Vergüenza debía darles

Debieron dejarlo pasar discretamente, como pasan algunos indultos. Celebrarlo en la intimidad, quizás en algún recoleto restaurante de Tafira (del Monte Lentiscal, por ser más precisos) y esquivar con prudencia la euforia, los brindis de exaltación de la amistad y las increíbles exigencias de reposición del honor. Al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, lo quieren rehabilitar, devolverle los galones, la reparación personal y profesional “a bombo y platillo”, en desafortunada expresión del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias, Salvador Alba. Una sentencia de la Sección Séptima del Tribunal Supremo acaba de anular su expulsión de la carrera judicial, acordada por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, tras dar por probado que José Antonio Martín y Martín asesoró indebidamente a uno de los más notables narcotraficantes de la historia judicial española que reclamaba ante la Sala que presidía su libertad bajo fianza. Un narcotraficante, Rafael Bornia, vamos a empezar a ofrecer todos los datos, que este mismo 2012 ha sido condenado a siete años de prisión por los delitos por los que Martín intentaba ponerlo en libertad a cambio de un millón de euros de fianza, verdadera calderilla para el volumen de riqueza que se le ha descubierto a tan peligroso delincuente.