Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.

Nada de Trump, ni de sus amenazas de muerte a toda una civilización, ni de la mayor ofensiva de Israel sobre Líbano, ni de la incursión de J.D. Vance en la campaña electoral húngara para apoyar a Víctor Orbán, ni del incierto futuro de la UE, ni del bloqueo de las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en tres Comunidades Autónomas…

Para el aspirante a la presidencia del Gobierno de este país, Alberto Núñez Feijóo, el asunto que envenena sus sueños es un colchón. Han leído bien: col-chón. Recordarán que allá por 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa lo primero que hizo fue cambiar la superficie sobre la que iba a dormir y dar una mano de pintura a la residencia presidencial. Algo que en términos de higiene, además de recomendable, resulta muy necesario para todo aquel que se dispone a habitar un espacio en el que antes ha vivido otra familia.

Pues resulta que hablaba Feijóo este miércoles de inflación y de corrupción cuando, de repente, acusó al Gobierno de “crujir al que madruga, al que ahorra, al que monta un negocio, al que apoya a sus seres queridos y al que declara hasta el último euro, pero no a los que roban”. La expresión los que roban la vinculó inmediatamente con el cambio del colchón de La Moncloa, algo que insinuó él no hizo jamás en los 13 años que vivió en la residencia presidencial de la Xunta de Galicia, de lo que se deduce que durante todo ese tiempo durmió sobre el mismo lecho -¿y las mismas sábanas?- que lo había hecho el socialista Emilio Pérez Touriño. “Siempre su confort por delante del bien común”, reprochó a Sánchez.

Más allá de lo que se pueda inferir con esas palabras sobre su propio aseo personal, lo que Feijóo demuestra una vez más es la facilidad con la que incurre en el ridículo. Lo grotesco es algo que, como decía Tarradellas, debe estar fuera de la política y que, sin embargo, asoma con demasiada frecuencia en las intervenciones del líder del PP. Porque si absurdo es atacar a un oponente porque cambie el colchón en el que durante años durmieron Rajoy y señora, mucho más estrafalario es, ante la amenaza de Trump de arrasar por completo Irán, recurrir a la tibieza y la nadería en X con un mensaje que decía “en momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”. Esto después de haber difundido semanas antes un alegato en la misma red social con el que planteaba la necesidad de elegir entre la libertad o los tiranos entendiendo que lo primero lo encarna quien ha vulnerado todas las normas del Derecho Internacional y tiene en un ay al mundo entero con sus extravagancias e ínfulas belicistas.

Resulta cada vez más difícil imaginar en este PP a una oposición que combine responsabilidad, prudencia y dignidad personal. No digamos ya encontrar una voz a la que le mueva la coherencia y el respeto por el electorado al que representa. Porque lo del colchón lo soltó Feijóo en el contexto de un discurso con el que hizo un ejercicio de populismo fiscal más propio de la ultraderecha que de un partido que aspira a gobernar el país. Lo hizo justo ahora que arranca la campaña de la declaración de la Renta y los españoles tienen que pagar a Hacienda. 

En este mismo espacio ya hicimos hace semanas un repaso por la hemeroteca para recordar lo que el PP dice sobre los impuestos cuando está en la oposición y lo que hace, después, con ellos cuando llega al gobierno. ¿Recuerdan? Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. 30 de ellas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio en tan solo un año y medio, además de 12 nuevas figuras tributarias.

El discurso de Feijóo en esta materia es irresponsable, además de falsario porque, incluyendo el impacto estimado de las últimas medidas tributarias, la realidad es que las rebajas fiscales para la clase media y trabajadora con el gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un ahorro de 50.000 millones. Porque es falso, como dice el PP, que se hayan subido más de 100 veces los impuestos. Y porque los datos comparados demuestran que España, lejos de ser un infierno fiscal, se encuentra tres puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. 

Y aun así el claim de los populares es “Tú pagas y ellos se lo llevan”, como si la recaudación fuera directamente al bolsillo de Sánchez y sus ministros para comprar colchones y pintar despachos. Todo en un discurso en el que no falta tampoco una buena dosis de criminalización de la inmigración al más puro estilo de Vox y la sempiterna promesa de bajar masivamente los impuestos que financian los servicios públicos esenciales. Una estrategia idéntica a la que en otros tiempos desde las filas del PP, cuando lo proponían los de Abascal, lo llamaban «populismo fiscal».

El discurso, la palabra y el dato han sido definitivamente sustituidos por el ridículo, el insulto, la mentira y la llamada a una especie de insurrección. En este caso contra la utilidad de los impuestos. La estrategia no es baladí porque lo que se busca no es otra cosa que deslegitimar las instituciones y a quienes las representan y desafiar el orden establecido. Antes era solo el modus operandi de Vox y hoy ya forma parte del ADN de un Feijóo sin rumbo propio y entregado a la demagogia que se ha ido tan a la derecha de su derecha que le será imposible ocupar la centralidad y la moderación. Justo el espacio que con el recién nombramiento de Carlos Cuerpo se ha propuesto ocupar Pedro Sánchez en lo que resta de mandato en contraste al maridaje de PP y Vox. Y ya saben que el refranero dice que dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición.

El flamante vicepresidente económico, con su pátina de seriedad y solvencia, ha descolocado la estrategia del PP, que en su primer lance parlamentario con Cuerpo en el Senado el pasado martes ha pretendido infructuosamente situarlo en el sanchismo del banquillo (en alusión a los casos de corrupción que afectan al exministro Ábalos). El segundo asalto será la próxima semana en el Congreso con la portavoz popular Ester Muñoz, una parlamentaria de verbo ágil, pero escaso fondo intelectual que, de empeñarse en bajar al barro como hace de forma habitual, se encontrará enfrente a un técnico de modales exquisitos dispuesto a debatir solo de datos económicos. 

Hablemos de memoria y de olvido. De cómo en este mundo loco de odio, bombas, muerte, destrucción y crisis, hay quienes creen que el recuerdo importa para avanzar y no repetir errores y quienes prefieren la omisión o la amnesia parcial como coartada para consolidar la impunidad o convertir la infamia en hazaña. Este miércoles lo hemos visto con claridad en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre la posición de España ante la guerra de Oriente Medio.

Entre los primeros, Pedro Sánchez, que hizo un exhaustivo ejercicio de retentiva para mantener vigentes los recuerdos. Los propios y los colectivos. “Porque hay fechas que no se olvidan”. Hablaba del 15 de febrero de 2003, de un sábado en el que más de tres millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España. “Con un mensaje sencillo y rotundo: No a la guerra”. “Del orgullo y el coraje de un pueblo que se negó a renunciar a sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense. Y de quienes se negaron a secundar una mentira que solo perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los pobres”

El presidente pretendía, por un lado, refrescar el recuerdo y de otro, poner al PP frente al espejo de un pasado, el de José María Aznar, que cree indiscutiblemente asociado al presente de Alberto Núñez Feijóo. El expresidente y su apoyo a la guerra de Irak no es algo que se pueda olvidar con facilidad porque, en palabras de Sánchez, “nos arrastró a esa locura para sentirse importante y porque quería que George Bush le invitara a un puro y le dejase poner los pies sobre la mesa”. Una guerra -prosiguió- “a cambio de ego y de la dignidad de todo un país, a cambio de aquella foto”. 

Lo que vino después, forma parte de la historia y, según sus palabras,“del mayor desastre geopolítico desde Vietnam”. Traducido en cifras: 300.000 muertos, 5 millones de desplazados y el equivalente actual a 1.900 millones de euros de gasto militar solo en España. Esto además de un país en ruina, más guerras, la quiebra del Derecho Internacional, subidas de precios en todo el mundo, una crisis migratoria sin precedentes y una ola de atentados yihadistas que se llevó por delante la vida de más de 1.000 europeos

Hoy, la historia se repite y, aunque algunos de los promotores de aquella guerra ilegal, como Bush o Blair, han pedido perdón, Aznar insiste en que nunca lo hará y arrastra a Feijóo a una posición imposible ante el conflicto en Oriente Medio. Cambien Irak por Irán y el resultado es una potencia militar con un Ejército que supera a los de Alemania, Francia e Italia juntos y que está preparado para lanzar misiles balísticos a 4.000 km de distancia.

De todo esto quería hablar el presidente del Gobierno. De las consecuencias de olvidar el pasado. Y de que el impacto económico y en vidas humanas ante la inestabilidad que vive hoy Oriente Medio puede ser infinitamente superior al que tuvo la guerra ilegal a la que Aznar arrastró a España hace 23 años. Pero la memoria, además de una herramienta fundamental para evitar el yerro, es también un recurso incómodo para quienes no desean recordar y, desde luego, para un Feijóo que prefiere espantar los demonios del pasado.

El líder de la oposición calló este miércoles ante la insistencia de Sánchez en recuperar una historia no tan remota y recordar lo que es el verdadero patriotismo: “Oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los españoles”. Feijóo no solo se hizo el desmemoriado para no entrar al trapo, sino que se lanzó a una retahíla de descalificaciones personales contra el presidente, al que llamó incluso “matón” y “perdedor” con “tics dictatoriales”.  

Insultos, frases hechas y lugares comunes para repetir los mismos mantras que a diario se le escuchan a Ayuso. Da igual que se debata sobre la guerra, la jornada laboral, las medidas anticrisis, la inmigración o la sanidad pública, a Feijóo solo le mueve el afán por una convocatoria anticipada de elecciones que no llega y por resucitar a ETA cada vez que carece de argumentos frente al adversario. La banda terrorista, que dejó de matar hace 15 años y se disolvió hace 8, es el comodín que el PP utiliza cuando la discusión no le es favorable. 

¿Irán? Elecciones. ¿Decreto anticrisis? ETA ¿Fiscalidad? Elecciones. ¿Financiación autonómica? ETA. Lo ha vuelto a hacer este miércoles cuando Sánchez le interpelaba sobre su posición sobre el conflicto de Oriente Medio y sobre el sentido de su voto para el decreto de medidas anticrisis: “Me hace menos gracia escucharle dar lecciones de humanidad. ¡Usted que pacta con los que mataban a sus compañeros! ¡Usted que ha favorecido a un etarra que acumuló 700 años de condena y lo excarcela! ¡Usted que sacó ayer a la señora Anboto, jefa militar de ETA, condenada a más de 600 años de prisión por más de una decena de crímenes¡ Para celebrar la guerra, supongo”. 

Se llama Estado de Derecho, tal y como le recordó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien para corregir su desmemoria llevó al debate a los 300 etarras que se excarcelaron durante los gobiernos del PP porque también habían cumplido su condena. Mucho más duro fue el portavoz del PSOE, Patxi López, al acusar a Feijóo de ignorante por desconocer -o no- que los grados penitenciarios son ley y que, en última instancia, los decide no el gobierno sino un juez, que puede avalarlos o denegarlos. 

“¿Podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? ¿Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de lo que es una democracia, que no es su coto privado, sino un espacio abierto para todos aquellos que cumplen las normas. ¡Ya vale! ¡Ya vale! Esa utilización de mierda. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia”.

Fue la respuesta con la que López puso el broche a una sesión en la que Feijóo volvió a jugar al equilibrismo para no incomodar a los EEUU e Israel y tampoco a Aznar. Ante el elocuente silencio del líder de su partido sobre su pasado en Irak, el expresidente emitió un comunicado desde FAES para afear a Sánchez que hiciera oposición con 23 años de retraso e insistir en que Sadam “utilizó las armas de destrucción masiva contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después». 

Una trampa más de la desmemoria de un partido cuyo líder, además de proclamarse guardianes de la ética pública y la integridad, formaba parte del Gobierno de Aznar cuando el PP acercó a decenas de presos a las cárceles del País Vasco mientras ETA aún asesinaba y extorsionaba. Es más, apenas cuatro meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco -cuya memoria Feijóo utiliza constantemente-, sostenían que el conflicto vasco terminaría “sin vencedores, ni vencidos” y que ellos no buscaban una “rendición total” de ETA, como declaró entonces el ya ex secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà. Pero eso la derecha lo ha escondido deliberadamente entre los pliegues del olvido.

Hablamos de impuestos. De demagogia fiscal. De hemeroteca. Y de un PP que, haya crisis o no, clama por una rebaja masiva de las cargas impositivas. Da igual cuándo leas esto, siempre que el PP esté en la oposición. Cuando está en el gobierno, pelillos a la mar. ¿Recuerdan?  Mariano Rajoy se estrenó en La Moncloa con un primer hachazo al IRPF, un gravamen complementario para las rentas de trabajo y una tarifa progresiva para el ahorro. Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. Solo en el primer año y medio de legislatura el Ministerio que dirigía entonces Cristóbal Montoro realizó 30 subidas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio, a pesar de que en campaña electoral había anunciado su supresión. Se crearon además 12 nuevas figuras tributarias, y solo con el alza del IRPF, Sociedades e IVA se recaudaron 35.000 millones adicionales. De hecho, el PP ha sido el partido que más subidas de impuestos ha realizado en la historia fiscal de nuestro país en menos tiempo.

En el IVA, por ejemplo, el PP aprobó en 2012 la que es la mayor subida del impuesto de la democracia. Se elevó el tipo general tres puntos (del 18% al 21%) y el reducido, dos (del 8% al 10%). Además, pasó del tipo reducido al general bienes y servicios como los servicios funerarios, las peluquerías, las adquisiciones de obras de arte o los servicios de televisión digital. 

Dirán que eran otros tiempos, que si la crisis financiera, que si las reglas fiscales, que si la quiebra de los bancos, que si bla, bla, bla… Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero o, en este caso, Feijóo o sus voceros. El PP no puede dar lecciones sobre bajadas de impuestos, pero sí de electoralismo cuando no tiene la responsabilidad de gobierno. En la oposición, si en algo está graduado cum laude es en demagogia fiscal.

El mantra sobre el “expolio al contribuyente” o sobre que “Sánchez hace caja” y “acribilla” a los españoles a impuestos es tan recurrente como fraudulento. Un ejemplo es su habitual retórica sobre las subidas del IRPF aprobadas por el actual gobierno de coalición. Falso. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero no ha subido en siete años ese impuesto. De hecho, aprobó la mayor rebaja fiscal para las rentas bajas de tal modo que hoy, alguien que ingresa 16.500 euros paga más de un 90% menos que lo que tributaba con el PP. Tampoco es cierto que haya elevado, como repiten hasta la saciedad en el PP, el gravamen de Sucesiones, Donaciones, IBI, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales o Plusvalía. Y mucho menos que haya subido el IVA de la luz o los alimentos. Todo lo contrario. Hacienda rebajó temporalmente este impuesto en una decisión sin precedentes con motivo de la subida de la inflación que provocó la guerra en Ucrania, como consta en un decreto de julio de 2022, que el PP no apoyó.

Ahora, con la guerra en Irán y cuando aún se desconoce el alcance de esta nueva crisis, el PP vuelve a echar mano del mismo manual antes de que el Gobierno apruebe este viernes en Consejo de Ministros extraordinario un paquete de medidas para paliar los efectos de la nueva aventura bélica de Trump y Netanyahu. Son ya 55 las ocasiones en que Alberto Núñez Feijóo ha pedido un “alivio fiscal” desde que tomó las riendas de la oposición en 2022. La misma matraca haya o no crisis, guerras o subidas de la inflación. Por cierto, al mismo tiempo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP reclaman más recursos para sus gobiernos y recortan la inversión en servicios públicos como la sanidad o la educación. 

Lo que nunca se escucha en la derecha es que la presión fiscal en España está significativamente por debajo de la media de la eurozona (unos 3,6 puntos menos); que bajar el IVA de los alimentos es un reclamo que suena bien, pero que los economistas explican mejor, ya que la traslación de esas bajadas no repercute en el consumidor, sino en los distribuidores, que amplían así su margen de beneficios; que las rebajas fiscales indiscriminadas comprometen la sostenibilidad del Estado de bienestar o qué partidas de gasto público se tienen que recortar para compensar la pérdida de ingresos.

Lo que subyace de todo ello, además de dos modelos muy distintos sobre cómo afrontar las crisis, es la ausencia de un debate serio sobre las consecuencias de bajar impuestos en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor cohesión social y mejores servicios públicos. Lo que no es posible es soplar y sorber a la vez, que es a lo que acostumbra una derecha que nunca habla, por ejemplo, de cómo combatir el fraude fiscal o de subidas de salarios. Y todo mientras Pedro Sánchez presume de “capacidad de respuesta” de su gabinete frente a las múltiples crisis que ha tenido que enfrentar. Su receta, hoy, es “hacer lo contrario de lo que hizo el PP ante la gran recesión, que fue socializar pérdidas mientras se forraban los de arriba”. 

El Gobierno trabaja aún en las medidas a adoptar, pero se da por descontada una nueva rebaja fiscal en la energía para los sectores más afectados, como el agroalimentario y el de los transportes. La respuesta incluirá medidas estructurales para profundizar en la electrificación del sistema productivo y reducir la dependencia del petróleo, además de otras coyunturales para paliar los efectos del aumento de los precios entre los más vulnerables. Lo que no se contemplan son rebajas en el IVA de los alimentos ni ayudas directas al consumo de gasolina para los particulares. 

Y es que, a diferencia de hace cuatro años, cuando la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria, la respuesta pública será más limitada. Y no solo porque el impacto, de momento, no es tan fuerte como entonces, sino porque el margen de maniobra en términos fiscales se reduce. El contexto es distinto y Bruselas asegura que no se dan las condiciones de una recesión económica, lo que no impide en todo caso que si la guerra se prolonga en el tiempo y se agrava la situación, se implementen nuevas medidas.

Lo que se espera en este primer decreto no tiene nada que ver con el escudo desplegado en 2022, cuando se aprobó una batería de iniciativas que abarcaba desde la bonificación de los carburantes hasta la rebaja del IVA de los alimentos y la energía. Aquellas, que se sumaron a otras en vigor que se pusieron en marcha durante la pandemia, tuvieron un impacto en las arcas públicas de 38.400 millones de euros, incluidas las rebajas fiscales que el PP niega que se hayan adoptado.  

Nada como la hemeroteca y la calculadora para refrescar la memoria:

📌 La reducción, aprobada por el Gobierno en el IVA de la electricidad y los alimentos durante la invasión de Ucrania comportó un ahorro de más de 25.000 millones de euros.

📌 Solo el primer paquete de medidas por la crisis inflacionaria, en marzo del 2022, supuso 6.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas.

📌 El Gobierno redujo el IVA de la electricidad del 21% al 10%, el Impuesto de la Electricidad del 5% al mínimo permitido por la UE del 0,5% y suspendió el impuesto del 7% a la generación eléctrica, creado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

📌 En junio del 2022, el IVA de la luz bajó al 5%, con un ahorro adicional de 3.600 millones de euros para el segundo semestre del año. En octubre, el IVA del gas natural bajó del 21% al 5%.

📌 El 1 de enero de 2023, se rebajó el IVA de los alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) del 4% al 0%. Y para aceites y pasta, del 10% al 5%.

📌 En julio del 2024, se fijó un IVA del 0% para el aceite de oliva. Junto a los alimentos básicos, pasó al 2% desde octubre y recuperó el tipo normal del 4% en enero de 2025.  

📌 En los últimos cuatro años, se ha rebajado el IRPF para garantizar que los trabajadores que cobran el SMI estén exentos de tributación, lo que ha supuesto para casi 10 millones de contribuyentes un ahorro de 11.160 millones de euros.

Pues eso: para la derecha, haya guerra o haya paz, la solución a todo es bajar impuestos, aunque cuando gobierna los aumente sin complejos.

Toca hablar de odio. Porque el Gobierno ha anunciado una herramienta con la que rastrear la huella de los discursos de la abominación en las redes sociales. Porque la derecha se ha mofado de ella. Porque acabamos de recordar los trágicos atentados del 11M de hace 22 años. Porque el día de tan terrible efeméride, de repente, se abrió el telón y aparecieron Aznar y Mayor Oreja —¿qué puede salir mal?—. Porque conviene no olvidar las mentiras del Gobierno de entonces durante los días que transcurrieron entre los atentados y las elecciones generales. Y porque allí empezó todo: la negación de la verdad, los bulos, la deshumanización del contrario y lo que hoy conocemos como el discurso del odio.

De aquellos polvos…. ¿Recuerdas? Un falso relato construido por la derecha y sus medios de referencia. Primero para ocultar la verdad sobre la autoría de los atentados con intención de manipular al electorado. Después, una campaña feroz con la que deslegitimar el resultado de las urnas que dio la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Mucho más tarde, llegaron las fake news, los bulos, los negacionistas, los pseudo medios, la fachosfera y el odio por encima de todo. Aquel 11 de marzo de 2004 fue el primer gran ensayo de lo que hoy padecemos. En la política, en los medios, en las redes sociales y en la conversación pública. 

Y, pese a todo, algunos protagonistas de aquel infame engaño aún reivindican el uso ilegal de la fuerza bruta como solución a los problemas. Aznar, el primero. El del apoyo a la guerra de Irak, el de las armas de destrucción masiva, el de “ha sido ETA”, el de las mentiras deliberadas tras la masacre y el que nunca pidió perdón por el engaño masivo, sale de nuevo a escena para legitimar otra invasión y certificar la defunción del orden internacional.

“Vivimos un cambio de era, no una era de cambio, sino un cambio de era en el que el orden internacional que hemos vivido hasta ahora se ha terminado. Se ha terminado, el viejo mundo se ha acabado. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales. Y un país como España debería estar al lado de los aliados, y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios”. 

Son palabras del expresidente sobre la guerra en Irán desatada por los EEUU e Israel y sobre la negativa del Gobierno español a Trump para el uso de las bases de Rota y Morón.Y las ha pronunciado justo ahora, cuando entre los pliegues de la memoria colectiva aún asoma el dolor por los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos en los atentados yihadistas del 11M que siguieron a aquella guerra ilegal. Si lo que pretende es expulsar aquel odio con más odio cuenta con el apoyo decidido de quien fuera uno de sus ministros de Interior y principal impulsor de la teoría de la conspiración sobre el 11M. Jaime Mayor Oreja ha escrito Una verdad incómoda: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), donde insiste en que ETA “al menos” conocía que se iban a cometer los atentados de 2004 y desliza, sin prueba alguna, la participación del “Estado profundo” de Francia. Dos décadas después, los mismos embustes, el mismo odio y los mismos constructores de relatos alternativos.

Vindicar en el aniversario del 11M otra guerra ilegal o defender las teorías de la conspiración como hacen Aznar y Mayor Oreja es una dosis de recuerdo sobre hasta dónde es capaz de llegar la derecha para mantener el poder, deslegitimar al adversario, manipular a la opinión pública o esparcir aversión. De ahí la airada reacción de los populares y sus bots a la decisión del Gobierno de Sánchez de poner en marcha un medidor de la polarización en redes sociales. 

Se llama Huella del Odio y Polarización (HODIO) y es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) que medirá y analizará la presencia de discurso de odio y polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. El objetivo es generar un ranking público y transparente que permita comparar el nivel de exposición al odio entre plataformas. España se convierte así en el primer país europeo en implementar un sistema de medición sistemática de estas características. Sin embargo, las derechas no solo se mofan, sino que además no encuentran motivo para poner freno al odio que se cultiva y se promueve desde las redes. Será porque es un hábitat que dominan con soltura. Basta con echar un vistazo a sus cuentas oficiales en X, a las de su sincronizada de guardia o a las de sus altavoces habituales, donde el insulto, la manipulación, la deshumanización, el bulo y el escarnio campan a sus anchas. 

Y eso que las cifras hielan la sangre: 

HODIO hará que estas diferencias sean públicas y comparables de forma sistemática. Pero, además de visibilizar el problema como pretende esta herramienta, en algún momento habrá que romper este ciclo del odio que en España empezó con aquel 11M desde el Gobierno y sus terminales mediáticas y hoy se fabrica, cultiva y promueve en las redes sociales, donde la violencia verbal es alarmante.

Sin duda, hace falta regulación y no porque lo diga o crea Sánchez, sino porque en Europa ya hay un consenso generalizado, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores en el espacio digital. En Naciones Unidas también se aprobó el pasado septiembre una resolución para crear el primer panel de la historia que discutirá sobre la Inteligencia Artificial en lo que se entiende que será un primer paso para su regulación. 

La toxicidad en la palabra no es libertad de expresión es una seria amenaza para la convivencia de la que se benefician no solo los tecno oligarcas, sino también aquellos que son incapaces de convencer a la ciudadanía de la bondad de sus proyectos políticos salvo desde la mentira, el insulto, el odio al diferente y la manipulación, como acostumbran algunos políticos. 

¿La última? La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, a quien seguro no se conoce ni por su gestión ni por su pensamiento político, pero sí por difundir este miércoles un vídeo falso hecho con IA en el que se escucha al ministro Óscar Puente llamar “retrasada” a Isabel Díaz Ayuso en un montaje de una entrevista en TVE. Si lo que pretendía era hacer méritos con una ingeniosa descalificación sobre la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno, lo que logró fue el bochorno de propios y extraños, además de la difusión de una trola de tamaño considerable. Así andamos.

Trump y Netanyahu han decidido arrastrar al mundo a una nueva espiral de violencia. Pedro Sánchez ha plantado cara y negado ayuda logística desde las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán. El “matón de patio de colegio” (Felipe González, dixit) amenaza con cortar todo el comercio con España por su falta de colaboración. Y, aquí, los patriotas de hojalata, los que dicen amar a la nación sobre todas las cosas y los que llevan a gala la rojigualda en la muñeca, lejos de defender el interés nacional, se han lanzado a la yugular del Gobierno. Nada nuevo bajo el sol.

Lo de siempre: el odio a Sánchez por delante de la verdad, del interés nacional, de la seguridad global, del derecho internacional y de las vidas humanas. No han aprendido nada ni entendido tampoco que esto no va del presidente del Gobierno, ni de sus intereses partidarios, ni de un relato con el que Sánchez pueda agotar el mandato. Lo que está en juego es mucho más que eso: es la base de la democracia, de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los cimientos del deseo mundial de paz sobre los que se construyó Naciones Unidas, tras la devastación de la II Guerra Mundial.

Que Vox se iba a alinear con el inquilino de la Casa Blanca, después de su última bravata con España, se daba por descontado porque Abascal es el elegido de Trump en España para debilitar a Europa, pero que el PP de Feijóo haya sido capaz alinearse con el presidente de los EEUU y la violación del derecho internacional, como hizo Aznar con Bush en 2003, es sencillamente execrable. Llamar “irresponsable” a Sánchez, y no a Trump o Netanyahu, no es solo un signo de sumisión hacia quienes han decidido sustituir la diplomacia por las bombas, sino una demostración de que el líder del PP no ha aprendido nada ni tiene tampoco quien le ilustre sobre asuntos nucleares. Ni sobre Derecho Internacional, ni sobre el sentimiento antibelicista que define a los españoles a los que pretende gobernar, ni sobre los errores cometidos por sus correligionarios y sus consecuencias en tiempos no tan recientes pero, en absoluto, remotos.

“Tú y tu maldita guerra” es una frase que está grabada en la memoria colectiva de los populares y que, según testigos presenciales, constituyó el lamento con el que Mariano Rajoy se dirigió a José María Aznar la noche del 14 de marzo de 2004 en la que el candidato popular perdió unas elecciones generales tras su apoyo incondicional a Bush en la guerra de Irak. Pero por si el presidente del PP, igual que le ocurre en materia de política internacional, carece también de asesores que le informen sobre el latido de la sociedad, ahí van unos datos que pueden refrescarle la memoria sobre lo que piensan los españoles respecto a conflictos bélicos anteriores:

Opinión pública 2003-2026: Más del 90% de los españoles se declaraba en contra de una intervención militar en Irak en febrero de 2003, tan solo un mes antes de la operación militar que marcó el inicio de la guerra para derrocar a Sadam Huseín sin el respaldo explícito de la ONU. 

Un 93% rechazaba que España participara en un ataque unilateral, e incluso el 65% era contrario a la participación española aunque la operación militar hubiera tenido el aval de Naciones Unidas. Tan Solo un 7% apoyaba un ataque incondicional contra Irak.

Poco han cambiado los datos desde entonces porque en la opinión pública del 2026, el 85% de los españoles está, sí, a favor de que exista una política común europea de defensa (Eurobarómetro, otoño de 2025). El 68% apoyaría la creación de un ejército europeo (CIS, marzo de 2025), pero priorizan el gasto en empleo (37%), sanidad (30%), inmigración (30%), economía (25%) y educación (24%). Todas por encima de la inversión en defensa, que ocupa el sexto lugar, con solo un 21% de menciones (Eurobarómetro otoño de 2025).  

España, en resumen, se encuentra entre los países con mayor preocupación ante escenarios catastróficos. De hecho, al 76% le inquieta el uso de armas nucleares y al 73%, una tercera guerra mundial. Seis de cada diez españoles está muy o bastante preocupado por la guerra en Oriente Próximo y ocho de cada diez considera que los gobiernos deberían gastar menos en armas y más en cooperación internacional (Manos Unidas, diciembre 2025).

¿Le interesa a Feijóo lo que opinan los españoles?

Seis de cada diez creen que la política exterior de la actual administración norteamericana se podría definir como la recolonización y depredación de recursos (Le Grand Continent, enero 2026). El 63% considera que es mala para la paz en el mundo y para España, un 66%. (European Council on Foreign relations, mayo 25)

Trump, de hecho, es para los españoles un enemigo de España (Le Grand Continent, marzo 2025). Lo cree así un 96% de los votantes de Sumar y un 81% de los del PSOE, pero también un 39% de los del PP y un 29% de los de Vox. Para la mayoría de los españoles, el inquilino de la Casa Blanca invadió y secuestró a Maduro en enero pasado para controlar el petróleo venezolano (68%) mientras que solo un 13% cree que lo hizo para promover la democracia. El 62% cree que Trump puso en peligro la paz mundial (CIS, enero de 2026).

Sobre los ataques de Israel a Irán. De hecho, justo antes de la intervención del pasado sábado sobre Irán, 2 de cada 3 españoles ya mostraba su preocupación por un posible conflicto en Oriente Próximo, aunque mucho más en la franja ideológica de la izquierda (84% Sumar y 79% PSOE) que en la de la derecha (58% PP y 36% Vox).

Si algo demuestran los datos es que el electorado del PP no es ajeno a la convulsión global que ha provocado Trump, ni indiferente a los conflictos bélicos, ni complaciente con la vulneración de la legalidad internacional. Porcentajes todos ellos que, lejos de frenar el retroceso en la tendencia de voto al PP, podría agudizarse y, en esta ocasión, no necesariamente a favor de Vox, cuyos votantes no son unánimemente partidarios de las guerras ilegales ni de las bravuconadas de Trump. Tampoco está escrito que la situación internacional y la amenaza de Trump vayan a revertir el descrédito que acumula Sánchez tras siete años de gobierno y aunque la izquierda haya encontrado esta vez en la bandera y el interés nacional un relato con el que desperezar a los españoles desencantados con el Gobierno, además de una dosis de recuerdo del coste económico para España que dejó la guerra de Irak y que, según datos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y del Ministerio de Defensa, sumó más de 1.100 millones de euros.

El coste económico de la guerra. Únicamente la participación militar en la Operación Libertad Iraquí -que tuvo su principal exponente en el despliegue de la Brigada Plus Ultra, con 1.300 efectivos, en las ciudades de Diwaniya y Nayaf, hasta que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenó su retirada, en abril de 2004- costó 259,5 millones de euros. El Gobierno del PP fue además el anfitrión de la Conferencia de Donantes para Irak, celebrada en Madrid en octubre de 2003, en la que se comprometió a aportar 300 millones de dólares, convirtiéndose así en el sexto país donante, después de EEUU, Japón, Arabia Saudí, Kuwait y el Reino Unido. Un montante al que hay que sumar otros 764 millones de dólares de deuda iraquí condonada por España.

1.000 muertos en atentados yihadistas. Esto sin entrar en detalles sobre las pérdidas humanas -9 militares españoles murieron y 18 resultaron heridos en el transcurso de la misión- y el vínculo de aquella maldita guerra con el terrorismo yihadista en toda Europa donde se registraron atentados de gran escala que se llevaron por delante la vida de más de 1.000 personas. En Madrid, en Londres, en París, en Bruselas, en Niza, en Berlín o en Barcelona.

Bulos, de desinformación, de mentiras y de manipulación. Esta vez en el marco del 23F y con motivo de la desclasificación de los papeles secretos del golpe. Porque más allá del protagonismo del entonces jefe del Estado sobre el que seguirá habiendo dudas razonables, de las llamadas de la mujer de Tejero el día del golpe, de la participación de los servicios de inteligencia o de las órdenes de “tirar a matar” que recibió la unidad militar que tomó TVE, hay documentos reveladores sobre la obsesión por el control de la información, la difusión de propaganda, las noticias publicadas y la preocupación por que imperase el “mercado negro del rumor”.

Y es que antes de que Pedro Sánchez hiciera suyo el concepto que popularizó Umberto Eco en su novela Número Cero como un mecanismo de intoxicación informativa para dañar al adversario mediante la difusión de sospechas o noticias falsas o manipuladas, la máquina del fango ya operaba en el 23F. Y eso que en los 80 del siglo pasado aún no existían ni los pseudo medios, ni los agitadores, ni los profesionales del bulo que hoy tienen especial protagonismo en la conversación pública. Lo que sí había, como hoy, era una extrema derecha dispuesta a acabar con la democracia y a difundir para lograr su propósito todo tipo de bulos, término que ya se empleó en un documento fechado el 25 de febrero de 1982 y firmado por José Saura, en el que el Ejército se conjura para mantener la disciplina y evitar ser manipulado.

“El ambiente en los cuarteles -reza en el documento secreto ahora hecho público- se está enrareciendo. Habría que hacer algo para disiparlo o, por lo menos, contenerlo. Las reuniones masivas son siempre malas, porque es la ocasión de los timoratos. Pero, en milicia lo más eficaz es la línea de mando. Por eso creo que se podrían realizar dos tipos de acciones: reuniones sucesivas de los distintos niveles de mando; es decir, el Capitán General de cada Región reúne a los Generales que tiene a sus órdenes a los que les da las siguientes instrucciones (...)”

“Hay sectores sociales que intentan manipular a las FAS con propósitos inconfesables. Los militares debemos estar atentos y comportarnos de acuerdo con lo que puede ser mejor para España y no para unos grupos minoritarios (...) La disciplina debe ser norma prioritaria en estos momentos, exigiendo de los inferiores un comportamiento digno, evitando las murmuraciones y cortando de raíz los bulos y rumores que, desde posiciones interesadas, se difunden de modo continuado”.

Jaque mate a la Monarquía. Igual que en el Ejército, en el Partido Comunista de España también inquietó una campaña de desinformación contra el rey, según consta en una nota escrita de la Dirección de la Policía Nacional. El papel, sin fecha, señala que “en el seno del Partido después del 23 de febrero, han tenido lugar una serie de reflexiones sobre el momento actual por parte de los teóricos del mismo, quienes exponen en una nota confidencial al secretario general, el peligro ”que supone dejar a la extrema derecha que impere en el mercado negro del rumor y lo más grave, incidir en la supuesta implicación“ del monarca en el golpe.

“La extrema derecha -añade el documento- quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática. Se deduce que existe un jaque mate a la Monarquía, planteado por la extrema derecha, un jaque mate del que ya no puede volverse atrás”. Algo muy parecido a la ofensiva que en estos tiempos la ultraderecha de Vox ha emprendido contra Felipe VI, al que desde las redes sociales han llegado a apodar Felpudo VI.

Propaganda a favor del golpe en los medios. En otro documento del CNI, que habla de propaganda y manipulación, explica cómo a través de diferentes artículos en prensa se justificaba el golpe a través de una campaña atribuida a la extrema derecha: “Existe una campaña propagandística para confundir a los cuadros de mando del ejército, un motivo de la vista de la causa 2/81 sobre los sucesos del 23 de febrero. Se ajusta a unos planes ideados por los grupos extremistas de distinto signo. Sus objetivos son los de crear irritación y desconfianza entre los miembros de las FAS a fin de que la confusión logre dividir al ejército y en consecuencia debilitarlo y descoordinarlo. Para lograr estos propósitos, esos grupos extremistas utilizan distintos procedimientos, desde la pintada al reparto, siendo el uso generalizado la carta anónima o el nombre falso”.

El informe explica que la publicación en algunos periódicos de la época de algunas cartas obligó a la Oficina de Información del Ministerio de Defensa a advertir a los medios de comunicación para que no diesen difusión a simples escritos firmados por militares, hasta haber comprobado la veracidad de la identidad. Y ordenaba también que los que lleguen a los acuartelamientos o domicilios particulares fueran “interceptados y destruidos para que no se cumplan los planes de difusión que desean estos grupos clandestinos, que con frecuencia se fingen miembros de las FAS y hablan en nombre de sus componentes, con el fin de provocar rumores”.

Sobre la propaganda y manipulación de la época, se ha desclasificado también otro escrito en el que los servicios secretos alertan sobre “una campaña propagandística para confundir desde grupos extremistas a los mandos del ejército”. El objetivo, según el documento, era crear “irritación y desconfianza entre los miembros de las FAS a fin de que se confundan sobre decidir el Ejército y su movimiento debilitando su credibilidad”. Para lograr su propósito, utilizaban “distintos procedimientos, desde la prensa de izquierda, siendo muy frecuentes los artículos de un tono falaz”.

Sugería el documento en cuestión que había que estudiar la forma de facilitar información a las Fuerzas Armadas sobre la intención de las defensas de “politizar” el proceso, implicando al rey, “haciéndoles ver que esto mismo es lo que pretenden los terroristas”. E insistía en la necesidad de alertar sobre la intención de los extremistas de “manipular los sentimientos” del Ejército.

Llamada a Balbín y reunión con Fernando Ónega. Proponían los autores del escrito la celebración de diferentes almuerzos con los que llamaba “barones de la prensa (comentaristas políticos como Luis A. Aguilar, Carlos Dávila, Pi, etc…) mucho más difícil y, por lo tanto, mejor preparada”. También una comida con los directivos de TVE, una llamada a “Balbín para que prepare una clave sobre Monarquía. Con ello se puede cubrir la parte más sensible de la estrategia de las defensas”. Y una reunión con “Fernando Ónega”, ya que habían fallado “Cebrián y Fernando Trueba”. 

De la obsesión por cortejar/controlar a la prensa después del golpe da buena cuenta una nota informativa del CESID sobre el desarrollo del juicio, en la que los servicios secretos informan sobre un incidente con la periodista de ABC Pilar Urbano durante la intervención de la defensa del general Milans del Bosch cuando este se refirió a los medios y “la prensa se consideró insultada”. La informadora del diario monárquico “quiso hacer un desplante y arrastrar tras ella a otros periodistas” para redactar un escrito dirigido al presidente de la Sala para “que se impidan nuevos insultos a la prensa”, lo que requirió la intervención de la Secretaría de Estado para la Información, “que hizo lo imposible para calmar los ánimos de los periodistas, si bien se encuentra sin base moral porque no ha podido agradar a los informadores de la prensa”.

45 años después, la extrema derecha sigue usando los mismos métodos con idéntico propósito, desestabilizar la democracia. Hoy los impulsores no llevan uniforme ni tienen que asaltar el Congreso porque ya se sientan dentro.

Hablamos de Isabel Díaz Ayuso. Siempre da motivos. Si no es por sus insultos a Sánchez es por sus humillaciones a Feijóo, por su populismo, por sus astracanadas, por su osadía, por los turbios negocios de su pareja, por su ático de Chamberí, por el desvío de fondos públicos al grupo Quirón, por su desprecio a las víctimas de las residencias de mayores, por su protección a presuntos acosadores, por su chulería manifiesta… 

Por todo con lo que cualquier otro dirigente político se habría ganado a pulso la crítica unánime de propios y ajenos y, sin embargo, a ella le sale gratis, unas veces por la lluvia de millones que reparte entre los medios y agitadores amigos y otras porque al actual líder del PP no le conviene el enfrentamiento con quien trituró a su antecesor en el cargo, Pablo Casado. 

Triturar es un verbo que conjugan a menudo en la Puerta del Sol. Esta vez le ha tocado el turno al consejero de Educación de su gobierno, Emilio Viciana, un gran desconocido para la opinión pública y gran parte de la publicada como el resto de su gobierno. Y es que aunque el gabinete lo integran nueve consejeros, la realidad, la cuente Agamenón o su porquero, es que todo está en manos de su jefe de gabinete, ni siquiera de la presidenta. Ahí no se toma una decisión ni se mueve un papel que antes no haya pasado por Miguel Ángel Rodríguez, la mano que mece la cuna de la política madrileña. 

Sin embargo, hay señales de que, tras años de silencio, condescendencia, blindaje político y mediático y halagos bochornosos, algo se mueve contra la inquilina de Sol. Dentro y fuera del PP se escucha el eco de un ¡basta ya! que denota el hartazgo con la madrileña. “Eso no es un partido ni un gobierno, es su chiringuito”, reconocen desde varios territorios gobernados por el PP. “Ayuso es una criatura de la nueva política del PP a quien ha devorado ya su propio personaje”, añade uno de los principales asesores del partido desde hace lustros. Y todo ello con una gestión de su región “manifiestamente mejorable, por no decir inexistente porque nada hace o dice sobre los problemas de los madrileños”, apostilla un diputado nacional.

El caso es que si hace una semana entre sus referentes del periodismo se atrevieron a llamarla trumpista por su aparición estelar en Mar-a-Lago y su decisión de otorgar la Medalla de Madrid a los EE.UU. del Trump que persigue la destrucción de Europa y vulnera los Derechos Humanos, los gritos de hastío en la calle Génova por el mismo motivo se escucharon a lo largo y ancho de toda la M-30. 

Esta semana la rebelión de sus propios cachorros ha activado todas las alarmas y marcado un punto de inflexión respecto a la baronesa que se siente y actúa con absoluta impunidad en la vida pública. El motivo: la destitución de su consejero Viciana y la inmediata renuncia de tres diputados y dos altos cargos del Departamento de Educación, tras la decisión de Ayuso de apartar a uno de los llamados “pocholos” del que hasta ahora era su entorno más cercano. Concretamente fueron el portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín. 

Todos formaban parte de un grupo de jóvenes sin experiencia política y de gestión a los que la presidenta incorporó a las listas electorales de 2023 con las que quiso marcar la diferencia con el viejo PP y los veteranos del partido que siempre habían conducido la política madrileña. Y todos estaban tutelados por un singular mentor, Antonio Castillo Algarra. Conocido por el alias de “Rasputín” y dedicado a las artes escénicas, la inquilina de Sol le profesaba una admiración reverencial hasta el punto de que se le había permitido tutelar en la sombra toda la política educativa y cultural de la Comunidad de Madrid.

Algarra presentaba este miércoles también su renuncia como director artístico del Ballet Español de la región tras la destitución del consejero de Educación, y cargaba en sus redes sociales contra los medios que escriben al dictado de Miguel Ángel Rodríguez para achacar a la falta de experiencia política la destitución de Viciana. El idilio con Rasputín y sus discípulos ha acabado y nadie sabe hasta dónde escalará esta crisis/incendio que se atribuye, como todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez, polémico jefe de gabinete y autor intelectual de todas las decisiones y argumentarios de Ayuso.

De lo que no hay duda es de que en cualquier otro gobierno, regional, local o nacional, esta desbandada hubiera escalado a todas las portadas de los diarios. Imaginen por un momento los titulares, los contenidos de las tertulias y las escaletas de los programas si Pedro Sánchez destituyera hoy a cualquiera de sus ministros y, acto seguido, un puñado de parlamentarios entregara sus actas de diputado o le dimitiera media docena de altos cargos. El caso de Ayuso se ha solventado sin más con un “destituido por falta de experiencia y dilación en la toma de decisiones”, un par de breves en los diarios más entregados al ayusismo y unas colas en los informativos de teleayuso.

El incendio provocado por pocholos y rasputines pone en todo caso de manifiesto los criterios de selección seguidos por Ayuso para la configuración de equipos, entre los que nunca se primó ni la trayectoria académica, ni la experiencia de gestión, ni la vocación de servicio público, sino más bien el culto al líder, la obediencia ciega, la ausencia absoluta de criterio. Pero también subyace tras todo ello que algo se está moviendo y que la baronesa de Sol ya no tiene bula para hacer y deshacer a su antojo sin que nadie rechiste.

No hay quien se trague el relato oficial de que la destitución que ha provocado la crisis se debe solo a la incapacidad del consejero de acordar el nuevo modelo de financiación para las universidades. Lo que sobrevuela es una guerra de familias en el PP madrileño que hasta ahora presumía de cohesión interna. De un lado, el núcleo duro de la presidenta que encabeza el locuaz Alfonso Serrano, a quien el viejo PP no reconoce en el papel de siervo/esclavo de la presidenta. De otro, los alineados con Génova. Y en medio, los “pocholos” tutelados por el mencionado Rasputín, que llegaron a las listas de Madrid creyéndose jóvenes promesas, pero olvidaron pronto quien les puso ahí.

Es cierto que el control férreo tanto del gobierno como del partido por parte de Ayuso/Rodríguez/Serrano no admite ni versos libres ni desobediencias, por lo que cualquier movimiento con intención de dar batalla contra la actual dirección estaría condenado al fracaso. Pero también que es la primera vez que la lideresa se enfrenta a una rebelión en sus propias filas y que algunos de sus referentes mediáticos se han salido del carril habitual del elogio y ensalzamiento permanente. 

La deserción de fieles es un fenómeno que hasta en los regímenes totalitarios se considera señal inequívoca de fisuras profundas, que al gobernante ya no le basta con mantener el control mediante el miedo o la amenaza y que la arrogancia a veces es el preludio de caídas estrepitosas. Pues eso.

Hablamos de Ilustración. De lo que aportó el Siglo de las Luces a la sociedad moderna. Del contraste entre lo que buscó iluminar la mente humana con la luz del pensamiento crítico frente a la oscuridad de los dogmas. De la diferencia entre el pluralismo y la autoridad sustentada en la tradición. De la primacía de la razón y el debate constructivo sobre la descalificación. De lo que implica argumentar con lógica en lugar del ataque emocional. Del conocimiento y el intercambio de ideas frente a la difamación. De la búsqueda de la verdad. Del diálogo basado en el respeto de la dignidad humana. Y de la ausencia, claro, de todo ello en las derechas políticas. En el PP y en Vox, sí, porque ya no hay distingo. Feijóo ha sucumbido definitivamente al hermanamiento con Abascal y sus palmeros.

Tanta moderación, tanta política para adultos, tanto partido de Estado y tanta “vía Moreno” para acabar en un reconocimiento explícito de que son lo mismo y que sus métodos, sus referentes y sus estrategias forman parte del mismo corpus político. Que Feijóo recurriera para el cierre de campaña en Aragón a Vito Quiles no fue una boutade más de los cachorros de las Nuevas Generaciones. Ni solo un intento desesperado para frenar el voto ultra. Ni un recurso puntual. La elección forma parte de una estrategia meditada y a futuro que lleva implícita una declaración de intenciones inequívoca: en adelante, más odio, más furia, más desinformación, más insulto y más acoso. 

El agitador ultra que quiere meter en la cárcel a Pedro Sánchez o colgarle de un pino forma parte ya de la nómina de ilustrados de la que se rodeó Alberto Núñez Feijóo en el último congreso nacional del PP. Miguel Tellado, Ester Muñoz, Noelia Núñez o Elías Bendodo no son precisamente hijos de la Ilustración, pero que un líder que aspira a habitar La Moncloa recurra a un joven siniestro que se dedica a denigrar a políticos y periodistas que no están en la órbita ultra y se arrastra por el fango como una serpiente es un claro reconocimiento de lo poco que le importa la convivencia y la democracia, y de hasta dónde está dispuesto a llegar para alcanzar el Gobierno. Sin duda, a lo que dicte Abascal, que tampoco es un referente del siglo de Las Luces, pero sí su hermano, según relato de la popular Ester Muñoz.

Tras el auge imparable de los ultras, Feijóo ha entrado ahora en una fase de cortejo en la que ya no marca diferencias con Vox, sino que prefiere destacar las similitudes. En realidad, siempre fueron más las cosas que les unen que las que les separan. “Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo tres. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos”, ha afirmado Muñoz. Lo que no explicó fue de qué tipo, si biológicos, medio hermanos, hermanastros o adoptivos. Porque los hay que, aun compartiendo lazos o no sanguíneos, rompen la relación por lo sano cuando las diferencias o los agravios son imperdonables.

La historia del vínculo fraterno entre Feijóo y Abascal ha tenido, en todo caso, distintas fases y varios giros de guion. El PP ha pasado de afirmar con rotundidad que no pactará con la ultraderecha, a abrirles las puertas de los gobiernos autonómicos, a negarles de nuevo cuando rompieron las alianzas y, ahora, a tratarlos de igual a igual para preparar la pista de aterrizaje de un posible gobierno de coalición en España en 2027 si suman mayoría absoluta en el Parlamento.

Ya no les importa, en absoluto, que la hemeroteca les saque los colores. “No habrá un gobierno del PP con ministros de Vox”, llegó a afirmar en el pasado quien esta misma semana anteponía la fratría para justificar lo contrario. Y lo mismo le ocurre a Feijóo. “Es evidente que yo no quiero gobernar con Vox y lo he dicho mil veces”, decía en una entrevista de noviembre de 2023 aunque en julio del mismo año sostenía que “si necesitamos el sí de Vox, lo lógico es que forme parte del Gobierno”.

“A veces es mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo” fue otra frase memorable de Feijóo con la que se negaba a sí mismo, pero que quedó en agua de borrajas cuando, tras las autonómicas de 2023, Mazón y Guardiola metieron a la ultraderecha en sus respectivos gobiernos de Valencia y Extremadura, como meses antes ya había hecho, el castellanoleonés Fernández Mañueco.

Cuando defendían juntos, pero no revueltos

Después de aquello, el PP insistió una y otra vez en que el “compromiso” de Feijóo es gobernar en solitario, pese a que en las comunidades autónomas, en cambio, defendía que los suyos pactaran con Vox y que, en todo caso, no era partidario de ningún cordón sanitario. Una especie de juntos, pero no revueltos porque la ultraderecha, justificaban, “es la tercera fuerza política de nuestro país, y merece todo nuestro respeto”. Luego, eso sí, Tellado negaba la mayor para aclarar que si Vox les exigiera entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo, preferirían ir a una repetición electoral. 

El caso es que la salida al laberinto de más de tres años de declaraciones y decisiones contradictorias parece haber llegado con el resultado de las elecciones de Aragón, donde el PP, lejos de aumentar su mayoría, ha retrocedido dos escaños y Vox duplicado los que tenía. Y con ello, Feijóo ha vuelto al capítulo anterior al que llamaba a Abascal “opositor de tumbona”. Su análisis es que “la gente quiere que haya un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta” y que “hay que poner a trabajar el voto del cabreo para solucionar los problemas de la gente y la mejora de la convivencia. 

Meter en el mismo sintagma a Vox y tolerancia es un oxímoron y es tomar a los ciudadanos por imbéciles, pero, como ha reconocido la ilustrada Muñoz, “la mayoría de los españoles confía en la derecha para cambiar España y hay que aprovechar esa oportunidad para no defraudar”. Y si la izquierda ya se está activando para unirse, todos los que están a la derecha de Sánchez “tenemos una oportunidad y no podemos cometer errores”. Tellado se manifestó en los mismos términos para que entre hermanos garanticen la gobernabilidad en Extremadura, en Aragón y en España, cuando toque.

Otra cosa es que la otra parte, en lo que respecta a las comunidades autónomas esté por la labor y haya planteado exigencias inasumibles porque la ultraderecha, lo haya interiorizado o no Feijóo, no ha llegado hasta aquí para hacer de subalterno del PP, sino para sustituirlo aprovechando esta nueva ola de impugnación al bipartidismo como la que en 2015 llevó a Ciudadanos y a Podemos al Congreso. Y así las cosas, el último giro de guion de los populares pasa por apelar a la abstención del PSOE para dejar que gobierne la lista más votada. ¿Les suena? Un viaje al pasado de 2016, el que partió al partido de Sánchez por la mitad cuando facilitó la investidura de Rajoy. Ese mismo PSOE hoy no está por la labor. Que PP y Vox quieran interpretar el papel de hermanos no significa que los socialistas acepten el de primos.

No hay minutos en el día para digerir el torrente de injurias que inundan la conversación pública. En esta España en la que partidos, periodistas y ciudadanos han adoptado las mismas salvajes formas del lejano oeste, ya hay barra libre para el ultraje y la deshumanización. La práctica está instalada en los manuales de cierta política y en algunos libros de estilo de no pocas redacciones, donde dominan con soltura los códigos de ese nuevo periodismo en el que la verdad ha dejado de importar, el dato es secundario y la obligación ya no es tanto confirmar como difamar. Y, además, con premio. Cuánto más se insulta y más se miente, más se cotiza. 

El caso es que eran pocos los abonados a la injuria, la vejación y la desinformación, que se ha sumado Elon Musk para animar el debate y entrometerse en la política nacional para dejar constancia de lo que opina de Pedro Sánchez: “Un fascista, un tirano y un traidor”. Nada que no haya salido antes por boca de los más ilustres dirigentes de Vox o el PP, además de por la de una legión de periodistas y opinadores en sincronía con la ideología de sus principales pagadores.

Al magnate multimillonario no le ha gustado nada que Pedro Sánchez haya anunciado que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a las plataformas digitales que no retiren contenidos “de odio e ilegales”. Algo que está perfectamente justificado a tenor de la basura que circula por las plataformas, por las reiteradas advertencias de los expertos sobre el uso excesivo de las redes en menores y por la legislación comparada. 

Sánchez quiere obligar a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como a crear un sistema de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” que permita establecer una “huella de odio y polarización”. Y, junto a la Fiscalía, estudiar las posibles vías legales para investigar las infracciones de empresas como Grok, TikTok e Instagram. 

España se sumaría así a la lista de países que planean que los menores no tengan acceso a las redes sociales. Australia fue pionera y en menos de un mes desde la prohibición acreditó el bloqueo de más de 4 millones de cuentas en un país en el que el 84% de los mayores de 8 años tenían perfiles en las redes sociales antes de la prohibición. En Europa, la Asamblea Nacional francesa ya dió luz verde al proyecto de ley por el que se prohíbe el acceso a las redes a los menores de 15 años y en Dinamarca, todos los partidos con representación parlamentaria apoyaron seguir los pasos de Francia, aunque todavía no se ha determinado una fecha concreta para la entrada en vigor. En el Reino Unido y Portugal también ya están en marcha medidas similares. 

Pero Musk se ha despachado a gusto contra Pedro Sánchez. Primero para llamarle “fascista” y, después, “Dirty Sánchez”, además de “tirano y traidor”, calificativos que acompaña de un emoji con forma de hez para dejar constancia del verdadero significado de la expresión que, en castellano se puede traducir como “el sucio Sánchez”, pero se refiere a una práctica sexual relacionada con la atracción de los excrementos.

Insultos, en todo caso, de la factoría Musk/Trump, que la ultraderecha y la derecha españolas han hecho propios en las redes sociales, en el Parlamento y en muchas de sus intervenciones públicas. De hecho, lejos de provocar en los dirigentes de Vox y el PP una reacción en defensa de la soberanía española, a muchos de ellos les ha faltado tiempo para seguir la senda del magnate, cuya intención última además de la cuenta de resultados de sus empresas es sin duda interferir en la política de los estados de la UE, de quien ya dijo que debía ser desmantelada. 

Y el dueño de X no es de los que se queda solo en la retórica, sino que es más de pasar a la acción, como ya demostró se dirigió a los votantes alemanes para que apoyaran a la ultraderechista AfD o atacó a los jueces italianos por bloquear el envío de inmigrantes a Albania. A nadie ha extrañado que el líder de Vox se relamiera con los vituperios de Musk a Sánchez y respondiera a todo sí y, además, añadiera “también un criminal corrupto”, con lo que se ganó el apodo de “lamebotas” que le colgó el mismísimo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. 

Mucho más inquietante ha sido la respuesta de Feijóo, que parece no inmutarse del verdadero propósito de Musk, y ha optado por la equidistancia entre el magnate y el presidente del Gobierno: “No estoy centrado en mediar en debates sobre Marte. Me preocupa mucho más Binéfar, Huesca y Aragón que estas discusiones de las redes sociales. No tengo interés en meterme en los líos en los que se mete el señor Sánchez”. 

El dueño de Tesla y la red X ha cruzado una línea peligrosa al convertirse en agitador global para apoyar movimientos de extrema derecha en Europa y más allá con el propósito de desestabilizar la situación política de los países. Sus afrentas a Sánchez son, por tanto, mucho más que los insultos que ya dominan nuestra conversación pública o periodística. Marcan un punto de inflexión en pleno ciclo electoral y representan una intromisión directa en la política interna de un país soberano. Algo que Musk ya experimentó cuando lanzó críticas feroces contra el primer ministro británico para desestabilizar al Gobierno laborista de Keir Starmer en Reino Unido desde su plataforma X, para atacar a Macron o para aupar a la ultraderecha alemana.

En la misma línea que Musk, el dueño de Telegram, Pável Dùrov, también se ha lanzado contra Pedro Sánchez a través de un mensaje masivo a todos los usuarios de este servicio para instar a los españoles a mantenerse “vigilantes”. Dùrov no necesitó del insulto, pero sí habló de un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección. Una reacción que el Gobierno de España cree insólita, además de un ejemplo de la urgente necesidad de regular las redes sociales para evitar que los tecno oligarcas extranjeros puedan inundar los teléfonos móviles de propaganda a su antojo para influir en la opinión pública de los estados.

Y, al parecer, Feijóo aún no se ha enterado de que esto no va solo de insultos, sino de alterar los equilibrios políticos y dinamitar las reglas más elementales de la democracia. 

Aunque es legítimo pensar que la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de abrir un proceso de regularización de inmigrantes ahora es un trampantojo para desviar la atención del trágico accidente de Adamuz o un enésimo intento con el que retejer los apoyos que hicieron posible su investidura, hay algo que está por encima de todo eso: el derecho a tener derechos. 

Y ante esto no caben equidistancias ni medias tintas. O se está con el modelo Trump, en el que una policía fuera de control, asesina manifestantes y participa en redadas indiscriminadas con tácticas de ocupación militar o se está por sacar de la clandestinidad a cientos de miles de personas que viven y trabajan entre nosotros, pero no tienen reconocidos sus derechos. 

Que el PSOE ha ganduleado con la decisión, que es consecuencia de una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso en 2024 con más de 600.000 firmas y el apoyo de 900 organizaciones sociales, es un hecho indubitable. Pero, en un momento en el que la ola ultra crece en cada rincón del planeta y España no es una excepción, resulta inaplazable elegir el lado de la historia en el que cada cual quiere aparecer: el de las puertas o los muros; el de la acogida o la expulsión; el de la humanización o la cosificación; el de los derechos o la represión. Sánchez ya lo ha hecho y Feijóo, también.

El presidente del Gobierno ha decidido erigirse en contraparte de Trump y todas sus políticas. Lo hizo con el reconocimiento del estado palestino en plena ofensiva de Israel sobre la Franja, en su negativa a incrementar al 5% el gasto militar, en la defensa del Derecho Internacional con motivo de la operación militar que acabó con el secuestro de Maduro en Venezuela, ante la amenaza sobre Groenlandia, en la negativa a formar parte de la mal llamada Junta de Paz y ahora con una política migratoria claramente antagónica de la del presidente de EEUU. 

A Feijóo, por su parte, no se le ha escuchado una sola palabra de condena contra las inhumanas operaciones migratorias de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que espoleados por Trump se ocultan detrás de máscaras y practican redadas indiscriminadas dejando imágenes de persecuciones, detenciones, allanamiento de residencias, separaciones de familias y asesinatos que hielan la sangre. Ha pasado en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva Orleans y, en las últimas semanas, en Minneapolis, donde el presidente de los EEUU ha llegado a animar a los agentes al uso de tácticas violentas en contra de manifestantes, como el gas lacrimógeno o las balas de pimienta.

Y, sin embargo, sí ha puesto el grito en el cielo con la regularización anunciada por el Gobierno, pese a que hace casi dos años votaron a favor de que se tramitara la iniciativa popular legislativa promovida, entre otros, por la Conferencia Episcopal Española. Para el líder del PP, ahora la regularización -la séptima que se hace en democracia- es una “cortina de humo, es inhumana y es indecente”, y Sánchez ha puesto “una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir” en España. 

Inhumano es que quienes viven y trabajan en nuestro país tengan obligaciones pero no derechos. Los extranjeros ni son ilegales ni son invisibles. Son personas que, en contra de la machacona campaña de intoxicación de las derechas, cuando adquieran el permiso de trabajo en España no podrán hacerlo en el resto de Europa y tampoco formar parte del censo electoral porque regularizar no es lo mismo que nacionalizar, aunque Ayuso y todos sus buleros de cabecera no llegaran a esa parte del temario, a pesar de que es de primero de Derecho electoral.  

Feijóo ha asumido, sin disimulo alguno, la agenda de la ultraderecha en esta materia como en otras muchas, tal y como demostró ya en la presentación de su plan para la inmigración presentado en Barcelona el pasado octubre. Un documento que resultó ser un refrito de ideas con el que competir con la extrema derecha de Abascal y con el que demostró un desconocimiento de la realidad social y económica tan palmario como preocupante en alguien que aspira a ser alternativa de Gobierno.

Aquí algunos datos, de fuentes oficiales, que es donde el CES (Consejo Económico y Social) recomienda acudir para evitar la propagación de bulos o percepciones distorsionadas y para garantizar que las políticas públicas se basen en cifras rigurosas y verificables:

– Las personas migrantes tienen una tasa de actividad mayor que la media (69% frente al 59%), según datos de la EPA.

– El Banco de España estima que en torno al 20% del crecimiento de la renta per cápita en España desde 2022 se debe a la aportación de la población extranjera. Y hasta la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha admitido que el “sólido desempeño del PIB de España se debe en gran medida a la contribución de mano de obra extranjera”.

– Ya hay más de tres millones de trabajadores extranjeros, que es el 14,2% del total y suponen el 16% del total de afiliados.

– La población migrante aporta el 10% de los ingresos a la Seguridad Social y solo representa el 1% del gasto.

– Diversos estudios de la ONU, la Comisión Europea, la Airef o el Banco de España calculan que nuestro país necesita del orden de 300.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener el Estado del Bienestar.

– Y, aunque está muy extendido el bulo de que la mayoría de extranjeros cobre el IMV, el 83% de los beneficiarios de esta prestación son españoles, en su mayoría mujeres con menores a cargo.

Conclusión: la inmigración regulada es esencial para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones. Jubilaciones a las que, por cierto, el PP también ha dicho “no” en la votación sobre su revalorización con la excusa de que en el mismo decreto el Gobierno ha incluido medidas que fomentan las “okupaciones”. Falso una vez más. Lo que se incluye es una moratoria en los desahucios que afectan a familias vulnerables, pero el miedo a Vox y el invento del término 'inquiokupación', que no es más que el impago del alquiler o el incumplimiento del contrato, pesan más que la verdad.

Sobre ello también hay datos. Aunque sea un término inventado para infundir temor en la ciudadanía y no se trate de un término jurídico reconocido, menos del 1% de las consultas que llegan a los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tienen que ver con las llamadas 'inquiokupaciones'. Es más, el éxito de las oficinas creadas por PP y Vox en distintas comunidades para denuncias sobre este asunto es irrisorio: 30 llamadas en 6 meses en Extremadura; 23 en dos años en Andalucía; dos llamadas al mes en Valencia; una en Alicante y 27 en Castilla y León desde 2023. 

Y así todo. Da igual que el debate sea la inmigración, las pensiones o la vivienda. Feijóo carece de criterio propio. Y si el influjo de Vox no termina de devorarlo, puede que lo hagan los suyos.

La cultura de la inmediatez aderezada con la teoría del caos amenazan el periodismo o lo que queda de él. Una cosa son los tiempos acelerados, los cambios en el lenguaje y las nuevas herramientas de la era digital y otra muy distinta es que todo ello se anteponga a los principios de rigor, veracidad y objetividad. Si esto además ocurre ante asuntos tan sensibles como el del accidente de ferrocarril en Adamuz que el domingo se cobró en nuestro país la vida de 43 personas, el resultado no puede ser más desolador.

El 'todo vale' vuelve a poner a cierto periodismo frente al espejo de una realidad que abochorna. Sin datos, sin conclusiones de la investigación y con algunos cadáveres aún sobre las vías de tren y ya había diarios e informadores que tenían todas las claves. Ninguna sostenida con una base sólida o irrefutable: que si los materiales de la infraestructura ferroviaria eran “low cost”; que si la falta de inversión en el mantenimiento de la red; que si la supresión de un organismo de seguridad; que si las incidencias no atendidas; que si la desatención a las quejas de los sindicatos de maquinistas… 

La responsabilidad en algunos rincones de una profesión imprescindible para vertebrar la democracia y garantizar el derecho a una información veraz ha vuelto a brillar por su ausencia en un momento, sí, en el que las víctimas reclaman explicaciones y respuestas, pero no que una tragedia se convierta en conversación especulativa de barra de bar a golpe de titulares manipulados, cábalas improvisadas o comentarios de supuestos expertos en la materia. Y esto sin entrar en las teorías conspiranoicas y la difusión de bulos.

El martilleo de los medios afines a PP y Vox sobre el “Gobierno del caos” se ha encontrado con un trágico accidente de tren que, como ya sucedió ante el apagón eléctrico de la pasada primavera, alimenta su relato sobre “un país tercermundista” donde reina el desorden, la corrupción y la incompetencia. No es un discurso inocuo, sino una parte nuclear de la estrategia de polarización y desconfianza en las instituciones con la que proyectar la imagen de un país en el que nada funciona.

El objetivo de ese marco ficcionado de desconcierto constante es que del desorden y la decadencia provocados, por supuesto, por el Gobierno de Pedro Sánchez, surja algo superador que ordene la situación y que provoque un estado de ánimo que impulse el voto a las derechas. El problema para el PP es que lo nuevo y la solución para todos los males que proyecta no es Feijóo, como demuestran todas las encuestas, sino un Vox que aún no ha tocado techo en el tablero electoral. 

En Los ingenieros del caos, Giuliano da Empoli (Anaya en 2020) ya explicaba cómo la propaganda se ha reinventado para adaptarla a la era de las redes sociales y que su objetivo ahora ya no es tanto unir a la gente en torno a un mínimo común denominador, sino inflamar las pasiones del mayor número de gente. Y añadía que para ello se necesitan dos elementos clave: la ira de ciertos sectores de la clase trabajadora, que responde a problemas sociales y económicos reales, y una potente maquinaria de comunicación al servicio de quienes quieren multiplicar el caos. Algo con lo que sin duda cuentan las derechas.

De ahí, la desinformación, el carrusel de noticias sin contrastar y la sarta de imprecisiones e hipótesis que tras el accidente de Adamuz se han leído o escuchado en los medios de comunicación alineados con la derecha política. Mientras investigadores, expertos cualificados y el propio ministro de Transportes —que se multiplica desde hace tres días para dar respuestas a todas las preguntas de los medios de comunicación— piden prudencia y apuntan a que con la información disponible aún no se pueden extraer conclusiones sobre la causa del siniestro, medios y dirigentes políticos buscan desesperadamente un relato de culpable único que tenga nombre propio. A ser posible que lleve el apellido Puente o Sánchez.

La experiencia reciente y remota muestra que las investigaciones serias sobre este tipo de siniestros no entienden de prisas. Ni políticas ni mediáticas. Solo la normativa europea exige publicar el informe final antes de doce meses y si no se llega a ese plazo, debe emitirse un avance intermedio. Es decir, incluso con presión pública o publicada, el protocolo está diseñado para que la celeridad no lleve a conclusiones precipitadas. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia en los accidentes ferroviarios más graves de Europa. De hecho, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los tiempos medios de investigación de accidentes de tren en otros estados oscilan entre los 11 y los 60 meses. Alemania: 34 meses; Dinamarca: 11; Francia: 23; Italia: 18; Suecia: 13; Suiza: 16; Dinamarca: 27 y Alemania hasta 60.

A continuación, algunos ejemplos: 

Eschede (Alemania), 1998. Un tren de alta velocidad (ICE) descarriló y colisionó contra un viaducto provocando 101 muertos y 88 heridos. La causa se debió a la fatiga de una rueda y un fallo técnico. La investigación se inició inmediatamente tras el accidente y los informes iniciales técnicos se publicaron en los meses siguientes. El proceso judicial no finalizó hasta 2003.

Tempi (Grecia), 2023. Una colisión frontal entre trenes de pasajeros y mercancías dejó 57 muertos, alrededor de 180 heridos debido a un error humano y una infraestructura obsoleta. Hasta 2025, dos años después del siniestro, no se presentó el primer informe técnico mientras que el proceso judicial sigue abierto.

Angrois (Santiago de Compostela), 2013. Un Alvia descarriló por exceso de velocidad en una curva y causó 80 muertos y 145 heridos. Los informes preliminares de la investigación técnica (CIAF) se publicaron en 2014, pero la sentencia judicial no llegó hasta 2024. La Agencia Ferroviaria Europea determinó tres años después del siniestro que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «no aseguró la independencia de la investigación» del descarrilamiento del tren de Angrois y que en ella no se abordaron «elementos clave». Bruselas defendió que la actuación de la CIAF, dependiente del Ministerio de Fomento, no profundizó en cuestiones como la falta de multitud de análisis sobre la línea, seguridad y el porqué de decisiones tomadas que infringieron claramente la directiva de seguridad europea respecto a la investigación del accidente.

Chinchilla (Albacete), 2003.  Se produjo una colisión frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías con 19 muertos y 38 heridos debido a una aproximación a vía única sin coordinación adecuada. Los informes técnicos sobre causas y seguridad operativa existieron casi de inmediato tras el accidente, pero la sentencia judicial no llegaría hasta 2006. 

Valencia, julio de 2006. Un tren de metro que viajaba a velocidad excesiva se estrelló en un túnel subterráneo matando a 43 personas e hiriendo a muchas más. Se tardaron 13 años en que un tribunal encontrara culpables de homicidio negligente a cuatro gerentes del sistema de metro de la ciudad por no tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la tragedia.

Con Adamuz, la experiencia y la prudencia recomiendan comprender antes de señalar causas o responsables porque si algo han enseñado ya las grandes catástrofes ferroviarias es que el progreso en seguridad, aseguran los expertos, no nace del análisis más rápido, sino de las evidencias más pacientes. Y esas evidencias no parecen fáciles de apreciar.

Si hoy es jueves, hablamos de justicia y de dos velocidades. De normas no escritas. De tiempos procesales. De casualidades o causalidades. De intenciones o de azar. Y, por una cuestión de rabiosa actualidad, es inevitable empezar con el caso González Amador, más conocido como Alberto Quirón.

Hablamos, no te olvides, de un “ciudadano particular” que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un ático comprado tras defraudar 350.000 euros a Hacienda después de pegar un pelotazo con la venta de mascarillas durante la pandemia. Más señas: del técnico sanitario que, tras comenzar su relación con la lideresa del PP, se convirtió en empresario de éxito y para el que el fiscal y la Abogacía del Estado solicitan penas de hasta tres años y nueve meses de cárcel mientras que las acusaciones populares elevan esa petición hasta cinco años de prisión.

Este miércoles hemos sabido que el hombre que envenena los sueños de Isabel Díaz Ayuso no se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal antes de mediados de 2027. Aún se desconoce la fecha concreta, pero no será en ningún caso, dentro de no menos de año y medio en el mejor de los casos y nunca antes de que se celebren las autonómicas de mayo de 2026, a las que Ayuso se presentará para la reelección. 

El primero en reaccionar a la fecha del juicio ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con la publicación de un mensaje en X en el que ironiza con la “rara dictadura en la que vive esta gente”, en alusión a los entornos del PP y Ayuso. “Mordidas para todos y juicios a la carta”, ha escrito el republicano. Pero, el PSOE y Más Madrid tampoco lo han pasado por alto. La socialista Pilar Sánchez Acera se ha burlado de la decisión porque sostiene que o bien “las cosas de palacio van despacio” o que “quien tiene padrino (madrina), se bautiza”. Y la portavoz de MM, Manuela Bergerot, ha escrito en tono jocoso en sus redes sociales: “¡Qué casualidad, no vaya a ser que Ayuso pase la campaña electoral con el novio en la cárcel!”.

Lo cierto es que siempre existió una norma no escrita por la que habitualmente el Poder Judicial solía ser muy estricto a la hora de que sus decisiones no interfieran en periodos electorales y, aunque este caso afecta a un “ciudadano particular”, es obvia la trascendencia política de un juicio como este y la repercusión que podría tener en la campaña electoral de Madrid. Así que estaríamos ante una decisión acorde a esa histórica conjura de togados para que sus decisiones no se crucen con intereses políticos de los partidos.

Claro que eso era antes, cuando la derecha no sólo vivía de las decisiones de los tribunales y la oposición al Gobierno se ejercía solo en el marco de la política, y no de la justicia. Con Pedro Sánchez en el Gobierno todo ha cambiado y los tiempos, las actuaciones y hasta algunos escritos han estado acompasados a lo que demandan determinados intereses políticos de tal modo que los partidos han extendido a los tribunales la contienda partidista.

La fecha prevista para el juicio abierto contra González Amador no hubiera sorprendido si los procedimientos judiciales que afectan a exdirigentes del PSOE o del entorno del presidente del Gobierno tuvieran tiempos similares. Pero ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene previsto juzgar a José Luis Ábalos en este primer trimestre de 2026, entre las campañas electorales de Aragón y Castilla y León. Aquí no hay conjura que valga, si bien es cierto que en el Supremo apenas se investigan o juzgan casos y los que se celebran, al ser excepcionales, se fijan con mayor celeridad. Por el contrario, los juzgados de lo penal de Madrid afrontan una histórica sobrecarga de trabajo y sus plazos son mucho más dilatados.

En todo caso, está también el ejemplo que afecta a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, cuyo juicio por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz se ha retrasado más de tres meses, según lo previsto inicialmente. La Audiencia Provincial de Badajoz ha comunicado que se pospone hasta el 28 de mayo de 2026 el inicio de la vista oral contra el familiar del presidente del Gobierno, cuyo arranque se había programado inicialmente para el 9 de febrero. El cambio está justificado en la petición de aplazamiento de algunos letrados, a quienes la vista oral les coincidía con otros procedimientos “señalados anteriormente”. Lo que nada tiene que ver con los abogados es que, casualmente, el juicio coincidirá con la campaña de las elecciones de Andalucía, previstas inicialmente para el mes de junio.

Las dos velocidades de la justicia son una realidad inapelable, tras la que subyacen siempre intereses políticos y siempre a beneficio de la derecha. De ahí que los tiempos para ciertas investigaciones, informes o juicios orales hayan discurrido a velocidad del rayo en unos casos y en otros, se hayan demorado años e incluso lustros. El caso más palmario de los últimos tiempos ha sido el que ha condenado al ya ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Dos semanas de juicio en el Supremo y unos plazos sin precedentes mientras por ejemplo los casos Lezo y Montoro, que afectan a ex altos cargos del Partido Popular, siguen aun sin ser juzgados, diez años después de haberse producido los hechos delictivos y no pocas trabas judiciales. Y, luego, se preguntarán por qué el desprestigio de la justicia.

Otra vez Trump. Otra vez una nueva patada a la legalidad. Y otra vez, aquí en España, un PP desnortado y con el paso cambiado ante el expansionismo del inquilino de la Casa Blanca, quien horas después de la operación militar durante la que secuestró en Venezuela a Nicolás Maduro, ya tiene en Groenlandia su próximo objetivo.

El mundo se derrumba y Feijóo se queda sin marco porque el foco informativo ha girado inexorablemente. Con Venezuela se quiebra la estrategia informativa de los de Génova. Koldo, Ábalos, Cerdán, Leyre y la concertada campaña de acoso y derribo de la derecha mediática y política han saltado por los aires. No hay otra que mirar, no ya sobre lo que está por venir, sino sobre lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y ya no es Sánchez el que mete miedo ante la llegada de la ultraderecha, es una realidad que nos aplasta y que nos deja un panorama inquietante en el que se opera desde la fuerza y no desde la legalidad. Y aun así el ataque golpista de Estados Unidos sobre Venezuela fue recibido con entusiasmo por la derecha española, que no tardó ni 24 horas en ensalzar “sin ambages” la operación ilegal para capturar a Maduro y juzgarlo por una supuesta “conspiración para el narcoterrorismo”. Un fervor que, horas después, tornaba en desconcierto cuando Trump negó toda legitimidad a la laureada María Corina Machado para llevar las riendas de la transición y aupó al mando a Delcy Rodríguez, en una demostración de que ni la intervención de EE.UU. era una victoria para la oposición ni la captura de Maduro era el final del chavismo como había proclamado la derecha española.

A Feijóo le va a pasar con Venezuela y la vulneración del derecho internacional lo mismo que con Gaza y el genocidio, que quedará atrapado en el laberinto de sus propias palabras. Y cuando se disponga a encontrar una salida alineada con la del resto del mundo sobre el golpe de Trump, saldrá Ayuso a corregirlo como hizo el día que se fotografió con el equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España.

De nuevo, estamos ante un PP sin rumbo frente a un Pedro Sánchez que se presenta como antagonista del capo norteamericano y de ese nuevo orden global en el que ya impera la ley de la selva. El presidente del Gobierno no solo trata de marcar otra vez perfil propio en la UE, sino que además se ofrece como puente entre la oposición venezolana y el gobierno de Delcy Rodríguez ante la incapacidad de Bruselas para plantar cara a un Trump cuyo próximo propósito es apoderarse de Groenlandia. Una amenaza que para la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, hay que tomarse muy en serio.

En La Moncloa están seguros de que el tablero ha cambiado y que los españoles siguen con más detenimiento lo que pasa en el mundo que la agenda informativa que hasta enero impuso el PP con la inestimable ayuda de sus medios amigos, en los que no se hablaba de nada que no fueran los asuntos judiciales que afectan al PSOE y los casos de acoso sexual de algunos de sus dirigentes. Ni siquiera el tradicional día de la Lotería de Navidad, donde históricamente los informativos han abierto con la celebración de los premiados, hubo este año tregua en algún telediario, cuya portada volvía a ser el ex ministro José Luis Ábalos.

Tras haber sobrevivido a una pandemia, una crisis inflacionaria, la erupción de un volcán y hasta un apagón eléctrico, el Gobierno siente que este enero, a efectos informativos, es un émulo del pasado septiembre, cuando tras el encarcelamiento de su secretario de Organización, Santos Cerdán, Sánchez retomó el vuelo con su decidida posición contra Israel y el genocidio al erigirse en valedor de la solución de los dos Estados a nivel europeo. 

El presidente se aferra otra vez al marco internacional para recuperar la iniciativa política, cree que el tiempo juega a su favor y se dispone a desplegar una estrategia de pedagogía sobre lo que pasa en el mundo y las consecuencias que las decisiones de Trump tendrán sobre España y Europa. Intenta así recuperar posiciones en el marco nacional y aguantar, como siempre dijo que tenía previsto, hasta 2027, pese al anhelo de las derechas de un anticipo electoral. Cuestión distinta es que sus planes tengan efecto inmediato en las elecciones que en este primer semestre de 2026 tendrán lugar en Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde las perspectivas para el PSOE no son muy halagüeñas.

De momento, ya se ha situado a la vanguardia de Bruselas al hablar de “violación del derecho internacional” frente a unas instituciones europeas tibias con la operación militar desplegada por EE.UU. sobre Venezuela. En La Moncloa entienden la falta de reacciones inmediatas por algunos estados miembros por la dependencia que sus gobiernos tienen de los partidos ultras con los que Trump se ha alineado abiertamente, pero en ningún caso eso frenará la estrategia de Sánchez de situarse como punta de lanza de un frente anti-Trump que ayude a reactivar al hasta ahora alicaído electorado progresista. 

“El respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable. De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela”, escribió el presidente en su cuenta de X, donde también subrayó que “España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”.

Que Donald Trump no es personaje que amilane a Sánchez ya se demostró cuando el presidente del Gobierno se plantó ante la imposición del norteamericano a que los países de la OTAN aumentaran un 5% el gasto en Defensa. Y, aunque en este momento, en el Gobierno español saben que están “decididos a decir lo que pensamos sin llamar demasiado la atención de Trump”, están dispuestos a mantener el perfil antagonista siempre desde la defensa del derecho internacional, la soberanía de los estados, la Carta de las Naciones Unidas y la resolución pacífica de los conflictos, como ya ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Y todo ello sabiendo que el PP de Feijóo ha quedado fuera de juego ante un asunto de vital trascendencia en el que ni está ni se le espera, salvo para convertir Venezuela en materia de desgaste del Gobierno de España, como ha hecho históricamente y pese a tratarse de una crisis inequívocamente de dimensión internacional, que es donde Sánchez se ha ofrecido como mediador. Primero, con el documento impulsado por España con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para rechazar las “acciones unilaterales” de EE.UU., que crean un “precedente terrible y muy peligroso”. Y después al lograr este martes que Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido, entre otros países, dieran apoyo a Dinamarca ante la amenaza anexionista de Trump sobre Groenlandia.

Es, en definitiva, en el marco internacional en el que Sánchez se mueve con más destreza, como ha demostrado desde que llegó al Gobierno. Lo hizo con el impulso a los fondos Next Generation de la UE, la reforma de las reglas fiscales en el nuevo marco de gobernanza económica o la excepción ibérica, pero también con la organización de la Cumbre de la OTAN de 2022 en Madrid o la revalorización del multilateralismo y la acción exterior coordinada con la UE.

Un balance en materia exterior que en La Moncloa creen que nada tiene que ver con el que dejó el PP en sus diferentes gobiernos siendo el del apoyo de Aznar a la guerra de Irak en 2003 y su alineamiento incondicional con EE.UU. y Reino Unido sin respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, el más señalado, pero no el único. En el imaginario colectivo queda también la crisis del islote de Perejil con una respuesta militar simbólica, pero innecesaria para un incidente menor, el deterioro de los canales diplomáticos con Rabat o el perfil en la UE bajo la presidencia de Mariano Rajoy, donde España perdió el liderazgo en debates estructurales y pasó de actor impulsor a actor reactivo en el Consejo Europeo.

Hoy toca hablar de la Iglesia. Del presidente de la Conferencia Episcopal. De sus análisis políticos. Y de sus anhelos, que nada tienen que ver con recuperar fieles, ni con acabar con la pederastia, ni con impartir su doctrina social, sino con un cambio de gobierno. “Cuestión de confianza, moción de censura o elecciones”, ha declarado un reincidente Luis Argüello, que ya en junio pasado pidió al Gobierno que llamara a las urnas de forma inmediata. 

La Iglesia toma así de nuevo partido. Lo de perder su papel central en el Estado, tras el final del franquismo, no es algo que haya superado pese a los casi 50 años de democracia, un trato más que privilegiado respecto a otras confesiones y una Constitución que, en su artículo 16, establece que España es un estado aconfesional y que ninguna religión tendrá carácter estatal. 

Lo curioso es que su jerarquía nunca levanta la voz cuando gobierna la derecha ni cuando la corrupción salpica al PP. No lo hizo con Mariano Rajoy ni cuando la Audiencia Nacional condenó en 2018 a su partido como beneficiario de un “sistema de corrupción institucional” por el caso Gürtel, pero sí salió a la calle para protestar contra las leyes progresistas aprobadas por los gobiernos de Zapatero entre 2004 y 2011. Contra el matrimonio Igualitario, contra la ley del divorcio exprés, contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de Libertad Religiosa…. Ya sabes, todo rompía España, la tradición y el modelo de familia.

Ahora, con el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a la carga. Y el motivo no es otro que el empeño del Ejecutivo para que se indemnice a las víctimas de la pederastia, algo a lo que la Iglesia se resiste como gato panza arriba. La negociación hasta el momento entre el Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal ha sido baldía. De hecho, ante la falta de respuestas, el ministro Félix Bolaños, y también el presidente del Gobierno, amenazan con plantear mecanismos legales que obliguen a los obispos a asumir el coste de las reparaciones.  

No en vano, han sido años, incluso décadas, de silencio. De negación. De encubrimiento. De obstrucción. De indignidad. De infamia. En muchos países, pero España no fue una excepción, sino donde hubo más casos de pederastia en el ámbito de la iglesia católica, pese a que la Conferencia Episcopal y las instituciones públicas cerraron los ojos a una realidad abyecta. 

El informe de octubre de 2023 del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, encargado por el Congreso de los Diputados, consiguió helar la sangre y zarandear la conciencia de muchos con una cifra: 440.000 ciudadanos habían sufrido abusos sexuales desde 1945. La mitad de las agresiones fueron cometidas por sacerdotes y religiosos. La otra mitad, por laicos. Son datos escalofriantes, brutales y aterradores. 

El diagnóstico no gustó a la Conferencia Episcopal, que invocó la prescripción de los delitos, cuestionó los datos y se negó a cooperar con las recomendaciones que proponía el texto, especialmente con la de crear un organismo independiente que estudiara caso por caso y fijase los baremos de las indemnizaciones. Los obispos crearon su propio plan con el nombre de PRIVA, que estaba compuesto por un grupo de expertos elegidos a dedo, sin la participación de las víctimas y cuyo trabajo —el de investigar cada denuncia y establecer una cuantía— no es de obligado cumplimiento para los responsables subsidiarios, es decir, para cada uno de los 70 obispados y las más de 300 congregaciones religiosas. 

A las asociaciones de afectados les pareció una broma, recelaron de su mecanismo y denunciaron una premeditada dilación del procedimiento. E, igualmente, el Gobierno la rechazó por tratarse de una fórmula unilateral que no contaba con la supervisión y el control del Estado. 

Solo en este contexto, el de una negociación que no avanza por la resistencia de los obispos, hay que entender las declaraciones de Argüello y la inmediata exigencia del Gobierno a la Conferencia Episcopal para que respete el principio de neutralidad política al que se debe la jerarquía de la Iglesia que, dicho sea de paso, con este Gobierno ha alcanzado acuerdos relevantes que han dado respuesta a cuestiones que llevaban años enquistadas.

Ha sido desde que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, se hizo cargo de las relaciones con las confesiones religiosas en 2021 cuando se han cerrado asuntos nucleares, después de 16 años sin que el Estado y la Iglesia suscribieran un solo acuerdo. 

Bienes inmatriculados. En enero de 2022, tras varios meses de negociación con la CEE, la Iglesia hizo públicos los listados de bienes inmatriculados y reconoció que en torno a mil bienes no le constaban como propios, comprometiéndose a colaborar en su devolución.

Supresión de exenciones fiscales. El 29 de marzo de 2023, el ministro Bolaños y el nuncio de la Santa Sede suscribieron un canje de notas que supuso la renuncia de la Iglesia católica a las exenciones del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y de las contribuciones especiales, exenciones que no tienen otras entidades sin ánimo de lucro, equiparándose así al régimen de exenciones de estas últimas.

Resignificación del Valle de Cuelgamuros. En marzo de 2025, se alcanzó un acuerdo entre el ministro Bolaños y el cardenal Cobo, designado por el Vaticano, para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Este acuerdo ha permitido la celebración de un concurso internacional y la selección de un proyecto ganador que supondrá una resignificación democrática del conjunto monumental del Valle compatible con el mantenimiento del culto dentro de un espacio en el interior de la Basílica. 

Pero nada de esto hubiera sido posible sin la fluida relación que el ministro Bolaños ha mantenido con la Santa Sede, que no con la Conferencia Episcopal Española. Solo así se explica que el Gobierno haya logrado que la Iglesia cediera en cuestiones clave. Hasta en cuatro ocasiones tuvo encuentros el ministro con el Papa Francisco, incluyendo una audiencia privada. Y en este año 2025 ya se ha reunido en dos ocasiones de forma discreta con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para abordar la situación del Valle de Cuelgamuros y de los abusos sexuales en la Iglesia española. 

Abusos sexuales y el último viaje de Bolaños a la Santa Sede. Sin duda el asunto más difícil y sensible, en el que aún se trabaja con la propia Iglesia para sumar un acuerdo más que dé respuesta a la reparación que tanto tiempo llevan reclamando las víctimas. Pero, después de más de un año de trabajo de los equipos, el pasado 24 de octubre de 2025 el ministro hizo un viaje exprés a la Santa Sede para abordar el asunto. Pocas semanas después, el Vaticano hizo público el caso de abusos del obispo de Cádiz y el pasado 17 de noviembre el Papa convocó a una reunión a la jerarquía española, exhortándoles a alcanzar un acuerdo cuanto antes con el Gobierno. 

El objetivo del Ejecutivo es claro: que la Iglesia asuma la responsabilidad de reparar a aquellas víctimas de abusos sexuales que fueron encubiertos y no denunciados, y sobre los que ya no puede actuar la justicia, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Plan aprobado por el Gobierno. 

Argüello y la neutralidad política. El ministro Bolaños ha respondido con firmeza a la incursión política de Argüello y le ha recordado el compromiso de la Conferencia Episcopal de mantenerse neutral ante procesos electorales y el debate propiamente político y de partidos. Dos veces ha hecho declaraciones en ese sentido el presidente de la CEE en sendas entrevistas en ABC en junio y el pasado fin de semana en La Vanguardia. En ambos casos, Bolaños tuvo que enviar sendas cartas a Argüello recordando la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica, en el marco del respeto a los principios constitucionales de separación y cooperación. La última no tiene desperdicio. Aquí van algunos de los fragmentos más suculentos:

“He leído con atención la entrevista que ha concedido al diario La Vanguardia en el día de hoy donde, por segunda vez en un corto periodo de tiempo, se pronuncia a favor del fin del actual Gobierno, rompiendo una vez más la neutralidad política de la Iglesia. En mi anterior misiva del 20 de junio ya me extendí sobre por qué este tipo de pronunciamientos partidistas no son adecuados en un Estado aconfesional basado en una doble neutralidad y respeto: la de los poderes públicos hacia la libertad de culto de cada persona y de las propias confesiones y la de cada confesión religiosa sobre los titulares del poder político (...).

“Deseo, no obstante, referirme a una apreciación que realiza en su entrevista de hoy sobre su relación con el Gobierno que intuyo que puede ser el verdadero motivo por el que ha decidido romper la neutralidad política. Afirma que, en la actualidad, ”muy a su pesar“, las relaciones con el Ejecutivo han estado centradas en ”el Valle de los Caídos“ (obviando que desde la entrada en vigor de la actual Ley de Memoria Democrática su nombre es ”Valle de Cuelgamuros“) y ”la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial“. Entiendo que son asuntos que para la Iglesia española tienen especial complejidad, dada la claridad y el compromiso del Gobierno en ambos (...)”.

“En cuanto a Cuelgamuros, este Gobierno lo está resignificando por completo para convertirlo en un lugar de interpretación de la Guerra Civil y la dictadura y de homenaje a sus víctimas, algo que comenzó con la salida de los restos mortales del propio dictador. Y, respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, usted conoce de primera mano nuestra intención de que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Pueblo, desarrolladas por el Consejo de Ministros: un sistema de reparación mixto entre Iglesia y Estado, con procesos seguros para las víctimas y reparaciones a cargo de la propia Iglesia en aquellos casos donde ya no sea posible una reparación judicial (...)”

“De sus declaraciones parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes (Vox y PP), entendiendo que un Gobierno de la derecha y la extrema derecha, que públicamente defendieron la permanencia de los restos de Francisco Franco en una basílica y no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos, sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización. Pero dicha preferencia personal no es razón suficiente para romper la neutralidad partidista que se le debería presuponer a la Iglesia. Por ello, le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno. Y en este sentido, le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país”.

Con Bolaños ha topado la Iglesia. Que ese dios al que rezan a diario, les pille confesados.

Si hoy es jueves, hablamos de machismo. De violencia contra las mujeres. De acoso sexual. De abuso de poder. Del silencio cómplice. De cooperadores necesarios. Del caso Salazar. No mezclar con el caso Torremolinos. Ni con el del presidente de la Diputación de Lugo. Todos responden, sí, a un mismo patrón, y todos han dejado víctimas por el camino. Pero la respuesta no ha sido la misma siendo todos los protagonistas del mismo partido, el PSOE. En el primero, hubo inacción, silencio y una sospecha más que fundada de la aparente voluntad de echar tierra sobre el asunto. El segundo se investigó, se interrogó a la víctima y se le prestó la asistencia que establece el protocolo anti acoso del partido. Sobre el tercero consta una denuncia contra el presunto acosador registrada este mismo lunes y aparentemente coordinada con la emisión de un programa de televisión que se iba a emitir 24 horas después, lo que no significa que los testimonios no sean de extrema gravedad. De hecho, el también líder orgánico del PSOE en esa provincia renunció a las cinco de la tarde de este jueves como presidente de la Diputación, si bien seguirá al frente del Concello de Monforte de Lemos.

Ser de izquierdas no implica ser feminista, aunque haya formaciones políticas de este espectro, como es el caso del PSOE, que hayan promovido las políticas de igualdad y asumido algunos de los retos de la agenda feminista. El camino se demuestra andando, sí. Y, por supuesto, actuando. El silencio y la inacción solo contribuyen a horadar la credibilidad y la confianza en las mujeres, como demuestran los datos. 

Ignacio Urquizu, Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y consultor externo de Metroscopia, ha recordado estos días que en las 13 elecciones generales que ha habido desde 1982, el PP solo logró ganar al PSOE entre las mujeres en dos ocasiones: en el año 2000 y el año 2011. Los socialistas tuvieron siempre ventaja en este sector hasta el punto que los resultados de los comicios de 2023 en los que Feijóo pinchó no se entendería sin el voto de las mujeres, entre las que el PSOE se impuso al PP en casi medio millón de votos. Ellas fueron la clave que explica el porqué de la resistencia de Sánchez hace dos años y medio. 

Metroscopia registra semana a semana la evolución en la intención de voto directo en las mujeres desde que comenzó esta legislatura en septiembre de 2023. Y en esa fecha, el PSOE sumó un 32% de sufragio femenino, 8 puntos más que el PP. En junio de 2025, tras conocerse los audios en los que el exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García hablaban de las mujeres como si fueran ganado antes de contratar servicios de prostitución, el PSOE anotó un descenso de 16 puntos en ese sector del electorado, si bien recuperó 4 puntos -hasta anotar un 20%- dos meses después, tras situar en la agenda el aborto y la negativa de Isabel Díaz Ayuso a hacer el registro de médicos objetores que obliga la ley. Este diciembre, con el caso Salazar, el apoyo en voto directo al PSOE ha vuelto a retroceder al 16%.

Y, aunque el PP ha encontrado en el caso Salazar y el acoso sexual en el ámbito del PSOE un filón con el que desgastar al partido de Sánchez, no es Feijóo quien más se beneficia de la pérdida de apoyo en el voto de la mujer, sino la ultraderecha de Vox, quien en septiembre de 2023, según los datos demoscópicos, solo contaba con un 3-4% de intención de voto entre las mujeres. En junio, con la publicación de los audios de Ábalos, creció hasta el 12% y, salvo alguna semana de ligera caída, permanece estable en ese porcentaje.

Así que, aunque Feijóo se empeñe en citar a Sánchez como “uno de ellos”, en alusión a Salazar, Ábalos o Koldo, y le espete que “las lecciones de feminismo se las han debido de explicar en los prostíbulos”, como hizo este miércoles en el Congreso, las mujeres recelan de sus proclamas, de su sobrevenida defensa de las políticas de género o de hiperventilados discursos como el de su portavoz en Igualdad, Jaime de los Santos, para quien los socialistas “lo que hacen es callar orgías, callar denuncias y bajarse la bragueta”.

Dime de qué presumes y para muestra más de un botón. El PP tampoco está libre de pecado ni puede dar lecciones de feminismo teniendo acosadores entre sus filas, como acredita su historia remota y reciente. Y vayan aquí algunos de los casos más sonados: 

Caso Nevenka: El entonces alcalde de Ponferrada (León), Ismael Álvarez, fue denunciado por acoso sexual por su exconcejala, Nevenka Fernández. Se abrió juicio oral en 2002 y fue condenado por acoso sexual a nueve meses de cárcel, multa e indemnización. Fue la primera condena en España contra un político por este tipo de delito. 

Agresión continuada del exalcalde de El Pinar (Granada). Francisco Titos acosó y agredió sexualmente a una concejala de su propio partido. Tras un juicio, en 2024 fue condenado por acoso sexual y agresión continuada. Pena de prisión y prohibición de acercamiento ni comunicación durante 5 años. 

Alcalde de Estepona (Málaga). José María García Urbano fue denunciado por un funcionario del Ayuntamiento por presunto acoso sexual (amenazas de perder su puesto de trabajo si no accedía a “relaciones sexuales”). Se abrieron diligencias previas en el juzgado. El caso se encuentra aún hoy en fase de investigación, por lo que no hay condena hasta ahora, pero el alcalde sigue en su puesto sin que el PP haya hecho nada.

Alcalde de Algeciras. El senador y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, fue señalado públicamente mediante la difusión de capturas de chats por un presunto acoso sexual a dos concejalas de su municipio. Las concejalas implicadas negaron haber sufrido acoso, aunque una de ellas llegó a relatar “puso mi mano en su miembro”. El partido activó un “protocolo interno”. Resultado: no hay denuncia judicial formal conocida porque el caso fue zanjado internamente por el partido hasta que este jueves el PSOE llevó el asunto a la Fiscalía y Landaluce anunció la suspensión temporal de militancia, su dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras y la renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupaba tanto en la ejecutiva regional como en la nacional del partido.

Caso Paloma Lago. Alfonso Villares, entonces conselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, fue denunciado por la presentadora Paloma Lago por una presunta agresión sexual, con hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2024. Ante la denuncia, cuando estaba investigado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Villares presentó su dimisión como conselleiro en junio de 2025 y renunció a su condición de aforado para que el procedimiento se tramite en un juzgado ordinario (el de Ferrol). La denuncia se saldó con un cierre de filas institucional en apoyo del investigado y un clamoroso silencio sobre los derechos de la presunta víctima. El Gobierno gallego decidió escenificar su apoyo a Villares con mensajes elogiosos, agradecimientos, aplausos e, incluso, un abrazo ante las cámaras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para refrendar a su amigo, colaborador y compañero.

Abusos sexuales a un preso tutelado. El exconcejal del PP de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos fue condenado en 2021 a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid por abusos sexuales a un preso al que debía tutelar como coordinador de la ONG Horizontes Abiertos. El tribunal rechazó el recurso del ex edil del Partido Popular en Palma contra su condena por asaltar sexualmente al recluso mientras trabajaba para la Fundación del Padre Garralda, su segunda sanción penal por hechos similares

Maltrato en Malpartida. El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres condenó al alcalde de la localidad de Malpartida de Cáceres (PP), Alfredo Aguilera, a nueve meses y un día de prisión como autor de un delito de violencia de género, maltrato, hacia su exmujer. Y ahí sigue porque se niega a dimitir sin que el PP haya hecho nada por forzar su salida de la Alcaldía. Es lo que el propio Feijóo llamaría, no violencia machista, sino “un divorcio duro”. 

Como sabes, la investigación que elDiario.es ha hecho durante meses sobre las denuncias de varias mujeres contra el ex asesor de Moncloa Paco Salazar empezó en julio con los testimonios de tres jóvenes que le acusaron de comportamientos inadecuados cuando era su jefe. Comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo, mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral e incluso ofrecimientos de quedarse a dormir en casa. “Acoso sexual y abuso de poder”.

La publicación provocó, además de la apertura de una investigación, la habilitación de un canal anti acoso en el PSOE, la salida inmediata de Salazar de la dirección federal, donde iba a ascender a secretario de Organización adjunto, y como asesor de La Moncloa. Todo en menos de 24 horas, sí. 

Pero, lejos de investigar lo ocurrido, partido y Gobierno prestaron más atención a descubrir quiénes habían sido las denunciantes que a dar respuestas y apoyo a las víctimas. Se desató una auténtica caza de brujas. Dos de ellas, distintas a las de julio, registraron sendos escritos en el canal antiacoso el mismo mes de julio que se conocieron los hechos y, lejos de obtener respuesta, pasados cinco meses se encontraron con la sorpresa de que sus denuncias habían desaparecido del sistema, pese a que eran muy explícitas y pedían ayuda: “Su comportamiento destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía. Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)”.

El presidente del Gobierno asumió el error en primera persona, fulminó de nuevo en menos de 24 horas a un colaborador de Salazar, Antonio Hernández, que seguía en La Moncloa cuando este periódico incluyó una parte de la denuncia que le señalaba como cómplice de los comportamientos del ya ex asesor con sus subordinadas. Pero lejos de frenar la indignación dentro y fuera de su partido, el PSOE parece incapaz de taponar la sangría de credibilidad en el electorado, especialmente entre las mujeres. “El feminismo nos da lecciones. A mí el primero. Y cuando nos las da, en lugar de lo que hace la derecha, nosotros pedimos perdón y actuamos en consecuencia”, insiste Sánchez mientras parece haberse desatado una especie de me too del PSOE y algunos se empeñan, con la palabra o con la pluma, en la banalización o frivolización de un asunto que solo desde el rigor y la seriedad se puede combatir. 

Toca hablar de ruido, de furia, de barro… De la producción sistemática de basura en el marco de la conversación pública para deslegitimar a quien resulte molesto. Es la versión moderna del más rancio autoritarismo. Y es la táctica que hoy se emplea contra periodistas, opinadores, políticos y todo aquel que tiene exposición pública e incordia. Los objetivos son varios: acallar críticas, infundir miedo, cancelar al discrepante y hasta meter en la cárcel al presidente del Gobierno.

Es el propósito de las derechas. Lo dijo Abascal, lo escribió en sus redes sociales MAR, lo replicó Ayuso con su habitual atropello verbal y lo hace ahora suyo Feijóo en estos tiempos en los que los juzgados se han convertido en una extensión de la escena política y los togados, en protagonistas de la vida pública. Tan cansina es la apuesta por la palabra gruesa, la sobreactuación, la indignación o el efectismo que quienes practican esta ofensiva no parecen ser conscientes de la desafección que genera este comportamiento y lo mucho que beneficia a la ultraderecha. O sí. A saber.

El caso es que la estrategia sirve para agitar el populismo, que puede calentar el terreno de juego político y alimentar la satisfacción de quienes carecen de escrúpulos, pero rara vez reporta beneficios electorales a quienes emulan los manuales ultras. El PP puede dar fe de ello porque no hay una sola encuesta, ni pública ni privada, que marque en sus siglas una tendencia al alza. Todo lo contrario.

Los de Feijóo bajan en beneficio de un Vox, que se dispara hasta números nunca antes vistos y triplica su representación actual en el Parlamento con más de un 20% en intención de voto, que suma gracias a más de 1,5 millones de antiguos votantes del PP en las últimas generales. Y aun así copian, su inflamada estrategia, como se volvió a apreciar en la concentración que convocaron el pasado domingo en el Templo de Debod de Madrid, tras la entrada en prisión preventiva del exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por la que ya ha pasado también el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Sin pruebas, sin imputaciones y sin sentencias, Feijóo situó a Sánchez en el epicentro de una trama de corrupción que, hasta el momento, la investigación sitúa en el Ministerio de Transportes: “Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel, falta el uno, el presidente del Gobierno”, proclamó entre gritos de “¡Pedro Sánchez, a prisión!”. 

“Primero fue Koldo, que era un asesor anecdótico; después fue Ábalos; más tarde fue Cerdán y pronto será Sánchez”, añadió el jefe de los populares por si había quedado alguna duda sobre el futuro que augura al presidente del Gobierno. ¿Conoce Feijóo algo de Sánchez que los demás ignoramos? ¿Tiene información sobre presuntas actuaciones ilegales del presidente del Gobierno? ¿Cuenta con información privilegiada de las pesquisas judiciales? 

Lo primero solo lo sabe él. Si la respuesta a la segunda pregunta fuera afirmativa, es lógico preguntarse a qué espera el líder del PP para recurrir a la Justicia. Y si se trata de lo tercero, hablamos de una presunta connivencia entre las derechas judicial y política sobre la que a estas alturas, y tras la condena del Fiscal General del Estado, quedan pocas dudas.

Unos lo llaman máquina del fango, otros lawfare y algunos, golpe blando. La nomenclatura es lo de menos. Lo que importa es el desenlace y es recordar que Sánchez no es el primero ni el último jefe de gobierno víctima de estas prácticas que cuentan con la colaboración inestimable de algunos medios de comunicación de la derecha. Pasó en Brasil con Lula da Silva. Pasó con Costa en Portugal. Pasó con Correa en Ecuador. Y pasó con Lugo en Paraguay, entre otros.

El caso de Luiz Inácio Lula da Silva es de los más sonados y contó con el reconocimiento del Tribunal Supremo de Brasil de que su proceso, sentencia y entrada en prisión nunca debió producirse. Fue condenado por corrupción y blanqueo y encarcelado en 2018, quedando así fuera de las presidenciales que acabaron dando la victoria al ultra Bolsonaro, hoy, por cierto, condenado a 27 años por urdir un golpe. Entre 2019 y 2021, el Supremo anuló la condena al considerar que el juez Sergio Moro ni era competente ni fue imparcial, lo que rehabilitó políticamente a Lula, cuya defensa describió el caso como un ejemplo claro de lawfare, que es lo mismo que un uso selectivo de la justicia con ayuda de filtraciones interesadas a los medios de comunicación.  

El primer ministro socialista de Portugal en 2022, António Costa, pasó por algo parecido después de que en noviembre de 2023 dimitiera tras anunciar la Fiscalía lusa que lo investigaba por presuntas irregularidades en proyectos de litio, hidrógeno verde y un centro de datos. En 2024, los tribunales desinflaron el caso. Costa ni siquiera figuraba como formalmente acusado y el propio proceso fue cuestionado tras saberse que se habían producido escuchas ilegales sin autorización judicial.

La izquierda portuguesa presenta hoy el caso Costa como ejemplo europeo de acoso judicial-mediático para derribar a un líder socialdemócrata en el que se sucedieron durante meses las filtraciones selectivas y la construcción mediática y social de la sospecha.

Una fabricación de la conjetura que en el caso de España hace tiempo que está en marcha contra el presidente del Gobierno. Publica que algo queda, aunque sea mentira; repite unas mil veces hechos inciertos hasta que formen parte del ideario colectivo y difama todo lo que puedas es algo que en este país nuestro está al cabo de la calle en la conversación pública. Y todo, con el objetivo ya declarado por Feijóo, de que el presidente acabe entre rejas. 

Da igual que las informaciones o los discursos políticos se sostengan con declaraciones vertidas sin pruebas. Si habla Koldo, titular a toda página. Si emite Ábalos, pregunta parlamentaria al canto. Y si declara Aldama, programación especial. Todo pasa por esa insistente construcción de la sospecha para que en la calle se den por sentados hechos aún no probados, alguna organización ultra los plasme en una querella; un juez la admita a trámite y…. El resto está hecho. 

La estrategia es bien conocida y se utiliza como herramienta política y mediática para desacreditar a los adversarios y generar dudas sobre su credibilidad hasta que se rinda o hasta que un juez tenga a bien admitir a trámite alguna querella. Esto siempre, claro, con la coordinación de algunas plumas que actúan como arma de combate contra la corrupción que es un asunto que genera un gran consenso. Todo el mundo, salvo los que la practican, está en contra de la corrupción. De la que se investiga sobre el Gobierno de Sánchez, la del PP de Almería, la del exministro Jorge Fernández Díaz que siendo el autor intelectual de la mal llamada policía patriótica ahora escribe tratados sobre la mafia, la del exministro Montoro en Hacienda y la de la Comunidad de Madrid, aunque sobre estas últimas haya quien no escriba una línea ni emita palabra de rechazo alguna.

Si hoy es jueves, hablamos de un nombre propio: Teresa Peramato (Salamanca, 63 años). Es la propuesta que el Gobierno ha hecho pública este 25N para suceder a Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Fiscal. La fecha no fue casual como tampoco fue accidental que el Supremo eligiera el 20N para publicitar la condena al ya ex fiscal general del Estado de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal.

Las fechas importan, sí. El Alto Tribunal quiso hacer coincidir el fallo con el 50 aniversario de la muerte de Franco para recordarnos que, en efecto, todo quedó “atado y bien atado”, célebre frase que el dictador pronunció en las Navidades de 1969 para tranquilizar a los que creían que la dictadura moriría con él y pedían que su testamento político garantizara la continuidad del régimen para seguir así manteniendo sus privilegios. Y el Gobierno ha buscado el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para dejar constancia de que hay batallas ideológicas a las que no piensa renunciar frente al avance de los reaccionarios. La de la igualdad y la lucha contra la violencia machista es una de ellas. Y otra, poner orden en la carrera fiscal.

De ahí el nombre de Teresa Peramato, una mujer progresista, de trayectoria impecable, con 35 años de ejercicio profesional, que ahora ejerce como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y que es, además de una reconocida feminista, fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. 

Impulsora de los juzgados especializados para mujeres víctimas de la violencia de género en Madrid, tomará las riendas del Ministerio Fiscal en un momento especialmente complicado, y no solo por la condena de su antecesor, sino también por un cuestionamiento constante de la institución por parte de las derechas que la consideran una prolongación del Gobierno. Solo cuando gobierna la izquierda, claro. Cuando lo hace la derecha, al fiscal general, ya saben, lo nombra el espíritu santo. Su reto, en todo caso, es recoser la institución, cerrar heridas y lograr una mínima unidad en la carrera.

Las conversaciones de Bolaños con conservadores y progresistas

La elección de Peramato ha sido la consecuencia de no menos de un centenar de conversaciones que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mantuvo entre el 21 de noviembre y el pasado lunes con distintas personalidades del mundo judicial para escuchar sus propuestas. En la mayoría de ellas, según fuentes gubernamentales, su nombre se convirtió en un fijo entre los consultados tanto de ideología conservadora como progresista. Y así se lo hizo saber el ministro al presidente del Gobierno, que se encontraba de viaje en Sudáfrica para la cumbre del G20. Pedro Sánchez estuvo en todo momento informado de la evolución de los contactos del ministro y muy encima del desarrollo de los mismos, incluidos los dos encuentros que Bolaños mantuvo con Teresa Peramato antes de hacerse pública la propuesta a las 7.00 de la mañana del martes del 25N. 

Hora y media después, las organizaciones feministas ya habían celebrado de forma unánime la propuesta, al igual que las asociaciones de fiscales, donde sorprendió, eso sí, la contención de las de tendencia conservadora. Más tarde, hasta el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, calificaba la trayectoria de la que será fiscal general del Estado como “ejemplar”. Una opinión que, en absoluto, compartieron algunos de sus correligionarios, como fue el caso de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o del secretario general, Miguel Tellado, para quienes lo importante seguía siendo el ataque a Sánchez, y no la impecable carrera de Peramato, reconocida por toda la derecha judicial.

Mujer, progresista y dispuesta a dar batalla

El Gobierno tuvo claro desde el principio que buscaba para suceder a García Ortiz a una mujer, progresista y dispuesta a dar la batalla en la carrera fiscal, una institución dividida que atraviesa el momento más delicado de su historia y con los tribunales convertidos en un campo de minas contra el Gobierno. Pero también quería que el nombre elegido fuera respetado por conservadores y progresistas. La primera decisión del ministro fue decidir si proponía a alguien de fuera o de dentro de la carrera fiscal. La primera opción fue descartada, tras entender que el mensaje podría ser ofensivo para los fiscales, y por eso se rechazó buscar entre catedráticos o magistrados. 

Una vez cuadrado el círculo con Peramato, en La Moncloa se proponen ahora no dar un paso atrás en la defensa de sus banderas más ideológicas, como la igualdad o la lucha contra las violencias machistas en pleno auge de una ultraderecha negacionista que, además, ha conseguido que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya viajado en los últimos 20 años desde el pacto de Estado que avaló en 2017 hasta la “violencia intrafamiliar” y a no condenar desde sus redes sociales, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.

Que la propuesta de Peramato se conociera el 25N es un mensaje para toda la carrera judicial, pero también para quienes, tanto en Vox como en el PP, se preguntan “cuándo es el día del hombre”. Y con ello niegan que a Karilena, Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Susana, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia y María Pilar -las 38 asesinadas en lo que va de 2025- las mataron por ser mujeres.

Aviso para quienes hablan de “dogmas feministas”

El nombramiento de la nueva fiscal general es un aviso para quienes, como la diputada ultra Rocío de Meer, no hablan de violencias contra la mujer sino de “dogmas feministas” y argumentan que reducir todas las causas de asesinato en el hogar al machismo es “simplista e ineficaz, ya que los asesinatos son multifactoriales (alcoholismo, salud mental, precariedad)”.

Y es además un recado a un PP que hoy ha asumido la agenda negacionista de Vox allá donde ha necesitado de los votos de los de Santiago Abascal. En la izquierda no olvidan que, ya con la aprobación de la primera ley integral contra la violencia de género en 2004 que el Congreso aprobó por unanimidad, los populares arremetieron contra “el sexismo penal”, propusieron agravar todas las penas por violencia doméstica, al margen del sexo del agresor, y se opusieron a la creación de juzgados especializados en violencia de género.

De aquellos polvos, y no solo por el influjo de Vox, el PP ha dibujado un auténtico mapa de la vergüenza sobre la igualdad y la violencia machista en varias comunidades autónomas. Porque para la configuración de gobiernos locales y regionales tras las elecciones de 2023, el PP se prestó a borrar todo rastro sobre la violencia de género de los acuerdos firmados con la ultraderecha, lo que de facto supuso la aceptación del discurso negacionista. Y, a continuación, van algunas decisiones que nos lo recuerdan:

Andalucía. En Huelva, donde el gobierno de PP y Vox eliminaron la concejalía de Igualdad, el Ayuntamiento puso en marcha un taller municipal para enseñar a las mujeres a limpiar la casa sin contaminar. En Maracena (Granada) excluyeron a las víctimas de violencia de género de las bolsas de empleo social y desmantelaron la unidad de VioGen de la Policía Local. Y en la Junta, el gobierno del PP mantiene las subvenciones a asociaciones antiabortistas fruto de un acuerdo suscrito con los de Abascal.

Aragón. PP y Vox frenaron una propuesta para garantizar el aborto en hospitales públicos en junio pasado; la presidenta de las Cortes, la ultra Marta Fernández, llegó a afirmar que la violencia de género no existe y el gobierno del popular Azcón anuló unos talleres sobre violencia machista tras considerarlos “meramente ideológicos”.

Castilla y León. En la misma línea, el gobierno de Valladolid eliminó la concejalía de igualdad y también el de Burgos, mientras que la consejería de Empleo del gobierno regional eliminó las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia de género. 

Madrid. El PP votó en contra de la instalación de los puntos violetas en las fiestas de Las Rozas. En Valdemorillo, Vox censuró la obra teatro “Orlando” de Virginia Woolf y en el Ayuntamiento de Madrid, desde 2020, la ultraderecha ha impedido las declaraciones institucionales con motivo del 8 de marzo e impulsado iniciativas para eliminar charlas feministas de colegios para derogar la ley de VioGen. En Alcobendas, con alcaldesa del PP, se ha suprimido la concejalía de Igualdad y Mujer. 

Y en la Comunidad de Madrid, Ayuso dejó su sello nada más ser elegida candidata a presidir el gobierno regional, cuando preguntada por la periodista Teresa Campos en un programa de televisión sobre la violencia de género se refirió a ella como a “un tipo de violencia muy concreto, que está ahí”, pero matizó que también “hay violencia sobre el propio hombre, que sufre más agresiones que nosotras”. La inquilina de Sol ha eliminado todas las acciones de sensibilización contra la violencia de género para el presupuesto de 2026 en la única región de toda España que no ha aprobado una ley de igualdad autonómica. Igual que Vox, Ayuso también se pregunta “cuándo es el día del hombre” y considera más importante trabajar diariamente para que haya menos víctimas de cualquier tipo de violencia, en lugar de esperar a un día específico. Entre sus ocurrencias más sonadas se encuentra la creación de un centro para hombres agredidos sexualmente, a pesar de que en el 85% de las denuncias las víctimas son mujeres. Todo ello además de enviar a las mujeres “a abortar a otro lado” y declararse en rebeldía contra la ley que le obliga a crear un registro de objetores contra el aborto entre los médicos de la sanidad pública.

Extremadura. Vox ha impedido en la Asamblea declaraciones institucionales por el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y, con el beneplácito del PP, ha conseguido eliminar la consejería de Igualdad.

Galicia. Además de suprimir también la secretaría general de Igualdad, la Xunta llegó a sacar en 2022 una campaña de publicidad institucional contra la violencia sexual que culpabiliza a las víctimas por su forma de vestir y por sus actividades. Despreció además la prevención de los asesinatos machistas y dijo que el motivo de muchos es que las mujeres rompen la pareja.

Baleares. Eliminada la consejería de Igualdad, el Govern estableció que los hijos de víctimas de violencia de género dejasen de ser beneficiarios directos de las ayudas de comedor.

La Rioja. PP y Vox votaron en el Parlamento en contra del desarrollo de la ley de violencia autonómica y la ultraderecha solicitó incluso la derogación de la ley de igualdad autonómica. 

Murcia. PP y Vox evitaron el término violencia machista en su acuerdo de gobierno y se comprometieron a garantizar “la neutralidad ideológica” en las aulas.

Valencia. En las Cortes valencianas, el PP eliminó la palabra “niñas” de una iniciativa legislativa como concesión a Vox. El Consell que presidió Mazón admitió la inscripción de una fundación de “hombre maltratados”, retiró el apoyo al proyecto Women´s Legacy que rescataba referentes femeninos en las aulas y eliminó la formación en violencia de género para los policías locales.

Que los populares nunca fueron el partido con más perspectiva de género de cuantos integran el arco parlamentario lo acredita un buen repaso a la hemeroteca, pero que fueran a ceder tanto terreno en materia de violencia machista como consecuencia de su maridaje con Vox es algo que ya tampoco pueden negar a tenor de sus hechos y sus declaraciones. Del “crimen pasional” y el “divorcio duro” han pasado ya al “no ha sido por odio porque quería mucho a su mujer”. 

No han aprendido nada. 

Si hoy es jueves y es 20 de noviembre, toca hablar de Franco. De un golpista. De un asesino. De un criminal. De más de 100.000 desaparecidos entre 1936 y 1977. De 150.000 asesinatos. De 2.800 fosas comunes. De medio millón de exiliados. De 300.000 presos políticos en los primeros años del régimen militar. Y de un país que es incapaz de celebrar los 50 años de la muerte de un dictador.

Se cumplen hoy 50 años de aquel celebrado “Españoles, Franco ha muerto” con el que gimoteó Arias Navarro por televisión. Y, sin embargo, el franquismo vive. En los discursos políticos. En algunas estructuras del aparato del Estado celosamente conservadoras que no acabaron de hacer el tránsito a la democracia. En la persistencia de algunos símbolos. En el resurgimiento de una narrativa falaz con la que Vox se empeña en dar luz al tenebroso retrato del franquismo. Y en el blanqueamiento que el PP, con el aliento de Santiago Abascal en la nuca, ha hecho de sus nostálgicos.

Sí, para el PP, hoy la sombra de Franco sigue siendo alargada, aunque no siempre fue así. Hubo una vez -tan solo una- en la que el partido de Alberto Núñez Feijóo condenó el golpe militar del 18 de julio de 1936 y pactó, en el Congreso de los Diputados. Apoyó entonces una resolución inapelable, que sentenciaba el alzamiento, hacía un “reconocimiento moral” de quienes “padecieron la represión de la dictadura franquista” y prometía ayudas para reabrir las fosas comunes. 

Fue en 2002, en el 27 aniversario de la muerte del dictador durante la segunda legislatura de José María Aznar y en una jornada que en el Parlamento se consideró histórica. No en vano, la izquierda había intentado antes durante años y sin ningún éxito que la derecha condenase el golpe militar de 1936 contra la legalidad de la República. El PP siempre se había negado con la excusa de que no convenía hablar “de buenos y malos”. En aquella ocasión, sin embargo, cambió el tercio y, a última hora de una noche de martes, el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz entonces de la Comisión Constitucional, reunió a los representantes de los partidos de la oposición y negoció, con el apoyo de su grupo y del Gobierno, una solución intermedia a las proposiciones que habían presentado PSOE, IU y EA (Eusko Alkartasuna). 

“Tenemos que hacer este reconocimiento ahora. Es urgente. En poco tiempo no habrá exiliados, porque se están muriendo”, clamó entonces el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien sostuvo que con este tipo de iniciativas no se estaban “reabriendo heridas”, sino cicatrizándolas. Solo en aquella ocasión, todo el arco parlamentario conmemoró la muerte del dictador con un consenso insólito que hoy es impensable, como demuestra este 50 aniversario de la muerte del dictador y de los primeros pasos hacia la democracia que las instituciones españolas celebran con un perfil extremadamente bajo.  

Los motivos son varios. De un lado, el Gobierno, que siempre dijo que quería festejar, no el fallecimiento de Franco -aunque motivos hay para que así fuera-, sino medio siglo de libertad, llega a este 20N con intención de hacer el menos ruido posible. Por otro lado, la Casa Real, que ha decidido excluir por motivos obvios a Juan Carlos I de los actos programados para el 50 aniversario de la Monarquía. Entre otros, la publicación de sus memorias en las que confiesa su admiración por Franco, detalla su mala relación con Letizia y afea la “insensibilidad” de Felipe VI en el momento en que decidió apartar a su padre de la agenda oficial de la institución. Y por último, el cálculo de la derecha para pasar por la efeméride sin molestar ni a esa parte a su electorado que aún hoy defiende que con Franco se vivía mejor ni a quienes orbitan en torno a una ultraderecha que defiende el franquismo como una etapa de “progreso”, “reconstrucción” y “unidad nacional”. 

El caso es que todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y PSOE, darán plantón este viernes en un acto convocado en el Congreso para conmemorar el 50 aniversario del inicio de la Transición tras la muerte del dictador y el ascenso al trono de Juan Carlos I. La última formación en descolgarse ha sido Vox, un partido para el que esta celebración está pensada únicamente como una “oda al régimen totalitario de Sánchez”. Los fastos han quedado reducidos a un coloquio académico sobre el papel de la Corona en la andadura del país hacia un régimen democrático, al que ni siquiera asistirá -por estar volando a la cumbre del G20 que se celebrará en Sudáfrica los días 22 y 23- el presidente del Gobierno.

El Ejecutivo tiene, por otra parte, prevista la celebración de varios actos de menor relevancia este 20N, pero Pedro Sánchez no asistirá a ninguno de ellos “deliberadamente”, tal y como admiten en La Moncloa, “para no ayudar al discurso del odio y la división que pretende esparcir la derecha”. Donde sí estará es esta misma tarde de jueves en el Congreso de los Diputados para asistir a la proyección del primer capítulo de la serie 'Anatomía de un Instante' antes de su estreno en Movistar.

Los socialistas han sucumbido a la presión de quienes desde el lado contrario a su espectro ideológico cuestionaron desde el minuto uno el ambicioso programa con el que el Gobierno pretendía festejar durante todo 2025 los 50 años de libertad que empezaron con la muerte del dictador. Y esto justo en un momento en el que la ola ultraderechista que recorre el planeta reivindica los regímenes totalitarios y, en España, uno de cada cinco ciudadanos defiende que la dictadura de Franco fue buena o muy buena. Un dato que produce estupor y escalofrío en la misma proporción cuando, además, el apoyo a la democracia se reduce sobre todo entre los más jóvenes. Más del 17% de ellos asegura que la dictadura que no vivieron fue mejor que la democracia actual, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y se declara abiertamente fan del caudillo.

Qué mejor ocasión que el medio siglo de la desaparición del sátrapa Francisco Franco para hacer pedagogía de lo que fueron aquellos años y generar espacios de reflexión entre quienes no conocieron la ausencia de libertad que marcó las cuatro décadas del franquismo. Así se lo ha propuesto el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la puesta en marcha de hasta 400 actividades desde distintos ámbitos y territorios y afanado en explicar que lo que se pretende es conmemorar el inicio de la Transición, y no la muerte de nadie. ¿Y por qué no? Otras democracias occidentales celebraron antes que España la caída de sus dictaduras con la presencia de sus jefes de Estado y de todas las fuerzas políticas, y sin atisbo de la confrontación política que aún hoy suscita el mismo hito cronológico en nuestro país.

Hoy más que nunca, con los fantasmas que nos acechan, es necesario transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia, por mucha ira que esto suscite en las derechas y quienes prefieren extender un manto de silencio sobre la figura de quien llevó al país a una cruenta guerra civil y le sometió a una atroz dictadura.

Un repaso a cómo y cuándo se conmemoró por ejemplo en Italia, Alemania, Francia o Portugal el tránsito de la dictadura a la democracia resta argumentos a quienes han puesto el grito en el cielo -políticos¡, analistas y medios de comunicación- por lo que entienden es una iniciativa partidista y oportunista del gobierno para ocultar sus escándalos. 

Italia celebró el 50 aniversario de la democracia italiana en 1995, tomando como fecha de referencia la liberación del fascismo en 1945, y no las primeras elecciones generales de 1946 o el establecimiento de la Constitución de la República Italiana en 1947. En los festejos participaron el Jefe del Estado, el presidente de la República Francesco Cossiga, y el entonces presidente del Gobierno, Óscar Luigi Scalfaro. Pero eso fue, sí, hace 30 años porque en los últimos la efeméride tampoco ha estado exenta de debate porque la fiesta nunca fue del gusto de la derecha italiana. De hecho, Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, estuvo durante años ausente de la celebración institucional cuando era primer ministro, aunque en 2009 zanjó la cuestión acudiendo a un encuentro de partisanos en Onna (Abruzos). El gobierno de Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, un partido surgido de los rescoldos del posfascismo, ha vuelto a enfangarse en el debate.

Alemania, por su parte, celebró en 2019 los 30 años de la reunificación alemana tomando como referencia la Caída del Muro de Berlín (noviembre de 1989) y no la celebración de las primeras elecciones federales (1990). Lo hizo bajo el lema “Nuestra historia hace nuestro futuro” y los actos estuvieron encabezados por el Jefe del Estado, el presidente federal Frank Walter Steinmeier y la canciller Angela Merkel.

Portugal hizo lo propio en 2024 para conmemorar los 50 años de la revolución de los claveles de 1974, que marcó el inicio del proceso de democratización que culminó en las elecciones libres de 1975 y la Constitución de 1976. Las celebraciones se extendieron durante todo el año e incluyeron conferencias, actividades educativas, conciertos y eventos culturales que resaltaron la importancia de la libertad, el pluralismo y la democracia. También participaron el Jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, y el Primer Ministro Luís Montenegro. Lo hizo, con el país volcado en la conmemoración del fin de la represión que duró cerca de medio siglo, y con Chega, un partido de ideas reaccionarias, en pleno auge después de alcanzar un 18% de los votos en las últimas elecciones.

En Grecia, el 50 aniversario de la Metapolitefsi, el periodo de restauración democrática iniciado en 1974 con la caída de la dictadura militar, se celebró también en 2024 y, bajo el título “Los logros y limitaciones de la tercera república helénica”, participaron en los actos tanto la Jefa del Estado, la presidenta Katerina Sakellaropoulou, como el Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis.

Francia también, en 2024, celebró el 80 aniversario del final de la ocupación nazi con conciertos, exposiciones y desfiles. Participaron tanto el Jefe del Estado, el presidente Emmanuel Macron, como el primer ministro, Gabriel Attal. Y las celebraciones se hicieron en agosto, conmemorando la liberación de París, no las primeras elecciones legislativas (octubre) o el establecimiento de la nueva República (1946). El país quiso además rendir homenaje a los españoles que tuvieron una contribución decisiva en liberar París de la ocupación hace 80 años, en una ceremonia nacional que evocó el espíritu de la ciudad tras cuatro años bajo el yugo nazi. Se buscó en todo momento resaltar la unidad nacional ante el ocupante, pero sin dejar de denunciar la colaboración de la extrema derecha francesa con los nazis ni el papel cómplice del régimen de Vichy con la detención y envío a campos de concentración de los judíos franceses.

España, con Franco muerto, pero el franquismo más vivo que nunca, sigue siendo diferente.

Si hoy es jueves, toca hablar de corrupción. Lo pretendía el PP durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. Y así fue. Pero no solo de la que los tribunales imputan a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, a Aldama, a Leire Díez… Porque la corrupción anida más allá de lo que la oposición denuncia, de lo que el PP difunde a través de sus terminales mediáticas o de lo que la UCO investiga. Corrupción no es solo, en palabras de Pedro Sánchez, cobrar mordidas o que los lobistas crucen la frontera de la ley. También es que los políticos recorten y privaticen los servicios públicos a cambio de favores o apoyos económicos del poder empresarial. Es “usar dinero público para hacer negocios inmorales y destructivos” a costa del Estado de Bienestar (sic). Es provocar a conciencia el deterioro de la sanidad, la educación o la dependencia. 

Y, de repente, Quirón. ¿Les suena? Es la empresa a la que Isabel Díaz Ayuso ha transferido más de 5.000 millones de euros en los últimos seis años. La entidad con la que su pareja hizo negocios. La que provocó la caída de Cristina Cifuentes, como ella bien sabe pero calla. La que se lleva cada año un gran pellizco de los impuestos que pagan los madrileños. La gran beneficiaria del deterioro progresivo de la sanidad pública. Y la principal agraciada de la doctrina neoliberal que defiende la presidenta madrileña. 

Sánchez, que ha decidido entrar ya en campaña a las puertas del nuevo ciclo electoral que abrirá en diciembre Extremadura, seguida de Castilla y León y Andalucía en 2026, se parapetó en algunos datos. Por ejemplo, que el Gobierno de coalición ha dado 300.000 millones de euros más a las autonomías y que las del PP los destinan a beneficiar a los ricos y a privatizar la sanidad, la educación y la dependencia. Habló de las cifras de Andalucía, de las de Galicia, Castilla y León o Valencia. Pero quiso poner en el centro de la diana de este modelo de gestión a Isabel Díaz Ayuso, a su pareja y al gigante de la sanidad privada. “Han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos siempre pierden”, espetó para poner el dedo en la llaga sobre uno de los asuntos que envenena los sueños de la baronesa de la Puerta del Sol.

En materia de Sanidad, el Gobierno de España ha puesto a disposición de la sanidad pública en los últimos siete años 40.000 millones de euros. Y por eso se preguntó algo que puede generar dudas en cualquier ciudadano: si hay recursos y los gobiernos autonómicos los reciben puntualmente, ¿dónde va el dinero? ¿Por qué aumentan las listas de espera? ¿Por qué el deterioro de los servicios públicos? La respuesta se la dio él mismo: “Porque hay gobiernos autonómicos que usan el dinero de la gente para comprar el voto de las élites y hacer negocios” (sic).

Más que donde se cruzan los caminos, Madrid es, como escribió Miguel Hernández, una ciudad que vive entre el júbilo y la desolación, entre la muerte y la vida. Entre el lujo y la miseria. Entre los que se forran y los que trabajan por un sueldo mísero. Entre los que se llenan la boca de patria pero burlan al fisco y los que hacen patria con el sudor de su frente y cumplen con sus obligaciones tributarias.

Y Quirón es, en buena medida, la razón por la que la confianza de los madrileños en su sistema sanitario haya caído 23 puntos desde 2019, por la que haya que esperar hasta dos años para que a una mujer le hagan una ecografía de mama o por la que más de 360.000 madrileños se hayan visto obligados a hacerse un seguro privado. Y todo porque del dinero que Madrid recibe del Estado y destina a la sanidad acaba siempre en la cuenta de resultados de las empresas privadas.

Otro dato: una de cada tres euros del gasto madrileño en salud se deriva a los conciertos con clínicas privadas. Hay otros muchos en relación a la empresa Quirón que resumen el modelo de sociedad que la derecha defiende y que en Madrid impera desde hace lustros. Por ejemplo, que en relación a lo presupuestado por el gobierno regional para afrontar los pagos a esta empresa, en 2024, se han producido desviaciones presupuestarias de hasta un 125%. Una cifra que no aportó el presidente del Gobierno, pero que aparece en las liquidaciones del presupuesto consolidado y los gastos de la Cuenta General de Comunidad de Madrid sin que Manos Limpias, Hazte Oir o cualquiera de las organizaciones ultraderechistas, que acostumbra a presentar querellas por los asuntos más estrambóticos, hayan movido un dedo al respecto. 

En relación a Quirón hay un patrón de gestión presupuestaria que se repite desde hace años en la Comunidad de Madrid y que pasa por una práctica reiterada. Primero, se estima una previsión de gasto a la baja (presupuesto inferior al necesario o adecuado). Después, se ejecutan modificaciones crediticias que duplican o triplican los importes aprobados por la Asamblea autonómica. El resto es bien sabido.

Un análisis de los últimos cinco ejercicios confirma un modus operandi en la ejecución presupuestaria de las partidas que la Comunidad de Madrid destina a las concesiones hospitalarias del grupo sanitario. En 2021, 2022 y 2024, el exceso de gasto al crédito inicial superó con creces el 100% mientras que en 2020 (año de la pandemia) y 2023 las desviaciones fueron más moderadas, aunque reflejaron igualmente aplicaciones de crédito no previstas en el presupuesto inicial. Entre 2020 y 2024, los cuatro hospitales de concesión privada acumularon una sobreejecución agregada de más de 3.300 millones de euros respecto al crédito inicialmente autorizado en la Cámara regional. La Fundación Jiménez Díaz registró una desviación del 93%; el hospital Rey Juan Carlos, del 210%; el Infanta Elena, del 207% y el Villalba, del 148% en el año 2022. 

El patrón que sigue el gobierno de Ayuso demuestra la infrafinanciación sistemática en los gastos de los hospitales de concesión privada para luego inflarlos al margen de la fiscalización parlamentaria. Un comportamiento que distorsiona el principio de transparencia, oculta el verdadero coste de la sanidad privatizada en Madrid y evidencia un déficit estructural de planificación y de control sin que nadie rinda cuentas por ello. Y, todo ello, mientras la Comunidad de Madrid oculta el dato de 2024 sobre las derivaciones de pacientes desde los hospitales públicos a los privados de Quirón, que en 2021 fue de 160.837 enfermos; en 2022, de 188.472 y en 2023, de 202.561. 

Que Ayuso es Quirón y que su modelo y las cifras invitan a algo más que a la sospecha es una realidad que subyace en el dinero que destina al gigante sanitario, en los negocios de su pareja, a quien investiga la justicia, y en la relación que su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ocultó que mantenía con la citada empresa. ¿Acaso fue un despiste declarar que trabajó en un hospital público hace 20 años, pero obviar, en su ficha oficial del Portal del Transparencia, que sus últimos 17 estuvo en nómina de Quirón?

Corrupciones hay muchas, en efecto. No todas están en las páginas de los diarios, ni en la apertura de los informativos, ni en los juzgados, ni en las tertulias televisivas, ni en las sesiones parlamentarias. Hay datos, como los aportados en estas líneas, que justificarían lo contrario, pero quienes se erigen en adalides del llamado periodismo de investigación han decidido que corrupción es que una asesora de Begoña Gómez enviase un correo electrónico en nombre de la esposa del presidente del Gobierno o que el hermano de Pedro Sánchez residiera unas semanas en La Moncloa.  

Pues va a ser que el periodismo no es siempre el oficio más bello del mundo, como dijo García Márquez o que los cínicos sí sirven para este trabajo porque algunos caraduras han decidido, en su día a día, desvalorizar el periodismo y practicar el silencio selectivo.

Así andamos.