La confidencialidad según Lifeblood

Y ya que hablamos de seguridad y de justicia, hablemos de Lifeblood. El Partido Socialista no se ha quedado conforme. Su visita de hace dos semanas a la sede del Servicio Canario de Salud no sirvió más que para descubrir que el expediente del concurso de la hemodiálisis no tiene foliadas las alrededor de 12.000 páginas de que está compuesto, ni está en su totalidad a disposición de sus señorías para transportarlo a aquellos despachos donde quiera analizarlo con detenimiento. Como les dijimos en su día, hay una buena parte del expediente que permanece velado por la confidencialidad que la ley permite reclamar a las empresas concursantes, de manera que sus estrategias mercantiles, sus acuerdos o sus tripas societarias no estén expuestas en plaza pública. Para ello, los servicios jurídicos del Gobierno, tan pulcros para algunas cosas y tan abruptos y acantilados para otras, han aportado a la causa un dictamen del catedrático Martín Orozco, experto en Derecho Administrativo, lo que ha dado más realce y solemnidad al velo, además de suponer un desembolso económico que se ha realizado para mejor proveer. Como si, además de a los enfermos del riñón de los que todos nos olvidamos, a alguien más se le esté yendo la vida en este concurso.