El concejal 2020 y el fuera de juego

Continúa dando coletazos (que en la cara de algunos se convierten en cachetones sonoros) la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ratificó las expulsiones de los cinco concejales socialistas de la ciudad de Tacoronte. Coletazos que se han traducido en un clamoroso silencio de los defensores del perdón, el propósito de la enmienda y la vuelta al redil, y en una satisfacción contenida de los que siempre sostuvieron y no enmendaron tan expeditivas sanciones. Como no hay que por bien no venga, la convulsión ha servido para volver a retratar a algunos dirigentes en presencia que juegan con fuego, y cuya participación -activa o soterrada- ha devuelto a algunos despachos la revisión de las listas de los buenos, los malos y los indiferentes.

Por mucho que quiera mirar para otro lado para no tropezarse con la cruda realidad, José Miguel Pérez, el secretario general, empieza a hablar de rebeldes no desleales, lo que automáticamente debiera llevarnos (sin que él haya hecho mención al término) a los leales en socarrona rebeldía. Algunos comportamientos son elocuentes y se despejan contestando a las preguntas de quiénes, cómo y dónde se parieron las adhesiones a los expulsados de Tacoronte. O quiénes están a favor del perdón porque en realidad quieren pactar con el Partido Popular ahora o, en el peor de los casos, cuando llegue 2015. En este punto resulta muy reveladora la apasionada intervención del abogado de los rebeldes, Felipe Campos, que hasta ha llegado a anunciar que denunciará al magistrado por esa sentencia. Un Felipe Campos que llegó a proponer a la alta dirigencia del PSOE canario un pacto con el PP.

Los que entienden de lealtades

En el lado opuesto, corrientes tan protestantes como Bases 2020 vuelven a demostrar en qué bando están, y no precisamente en el de la traición y el movimiento sigiloso de sillas. De hecho, la sentencia sobre Tacoronte lo refleja perfectamente: que un solo concejal, Carlos Medina, haya resistido a la tentación de la moción de censura y se quedara solo en el grupo municipal socialista fue una de las causas que condujo al magistrado a decretar que fueron los otros cinco los que se marcharon. Es decir, que cuando el balón salía de la bota de Rodolfo León, Medina avanzó unos pasos y dejó en flagrante fuera de juego a sus compañeros declarados en rebeldía. Pues resulta que el tal Medina es destacado miembro de Bases 2020, ésa a la que algunos mandarines quieren aniquilar porque “representan lo mismo: un quítate tú pa ponerme yo”. Va a ser que no, y a los incontestables hechos habrá que seguirse remitiendo. Los mismos hechos que cada día de manera más tozuda prueban que algunos de los más “leales” juegan de verdad esa partida.

Acuerdo en el ITC

La noticia más positiva de la semana, una vez descartado que la visita de Fátima Báñez pudiera dar algo de sí, ha sido el acuerdo alcanzado en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) entre empresas y trabajadores para impedir el ERE anunciado. Los primeros errores tácticos del patrono (Consejería de Industria) se fueron matizando poco a poco sin que se debilitara la postura de ceñirse a las encorsetadas exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a la lógica de que las empresas públicas canarias dejen de ser una sangría y un coladero para el nepotismo y la ineficiencia. En el graderío, el Partido Popular no ha hecho otra cosa que meter ruido para sacar tajada política de la crisis, mientras otros partidos, como Nueva Canarias, intentaban buscar soluciones sin descartar la legítima crítica. El caso es que con mucho esfuerzo de ambas partes (particularmente de los asesores jurídicos y la mano siempre conciliadora del abogado Ignacio Díaz de Aguilar) el acuerdo se ha alcanzado en los términos que ya se conocen: una reducción del 10% en el salario de los 160 trabajadores (tienen un sueldo medio de 40.000 euros al año) y la supresión de una de las pagas extras (extraterrestres) de las tres que percibían hasta ahora y que se cifraba en el 2% de las otras dos (verano y navidad). Faltan los informes preceptivos de Hacienda y Función Pública, más el acuerdo del Consejo de Gobierno y del Tribunal Laboral Canario (hay modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo) para bendecir el trato. No se alcanzan con esta reducción salarial los topes exigibles en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero ya harán filigranas los técnicos de Hacienda para cuadrar la rueda, a lo que seguramente contribuirá el acuerdo de producir diez bajas incentivadas pactadas con los sindicatos. Porque los 500.000 euros (como máximo) comprometidos por el Cabildo en un pago único no sólo resuelven el problema, sino que comprometen al ITC a realizar algún encargo o encomienda que la Corporación le haga para cobrar ese estipendio. Queda descartado por imposible dar entrada al Cabildo en una empresa pública regional si no entran los otros seis, del mismo modo que se descarta la pretensión de los trabajadores de recuperar sus actuales condiciones a partir de 2016. Pero ha habido acuerdo y no habrá ERE.

Habla ante el tribunal el policía purgado

No hubo grabación en vídeo para que el inspector del Cuerpo Nacional de Policía que declaró este viernes en el juicio por el Caso Europa no pusiera en peligro su seguridad. Pero hace ya unos cuantos años que el Partido Popular le cogió la matrícula hasta el extremo mismo de ordenar su purga por haber investigado casos tan sonados de corrupción como Faycan. Sin embargo, no parece haber cundido la represión sufrida porque el inspector contó con contundencia todo lo que sabía del caso por el que se sienta en el banquillo un preboste del PP, el diputado regional Jorge Rodríguez. “Información brutal y completa”; “verosímil y con mucha coherencia”. Así definió el agente la denuncia de Benítez Cambreleng, que describía un modus operandi que casaba perfectamente con el que la Brigada de Información había detectado en Telde, donde se estaban cociendo estos presuntos delitos que dieron lugar a la pieza separada número 38. Pero no bastó la denuncia. La Policía la contrastó con todos los documentos, seguimientos y declaraciones que completaron su investigación, hasta concluir en la plena coincidencia con lo que decía el denunciante: Jorge Rodríguez era el introductor de Grupo Europa en los ayuntamientos gobernador por el PP. Oiga, ¿y por qué no hicieron constar en sus oficios que se enteraron por un periodista? Respuesta de manual: primero, porque eso es irrelevante, y segundo porque la Policía acostumbra a preservar sus fuentes, “sobre todo cuando se trata de delitos graves”. A lo que nos permitimos añadir de nuestra cosecha: y porque es obligación de todo ciudadano denunciar delitos cuando tiene conocimiento de que se han cometido. Otro meneo a la teoría de la conspiración. Veremos cómo atacan a este policía los abogados de las defensas. Y como les responde.