Aprobado el nuevo modelo de función pública en La Rioja: se crea el grupo B y se reconoce la categoría de bombero forestal
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy, día 21, al decreto que regula la implantación del nuevo modelo de función pública en la Administración Autonómica de La Rioja. La norma, que actualiza disposiciones de hace más de 30 años, reglamenta la integración del personal funcionario en los cuerpos y escalas creados por la Ley 9/2023, un procedimiento de modernización exhaustivo, negociado y que cuenta con plenas garantías jurídicas.
Con este decreto culmina un proceso normativo complejo y esencial para modernizar y ordenar la función pública riojana. La reorganización de cuerpos y escalas parte de una organización en atención a las funciones principales que desarrollan y, en correlación a ello, los cuerpos funcionariales existentes se integran en los nuevos creados por la nueva Ley de Función Pública, regulándose también estos procedimientos en el propio decreto.
En concreto, la propuesta normativa aprobada este martes regula la integración del personal funcionario en los nuevos cuerpos y escalas recogidos por la Ley, creándose un grupo nuevo, el B, en el que se integran cuerpos del subgrupo C1. Para acceder a este grupo B se exigirá como requisito ser titulados superiores. En el caso de aquellos trabajadores que no estén en posesión del título, el decreto da un plazo de seis años para su consecución.
En detalle, 478 funcionarios pasarán del grupo C1 al B. A ellos se sumarán otros 210 que lo harán del C2 al C1, y 122 laborales podrán acceder al C2 mediante procedimientos de promoción interna con cambio de régimen jurídico pendiente de negociación. En total, 810 trabajadores cambiarán de grupo, lo que supondrá un incremento retributivo de 1.849.509,71 euros anuales.
Asimismo, el decreto recoge el procedimiento por el que se crea el cuerpo funcionarial de bombero forestal, trabajadores que en la actualidad pertenecen a categorías profesionales de personal laboral.
Los procedimientos deberán completarse a lo largo de este año. En todo caso, los efectos económicos no podrán ser posteriores al 1 de julio de 2026, incluso si la resolución administrativa se produjese con posterioridad.
El Decreto incluye 8 artículos, 8 disposiciones adicionales y 1 disposición final, y, además de los efectos jurídicos y económicos, reglamenta aspectos como el ámbito subjetivo, los criterios de integración, el procedimiento y las notificaciones. Su tramitación ha incluido la negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa General y la Mesa Sectorial, que lo apoyaron de forma unánime, y los informes y dictámenes preceptivos.
A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo regional ha introducido mejoras en la Ley de Función Pública. Entre ellas destaca la que afecta a los ayudantes técnicos educativos (ATE), profesionales que colaboran con los docentes en la atención a los escolares con necesidades especiales: la Ley declaraba a extinguir este cuerpo funcionarial y lo que se ha decidido es que debe mantenerse y posibilitar que los profesionales pasen al grupo B como titulados superiores. También se han modificado titulaciones que estaban mal planteadas en el texto inicial de la Ley.