La dimisión a medias del alcalde de Algeciras pone el foco sobre la gestión de las denuncias de acoso en el PP andaluz

De forma inesperada, el PP dejó de controlar este miércoles el gobierno de la décima ciudad de Andalucía. Al menos en teoría. Tras difundirse una denuncia por “acoso y/o abuso sexual”, malversación y tráfico de influencias interpuesta contra él por el PSOE el martes (pero anunciada sin ejecución desde hace meses), el alcalde Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, anunció por sorpresa que había solicitado la suspensión de militancia del partido.

Esto supone, automáticamente, la renuncia a sus cargos orgánicos en el PP local (del que era presidente) y andaluz (vocal de la Junta Directiva Autonómica). Para hacerse efectiva, sin embargo, el Comité de Garantías del partido debe ejecutar esa suspensión temporal de afiliación. Consultado por este periódico, la dirección regional del PP andaluz no ha confirmado que haya recibido ni que haya tramitado la solicitud por escrito de Landaluce, quien sí retiene sus cargos institucionales, como alcalde y senador.

Landaluce es regidor de Algeciras (124.978 habitantes) desde hace 14 años, cuando se alzó con una mayoría absoluta que sólo perdió momentáneamente de 2019 a 2023, cuando tuvo que apoyarse en Ciudadanos y un concejal de Vox. Algeciras, que alberga el mayor puerto de contenedores del Mediterráneo Occidental, era hasta 2011 un bastión para socialistas y andalucistas, que se habían repartido los gobiernos municipales en las tres décadas previas de democracia.

No es un alcalde más, porque Algeciras no es un municipio más, ni de Andalucía ni de Cádiz. Landaluce, que hoy tiene 66 años, se inició la política institucional en 1987. Tuvo que esperar casi un cuarto de siglo para ser alcalde, y ahí empezó a forjar un poder orgánico de la mano de otros referentes históricos del PP andaluz como Javier Arenas (presidente del partido en Andalucía por entonces), Antonio Sanz (hoy consejero de Presidencia y mano derecha de Juan Manuel Moreno en el Gobierno andaluz) o Teófila Martínez (exalcaldesa de Cádiz y hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz).

Este peso se refleja también en los cargos supramunicipales que ha ido ostentando en la última década. Médico de profesión, sigue siendo senador y antes fue diputado en tres legislaturas.

Una renuncia limitada

En el comunicado remitido tras conocerse la denuncia contra él, Landaluce señala que “renuncia” a sus cargos en el PP, y también que suspende su militancia, tras una reflexión “sincera y dolorosa”, para no dañar al partido.

Los estatutos del PP no contemplan que un militante pueda solicitar la baja voluntaria. La suspensión de militancia es una sanción impuesta por la dirección del partido que dura más o menos, en función de la gravedad que cometa el afectado. No obstante, sí existen antecedentes notorios de dirigentes que, viéndose incursos en investigaciones judiciales, solicitaron la baja del partido (para evitar la apertura de un expediente sancionador por parte de la dirección) y el PP la aceptó: el exministro Rodrigo Rato y el expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.

En el caso de que el afiliado sea aforado (como Landaluce, por su condición de senador), la competencia “exclusiva y excluyente” para instruir y resolver el expediente corresponde al Comité Nacional de Derechos y Garantías, de oficio o a propuesta del Presidente Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional.

Se trata de una renuncia de eficacia militada, o un paréntesis de militancia con el cierre abierto. La dimisión no abarca a su cargo de senador ni la alcaldía, y su equipo municipal sigue siendo el mismo. El PP aclaró este miércoles que Landaluce seguía en el grupo parlamentario del Senado y que “de momento, no hay ningún cambio”. Landaluce es presidente de comisión, lo que eleva sus ingresos en 1.670,90 euros por 14 pagas: 23.392 euros más al año hasta superar los 110.000 euros anuales.

Desde Bruselas, y antes de conocer la dimisión de Landaluce de sus cargos en el PP, el presidente Moreno dijo que desconocía la denuncia, y pidió esperar a las “explicaciones” de Landaluce: “Vamos a esperar a que se posicione el alcalde, que es el afectado”.

Cuando los mensajes se difundieron, en octubre de 2024, Feijóo aseguró que la dirección nacional del PP había hablado con él “automáticamente”, y que el asunto quedó aclarado, aunque luego la dirección nacional remitió a la andaluza. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo entonces Feijóo en una entrevista radiofónica. Su entonces secretaria general, Cuca Gamarra, explicó que se había activado “de manera inmediata” el protocolo interno (y secreto) sobre acoso, “como no puede ser de otra manera”. Y zanjó delegando la gestión del caso al PP de Moreno: “Se preguntó a esas dos mujeres, se puso en contacto la dirección del PP en Andalucía, en Cádiz, para conocer la veracidad y que ellas pudieran explicarse”.

Ahora el caso llega a Fiscalía, que aún no ha admitido la denuncia abriendo diligencias de investigación preprocesal.

Denuncia por acoso, malversación y tráfico de influencias

La denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo da cuenta del presunto acoso sufrido en 2021 por dos exconcejalas del PP en Algeciras, que no han denunciado. De ese acoso habría indicios en varias capturas de pantalla, que fueron difundidas y luego borradas por Luis Alvise Pérez en octubre de 2024, y a las que aludieron las concejalas socialistas Rocío Arrabal e Isabel Berenoso en una rueda de prensa en febrero de este año. En aquella comparecencia anunciaron que trabajaban en una denuncia que se ha materializado ahora.

Además, la denuncia del PSOE apunta a la presunta malversación por la contratación de una de las dos exconcejalas del PP como cargo eventual del Ayuntamiento hasta mayo de este año, y en una residencia de mayores, pública pero de gestión privada, a partir de entonces. Según las socialistas, ambas contrataciones serían el pago por su silencio.

El alcalde sostiene que es inocente, cree que está siendo “acosado, utilizado y perseguido” por el PSOE y promete defenderse con una querella contra Arrabal y Berenoso si no rectifican. Ya anunció querellas tras la rueda de prensa de febrero. “Después de todos estos meses no ha denunciado a nadie ni se ha querellado contra nadie”, observan desde el PSOE algecireño. Este miércoles sí ha tenido lugar un acto de conciliación, previo a la posible interposición de una demanda civil, que ha terminado sin acuerdo.

Landaluce atribuye la denuncia al “oportunismo político” de los socialistas, que llevaban meses amagando con interponerla. Martín sostuvo también esta interpretación, señalando que “huele de entrada a un intento de convertirlo en una cortina de humo”.

Su anuncio de renuncia a la militancia, ocurrida antes incluso de que la Fiscalía abra diligencias preprocesales para investigar el relato del PSOE, cogió al PP con el pie cambiado. Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, valoró que “la mejor estrategia” de defensa en casos como este es “abandonar el cargo que se tenga y poder defenderse desde fuera”, pero dijo desconocer si alguien dentro del partido le había sugerido hacerlo.

Réplica de Sánchez al PP en el Congreso

Para el PP, esta convulsión llega en un momento político muy inoportuno, cuando aspira a recuperar un voto femenino desencantado por la ineficaz gestión del PSOE ante casos de presunto acoso machista dentro del partido.

Los populares habían acudido a la sesión del control al Gobierno de Sánchez de este miércoles con preguntas sobre Francisco Salazar, exasesor de Moncloa y Ferraz y una frase muy dura apuntada por el propio Feijoo: “Las lecciones de feminismo se las han debido de explicar en los prostíbulos”. También este miércoles se conoció una denuncia de una mujer por acoso sexual contra el Presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé.

El propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se defendió con el caso de Landaluce, adelantado por la Cadena Ser apenas una hora antes de su respuesta, poniéndolo de ejemplo de la supuesta tolerancia del PP ante el machismo en sus filas. “¿Qué es lo que han hecho ustedes en un supuesto caso de acoso en Algeciras con el alcalde de Algeciras, o el alcalde de Estepona?”, preguntó a Alberto Núñez Feijoo.

El caso de Landaluce ya llegó a las Cortes el pasado febrero. La ministra de Igualdad Ana Redondo fue interpelada por una la senadora del PP sobre el caso Monedero. Redondo se negó a dar explicaciones sobre un supuesto caso que afectaba a un militante de un partido que no integra el Gobierno, y sacó a colación el caso del alcalde algecireño, diciendo sentir “curiosidad” por si el PP le había aplicado algún protocolo anti-acoso. La mención soliviantó a Landaluce, que estaba presente y pidió la palabra para recordar que él no había sido denunciado.

La mención de Sánchez al caso de José María García Urbano en Estepona también tiene aristas. Un juez instructor ha acumulado durante un año “indicios suficientes” de que el alcalde esteponero contrató para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” que no fue nunca a trabajar, creando una “mera ficción jurídica”. El regidor enfila ya el banquillo por un delito de malversación. En cambio, el juez archivó la investigación por acoso sexual abierta tras la denuncia de esa misma mujer. Tras ese archivo, la mujer interpuso una denuncia de violencia contra la mujer ante un juzgado de Córdoba. El alcalde, nuevamente investigado en esta causa, se negó a declarar ante el juez, que ahora está a la espera de recabar documentación, según fuentes del caso.