Fernando Ucha, inmobiliario: “Todos han hecho algo mal en El Lomo, pero algunas casas se pueden legalizar con voluntad política”

La urbanización ilegal que se ha ido levantando en diversas parcelas al Norte del barrio de El Fraile, en un lugar conocido como El Lomo, en el municipio de Arona (Sur de Tenerife), tiene apenas unos doce años de vida y sigue creciendo. Hace cinco, el consultor e inmobiliario Fernando Ucha llegó a la zona y, ahora, representa, junto a su socio y abogado, Roberto Gayoso, a una quincena de familias denunciadas por la Fiscalía por un supuesto delito penal por atentar contra la ordenación del territorio. Según admite en una entrevista con Canarias Ahora, “todo el mundo, el que ha vendido, el que ha construido en suelo rústico y el ayuntamiento, ha hecho algo mal en El Lomo desde el principio, aunque hay casas de más de 5 años que aún se puede legalizar si existe voluntad política”.

Lo de los cinco años es clave. Al tratarse de un delito penal, y según remarca, “la prescripción por la que trabajamos no se da a los cuatro años, sino a los cinco”. Por eso, confía en que sus representados puedan regularizar una situación que, no obstante, sabe que es compleja y que puede no tener salida para otros muchos afectados, “que, en su desconocimiento y porque no son conscientes de lo que significa una denuncia penal, que puede suponer, incluso, cárcel (aunque, en este caso, solo para los promotores), han presentado alegaciones a los escritos que le han llegado de Protección Natural preguntándole a Google”.

Según sus cifras, y lejos del centenar de viviendas con unos, aproximadamente, 400 vecinos que, hasta ahora, han trascendido a los medios que se han ocupado de este caso, la situación es mucho más grave “porque calculamos que son unas 400 casas y, además, se siguen levantando nuevas en otras partes de El Lomo; de hecho, hay un nuevo poblado justo detrás”. 

Se trata de 400 familias (si bien con inversores de diferente tipo) que adquirieron “participaciones” de terrenos que no se pueden reparcelar y que han recibido, “todas”, la notificación de la denuncia de la Fiscalía. “Al principio, empezamos gestionando la posible legalización de esos terrenos, cinco espacios de 32.000 metros cuadrados cada uno. La comunicación con el ayuntamiento (entonces dirigido por José Julián Mena, PSOE) era buena, pero todo cambió cuando un partido, que no sé cuál es, hace un mitin en el sitio prometiendo la legalización. Viene luego la inspección de la Agencia del Medio Natural (octubre de 2022) y, después, la denuncia de Fiscalía (diciembre de 2023), aunque el consistorio, que ahora está callado, ayudó mucho antes y, de hecho, puso números a las calles. Además, tengo documentos en los que me dice que, si se quiere legalizar ciertas casas, hay que llevar estos planos, estas fotos y este catastro, siempre que haya prescrito y que un arquitecto así lo certifique, tras pasar 4 años”.

“El origen de todo –explica- es un terreno de 32.000 metros previsto como polígono para desarrollo. El promotor murió, vino la crisis de 2008 y 2009 y se quedó todo parado, pero parecía que se iba a incluir en el nuevo Plan General. Luego, hace unos 10 años, comienza a reparcelarse, a venderse y construirse en espacios divididos de unos 600 metros en estos primeros 32.000, pero también en otros; hasta cinco parcelas así. Hay una parcelación inicial que sí está en el consistorio, pero aquí todos tienen su culpa y su razón”, remarca.

Por eso, lamenta que “se haya metido a todo el mundo en el mismo saco de la denuncia de Fiscalía, cuando eso no ha debido ser así. Hay casos diferentes. No hay nadie legal, pero sí algunos que cumplen los requisitos que me planteó el consistorio para ser legalizados. El problema es que, con la pandemia, vino el boom de que todo el mundo quería tener un terrenito y esta era una zona súper tranquila, se pensó que el ayuntamiento la iba a ir legalizando sin ningún problema y a la gente se le fue la cabeza, pues todo el mundo ha construido sabiendo perfectamente que era en suelo rústico”.

Asimismo, y frente al dato de que una decena de compradores están conectados a la red municipal de agua, asegura convencido que son “muchos más. Tenías que comprar el contador y ya está, pero son muchos, como también son muchos los empadronados y que pagan basura, IBI y que votan en esa zona: acumulando derechos, vaya. Por eso, hemos cogido como despacho a los que creemos que tienen posibilidades para la legalización, aunque nos han venido muchos más”.

El consultor insiste en que “lo único” que pide “es más voluntad de todas las partes para llegar a un acuerdo para intentar salvar a esas familias, no a todas, porque hay gente que compró después de la pandemia y ha hecho barbaridades: hay una ferretería, piscinas, viviendas vacacionales, casas de dos plantas, una empresa de venta de casas de madera… El Seprona y la Agencia del Medio tienen razón y están haciendo su labor porque la ley impide construir en rústico. No hay otra cosa y, por eso, me enfada que, cuando los guardias civiles van por las casas, todo el mundo se esconde y, al irse, enseguida vuelven a montar las grúas y se ponen a las obras. Si se sentaran todas las partes, esto se podría arreglar en parte porque no es tan difícil, aunque, en su día, lo que me decían en el ayuntamiento es que eso implicaba crear nuevos colegios y otros equipamientos, pero el propio consistorio, y creo que obrando de buena fe para ayudar, es el que permitió las conexiones, los empadronamientos, el pago de la basura o del IBI”.

Lo que no comparte es el argumento del agravio comparativo. “La parte de Guarguacho que pertenece a Arona es toda rústica, y lo mismo la mitad de Guaza o el otro lado de la carretera de La Estrella del Sur, aunque ahora solo se hable de Lomo Negro. Es verdad que no vale todo, pues algunos han hecho aquí dos naves industriales. Además, se sigue vendiendo (de 39.000 euros hacia arriba) pero, al tratarse de participaciones de parcelas, si uno tiene un problema, le afecta a todos los de ese terreno. Están comprando muchos italianos, por ejemplo”. 

No obstante, cree que hay contradicciones claras, “como que nos digan ahora que no se puede legalizar a 400 familias así, pero se aprueban 10.000 casas para El Mojón”, la nueva ciudad anunciada para Arona con el objetivo de ofrecer viviendas con precios más llevaderos en un municipio muy tensionado en este ámbito.

Ucha deja fuera de la posible legalización la gran parcela (de unos 180.000 metros) que se encuentra vallada (con planchas metálicas verdes), que linda al Sur con El Fraile, al este con la carretera general y, al norte, con la calle Lomo Negro, y que presenta carteles con números de móviles y el anuncio de la venta de terrenos “con escritura pública”. Según subraya, “eso es insalvable. No sé a  quién pertenece, pero es una barbaridad lo hecho ahí. Se pudo hacer de otra manera, legal, contando con el ayuntamiento, porque es la continuidad de El Fraile y tenía todas las papeletas para hacerlo bien, pero ahora no se puede legalizar por el gran número de demandas”.   

El despacho Gayoso Abogados opera en Tenerife, Madrid y La Coruña. En este caso, sus clientes pertenecen a la zona “de esas otras 400 viviendas y llevan todos, como mínimo, más de 5 años, que es cuando caduca o prescribe el delito”, según remarca. A su juicio, “algo se está haciendo mal en Canarias si un trabajador de un hotel no puede comprar una casa y tiene que vivir en una tienda de campaña”.