La jueza titular de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife, Luz Alicia Casañas, ha decretado el sobreseimiento libre de las diligencias abiertas en 2020 en su juzgado contra el militante socialista Agoney Reyes y contra el columnista tinerfeño Chema Tante por amenazas a la concejala tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso. Tras imputarle a ambos tal delito en agosto pasado, la jueza ha terminado atendiendo los recursos de sus abogadas y ha optado por el archivo definitivo. Solo se mantiene abierta la causa contra una tercera persona, una mujer con sus facultades mentales mermadas, que envió mensajes amenazantes a Alonso a través de unos mensajes privados.
La jueza ha entrado ahora a analizar el fondo y el contexto tanto de los mensajes de Agoney Reyes, al que la prensa afín a Coalición Canaria vinculó de inmediato con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, como los de Chema Tante, que publica sus columnas en la web La Casa de mi Tía. En el primero de los casos y estimando el recurso de la abogada de Reyes, ha entendido ahora, más de un año después de abrir diligencias, que la frase “tiene que proteger a su hijo bien. Mínimo 2.000 euros al mes en su protección” debe entenderse en el contexto de “una conversación entre usuarios relativos a la seguridad de la denunciante”, lo que a su entender “no puede, considerando el contexto en el que tienen lugar, sostenerse con certeza que tenga aquella finalidad amenazante, pues pudiera tratarse de la emisión de un mero juicio valor”.
En lo que respecta al artículo de Chema Tante titulado “Cuchillo pa'tu pescuezo, Evelyn Alonso. Floja, gafa y lo reconoces”, la jueza admite ahora que la expresión cuchillo pa’tu pescuezo es “una expresión típica de Venezuela que hace referencia a situaciones embarazosas en las que se coloca a una persona por no actuar con diligencia, la finalidad amenazante de la expresión queda desdibujada”. Así lo explica en el primer párrafo de su artículo el articulista, que es este: “​​Como compartimos -por suerte, más nada- la circunstancia de haber vivido en la querida Venezuela, titulo en criollo, para que te quede más claro este artículo que te dedico, Evelyn Alonso. Porque me temo que dirigirse a ti en canario sea tiempo perdido. Sin embargo, permíteme que aclare a quien lo ignore que lo de ”cuchillo pa'tu pescuezo“ no significa que desee que te ocurra nada violento, sino que en tierras bolivarianas esa expresión se dedica a quién con tanta simplonería como tú demuestras se coloca en situaciones embarazosas. Y que gafa y floja son calificativos que el bravo pueblo adjudica a quien hace boberías con pereza. Una mema que trabaja poco. Y no tengo que pedir disculpas por la manera de señalar, porque eres tú misma quien lo confiesa”.
Sin embargo, el autor ha estado más de un año imputado.
Aunque el que más ataques ha sufrido por parte de la prensa y la radio afines a Coalición Canaria ha sido Agoney Reyes, al que se vinculó de inmediato con la exalcaldesa Patricia Hernández por haber lanzado su mensaje justo después de conocerse que la concejala tránsfuga apoyaría la moción de censura que finalmente devolvió a Coalición Canaria el poder en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El columnista Francisco Pomares, candidato por dos veces de Coalición Canaria a la Junta de Control de RTVC, llegó a escribir que “lo de Agoney es una amenaza a un niño de seis años –ni se me pasa por la cabeza que pudiera pensar en cumplirla, o que deseara que otros la cumplieran– destinada sobre todo a amedrentar a su madre, para hacerle saber que su decisión de apoyar la moción de censura contra la alcaldesa Patricia Hernández podía costarle muy cara” y que “lo que quería al amenazar a una madre utilizando a su hijo era sumarse al linchamiento colectivo al que se sometió a Evelyn Alonso para forzarla a cambiar de parecer”.
Estas amenazas, ya archivadas, y otros mensajes de crítica política lanzados en las redes sociales por la oposición sirvieron a la Policía Local para elaborar un informe en el que se basó el departamento de Seguridad, que dirige la propia concejala tránsfuga, para decidir dotarla de una escolta de protección permanente que cuesta al consistorio 10.000 euros al mes.