La asociación que tumbó el carril bici de Santa Cruz de Tenerife pone sus ojos en los aparcamientos públicos: “Precios abusivos en un negocio especulativo”
La asociación de vecinos Urban Centro Perenquén, la misma que logró tumbar en los tribunales el polémico carril bici de Santa Cruz de Tenerife y también la zona de Bajas Emisiones, asegura que los aparcamientos públicos de la zona centro de la capital tinerfeña se encuentran en una “situación crítica”.
Citando un informe elaborado por la propia asociación, esta asegura que la gestión por parte de empresas privadas de los aparcamientos públicos de la ciudad, pese a que estos han sido financiados y construidos con dinero del Ayuntamiento, ha derivado en un modelo que “prioriza el beneficio económico frente a las necesidades reales de la ciudadanía”.
El estudio, que analiza las condiciones de parkings clave como Plaza de España, El Pilar, Plaza Weyler o Prolongación Ramón y Cajal, evidencia, según la asociación, que los vecinos que residen en el centro se enfrentan a “precios abusivos, falta de transparencia, listas de espera cerradas y un acceso limitado a abonos mensuales que realmente se ajusten a un uso residencial”.
Abonos 24h: la excepción, no la norma
El informe concluye que la única modalidad que permite hacer uso de estos aparcamientos con todas las garantías es el abono de 24 horas, de lunes a domingo. Sin embargo, muchos parkings “ocultan” estos precios, obligan a facilitar datos bancarios para consultarlos o directamente no disponen de plazas para este tipo de bonos, resalta la asociación. En casos como el Parking de Plaza Weyler, abunda, no se ofertan abonos mensuales, sino bonos semanales con un coste desorbitado de 110,70 euros, lo que supondría más de 440 euros al mes, una cantidad “inasumible para una familia”. Las subidas de las tarifas, añade, han sido “constantes y absolutamente arbitrarias”.
Uno de los puntos más graves según esta asociación es que, aunque se contrate un abono mensual, en ningún caso se garantiza una plaza o un acceso preferente. En parkings como Plaza de España, El Pilar o Ramón y Cajal, los titulares de abono deben realizar las mismas colas que el resto de usuarios, con largas esperas especialmente entre semana en horario de 10 a 14 horas. “En fechas señaladas, la situación se vuelve insostenible, impidiendo el uso normal del vehículo”, relata.
Parkings públicos con gestión privada y falta de control
A pesar de haber sido financiados con fondos públicos, estos parkings funcionan como un negocio privado sin apenas control, relata la asociación. “Empresas como Interparking, APK2 Gestión o Telpark aplican tarifas que varían sin justificación, eliminan la cartelería con los precios de los abonos y dificultan deliberadamente el acceso a la información. En el caso del Parking El Pilar, no existe ni web ni teléfono de contacto, obligando a acudir físicamente para conocer las tarifas”, denuncia.
La falta de abonos mensuales asequibles y la saturación de los aparcamientos afectan directamente a quienes viven, trabajan o tienen un negocio en el centro. Muchos vecinos se ven obligados a recurrir a parkings privados, como los de centros comerciales, donde también están colapsadas las listas de espera, con precios que alcanzan los 140 euros al mes sin garantía de plaza, añade.
Propuestas
La asociación plantea al Ayuntamiento una serie de propuestas para mejorar esta situación. Entre ellas, que el propio consistorio “asuma sus competencias y garantice el uso público de estas infraestructuras”. Otras de las medidas necesarias son establecer una oferta suficiente de abonos mensuales para residentes; garantizar la transparencia en tarifas y condiciones; regular los precios para evitar abusos; reservar un porcentaje mínimo de plazas con acceso preferente para titulares de abono; y revisar los contratos de gestión para asegurar que priman el interés general sobre el beneficio privado.
El informe, según recalca la asociación, deja claro que “el actual modelo de gestión está expulsando a los vecinos del centro, perjudicando al pequeño comercio y convirtiendo unos servicios públicos en un negocio especulativo. Urge un cambio de rumbo que devuelva a estos aparcamientos su función social y su carácter público”.
Los aparcamientos, en el punto de mira desde hace años
Hay que recordar que los aparcamientos públicos pero de gestión privada en Santa Cruz de Tenerife llevan años en el punto de mira debido, entre otras cosas, por sus elevadas tarifas, incluso por encima de lo marcado por la ley, o porque pagan un canon muy por debajo de lo exigido en el pliego de condiciones de explotación.
Así lo denunció allá por 2017 el entonces concejal de Izquierda Unida Ramón Trujillo, que alertó de que, según un informe del propio Ayuntamiento, se estaba cobrando un canon de apenas 40 euros al año por plaza de aparcamiento, cuando el importe debía ser de más de 390 euros. Con ello, el edil calculó que las arcas públicas estaban perdiendo algo más de 1,2 millones de euros al año, cantidad que no se estaba cobrando a las empresas adjudicatarias sin que el Ayuntamiento pusiera remedio a la cuestión.
Posteriormente, tras reiteradas denuncias y una inspección llevada a cabo en 2019, el Ayuntamiento al fin amenazó a las empresas concesionarias para que bajaran las tarifas, ya que se había constatado que al menos siete de los aparcamientos públicos estaban cobrando a los ciudadanos por encima de lo estipulado en los contratos de concesión. Las empresas presentaron alegaciones, pero finalmente debieron reducir las tarifas.
Desde entonces, la ciudad no ha dejado de perder plazas de aparcamientos en sus calles, obligando a los ciudadanos a acudir a estos parkings de gestión privada.