Una empresa madrileña, una urbanización, un escarabajo en peligro de extinción y una montaña protegida. Un nuevo proyecto urbanístico se gesta en el sur de Tenerife. En este caso, la compañía Metrovacesa, dedicada al negocio inmobiliario, ha pedido autorización al Ayuntamiento de Arona para construir 28 viviendas, cuatro locales comerciales, trasteros, garajes y una piscina comunitaria en una ladera de la montaña de Guaza, declarada Monumento Natural. Hasta el momento, según ha confirmado este periódico, la obra está bloqueada y judicializada por afectar a un espacio con protección autonómica y europea.
“Al estar afectada la parcela por la Red Natura 2000, entendemos que sin la tramitación previa de evaluación ambiental no es posible el otorgamiento de la licencia. La interesada no comparte este criterio y ha acudido a la jurisdicción contencioso administrativo”, han indicado desde el Ayuntamiento de Arona. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la versión de Metrovacesa. La urbanización se dibuja en una parcela de 3.200 metros cuadrados situada junto al núcleo turístico-residencial de Palm-Mar y requiere un presupuesto aproximado de 4,6 millones de euros.
Hasta el momento, en el expediente del proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, solo consta un documento ambiental encargado por la promotora a Bejeque Medio Ambiente. El estudio, de 276 páginas y elaborado por el biólogo Ricardo González y el geógrafo Gustavo Rodríguez, concluye que el proyecto “no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente” siempre y cuando se cumplan tanto las medidas ambientales propuestas en el mismo documento como las que establezca el órgano ambiental competente.
Según se desprende de este estudio, las actuaciones contempladas por Metrovacesa en la Montaña de Guaza se dividen en tres bloques: las obras para levantar el edificio Gara, los trabajos para la estabilización del talud (que incluyen la colocación de una malla y el uso de hormigón) y la restauración del hábitat de la especie Pimelia canariensis, un tipo de escarabajo en peligro de extinción. Esto provocará una “afección colateral sobre el espacio protegido de 1.648,947 metros cuadrados”.
En sus primeras páginas, el informe subraya que, debido a la “ocupación directa del proyecto” a esta superficie protegida, puede producirse una afección “apreciable” sobre el espacio Red Natura 2000 y la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. “Deben extremarse las medidas preventivas y correctoras para evitar efectos directos e indirectos” sobre la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) registrada en el lugar, reza el estudio que recuerda, además, que el proyecto estará a 125 metros de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca.
Sobre la avifauna, el estudio propone que los periodos de trabajo se adecúen a un cronograma compatible con los periodos de reproducción y nidificación de las especies propias de este enclave, como la garza real, la pardela cenicienta, el charrán patinegro o el mosquitero canario. En relación a la proximidad de la obra a la ZEC Teno-Rasca, el documento insiste en que se deben controlar las afecciones indirectas como los residuos y vertidos que puedan llegar a la costa. El informe también hace referencia al lagarto gigante, otra especie en peligro de extinción y que, según Bejeque Medio Ambiente, no se verá afectada por las obras.
Bejeque Medio Ambiente ha elaborado informes sobre otros polémicos proyectos de Tenerife. En concreto, a petición del Cabildo insular, realizó un estudio sobre el Circuito del Motor que concluyó que su impacto ambiental será “poco significativo”. La corporación insular también encargó a la mercantil un análisis sobre la presencia de la viborina triste en la parcela del Puertito de Adeje donde se construye el macroproyecto turístico Cuna del Alma. En él se recoge que la presencia de esta especie de flora protegida se reducía a un 2% de solar. La información contenida en este estudio fue utilizada por el órgano ambiental de Adeje para concluir que el desarrollo de las obras era compatible con la conservación de la viborina triste.
Reubicar la Pimelia canariensis, en peligro de extinción
Según la documentación ambiental del proyecto de Metrovacesa, la especie más afectada por las obras será la Pimelia canariensis, una especie de escarabajo en peligro de extinción. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, la autoridad responsable de velar por las especies con esta catalogación, autorizó en 2019 a la empresa a ejecutar “medidas preventivas y actuaciones para salvaguardar” a este animal.
Este primer permiso, firmado por el entonces director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, José Domingo Fernández Herrera (investigado en el caso Mediador), caducó el 31 de marzo de 2021. La empresa pidió una ampliación hasta el 31 de marzo de 2024. Según consta en el documento de Bejeque Medio Ambiente, ha sido aprobada hasta el 31 de marzo del próximo año.
El documento del Ejecutivo autonómico contempla la prospección y captura de la especie por parte de especialistas, buscando todos los ejemplares posibles a través del levantamiento de piedras, realizando búsquedas en la vegetación y en otros refugios existentes como botellas y latas abandonadas. Los escarabajos cazados se mantendrán en cautividad en terrarios mayores hasta que hayan finalizado las obras de prospección de la parcela. Después, los ejemplares serán liberados en el resto del Monumento Natural en grupos de cinco o diez. Para terminar, la empresa tendrá que restaurar el hábitat para reproducir “las condiciones ambientales más adecuadas” para la Pimelia.
Esta autorización del Gobierno de Canarias para traslocar especies en peligro de extinción es clave para el proyecto. Así se recoge en un documento emitido por el Cabildo de Tenerife, que concluye que es uno de los requisitos indispensables para que la obra sea “autorizable”. También fija como condiciones imprescindibles la entrega de un informe sobre las actuaciones que se quieren hacer antes de construir el edificio y contar con la licencia municipal. En otro escrito, la corporación insular determina que es el órgano ambiental del Ayuntamiento el que debe decidir si la obra debe o no someterse a evaluación ambiental. Por tanto, por ahora, el municipio de Arona tiene la última palabra.