La acusación pide 14 años de cárcel para un exdirector de Medio Ambiente del Cabildo herreño por la gestión de los vertederos
La Asociación Canaria de Desguaces (Ascade) y la Asociación Cultural Ossinissa solicitan hasta 14 años y ocho meses de prisión para el exdirector del Área de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro Javier Armas por la gestión de los vertederos incontrolados de La Dehesa, en las proximidades del Faro de Orchilla (Frontera) y el punto limpio en El Majano y el vertedero de La Cumbrecita (Valverde), donde hubo antes un desguace de vehículos.
La acusación también pide las máximas penas de prisión para la actual secretaria del consejero de Agricultura del Ejecutivo autonómico y por entonces consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Claribel González; y la técnica de residuos del Cabildo herreño, Fabiola Ávila; así como el actual presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y exrepresentante de Ben Magec en la isla, Fernando Gutiérrez, como propietario de un desguace ilegal de coches.
Tras la petición de apertura del juicio oral a los acusados por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde, la acusación ha concluido que en el vertedero de La Dehesa, localizado en el Parque Natural de Frontera, hasta el año 2003 se vertían residuos de manera indiscriminada. Presuntamente se procedió a la apertura de zanjas donde se descargaban residuos que eran posteriormente enterrados o quemados. Esta combustión se realizó de manera permanente y sin tomar ningún tipo de medidas. Posteriormente se procedió a la instalación de un vaso de vertido impermeabilizado, pero a partir de 2010, y debido a que este llegó a sus límites, se regresó al sistema de la apertura de zanjas y enterrado de los residuos.
Mientras, sobre el vertedero de Las Cumbrecitas, la acusación cree que Javier Armas, hoy director general del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias, era “plenamente conocedor” que en este se estaba trabajando “sin autorización ambiental y sin estudio básico de impacto medioambiental”. Así, recalcan que en este punto se vertían residuos como electrodomésticos, papel, cartón, plásticos, neumáticos y material férrico, “los cuales eran compactados en el mismo lugar por el gestor autorizado”. En el escrito apuntan que desde el año 2007 “se ha venido desarrollando por parte del Cabildo una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, y todo ello de manera incontrolada y sin autorización” y subrayan que el suelo donde se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, y habiéndose analizado la incidencia que esta actividad ha producido sobre los recursos naturales, se ha concluido que en lo que respecto al suelo el daño es ya irreversible“.
En cuanto al punto limpio de El Majano, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife recuerda que en el año 1999 el Cabildo insular le cedió a Fernando Gutiérrez una parcela en la zona de Honduras-El Majano, sitio donde posteriormente había de ejecutarse el citado complejo medioambiental, para llevar a cabo una actividad de desguace y acopio de vehículos fuera de uso, actividad para la cual no tenía licencia. Cuando comenzaron las obras del punto limpio, Gutiérrez tuvo que abandonar la parcela para continuar su actividad en unos terrenos de su propiedad anexos a las instalaciones públicas. Según las Diligencias Previas del Ministerio Público, el actual presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores en el año 2008 continuó con la explotación sin adoptarse medidas para evitar filtraciones y sin la autorización para esta actividad.
En el año 2012 el Seprona redacta un informe tras realizar una visita a El Majano en el que describe el lugar como una explanada de unos 14.000 metros cuadrados con unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización, bidones con aceite que vierten directamente al suelo, el cual está catalogado como rústico. No fue hasta 2013 cuando se clausura esta instalación. Para la acusación en este caso también los miembros del Cabildo son culpables porque este no era capaz de desarrollar esta ilícita actividad sin la colaboración de los funcionarios, ya que al no constar con la autorización administrativa no tenía acceso a los Certificados de Destrucción que el Gobierno de Canarias ponía a disposición de los centros autorizados y que se encontraban debidamente numerados.
Tanto Ascade como Ossinissa destacan que entre 1999 y 2005 Gutiérrez desarrolló su actividad en terrenos cedidos por el Cabildo de El Hierro, recepcionando y recogiendo vehículos de cualquier lugar de la isla, con el camión del Cabildo. Una vez en el lugar de almacenamiento, “el acusado con total desprecio por el medio ambiente, procedía al despiezado de los vehículos y aprovechamiento económico de los repuestos, derramando los residuos al suelo permeable, no contando con zona de descontaminación”. Así mismo, sostienen que a partir del año 2005 y a fin de facilitar la construcción del punto limpio en los terrenos anteriormente cedidos, el acusado continuó con la misma actividad, desarrollándola en un terreno anexo del espacio del Cabildo, “donde continuaba realizando el compactado de parte de los vehículos gestionados sin previamente despojarlo de los componentes peligrosos tales como baterías, aceites, agua refrigerante, líquidos de freno, mercurio, amianto, ácidos, etcétera, ya que la compactadora pertenecía a una empresa de Las Palmas de Gran Canaria y no se encontraba permanentemente a disposición del imputado. El resto de los vehículos, los que no se compactaban, fueron enterrados incluso sin descontaminar bajo los cimientos y en los alrededores del punto limpio del Majano, los cuales se pueden observar a simple vista inspeccionando el lugar, todo ello haciendo uso de la maquinaria del Cabildo de El Hierro”.
Igualmente entiende la acusación que los políticos envueltos en este caso consiguieron la colaboración de la Jefatura de Tráfico que aceptaban los documentos emitidos por el Cabildo de El Hierro, los cuales eran firmados por Javier Armas y Claribel González “haciendo constar, falsamente, que los vehículos se encontraban en instalaciones de recepción de vehículos fuera de uso a pesar de la inexistencia de tales instalaciones. Es más, tales vehículos terminaron, en su gran mayoría, enterrados y sus componente contaminantes vertidos por el suelo”. De todos modos, Javier Armas, Claribel González y Fabiola Ávila enviaron posteriormente un recurso de reforma al juzgado que lleva la causa, que fue aceptado, en el que se aclara que el responsable de los hechos referidos en el desguace es Fernando Gutiérrez.
A Javier Armas se le acusa en el escrito de Ascade y Ossinisa de un delito continuado contra los recursos naturales y medio ambiente (por el que se le piden cinco años de prisión), delitos sobre ordenación del territorio y urbanismo (hasta cuatro años), delitos de prevaricación medioambiental (dos años y seis meses) y tres años por delito continuado de falsedad en documento público. Para Claribel González la acusación pide 14 años y nueve meses por los mismos delitos que Armas más el de desobediencia. En cuanto a Fabiola Ávila, a ella le piden 11 años de cárcel y a Fernando Gutiérrez siete años de prisión por un delito continuado contra los recursos naturales y medio ambiente. Aparte, proponen que a la hora de celebrarse el juicio oral se le tome declaración al expresidente del Cabildo herreño Tomás Padrón.
Armas asegura que todo se hizo con “total transparencia y legalidad”
Para Javier Armas este caso recoge varias denuncias presentadas por esta asociación que la Fiscalía ha decidido acumular en un solo procedimiento. “Es un tema que en lo que a mí respecta es puramente administrativo. No creo que haya siquiera ningún caso residuos en El Hierro”, sentencia y añade que aunque todavía no prefiere opinar sobre este tema porque aún está sin dilucidar, “las cosas se hicieron conforme a lo previsto”. “Es el juez el que tiene que valorar si hubo delito o no. Entendemos que, al menos en la parte que me corresponde, se hizo con total transparencia y legalidad”.
Además, explica que el caso, que lleva más de diez años en el juzgado, “está poco claro en la acusación, no sé de qué se me acusa en concreto”.
Por su parte Fernando Gutiérrez defiende que lo único que hizo fue, debido a su “compromiso ecologista”, cambiar la ideología que existía en El Hierro hasta el año 2000 donde toda la chatarra era enterrada en el subsuelo. “Luché porque la historia de la isla cambiara y no se enterrara más. Lo que ocurre es que no tengo licencia para esa actividad, pero no porque no quiera”.
De este modo, narra que en 2013 le precintan el negocio porque no tenía licencia “pero durante 13 años estuve colaborando con los ayuntamientos de la isla y el Cabildo para limpiar mi isla”. Con todo, sentencia que este caso es una persecución a su persona y subraya que en Canarias hay más desguaces en la misma situación que la suya. “A todos los desguaces de Canarias se les ha dado la opción para legalizarse, al único que no se le ha dado es a mí, pero no porque no quisiera, sino porque el suelo en el que estaba mi desguace es zona ZEC desde el año 2000 cuando empecé ahí”. Así, sostiene que cuando se aprobó el Plan Insular de Ordenación de El Hierro fue hace cinco años cuando la crisis del volcán de La Restinga. “Preferí ayudar a mi pueblo que estaba pasando hambre y miseria, y por eso el Cabildo de El Hierro me puso la cruz”.
Cuestionado sobre la denuncia, Gutiérrez comenta que en el caso de Ascade estos están compinchados con una empresa de Gran Canaria que lo único que busca es “quitar competencia en El Hierro y así poder recoger más chatarra”, y que en el caso de Ossinissa es algo que parte “cuando este señor (Samuel Acosta, portavoz de la asociación) se enemistó con el Cabildo”.
