El exadministrador único de Seguridad Integral Canaria (SIC) Héctor de Armas ha negado este miércoles ante la Audiencia de Las Palmas haberse apropiado de 83.000 euros de fondos bancarios que custodiaba la empresa y ha explicado que siguió el procedimiento del departamento financiero para conseguir dinero para pagar a los empleados.
De Armas, que se enfrenta a tres años de prisión, ha reconocido su firma en dos de los albaranes que figuran en la causa y que certifican la retirada de dinero, los 83.000 euros, entre los meses de enero a junio de 2018, si bien ha dicho que desconocía que procediera de las cámaras donde se guardaban los fondos que custodiaba SIC de sus clientes.
En el juicio que se ha celebrado en esta jornada y que ha quedado visto para sentencia, el procesado solo ha contestado a las preguntas formuladas por la fiscal Cristina Coterón y por su abogada, quien reclama su absolución porque entiende que los hechos que se le imputan se enmarcan “en su intención de salvar la empresa no de saquearla”.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones aprecian un delito de apropiación indebida o administración desleal.
“El dinero era para los trabajadores”, ha recalcado De Armas, quien ha explicado que empleó el mismo criterio utilizado por el departamento financiero cuando solicitaba fondos a las entidades bancarias clientes de SIC.
Ha remarcado que ese dinero se destinaba a cubrir “los eventos más perentorios” de los trabajadores, que ha recordado que algunos llevaba hasta ocho meses sin cobrar, y que se trataba de adelantos que desde el departamento de recursos humanos de SIC se iban a retener de sus nóminas para reponer en la caja“ las cantidades que se habían sacado” pero no se repuso.
Además, ha dicho que no tuvo intención de ocultar su proceder, pues firmó dos albaranes, pero no los seis que se le han mostrado y que constan como prueba de cargo, y que tampoco tenía interés en perjudicar a los bancos que “ayudaron de forma importante” a sacar adelante la empresa que estaba en situación concursal.
De Armas ha manifestado al tribunal que se siente sorprendido por la declaración de los testigos que han asegurado en esta jornada que le vieron firmar todos los albaranes y que dicen que hablaron con él para que dejara de sacar dinero, así como para que lo restituyera. Según su versión, “mienten”.
El administrador concursal de SIC, que denunció los hechos, al igual que una de las jefas de la cámara de seguridad y el responsable de operaciones, ha señalado que fueron estos dos empleados quienes les informaron de la situación y que les instó a que lo pusieran en conocimiento de la Justicia.
Ha indicado al tribunal que “no hay manera” de saber si los 83.000 euros que supuestamente retiró De Armas corresponden a los bancos que los reclaman, ya que en la cámara se guardaba de manera conjunta los fondos de todos los clientes, salvo los del Banco de España que se custodiaban aparte, una cuestión que han destallado varios testigos, entre ellos la jefa de cámara que denunció los hechos y que también figura como acusación.
El administrador concursal desde el 11 de enero de 2018 ha explicado que, cuando la empresa Loomis asumió este apartado del negocio de SIC, a partir de una auditoría que efectuó la nueva compañía se conoció que faltaban 720.000 euros de la cámara, entre ellos los 83.000 euros retirados mediante los seis albaranes, si bien las entidades financieras asumieron esas pérdidas porque urgía contratar sus servicios porque “nadie confiaba en Seguridad Integral”.
La fiscal reclama que se le imponga a De Armas una multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros (3.000 euros en total) y que devuelva a Caixabank, que ha absorbido a Bankia (otro de los bancos supuestamente perjudicados), y al BBVA los 83.000 euros que se apropió.
La empresa Seguridad Integral Canaria, según la fiscal, debe asumir ese pago de forma subsidiaria. Caixabank y BBVA exigen que si la empresa no responde de esa deuda, la cubran sus aseguradoras, Mapfre y Caser.
La empresa SIC figura en la causa tanco como acusación como defensa, una cuestión que la abogada de Héctor de Armas impugna para solicitar la nulidad del procedimiento.
La defensa también alega que se tomó declaración a Héctor de Armas como investigado ya fuera de plazo y que los testigos que han comparecido en esta jornada lo han hecho por primera vez, lo que entiende que genera indefensión.