigía descartase continuar con la tramitación del plan de modernización de Los Cristianos y con las obras del edificio suspendidas, concedió una autorización a la empresa promotora para ejecutar el proyecto modificado en la parcela y ocupar la servidumbre de protección, a pesar de que la Ley de Costas no considera como ordinario el uso comercial en estos ámbitos del litoral.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arona estudian la posibilidad de revisar los permisos concedidos por ambas administraciones a la empresa promotora a lo largo de los últimos años.