El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido el acuerdo del Gobierno de Canarias de 16 de septiembre de 2021 por el que autorizó la ampliación del horario de cierre de la actividad de los establecimientos de ocio nocturno en las islas.
Esta medida, tal y como explicó el Gobierno tras su aprobación, era de carácter temporal, solo hasta el 31 de octubre, fecha en la que se valoraría su impacto y posible aplicación posterior. Con ella, los establecimientos de ocio nocturno podían cerrar más tarde en todos los niveles de alerta sanitaria por la COVID-19, excepto en el 4, y siempre que se presentara certificado COVID para acceder al interior de los locales.
Mediante ese acuerdo, que ahora queda en suspenso, se había ampliado el horario del ocio nocturno hasta las 4.00 horas en los niveles de alerta 1 y 2, y hasta las 3.00 horas en el nivel 3, en aquellos establecimientos que voluntariamente exijan para su acceso el certificado COVID. Con esta suspensión, los horarios vuelven a la situación anterior: en nivel 1, el cierre es a las 03.00 horas, en nivel 2, a las 02.00 horas, y en niveles 3 y 4, a la 01.00.
El Gobierno todavía está en plazo para presentar alegaciones, que concluye el día 30.
El auto del TSJC responde a un recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación Liberum, la misma que ya presentó el pasado mes de julio un recurso contra la obligatoriedad de presentar certificados COVID para acceder a los locales de restauración, teatros o auditorios de las Islas.También presentó, y fue estimado por el TSJC, un recurso contra la limitación de los aforos en los locales, con lo que consiguió que se paralizase esta restricción en establecimientos y locales de juego y apuestas en nivel 4 de alerta sanitaria, que estaba fijada en el 33%, por lo que el Tribunal lo amplió hasta el 55%.
La Asociación Liberum, tal y como aparece recogido en su página web, “nace con el propósito de restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia de la COVID-19, y lo hace con vocación de perpetuar su labor por los derechos humanos”. Según los datos disponibles en esa página, tiene delegaciones en País Vasco, Galicia, Cantabria y “próximamente” en Madrid. Nada aparece respecto a las Islas Canarias.