Caso Siglo XXI: el descontrol contable en los centros de menores “hace imposible cuantificar al detalle” la presunta malversación

Semanas sin ninguna justificación de los gastos, facturas duplicadas, fechas e importes tachados… La investigación de la Fiscalía Anticorrupción revela un descontrol contable en los centros de menores gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en las islas de Gran Canaria y Lanzarote. En la querella presentada el pasado 25 de mayo, el fiscal Javier Ródenas reclama al juzgado de instrucción que encargue a una consultora especializada una auditoría exhaustiva para escrutar el destino de los 12,5 millones de euros que recibió entre 2020 y 2022 esa entidad de la Dirección General de Infancia y Juventud del Gobierno de Canarias. 

Con los datos proporcionados por la fundación es “absolutamente imposible cuantificar al detalle el montante económico que pudiera haber sido malversado o usado para enriquecimiento o disfrute de los querellados”, precisa el fiscal. 

Anticorrupción aprecia indicios de tres delitos (falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos) en la actuación de las cuatro personas que estuvieron al frente de cinco de los dispositivos de emergencia activados en Gran Canaria y Lanzarote durante la crisis de acogida de migrantes (Guiniguada, Puerto Rico, Acorán, Las Casitas de Yaiza y La Santa). 

Esa auditoría en profundidad es, a juicio del Ministerio Público, “indispensable” para “no dejar abierto un espacio de impunidad”. El fiscal destaca en su querella que la fundación no ha aportado la justificación de los gastos de varias semanas y que, entre las facturas presentadas, hay recibos sin numerar o sin identificar al proveedor o simples anotaciones realizadas por los directores de los centros.  

Entre la “ingente cantidad” de copias de facturas aportadas por la fundación hay numerosos “defectos de forma a irregularidades” que, según la Fiscalía Anticorrupción, hacen “imposible” su contraste con las tablas de justificación de gastos semanales de los centros y, por tanto, “de una mínima comprobación de la veracidad del tratamiento contable” de la fundación. 

La fundación presentó facturas duplicadas “en dos y tres semanas de justificación diferentes”. El fiscal descarta que se trate de un error puntual, ya que la acción “se repite en múltiples ocasiones y en los cinco centros”. Otro de los indicios que hacen sospechar al Ministerio Público es que la misma factura se había aportado en una semana “de forma normal” y en otra “con la fecha deliberadamente tachada”. De esta manera, “se suma el doble en la cuantía de gasto semanal”.  

Para intentar justificar los gastos de los menores, las “pagas” semanales, la fundación solo ha aportado “papeles firmados” por los directores de los centros en los que se indica la cantidad abonada cada semana “sin, en ningún caso, aportar recibos firmados por los menores que supuestamente eran beneficiarios”. 

Gastos ajenos a la gestión de un centro de menores

La querella también alude a la falta de justificación del desvío de fondos hacia las cuentas personales de los directores, así como de gastos que “no parecen encajar en una dinámica razonable en la gestión de un centro de menores”. Destaca, en este sentido, que los consumos en restaurantes y bares incluían bebidas alcohólicas y que también se compraron con esos fondos de origen público medicamentos no recomendados para menores de 18 años o tabaco. Para la Fiscalía, resulta “especialmente inverosímil la presentación de una factura correspondiente a la adquisición de pastillas para la disfunción eréctil”.

Anticorrupción reclama un apartado exclusivo de esa “exhaustiva” auditoría para analizar las facturas que resultan “desproporcionadas”. Hace referencia, en concreto, al “excesivo gasto en alquileres de vehículos” cuando, además, “se sumaban considerables gastos en bonos y tickets de guagua” o a “las enormes cantidades” acumuladas en concepto de combustible, sin que conste la matrícula de los coches que hicieron esos repostajes. En apenas siete meses (entre mayo y diciembre de 2021) el gasto por este concepto en el centro Acorán, uno de los recursos de la Fundación Siglo XXI en Las Palmas de Gran Canaria, ascendió a 20.288,46 euros. Es decir, 99,22 euros al día, lo que equivale a trayectos de 1.200 kilómetros diarios. Se trata de cifras “completamente irreales” para la actividad de este tipo de centros destinados a atender e integrar a los menores migrantes que llegan a las Islas.

Con esos datos sería suficiente, según el fiscal, para justificar la pericial auditoria contable. Sin embargo, la querella advierte de que “hay más”. Y se refiere a la explicación de INGBank a la cancelación de las cuentas de los querellados. La entidad decidió rescindir esos contratos bancarios a mediados de 2021 tras “haber recibido y emitido en sus cuentas operaciones sin justificar el origen y destino”. La Fiscalía recuerda que la financiera ejecutó esta acción en aplicación de la ley de prevención del blanqueo de capitales.