Nadie como el líder de los populares para pegarse tiros en el pie cuando el viento le viene de cola. Un gobierno acosado por múltiples sumarios judiciales, una legislatura sin presupuestos generales, una mayoría parlamentaria finiquitada, unos socios que marcan distancias a diario con Sánchez…. Y a Feijóo solo se le ocurre plantear una moción de censura instrumental para “devolver la decencia a España”. Palabras mayores en boca de alguien a quien hasta su correligionario el popular García Margallo niega “una moral irreprochable” e incluso “prestigio intelectual” con su propuesta de elegir un “candidato neutro” para liderar esa empresa que no sea Feijóo.

El caso es que andaba el gallego de flirteo desde hace semanas con PNV y Junts en busca de apoyos para impulsar la moción contra Pedro Sánchez y, de camino a Barcelona para participar en una conferencia, el independentismo catalán le respondió que si quería peces -o votos- fuera a Waterloo a pescarlos, que allí habita un tal Puigdemont y que era el ex molt honorable el interlocutor adecuado. 

Antes de que la respuesta le estallara en la cara en forma de “llave de judo” (Neus Tomás, dixit), la mera sugerencia de entenderse con quienes ha tachado de “delincuentes”, “terroristas”, “rompepatrias” y “cómplices de los corruptos”, ya había levantado ampollas en su hiperventilada batería mediática y en buena parte de su partido. Lo de pedir auxilio a la mismísima encarnación del Mal, después de haber hecho del anticatalanismo el eje de su estrategia de oposición, mal, siempre mal para las “cayetanas” y las “ayusers”. Tan mal que sus opinadores de cabecera le han llamado cateto, ignorante y provinciano por acariciar siquiera la idea de arrimarse al nacionalismo catalán o vasco. Los unos son el anticristo y los otros, los “hermanos de sangre del partido de la ETA”.

Así que, después de semejante rapapolvo, el Feijóo más altanero se plantó ante el Cercle d'Economia, con la lección aprendida y consiguió dejar aún más en evidencia su insoportable levedad en Catalunya. Lejos de seducir al empresariado catalán con un proyecto político ilusionante o soluciones para los problemas cotidianos, se dedicó a hablar de su libro, que no es otro que echar de La Moncloa a Pedro Sánchez. Y lo hizo con tal tono de autosuficiencia y desprecio que dejó perpleja a la plana mayor del empresariado catalán. 

El respetable salió de allí con más dudas que certezas sobre el liderazgo de quien ha hecho del anticatalanismo el ingrediente principal de su menú político. “No vengo a pedir favores”, les espetó antes de reprochar que se llegue a acuerdos con Catalunya sin hablar con las demás Comunidades. Debe ser que al Pacto del Majestic, Aznar además de a Pujol, invitó al resto de líderes políticos del momento. 

Luego se preguntará por qué el PP es una fuerza irrelevante en una Comunidad que aporta 48 de los 350 diputados del Congreso. Desde la recogida de firmas contra el Estatut, el boicot a los productos catalanes, las cargas policiales del 1-O, la delegación a los tribunales de la competencia para resolver un conflicto político o las sucesivas ofensivas contra el catalán, la derecha no se cansa de acertar con Catalunya. No ha entendido aún que para construir España no se puede dar la espalda a una parte de ella y tampoco azuzar el enfrentamiento entre territorios o hacer gala de una catalanofobia que roza el paroxismo. 

Basta con repasar la historia electoral para constatar que desde 1993, el peso de Catalunya ha sido determinante en el resultado de buena parte de las elecciones en las que ningún partido obtuvo mayoría absoluta. Y casi siempre en beneficio de la izquierda. En 1996, la amarga victoria del PP (que se quedó a 20 escaños de la mayoría absoluta) habría resultado mucho más satisfactoria para Aznar sin el resultado catalán. Y en 2004, pese a sus mentiras sobre los atentados del 11M, Rajoy hubiera empatado en número de diputados con Zapatero. En 2008, los populares habrían quedado dos escaños por delante del PSOE. Y en las de 2015, PP y Ciudadanos hubieran estado por encima de la mayoría absoluta en el caso de descontar los diputados catalanes. La moción de censura de 2018 no hubiera tenido opción de prosperar jamás, en ausencia del corpus electoral catalán y en las elecciones de 2023, PP y VOX hubieran sumado mayoría absoluta.

Feijóo lo sabe, llegó a la presidencia del PP cargado de buenas intenciones y hasta reconoció errores de su partido con Catalunya que dijo estar dispuesto a enmendar. No lo hizo. Su dependencia de la caverna mediática y de quienes, como Ayuso, le auparon al liderazgo orgánico, le han convertido en un títere de la España centralista y reaccionaria. La que prefiere el “a por ellos” en lugar de “con ellos”. La que pretende convencer en balde que en Euskadi hoy se vive peor que en 2010 cuando existía ETA. La que cree que dialogar es una cesión intolerable y pactar, una traición a la patria. La que niega que en Catalunya se viva hoy mejor que en 2017. La que parece añorar que la independencia haya desaparecido de la conversación pública. La que desprecia que la convivencia se haya impuesto a la confrontación. Y la que aún no ha aprendido que gobernar este país en contra de Euskadi y Catalunya es una quimera.

Que Pedro Sánchez anunciara este miércoles en Barcelona, en el mismo lugar que Feijóo desconcertó a los empresarios, los trámites para la presentación de los Presupuestos Generales para 2027 no es casualidad, sino un guiño más a sus socios de Junts y ERC, con quienes se comprometió a seguir trabajando en la “agenda del reencuentro” que ha devuelto la normalidad política, social y empresarial a Catalunya. Tanto, ironizó, que ha supuesto que hasta Feijóo reconoce ahora a Junts como “actor político”. Solo cuando no siente el aliento de sus cancerberos.

Como decía el mítico director del Washington Post Ben Bradlee los mejores periódicos están comprometidos en la búsqueda concienzuda de la verdad, pero en el fondo del saco existe también un “periodismo de queroseno”, el que se dedica a echar combustible en el primer sitio en el que ve humo antes de determinar qué es lo que lo produce y por qué. Decía también que las llamas resultantes pueden considerarse un incendio premeditado, pero no periodismo.

Deliberado o no, en la mañana de este miércoles, diez minutos antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a toda página y con gran alarde tipográfico leíamos en El Confidencial: “La UCO registra Ferraz: operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE”. ¡Boooooom!! Justo la línea roja que establecieron los socios de Pedro Sánchez para dejar caer al Gobierno y que la derecha agita para presionar a nacionalistas vascos y catalanes en busca de apoyo para una moción de censura. 

A los pocos minutos del titular de marras, el líder del PP, que no acostumbra ni a entrar por la puerta principal ni a hacer declaraciones a los medios antes de la sesión, ya llevaba preparada la munición: “Lo que estamos viviendo es de una extrema gravedad que se comenta por sí sola. La pregunta es cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios, cuántos periodos de instrucción y juicios orales… Esto apesta. No podemos más”. En alusión al PNV y Junts, ya había dicho el día anterior: “Mantienen al gobierno más sucio de la democracia”. 

Lo cierto es que la Guardia Civil se había presentado en la sede socialista con un requerimiento de la Audiencia Nacional para reclamar documentos sobre la contratación de la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, pero nada que tenga que ver con la financiación ilegal del partido. Ni con cajas B. Lo que se investiga es “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno”. Hechos, sin duda, gravísimos y sobre los que el PSOE y su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, habrían mentido reiteradamente. Porque, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz, el PSOE habría contribuido supuestamente a financiar las presuntas maniobras que habría llevado a cabo contra fiscales y mandos policiales Leire Díez. 

Pedraz aprecia indicios de delito en la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice de varios ilícitos, así como posible autora del delito de falsedad en documento mercantil en relación con la emisión de facturas falsas para abonar los servicios que se investigan. El juez también alude a Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de Correos, empresa en la que Leire Díez ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Y a Juan Francisco Serrano, quien fuera número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. El magistrado señala que aparecen indicios que revelan la colaboración de ambos con los investigados “en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”, si bien matiza que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

La operación se produce en el marco de una pieza separada secreta abierta en las diligencias de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones bajo sospecha en la que estaban siendo investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxón Alonso —vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán— . Y el caso tiene que ver con las actividades de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar las andanzas de la mal llamada policía patriótica que creó el Gobierno de Mariano Rajoy y las supuestas corruptelas que se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra algunos dirigentes socialistas.

La presencia de la UCO en la sede del PSOE se produce una semana después de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental impactara en el mismísimo corazón del PSOE, haya reventado la agenda del Gobierno y mantenga en vilo a toda la dirigencia socialista hasta el 17 de junio que declarará el expresidente ante la Audiencia. Sánchez ha vuelto a reiterar su apoyo a Zapatero y, en general, todo el partido ha cerrado filas con quien hasta ahora ha sido faro moral y activo electoral de la izquierda. Y sobre el caso Leire Díez dijo “no tener nada que esconder”, si bien “si hay algo irregular, se actuará”.

Sin prejuzgar y con respeto al trabajo de la Justicia, el ministro Óscar López declara no creer en las casualidades: “Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias”. La exageración de las actuaciones, el despliegue masivo de efectivos policiales, la coordinación con determinados medios de comunicación, la sincronización de los calendarios judiciales… “Todo responde al lanzamiento de una traca contra todo y todo el tiempo para minar la capacidad de resistencia de Sánchez”, aseguran desde La Moncloa. “No vamos a ir a elecciones por mucho que griten”, añade otro ministro socialista, en línea con lo que reiteró ayer mismo el presidente del Gobierno desde Roma. 

Lo de “contra todo y todo el tiempo” significa que en el Gobierno no achacan en absoluto al azar la concurrencia de la imputación de Zapatero, el requerimiento al PSOE por los contratos con Leire Dïez, la decisión del juez Peinado de citar a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a una “audiencia preliminar” el próximo 9 de junio y el arranque del juicio oral contra el hermano del presidente, David Sánchez por haber ocupado un puesto de dirección en la Diputación de Badajoz. Tampoco que “todo este ruido judicial” sea ajeno a que este mismo jueves está prevista la declaración ante la Audiencia como imputado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, por el que el Gobierno de Mariano Rajoy creó una trama al margen de la ley pagada con fondos reservados y en la que participaron policías, jueces y fiscales para tapar la corrupción del PP.

En realidad, todo empieza y acaba en la Kitchen la semana en que se juzga la Kitchen. Porque el caso Leire Díez y la presunta trama que ahora investiga Pedraz empieza con las pesquisas de la exmilitante del PSOE sobre la estructura ilegal montada por el Ministerio del Interior de Fernández Díaz y cómo pudo influir en causas judiciales que afectaban al PSOE. ¿Una mini kitchen para investigar a la Kitchen? “Si fuera eso, el PSOE no fabricó pruebas ni investigó al margen de la ley, y mucho menos usó a las estructuras del Estado para hacerlo”, responden desde La Moncloa.

Sea como fuera, lo que Sánchez tiene por delante es una semana judicial horribilis que tratará de sortear con la visita del Papa a España. Y a Feijóo solo le queda, insistir en vano en un anticipo electoral, ya que los socios de investidura de Sánchez han vuelto a dar un portazo a la posibilidad de apoyar una moción de censura. Esta vez, incluso, de forma más sonora, como ha hecho la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán: “Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo. Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos dan para empapelar el salón de plenos. Y si miramos esa pareja estable que han formado con Vox, que es quien tira de su carro, confianza ninguna”.

En el periodismo, dicho sea de paso, seguimos en guerra con la verdad. Unos más que otros. 

Si hoy es jueves, hablamos de Zapatero. Ya sabes que estos días el espacio de la conversación pública solo gira en torno a su imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos. No hay, hasta el momento, motivos ni pruebas para condenar al expresidente. Tampoco para defender que estamos ante un nuevo capítulo de la sincronizada ofensiva judicial, política y mediática desplegada contra todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez. Pero, en esta España en la que si no tienes certezas absolutas eres un tibio o un vendido, antes incluso de que se conociera el auto de más de 80 páginas, ya se habían levantado dos trincheras.

Por un lado, los que como Pedro Sánchez, reivindican la figura del expresidente y deslizan veladamente la complicidad entre el poder judicial y el PP en la búsqueda de atajos para llegar a La Moncloa. Por otro lado, los inflamados que, como Feijóo, no solo han condenado ya a Zapatero, sino que han escalado la responsabilidad penal a todo el Consejo de Ministros, incluido el presidente del Gobierno. 

Toda acción de la justicia, sea auto, diligencia previa, investigación preliminar o informe pericial es buena para que la derecha emita sentencias condenatorias y pida elecciones anticipadas. Con los votos o con las togas, lo suyo es llegar cuanto antes y de cualquier modo a La Moncloa, aunque en el camino renuncie a la presentación de una moción de censura, que es el instrumento adecuado ante la situación de desmoronamiento de las instituciones y corrupción estructural que dibuja cada día. Feijóo sabe que no tiene los votos, por más estrategia de presión que despliegue sobre los socios del Gobierno. La izquierda ya le ha dicho que se peine; Junts, que nadie como ellos sabe lo que es sentir el aliento de una justicia politizada y el PNV calla y espera porque “lo que se conoce sobre Zapatero de momento es una investigación embrionaria”. Todos coinciden en que con Vox de compañero de viaje de Feijóo, su apoyo al PP es solo una ilusión óptica.

El caso que nos ocupa, en todo caso, no es baladí. Ha protagonizado todas las portadas nacionales y extranjeras porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un juez. No lo hizo González por los GAL, ni Aznar por la Gürtel, ni Rajoy por la Kitchen, pero a Zapatero se le atribuye el liderazgo de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” ante autoridades nacionales y extranjeras en la que “puso sus contactos al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. 

Y, aunque, el auto con el que se le cita a declarar hace un relato cronológico bastante sólido de los hechos que se investigan, de momento se han aportado más conjeturas que pruebas sobre la influencia de Zapatero en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra para que no quebrara en pandemia, como se hizo con todas las compañías estratégicas. El juez sugiere  también que un amigo del expresidente y empresario al frente de la consultora que se encuentra en el centro de la investigación, Julio Martínez Martínez, en realidad era un testaferro de Zapatero porque se han encontrado transferencias de cientos de miles de euros a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones de préstamos. Y entiende que los pagos se ocultaron a través de un entramado societario off-shore de cuya existencia no aporta pruebas documentales. Lo único probado es que mientras Julio Martínez facturaba por sus gestiones con el Gobierno de Venezuela, gastaba parte del dinero que cobraba en contratar a Zapatero y a sus hijas por supuestos informes por los que llegaron a ingresar más de 600.000 euros en cinco años.

Todo está escrito negro sobre blanco. En un auto, no en una sentencia que, en efecto, ha caído como una bomba de neutrones en el mismísimo corazón del Gobierno y del PSOE en un momento de debilidad tras la debacle de las elecciones andaluzas y el juicio en el Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Tan duro ha sido el golpe que no hay dirigente o militante que haya hecho todavía la digestión del impacto emocional de la noticia. Y es que Zapatero no es Ábalos ni es Cerdán, ni siquiera es Pedro Sánchez. Entre los cuadros y las bases, es una especie de guía moral y ejemplo de integridad, además del único expresidente socialista que siempre antepuso los afectos y la lealtad a cualquier otra cuita. 

Y, aunque sus últimos días en La Moncloa terminaron sumidos en el agujero negro de una brutal crisis económica, suyo fue el mérito de haber movido las fichas definitivas para acabar con el terrorismo de ETA, haber impulsado una revolución en la extensión de derechos civiles y haber arrimado el hombro siempre que el partido le ha necesitado. De ahí el cierre de filas sin matices que Sánchez escenificó durante la sesión de control al Gobierno este mismo miércoles.  

El presidente ha defendido la inocencia de Zapatero, si bien ha proclamado, pero recetado también a los suyos, máximo respeto a la investigación, después de la torpeza con la que desde la secretaría de Organización del PSOE que dirige Rebeca Torró se deslizaron el día anterior por la pendiente del lawfare sin mencionarlo expresamente. Algo que también hicieron algunas voces de la izquierda a la izquierda del PSOE y que, con posterioridad, se han visto obligadas a recoger cable porque el auto, como se admite en La Moncloa, “es un texto serio” y “el juez que instruye el caso, José Luis Calama, no es Peinado”.

Ni todo es lawfare ni todo es delito. Porque sobre algunas de las actuaciones que el juez atribuye al expresidente y con las que la sincronizada mediática del PP hiperventila desde hace 72 horas, hay dudas razonables sobre la delgada línea que separa el tráfico de influencias del lobbismo. Una práctica esta última no regulada y a la que se dedican, por cierto, todos los ex presidentes de Gobierno -menos Mariano Rajoy- varios exministros y algún que otro ex presidente autonómico.  

Por eso en La Moncloa defienden que la lectura del auto tranquiliza, ya que no incluye nada que incrimine al expresidente o constate un tráfico de influencias. “De hecho, Zapatero no participa de ningún entramado societario e ingresó el dinero que cobró por sus asesorías en una cuenta corriente compartida con su mujer”, aseguran varios ministros que recuerdan la más de una docena de sociedades que Aznar tiene constituidas con su familia “y nadie ha investigado”. 

La narrativa desplegada por los socialistas destila, no obstante, una doble indignación: la aparente sincronía entre algunas decisiones judiciales y las declaraciones del PP, que desde hace meses vienen anticipando resoluciones de los tribunales que afectan a los socialistas. Motivos dicen tener para dudar, después de que se haya condenado a un Fiscal General del Estado “sin pruebas concluyentes” y tras acuñar un nuevo sujeto penal con “el entorno”. Algo inédito en la jurisprudencia.

Aun así la consigna impartida es defender el legado y el buen nombre de Zapatero, pero mantener la prudencia porque la investigación “es grave”, pero solo los estúpidos, como decía Bertrand Russell, están seguros de todo.

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a votar el próximo domingo, una cita en la que se juega la hegemonía política de la región más poblada de España y que tendrá inexorablemente lecturas en clave nacional, pese a que la evidencia empírica demuestra que los ciudadanos saben de sobra qué votan, a quién y por qué en cada elección. 

La convocatoria servirá, de un lado, para medir la resistencia del modelo que representa el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que en las formas al menos no es el del PP que lidera Feijóo y tampoco el de Ayuso. Pero, también para comprobar qué queda del PSOE en una comunidad donde lo fue todo, gobernó durante 36 años y fue el principal granero de votos en todas las elecciones generales.

Las expectativas para el socialismo no son muy halagüeñas. Y no solo por el desgaste que acumula la marca o porque la imagen de su candidata María Jesús Montero esté indisolublemente ligada a la de Pedro Sánchez, sino también por las heridas que aún supuran en las diferentes familias del PSOE andaluz tras la pérdida del poder institucional en 2019 y las traumáticas primarias que enfrentaron a Susana Díaz y el hoy presidente del Gobierno por el liderato nacional del partido. Esta última es una circunstancia que, aunque en ocasiones se olvide intencionadamente, explica muchos de los males de una federación que no supo o no quiso pasar página de sus luchas intestinas ni renunciar a sus componendas orgánicas.

El caso es que Juanma Moreno no tiene asegurados los 55 escaños que otorgan la mayoría absoluta que le libraría de los controvertidos y humillantes pactos con Vox por los que sí han tenido que pasar sus colegas de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero María Jesús Montero tampoco sabe si taladrará aún más el suelo que dejó el PSOE hace cuatro años con el peor resultado histórico de la marca con 30 escaños de 109. El baile de diputados en al menos media docena de provincias puede decantar un resultado cuya lectura marcará seguro las estrategias de los partidos nacionales.

Y en un mundo donde la información fluye a gran velocidad y las opiniones se forman en cuestión de segundos, lo único seguro de la noche del domingo es que el PP ganará su cuarta elección en cinco meses, que Feijóo se apropiará de la victoria, que expedirá por enésima vez el certificado de defunción de Sánchez y que pedirá de nuevo un anticipo de las generales. Todo lo demás, seguirá igual, El PP, con o sin Vox, en la Junta de Andalucía, el PSOE en la oposición y Sánchez, en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, como el primer ministro británico, no se irá, aunque el socialismo andaluz perfore su mínimo histórico como el laborismo se hundió en las elecciones locales. La diferencia entre Sánchez y Keir Starmer es que al primero se lo pedirá la derecha, pero no su gobierno ni su partido, salvo los despechados que no habitan ya en las estructuras del partido, pero orbitan alrededor de los micrófonos que interesadamente les presta la derecha mediática para ajustar cuentas con el pasado. No, España no es Reino Unido. El PSOE no es el laborismo. Y la cultura política anglosajona nada tiene que ver con la española.

El horizonte de Sánchez sigue estando en 2027. En la primavera o en otoño, si bien por su cabeza no pasa la convocatoria de un superdomingo electoral en el que coincidan generales, con autonómicas y municipales. Hasta entonces, asumirá o no el resultado del 17M como propio -al fin y a la postre la candidatura de Montero fue un empeño suyo-, pedirá a los socialistas que se concentren en la tarea de gobierno y seguirá erigiéndose en némesis de la ultraderecha global que representa Trump y emulan los acuerdos que el PP va suscribiendo con Vox allá donde necesita los votos de Abascal para gobernar.

La retórica en todo caso no podrá ignorar una reflexión en profundidad sobre la evidente debilidad del PSOE en los diferentes territorios y la profunda desconexión con su base electoral. Pero, en Andalucía, pese a los augurios del periodismo especulativo, el partido no se abrirá en canal se cumpla o no el pírrico objetivo de mantener los 30 escaños de hace cuatro años. 

Se multiplicarán, eso sí, los reproches sobre quiénes y cómo han diseñado una campaña tradicional y nada disruptiva que no parece que vaya a convencer a los 600.000 andaluces que se quedaron en casa en las autonómicas de 2022 y votaron a Sánchez en 2023. Se escucharán decenas de reproches contra una Secretaría de Organización Federal que no da la talla. Se sucederán los lamentos por haber cambiado precipitadamente a Juan Espadas por Montero sin dar tiempo al primero para consolidarse como alternativa a Moreno Bonilla y achicharrar a la segunda sacándola de su zona de confort y donde realmente era útil, que era en el Gobierno de España. Pero el socialismo andaluz, adelantan sus históricos, “tiene suficientes horas de vuelo para gestionar con responsabilidad” el resultado, haya o no otra debacle.  

María Jesús Montero no es cualquier candidata, sino persona de absoluta confianza de Sánchez, además de vicesecretaria general del PSOE, por lo que todos los ecos que llegan desde la federación andaluza es que la digestión de lo que salga de las urnas el próximo domingo se hará con “cabeza y responsabilidad” pensando bien los pros y contras de qué se hace y cuándo se hace. Y es que el cuadro que resulte no será ajeno ni se diseñará al margen del secretario general, que seguirá siendo presidente del Gobierno, aunque le pese a Feijóo. Lo contrario, sería abrir en canal un partido que si de algo sabe es de las consecuencias que producen las autolesiones. Que nadie espere una catarsis y tampoco que el socialismo se resigne a lo que la demoscopia, los editoriales y los tertulianos llaman derechización de Andalucía. Los datos no demuestran eso, sino una profunda apatía en el electorado de la izquierda. 

Y es que una cosa es el voto censal y otra el voto emitido a las diferentes candidaturas. Y el mejor resultado del bloque de la derecha se registró en 2011, con un 34,4% de voto censal, lo que no supone una evolución significativa desde 1977, cuando un 33,7% de la ciudadanía con derecho a voto optó por una candidatura de derechas.

El único cambio sociológico en esta Comunidad se produjo como consecuencia de la gran crisis económica, ya que desde las elecciones de 2011, el voto a la izquierda bajó del 40%-50% hasta situarse en el 30%-37% del censo. Una circunstancia que ha supuesto que, desde entonces, se iguale con el porcentaje de la derecha, pero no por un trasvase neto de votantes, puesto que la derecha ya tenía ese umbral de voto, sino porque buena parte del electorado de izquierda ha ido a engrosar el porcentaje de abstención, como en los 80 y 90 ocurrió con el electorado de derechas. Y eso es de lo que el PSOE tendrá que hablar a partir del próximo domingo si quiere remontar el vuelo porque todos los pronósticos apuntan que la derecha se acercará a su techo histórico y la izquierda seguirá en la desmovilización que arrastra desde 2011, lo que permitirá ganar holgadamente a Moreno Bonilla.  

 En esta semana de duelo por el fallecimiento de alguien tan inmensa como Soledad Gallego-Díaz, el momento obliga. Se lo debemos. Primera mujer directora de El País, autora de la exclusiva del primer borrador de la Constitución de 1978, cronista política, corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires y referente indiscutible para tantos y tantos de nosotros. Un ejemplo ético y profesional en estos tiempos en los que la inmundicia nos inunda y es más necesario que nunca reivindicar el buen hacer en una profesión que es columna vertebral de toda democracia, aunque haya quien se empeñe en denostarla, degradarla y hasta enterrarla.

Discutía Sol Gallego con firmeza que el periodismo hubiera quedado engullido dentro de una cosa que se llama comunicación, que utiliza nuevos soportes y que “es un concepto mucho más moderno, más amplio y sugerente”. No estaba, en absoluto, de acuerdo y sostenía que ese empeño en desprestigiar el periodismo formaba parte del descrédito general al que se somete hoy en todo el mundo a los elementos básicos de la democracia. Admitía también que asistimos a una enorme proliferación de nuevos medios y nuevos instrumentos de comunicación que abren un mundo “fascinante lleno de posibilidades”, pero que nada tienen que ver con el periodismo, y mucho menos que vayan a ser capaces de sustituirlo porque ni tienen el mismo objetivo ni proporcionan al ciudadano la información “que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo”.

Así lo dijo el día que recibió el XXIV Premio Francisco Cerecedo, cuando aseguró que esta profesión ofrece algo único: información independiente, veraz, exacta y ecuánime, que todo ciudadano necesita para serlo. Algo que no tiene que ver ni con lo que ofrecen los agitadores habituales, ni con lo que se publica en algunas webs con el reclamo de gran exclusiva y no son hechos dentro de un marco de interpretación, sino rumores, acusaciones sin pruebas, testimonios sin contrastar y servidumbres al servicio de causas partidistas.

La democracia como el periodismo es un terreno de juego con unas normas y unos códigos irrenunciables que no se deben romper ni banalizar jamás. “Sinceramente -alertaba Sol- si nos creemos lo que nos dicen sobre el negro futuro de nuestro oficio, estaremos haciendo lo que se espera de nosotros, que de puro miedo a morirnos nos terminemos suicidando. Si aceptamos que la información es parte del espectáculo, colaboraremos en el desprestigio, no solo del periodismo sino de la democracia”. E insistía: “Si te van a matar, no te suicides”

Por eso es incomprensible que a estas alturas de lo visto y vivido en el Congreso de los Diputados no se hayan tomado aún medidas contra el propagandista y agitador Vito Quiles o su homólogo Bertrand Ndongo por dedicarse con tanto afán al insulto, la intimidación o el señalamiento de políticos y periodistas en el recinto parlamentario y sus inmediaciones. Uno, ya saben, es el autor del hostigamiento dentro de un restaurante a la esposa del presidente del Gobierno cuando almorzaba con unas amigas, pero ha protagonizado no pocos actos de violencia verbal en la Cámara Baja. El otro llamó “idiota” a la diputada de Sumar Aina Vidal, el pasado martes. Son sus últimas aportaciones a esta España suya en la que no caben más que ellos y una nueva y reprobable contribución a este periodismo que invocan como propio cuando en realidad lo que hacen nada tiene que ver con ello. Lo suyo es el matonismo.

Por eso es también abstruso que las asociaciones profesionales hayan actuado tarde y mal contra estos personajes y los medios que los dan cobijo o distinguido a otros de dudoso crédito. Y por eso urge más que nunca defender la información libre, la búsqueda de la verdad y la importancia de este oficio. Esto no va de etiquetas ni de trincheras, ni de aguantar insultos o difamaciones, sino de decir hasta aquí hemos llegado y no vamos a callar ante tanta ignominia. Algo para lo que se requiere el concierto de todos aquellos que creen en lo que hacen, que están comprometidos con el rigor y el pensamiento crítico en un oficio en el que no se trabaja para recibir reconocimientos, sino para contribuir a hacer de esta sociedad algo digno y donde se distinga con claridad entre maestros de la intoxicación y soldados de la información crítica pero respetuosa. Imprescindible, por cierto, para todo ello disponer del origen y la financiación que da soporte a cada medio, web o canal, además de defender que el poder de las ideas está por encima de las ideas del poder político o empresarial.

Y por eso es inconcebible que haya medios o periodistas que callen, disimulen, se amilanen o se sometan al dictado de alguien como el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ayer tuvo que declarar como imputado por un delito de revelación de secretos al revelar la identidad en un chat de dos periodistas del diario que dirigió Soledad Gallego-Díaz que trabajaban en la calle y fueron identificados por los agentes del servicio de seguridad de la presidenta madrileña. O que se oculte que en menos de una hora diera dos versiones distintas sobre cómo obtuvo la fotografía de los redactores. Primero, declaró que la obtuvo de un vecino y después, que se la envió Alberto González Amador, pareja de la presidenta, a quien se la había pasado previamente un vecino. O que se permita que quien reconoció ante el Supremo haber mentido cuando dijo que el ministerio fiscal frustró un acuerdo con el novio de Ayuso, denunciado por fraude fiscal, “por órdenes de arriba” siga cobrando un sueldo público.

Siempre vigilante y crítica con los poderes públicos, Gallego-Díaz se estará revolviendo hoy en su tumba al comprobar que, en efecto, algunos que saben que les quieren matar, van camino del suicidio al coquetear con la idea de renunciar a la exigencia y la integridad periodística. 

 Llegó Feijóo a la arena nacional para ocupar la centralidad y, cuatro años después, ha asumido con absoluta naturalidad lo que en otros tiempos hubiera sido vergonzante para cualquiera que orbite la vida pública con un mínimo de responsabilidad. Así ha abrazado la “prioridad nacional”, ese eufemismo acuñado por su socio de la ultraderecha para definir lo que, en realidad, no es más que discriminación, racismo y xenofobia. Conste que no es el único marco que el PP ha asumido por su dependencia de Vox desde que los de Abascal aterrizaron en la arena nacional. Antes, fue el expolio fiscal, la violencia doméstica, la dictadura feminista, los postulados medioambientales e incluso la justificación o el silencio cómplice del acoso y la violencia que los agitadores de guardia ejercen contra periodistas y políticos del ámbito progresista.

La realidad nacional, que niega a los extranjeros que viven entre nosotros los derechos que todos tenemos, es una expresión tan diabólica que abochorna incluso a algunos barones del PP, que se preguntan estos días qué fue de aquel propósito de Feijóo en el arranque del curso político de hace dos años, para seducir a los votantes moderados que le faltaron en 2023 para llegar al Gobierno. Recuerdan varios interlocutores genovistas que su jefe de filas les animó en diferentes reuniones a arrebatar a Sánchez banderas tradicionalmente blandidas por la socialdemocracia como el derecho a la vivienda, la conciliación familiar, los servicios públicos, las políticas sociales o las dificultades de los jóvenes para independizarse y planificar un futuro. 

En octubre de 2023, por ejemplo, reunió en Génova a las consejeras de Políticas Sociales de los gobiernos autonómicos del PP y se conjuró para llevar al centro de la agenda política los asuntos que afectan a la vida de la gente. Tres años después, el resultado es que el principal partido de la oposición, no ha tenido más estrategia que el ataque a Pedro Sánchez, un presidente al que llegó a considerar ilegítimo. Sin más proyecto ni alternativa que no fuera el no a todo, ha votado en el Congreso contra la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados de la Dana, las subvenciones al transporte público, la subida del SMI, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional o la prohibición de cortes de suministro a los consumidores. 

Esta misma semana, ha vuelto a hacerlo contra el real decreto impulsado por el Gobierno que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. “Un naufragio más de nuestro eterno viaje al centro”, se lamenta un ex dirigente popular en alusión a la pregunta que solía hacerse Alfonso Guerra, con su habitual destreza para destruir al adversario con la palabra, sobre de dónde vendrían los del PP que llevan tantos años viajando al centro y no terminan de encontrarlo.

En realidad, conviene establecer una distinción entre lo que significa ganar el centro político y lo que es ganar la centralidad porque lo primero es una mera posición dentro del eje izquierda-derecha y lo segundo es algo que tiene más que ver con el discurso político y lo que es relevante llevar a la conversación pública. Perder la centralidad es perder la capacidad de influencia sobre de qué se habla y cómo se habla y es también perder el interés por lo que preocupa a la gente. Es ignorar por completo cuáles son las cuestiones públicas de urgencia.

La vivienda, sin duda, es una de ellas. Pero, a juzgar por sus intervenciones en el Congreso, a Feijóo no le inquieta lo más mínimo. Dato: entre diciembre de 2024 y abril de 2026, ni una sola de sus preguntas al presidente del Gobierno en las sesiones de control de los miércoles han tenido que ver con el asunto.

Aquí van algunos de sus desvelos semanales:

 -¿Cree que atacar a las instituciones del Estado es un comportamiento digno de un Presidente? (18/12/2024)

-¿Qué opina del funcionamiento del Gobierno de España? (12/02/2025)

-¿Le preocupa la calidad de vida de los españoles? (19/02/2025)

-¿Cree que su coalición de Gobierno es lo adecuado para la actual situación política? (26/02/2025)

-¿Va a ofrecer la información que le demandan los españoles? (19/03/2025)

-¿Ejerce usted todas las competencias que le corresponden según la Constitución? (26/03/2025)

-¿Cree que España merece la agonía de su desgobierno? (07/05/2025)

-¿Cree que un Gobierno colapsado sirve a los españoles? (14/05/2025)

-¿Cree que usted y su Gobierno pueden hacer lo que quieran? (21/05/2025)

-¿Cree que España merece tener un Presidente del Gobierno como usted? (11/06/2025)

-¿Le queda algo de respeto por los españoles? (18/06/2025)

-¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás? (10/09/2025)

-¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno? ( 17/09/2025)

-¿Cree que España tiene un Presidente del Gobierno decente? (15/10/2025)

-¿Ha renunciado a gobernar? (22/10/2025).

-¿Va a decir la verdad? (29/10/2025)

-¿Está usted actuando con la responsabilidad exigible a un Presidente del Gobierno de España? (11/02/2026)

-¿Quién sigue confiando en su Gobierno? (18/03/2026).

-¿Cuánto nos cuesta su Gobierno a los españoles? (25/03/2026)

-¿Cree que el Gobierno hace que España funcione? (22/04/2026).

Derribar la prórroga de los alquileres, como recordó el ministro Pablo Bustinduy, deja “a la intemperie” y aumenta el hartazgo de una ciudadanía, incluida la que vota PP, que ve cómo la política se desentiende de sus problemas solo por cerrazón ideológica.

En realidad no es solo la vivienda. Al PP le interesan poco o nada las políticas sociales, ante las que en esta legislatura ha desarrollado un patrón permanente de desinterés o bloqueo, como demuestra que en el Senado, donde ostenta mayoría absoluta, la Comisión de Derechos Sociales sólo fuera convocada cinco veces, en todo 2025. Una parálisis que no es casual y que, para la senadora socialista y portavoz en dicha comisión, Marta Arocha, “coherente con su manera de entender las políticas sociales”.

En un artículo publicado recientemente, la parlamentaria del PSOE recuerda que, por ejemplo, en materia de dependencia, los datos son claros: con gobiernos del Partido Popular, la financiación estatal del sistema apenas alcanzaba los 1.300 millones de euros mientras que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado hasta los 3.800 millones. Sin embargo, pese a este esfuerzo sin precedentes, “las peores comunidades autónomas en gestión de la dependencia siguen estando gobernadas por el PP”. Canarias, Madrid, Andalucía y Murcia presentan mayores listas de espera, mayores tiempos de tramitación y modelos de atención basados en sistemas low cost que deterioran la calidad del servicio y vulneran derechos básicos de las personas dependientes y de sus familias. “No es una cuestión de falta de recursos: es una cuestión de prioridades políticas”. añade Arocha.

Algo similar ocurre con las rentas de ciudadanía porque, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las comunidades gobernadas por el Partido Popular optaron por reducir o debilitar sus rentas autonómicas, en lugar de complementarlas, dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad y rompiendo la lógica de refuerzo del sistema de protección social.

Y todo responde a una concepción ideológica de menosprecio por lo público con la que más que seguir buscando el centro y la moderación que no termina de encontrar, Feijóo ha abandonado definitivamente la centralidad del debate público para llevar las obsesiones de su sincronizada mediática de guardia a la conversación diaria. Por ejemplo, ese déjà vu del traumático federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 relatado en su día en vivo y en directo por todos los medios de comunicación y que ahora se presenta, 10 años después, como la gran revelación de la historia del periodismo contemporáneo. 

Por si hicieran falta más ejemplos, desde que gobierna Sánchez hasta hoy, el PP de Feijóo ha votado en contra o se ha abstenido 36 veces ante asuntos de gran relevancia social que afectan a la vida diaria de la gente. Por ejemplo, el decreto por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo; la prestación por desempleo para las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas relacionadas con el COVID-19; las medidas para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables; las destinadas a hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes; el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; el «mecanismo ibérico» que llevó a una importante reducción de los costes de la electricidad; las becas y ayudas al estudio; la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género; la transposición de la Directiva Europea sobre a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; la prórroga de bonificaciones en el IVA de los alimentos, la electricidad y el gas; la congelación de las cuotas de autónomos o las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

El menosprecio por las políticas sociales, las obsesiones de sus terminales mediáticas y su dependencia de Vox arrastran al partido a un camino sin retorno y muy alejado de un proyecto político ilusionante con el que conquistar siquiera a su propio electorado. 

Un bien de primera necesidad, además de un derecho cada día más difícil de conquistar para miles de españoles. Para quienes lo han olvidado o quienes solo invocan la norma suprema a conveniencia, recordemos que la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Y no solo. También dice que es a los poderes públicos a quienes corresponde promover las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regular el suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación. Has leído bien: impedir la especulación. 

He aquí la cuestión: derecho o negocio; intervención o libre mercado. Cuando hablamos de una emergencia nacional y una crisis habitacional sin precedentes, que es ante lo que nos encontramos, la respuesta debería ser obvia: una decidida apuesta por lo público. Sin embargo, el debate está servido desde hace décadas y la confrontación vuelve a ser un hecho. Esta vez a cuenta del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España con una dotación de 7.000 millones -el triple que la anterior- y la airada respuesta que ha dado la derecha. 

La más sonora, como siempre, la de Isabel Díaz Ayuso, para marcar la senda por la que debe transitar Feijóo. Lo que subyace de todo ello son dos modelos, dos formas de entender la economía y dos apuestas muy distintas sobre lo que se entiende por vocación de servicio público. La indómita baronesa se sitúa otra vez en la trinchera, pero esta vez ante un asunto que afecta de lleno a miles de madrileños que no pueden acceder al mercado de la vivienda en propiedad o en alquiler. Su no a todo lo que venga de Pedro Sánchez le ha llevado en las últimas 48 horas primero a rechazar los 1.100 millones de euros en fondos estatales para la construcción, rehabilitación y protección de casas en la Comunidad de Madrid y, después, a sostener que ya decidirá al respecto “cuando llegue el momento”. 

O le sobra dinero en las arcas regionales o le falta sensibilidad para con sus ciudadanos. Lo primero es dudoso porque por la mañana anuncia bajadas de impuestos; por la tarde, pide más financiación al Gobierno y por la noche, renuncia a una quita de la deuda de más de 6.000 millones de euros. Lo segundo es más probable teniendo en cuenta su disposición a ser tenedora consorte, ya que disfruta de una vivienda de lujo en Chamberí que compró su pareja supuestamente con el pelotazo de la venta de mascarillas en pandemia, además de un ático en la planta superior a la primera y ahora se encuentra en búsqueda activa para adquirir una tercera casa en propiedad en el mismo distrito, donde el metro cuadrado se vende al módico precio de 8.990 euros. 

La presidenta debe ser de las pocas madrileñas que no tiene obstáculo para adquirir no una casa , ni dos, sino tres. En el fondo lo que libra una vez más es una guerra sin cuartel contra lo público porque su apuesta siempre fue el libre mercado, la ley de la selva y el sálvese quien pueda. Lo ha hecho con la sanidad, con las universidades, con la formación profesional y, ahora, con el acceso a la vivienda y las medidas para mejorar la regulación, frenar el auge de los precios y garantizar su función social.

El argumento con el que Ayuso anota un nuevo “no” a todo lo que llegue del Gobierno de España no es que la dotación le resulte insuficiente, que la burocracia pueda desesperar a los solicitantes o que los plazos sean dilatados. Nada de eso. Su reserva es que el plan estatal invade sus competencias. No es en absoluto cierto, pero lo que le inquieta es que el programa incorpora un cambio de paradigma en las políticas de vivienda y establece que ni un solo euro de financiación pública podrá destinarse a casas que en el futuro puedan acabar en el mercado libre. Más claro: la protección pública será a perpetuidad. Rechaza además que el plan establece un sistema de corresponsabilidad entre administraciones para que el 60% de la inversión sean aportaciones directas del Gobierno y el 40% restante corresponda a las Autonomías. Tampoco asume que una de las condiciones para recibir los fondos sea que las Comunidades compartan los datos de las fianzas para seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios. Y menos que se establezcan cláusulas antifraudes para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes para que no pase lo que en Alicante, donde las viviendas se las repartían políticos del PP, altos funcionarios y técnicos municipales. 

A la cabeza en descalificación de VPO

La Comunidad de Madrid lidera en España la descalificación de vivienda protegida. Según los datos publicados por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el 84,14 % de las viviendas impulsadas por el gobierno de Ayuso en el período 2021-2023 han sido desarrolladas por promotores privados, además del 89% de las construidas en la última década. Solo el 15,86% en el período 2021-23 y el 11% en la última década fueron de promoción pública.

El plan aprobado este martes en Consejo de Ministros es innovador, ya que por primera vez el Gobierno no se limita a hacer exclusivamente de pagador de las Comunidades Autónomas, sino que asume la coordinación y la dirección de la política de vivienda para evitar que el dinero que transfiere para facilitar el acceso al alquiler o la compra acabe destinado a otros fines bien distintos, que es lo que ocurría hasta ahora. Y el cambio ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, que reconoce la competencia del Estado para intervenir en aras a garantizar un derecho constitucional, aunque el grueso de las competencias siga en manos de las Autonomías.

El reparto de los fondos está sujeto a un compromiso de ejecución de triple finalidad: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho a una vivienda por encima de la especulación y el lucro. Andalucía sería la más beneficiada, con 1.197 millones, seguida de Madrid 1.113; Catalunya, con 1.015 y Valencia, con 798. De momento, con la excepción de Galicia, que recibiría 399 millones de euros y no ha puesto objeción al plan, el resto de Comunidades gobernadas por el PP ha dejado en el aire si se acogerá a la iniciativa del Ministerio de Vivienda.

Sin duda, la más vehemente en el rechazo, Ayuso. Su celo competencial sería un argumento inapelable si los resultados de su política de vivienda hubieran dado algún resultado, lo que no ha ocurrido en todos sus años de mandato. De hecho, el llamado Plan Vive que anunció por primera vez en su pre campaña electoral de 2019 como medida estrella y con el que prometió la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y familias en régimen de alquiler a precios de entre 300 y 600 euros mensuales ha resultado claramente fallido. 

Siete años después, la previsión hasta final de la actual legislatura en 2027 se ha reducido a 13.000 viviendas, de las cuales poco más de 5.000 se encuentran disponibles para entrar a vivir. Los resultados de su política neoliberal no han servido más que para elevar los precios, tensionar el mercado, proteger a los especuladores e imponer trabas a los sectores más vulnerables y con menor renta. Los datos una vez más hablan por sí solos. Pasen y lean: 

❗❗El precio de compra creció en Madrid un 13,4% en 2025, según datos del INE.

❗❗Madrid roza ya los  5.960 €/m² en marzo de 2026 habiendo barrios, como el distrito de Salamanca, donde el precio por metro cuadrado supera los 10.000 euros

❗❗Si la compra es inaccesible, el alquiler tampoco es una opción más fácil porque los precios también son prohibitivos al situarse en torno a 23 €/m² en lo que llevamos de 2026. En términos interanuales, el incremento ronda el 9–10% de forma sostenida

❗❗Una familia media tiene que dedicar ya el 38% de sus ingresos al alquiler cuando los estándares sitúan el umbral de esfuerzo razonable en torno al 30%. 

❗❗Hay zonas donde el mercado está directamente desbordado registrando subidas del 26% en los tres primeros meses de 2026, como es el caso del municipio de Leganés. De un 22,5% en Getafe y hasta 42,6% en Parla en el último un año 

❗❗Si a ello se le añade que el parque de vivienda público en Madrid apenas llega al 1%, y el fracaso del llamado Plan Vive, la hoja de servicios de la derecha que gobierna la Comunidad desde hace más de 30 años no precisa de mucho más análisis, salvo para recordar que el proyecto estrella que Ayuso presentó como panacea ha resultado un fracaso estrepitoso, ya que el 28% de los 157.000 solicitantes renunció a la oferta por no poder pagar un alquiler que supera los 700 euros al mes.

❗❗El mercado en Madrid no está orientado para garantizar un derecho, sino para fomentar el negocio y la inversión de los grandes patrimonios, como demuestra que el 40% de las operaciones de compra se realizaran en 2025 sin financiación, a pesar de que los precios crecieron un 16,5%

Precios prohibitivos, alquileres inaccesibles, escasez de vivienda pública y una política articulada para el crecimiento de la compra de lujo es el resultado de los 7 años de un gobierno propagandista como el de Ayuso que, además, acumula críticas por desperfectos o precios finales próximos a los del mercado libre a su fallido Plan Vive en diferentes municipios. De hecho, miles de personas se han visto afectadas por las estrictas y elitistas condiciones de acceso que han causado rechazos y listas de espera eternas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, quien ha denunciado en estos años que quienes sí han podido acceder a una casa han tenido que hacer frente a precios excesivos, costes añadidos y graves desperfectos. 

Y por si fuera poco, en 2024 el gobierno de Madrid actualizó los precios de las viviendas con protección pública y, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementos varían desde el 26% hasta el 56% de tal modo que en algunos municipios ya sale más económico comprar una vivienda de promoción privada que pública. Pero, luego Piove, porco governo (de Sánchez, claro).

Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.

Nada de Trump, ni de sus amenazas de muerte a toda una civilización, ni de la mayor ofensiva de Israel sobre Líbano, ni de la incursión de J.D. Vance en la campaña electoral húngara para apoyar a Víctor Orbán, ni del incierto futuro de la UE, ni del bloqueo de las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en tres Comunidades Autónomas…

Para el aspirante a la presidencia del Gobierno de este país, Alberto Núñez Feijóo, el asunto que envenena sus sueños es un colchón. Han leído bien: col-chón. Recordarán que allá por 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa lo primero que hizo fue cambiar la superficie sobre la que iba a dormir y dar una mano de pintura a la residencia presidencial. Algo que en términos de higiene, además de recomendable, resulta muy necesario para todo aquel que se dispone a habitar un espacio en el que antes ha vivido otra familia.

Pues resulta que hablaba Feijóo este miércoles de inflación y de corrupción cuando, de repente, acusó al Gobierno de “crujir al que madruga, al que ahorra, al que monta un negocio, al que apoya a sus seres queridos y al que declara hasta el último euro, pero no a los que roban”. La expresión los que roban la vinculó inmediatamente con el cambio del colchón de La Moncloa, algo que insinuó él no hizo jamás en los 13 años que vivió en la residencia presidencial de la Xunta de Galicia, de lo que se deduce que durante todo ese tiempo durmió sobre el mismo lecho -¿y las mismas sábanas?- que lo había hecho el socialista Emilio Pérez Touriño. “Siempre su confort por delante del bien común”, reprochó a Sánchez.

Más allá de lo que se pueda inferir con esas palabras sobre su propio aseo personal, lo que Feijóo demuestra una vez más es la facilidad con la que incurre en el ridículo. Lo grotesco es algo que, como decía Tarradellas, debe estar fuera de la política y que, sin embargo, asoma con demasiada frecuencia en las intervenciones del líder del PP. Porque si absurdo es atacar a un oponente porque cambie el colchón en el que durante años durmieron Rajoy y señora, mucho más estrafalario es, ante la amenaza de Trump de arrasar por completo Irán, recurrir a la tibieza y la nadería en X con un mensaje que decía “en momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”. Esto después de haber difundido semanas antes un alegato en la misma red social con el que planteaba la necesidad de elegir entre la libertad o los tiranos entendiendo que lo primero lo encarna quien ha vulnerado todas las normas del Derecho Internacional y tiene en un ay al mundo entero con sus extravagancias e ínfulas belicistas.

Resulta cada vez más difícil imaginar en este PP a una oposición que combine responsabilidad, prudencia y dignidad personal. No digamos ya encontrar una voz a la que le mueva la coherencia y el respeto por el electorado al que representa. Porque lo del colchón lo soltó Feijóo en el contexto de un discurso con el que hizo un ejercicio de populismo fiscal más propio de la ultraderecha que de un partido que aspira a gobernar el país. Lo hizo justo ahora que arranca la campaña de la declaración de la Renta y los españoles tienen que pagar a Hacienda. 

En este mismo espacio ya hicimos hace semanas un repaso por la hemeroteca para recordar lo que el PP dice sobre los impuestos cuando está en la oposición y lo que hace, después, con ellos cuando llega al gobierno. ¿Recuerdan? Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. 30 de ellas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio en tan solo un año y medio, además de 12 nuevas figuras tributarias.

El discurso de Feijóo en esta materia es irresponsable, además de falsario porque, incluyendo el impacto estimado de las últimas medidas tributarias, la realidad es que las rebajas fiscales para la clase media y trabajadora con el gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un ahorro de 50.000 millones. Porque es falso, como dice el PP, que se hayan subido más de 100 veces los impuestos. Y porque los datos comparados demuestran que España, lejos de ser un infierno fiscal, se encuentra tres puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. 

Y aun así el claim de los populares es “Tú pagas y ellos se lo llevan”, como si la recaudación fuera directamente al bolsillo de Sánchez y sus ministros para comprar colchones y pintar despachos. Todo en un discurso en el que no falta tampoco una buena dosis de criminalización de la inmigración al más puro estilo de Vox y la sempiterna promesa de bajar masivamente los impuestos que financian los servicios públicos esenciales. Una estrategia idéntica a la que en otros tiempos desde las filas del PP, cuando lo proponían los de Abascal, lo llamaban «populismo fiscal».

El discurso, la palabra y el dato han sido definitivamente sustituidos por el ridículo, el insulto, la mentira y la llamada a una especie de insurrección. En este caso contra la utilidad de los impuestos. La estrategia no es baladí porque lo que se busca no es otra cosa que deslegitimar las instituciones y a quienes las representan y desafiar el orden establecido. Antes era solo el modus operandi de Vox y hoy ya forma parte del ADN de un Feijóo sin rumbo propio y entregado a la demagogia que se ha ido tan a la derecha de su derecha que le será imposible ocupar la centralidad y la moderación. Justo el espacio que con el recién nombramiento de Carlos Cuerpo se ha propuesto ocupar Pedro Sánchez en lo que resta de mandato en contraste al maridaje de PP y Vox. Y ya saben que el refranero dice que dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición.

El flamante vicepresidente económico, con su pátina de seriedad y solvencia, ha descolocado la estrategia del PP, que en su primer lance parlamentario con Cuerpo en el Senado el pasado martes ha pretendido infructuosamente situarlo en el sanchismo del banquillo (en alusión a los casos de corrupción que afectan al exministro Ábalos). El segundo asalto será la próxima semana en el Congreso con la portavoz popular Ester Muñoz, una parlamentaria de verbo ágil, pero escaso fondo intelectual que, de empeñarse en bajar al barro como hace de forma habitual, se encontrará enfrente a un técnico de modales exquisitos dispuesto a debatir solo de datos económicos. 

Hablemos de memoria y de olvido. De cómo en este mundo loco de odio, bombas, muerte, destrucción y crisis, hay quienes creen que el recuerdo importa para avanzar y no repetir errores y quienes prefieren la omisión o la amnesia parcial como coartada para consolidar la impunidad o convertir la infamia en hazaña. Este miércoles lo hemos visto con claridad en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre la posición de España ante la guerra de Oriente Medio.

Entre los primeros, Pedro Sánchez, que hizo un exhaustivo ejercicio de retentiva para mantener vigentes los recuerdos. Los propios y los colectivos. “Porque hay fechas que no se olvidan”. Hablaba del 15 de febrero de 2003, de un sábado en el que más de tres millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España. “Con un mensaje sencillo y rotundo: No a la guerra”. “Del orgullo y el coraje de un pueblo que se negó a renunciar a sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense. Y de quienes se negaron a secundar una mentira que solo perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los pobres”

El presidente pretendía, por un lado, refrescar el recuerdo y de otro, poner al PP frente al espejo de un pasado, el de José María Aznar, que cree indiscutiblemente asociado al presente de Alberto Núñez Feijóo. El expresidente y su apoyo a la guerra de Irak no es algo que se pueda olvidar con facilidad porque, en palabras de Sánchez, “nos arrastró a esa locura para sentirse importante y porque quería que George Bush le invitara a un puro y le dejase poner los pies sobre la mesa”. Una guerra -prosiguió- “a cambio de ego y de la dignidad de todo un país, a cambio de aquella foto”. 

Lo que vino después, forma parte de la historia y, según sus palabras,“del mayor desastre geopolítico desde Vietnam”. Traducido en cifras: 300.000 muertos, 5 millones de desplazados y el equivalente actual a 1.900 millones de euros de gasto militar solo en España. Esto además de un país en ruina, más guerras, la quiebra del Derecho Internacional, subidas de precios en todo el mundo, una crisis migratoria sin precedentes y una ola de atentados yihadistas que se llevó por delante la vida de más de 1.000 europeos

Hoy, la historia se repite y, aunque algunos de los promotores de aquella guerra ilegal, como Bush o Blair, han pedido perdón, Aznar insiste en que nunca lo hará y arrastra a Feijóo a una posición imposible ante el conflicto en Oriente Medio. Cambien Irak por Irán y el resultado es una potencia militar con un Ejército que supera a los de Alemania, Francia e Italia juntos y que está preparado para lanzar misiles balísticos a 4.000 km de distancia.

De todo esto quería hablar el presidente del Gobierno. De las consecuencias de olvidar el pasado. Y de que el impacto económico y en vidas humanas ante la inestabilidad que vive hoy Oriente Medio puede ser infinitamente superior al que tuvo la guerra ilegal a la que Aznar arrastró a España hace 23 años. Pero la memoria, además de una herramienta fundamental para evitar el yerro, es también un recurso incómodo para quienes no desean recordar y, desde luego, para un Feijóo que prefiere espantar los demonios del pasado.

El líder de la oposición calló este miércoles ante la insistencia de Sánchez en recuperar una historia no tan remota y recordar lo que es el verdadero patriotismo: “Oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los españoles”. Feijóo no solo se hizo el desmemoriado para no entrar al trapo, sino que se lanzó a una retahíla de descalificaciones personales contra el presidente, al que llamó incluso “matón” y “perdedor” con “tics dictatoriales”.  

Insultos, frases hechas y lugares comunes para repetir los mismos mantras que a diario se le escuchan a Ayuso. Da igual que se debata sobre la guerra, la jornada laboral, las medidas anticrisis, la inmigración o la sanidad pública, a Feijóo solo le mueve el afán por una convocatoria anticipada de elecciones que no llega y por resucitar a ETA cada vez que carece de argumentos frente al adversario. La banda terrorista, que dejó de matar hace 15 años y se disolvió hace 8, es el comodín que el PP utiliza cuando la discusión no le es favorable. 

¿Irán? Elecciones. ¿Decreto anticrisis? ETA ¿Fiscalidad? Elecciones. ¿Financiación autonómica? ETA. Lo ha vuelto a hacer este miércoles cuando Sánchez le interpelaba sobre su posición sobre el conflicto de Oriente Medio y sobre el sentido de su voto para el decreto de medidas anticrisis: “Me hace menos gracia escucharle dar lecciones de humanidad. ¡Usted que pacta con los que mataban a sus compañeros! ¡Usted que ha favorecido a un etarra que acumuló 700 años de condena y lo excarcela! ¡Usted que sacó ayer a la señora Anboto, jefa militar de ETA, condenada a más de 600 años de prisión por más de una decena de crímenes¡ Para celebrar la guerra, supongo”. 

Se llama Estado de Derecho, tal y como le recordó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien para corregir su desmemoria llevó al debate a los 300 etarras que se excarcelaron durante los gobiernos del PP porque también habían cumplido su condena. Mucho más duro fue el portavoz del PSOE, Patxi López, al acusar a Feijóo de ignorante por desconocer -o no- que los grados penitenciarios son ley y que, en última instancia, los decide no el gobierno sino un juez, que puede avalarlos o denegarlos. 

“¿Podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? ¿Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de lo que es una democracia, que no es su coto privado, sino un espacio abierto para todos aquellos que cumplen las normas. ¡Ya vale! ¡Ya vale! Esa utilización de mierda. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia”.

Fue la respuesta con la que López puso el broche a una sesión en la que Feijóo volvió a jugar al equilibrismo para no incomodar a los EEUU e Israel y tampoco a Aznar. Ante el elocuente silencio del líder de su partido sobre su pasado en Irak, el expresidente emitió un comunicado desde FAES para afear a Sánchez que hiciera oposición con 23 años de retraso e insistir en que Sadam “utilizó las armas de destrucción masiva contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después». 

Una trampa más de la desmemoria de un partido cuyo líder, además de proclamarse guardianes de la ética pública y la integridad, formaba parte del Gobierno de Aznar cuando el PP acercó a decenas de presos a las cárceles del País Vasco mientras ETA aún asesinaba y extorsionaba. Es más, apenas cuatro meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco -cuya memoria Feijóo utiliza constantemente-, sostenían que el conflicto vasco terminaría “sin vencedores, ni vencidos” y que ellos no buscaban una “rendición total” de ETA, como declaró entonces el ya ex secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà. Pero eso la derecha lo ha escondido deliberadamente entre los pliegues del olvido.

Hablamos de impuestos. De demagogia fiscal. De hemeroteca. Y de un PP que, haya crisis o no, clama por una rebaja masiva de las cargas impositivas. Da igual cuándo leas esto, siempre que el PP esté en la oposición. Cuando está en el gobierno, pelillos a la mar. ¿Recuerdan?  Mariano Rajoy se estrenó en La Moncloa con un primer hachazo al IRPF, un gravamen complementario para las rentas de trabajo y una tarifa progresiva para el ahorro. Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. Solo en el primer año y medio de legislatura el Ministerio que dirigía entonces Cristóbal Montoro realizó 30 subidas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio, a pesar de que en campaña electoral había anunciado su supresión. Se crearon además 12 nuevas figuras tributarias, y solo con el alza del IRPF, Sociedades e IVA se recaudaron 35.000 millones adicionales. De hecho, el PP ha sido el partido que más subidas de impuestos ha realizado en la historia fiscal de nuestro país en menos tiempo.

En el IVA, por ejemplo, el PP aprobó en 2012 la que es la mayor subida del impuesto de la democracia. Se elevó el tipo general tres puntos (del 18% al 21%) y el reducido, dos (del 8% al 10%). Además, pasó del tipo reducido al general bienes y servicios como los servicios funerarios, las peluquerías, las adquisiciones de obras de arte o los servicios de televisión digital. 

Dirán que eran otros tiempos, que si la crisis financiera, que si las reglas fiscales, que si la quiebra de los bancos, que si bla, bla, bla… Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero o, en este caso, Feijóo o sus voceros. El PP no puede dar lecciones sobre bajadas de impuestos, pero sí de electoralismo cuando no tiene la responsabilidad de gobierno. En la oposición, si en algo está graduado cum laude es en demagogia fiscal.

El mantra sobre el “expolio al contribuyente” o sobre que “Sánchez hace caja” y “acribilla” a los españoles a impuestos es tan recurrente como fraudulento. Un ejemplo es su habitual retórica sobre las subidas del IRPF aprobadas por el actual gobierno de coalición. Falso. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero no ha subido en siete años ese impuesto. De hecho, aprobó la mayor rebaja fiscal para las rentas bajas de tal modo que hoy, alguien que ingresa 16.500 euros paga más de un 90% menos que lo que tributaba con el PP. Tampoco es cierto que haya elevado, como repiten hasta la saciedad en el PP, el gravamen de Sucesiones, Donaciones, IBI, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales o Plusvalía. Y mucho menos que haya subido el IVA de la luz o los alimentos. Todo lo contrario. Hacienda rebajó temporalmente este impuesto en una decisión sin precedentes con motivo de la subida de la inflación que provocó la guerra en Ucrania, como consta en un decreto de julio de 2022, que el PP no apoyó.

Ahora, con la guerra en Irán y cuando aún se desconoce el alcance de esta nueva crisis, el PP vuelve a echar mano del mismo manual antes de que el Gobierno apruebe este viernes en Consejo de Ministros extraordinario un paquete de medidas para paliar los efectos de la nueva aventura bélica de Trump y Netanyahu. Son ya 55 las ocasiones en que Alberto Núñez Feijóo ha pedido un “alivio fiscal” desde que tomó las riendas de la oposición en 2022. La misma matraca haya o no crisis, guerras o subidas de la inflación. Por cierto, al mismo tiempo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP reclaman más recursos para sus gobiernos y recortan la inversión en servicios públicos como la sanidad o la educación. 

Lo que nunca se escucha en la derecha es que la presión fiscal en España está significativamente por debajo de la media de la eurozona (unos 3,6 puntos menos); que bajar el IVA de los alimentos es un reclamo que suena bien, pero que los economistas explican mejor, ya que la traslación de esas bajadas no repercute en el consumidor, sino en los distribuidores, que amplían así su margen de beneficios; que las rebajas fiscales indiscriminadas comprometen la sostenibilidad del Estado de bienestar o qué partidas de gasto público se tienen que recortar para compensar la pérdida de ingresos.

Lo que subyace de todo ello, además de dos modelos muy distintos sobre cómo afrontar las crisis, es la ausencia de un debate serio sobre las consecuencias de bajar impuestos en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor cohesión social y mejores servicios públicos. Lo que no es posible es soplar y sorber a la vez, que es a lo que acostumbra una derecha que nunca habla, por ejemplo, de cómo combatir el fraude fiscal o de subidas de salarios. Y todo mientras Pedro Sánchez presume de “capacidad de respuesta” de su gabinete frente a las múltiples crisis que ha tenido que enfrentar. Su receta, hoy, es “hacer lo contrario de lo que hizo el PP ante la gran recesión, que fue socializar pérdidas mientras se forraban los de arriba”. 

El Gobierno trabaja aún en las medidas a adoptar, pero se da por descontada una nueva rebaja fiscal en la energía para los sectores más afectados, como el agroalimentario y el de los transportes. La respuesta incluirá medidas estructurales para profundizar en la electrificación del sistema productivo y reducir la dependencia del petróleo, además de otras coyunturales para paliar los efectos del aumento de los precios entre los más vulnerables. Lo que no se contemplan son rebajas en el IVA de los alimentos ni ayudas directas al consumo de gasolina para los particulares. 

Y es que, a diferencia de hace cuatro años, cuando la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria, la respuesta pública será más limitada. Y no solo porque el impacto, de momento, no es tan fuerte como entonces, sino porque el margen de maniobra en términos fiscales se reduce. El contexto es distinto y Bruselas asegura que no se dan las condiciones de una recesión económica, lo que no impide en todo caso que si la guerra se prolonga en el tiempo y se agrava la situación, se implementen nuevas medidas.

Lo que se espera en este primer decreto no tiene nada que ver con el escudo desplegado en 2022, cuando se aprobó una batería de iniciativas que abarcaba desde la bonificación de los carburantes hasta la rebaja del IVA de los alimentos y la energía. Aquellas, que se sumaron a otras en vigor que se pusieron en marcha durante la pandemia, tuvieron un impacto en las arcas públicas de 38.400 millones de euros, incluidas las rebajas fiscales que el PP niega que se hayan adoptado.  

Nada como la hemeroteca y la calculadora para refrescar la memoria:

📌 La reducción, aprobada por el Gobierno en el IVA de la electricidad y los alimentos durante la invasión de Ucrania comportó un ahorro de más de 25.000 millones de euros.

📌 Solo el primer paquete de medidas por la crisis inflacionaria, en marzo del 2022, supuso 6.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas.

📌 El Gobierno redujo el IVA de la electricidad del 21% al 10%, el Impuesto de la Electricidad del 5% al mínimo permitido por la UE del 0,5% y suspendió el impuesto del 7% a la generación eléctrica, creado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

📌 En junio del 2022, el IVA de la luz bajó al 5%, con un ahorro adicional de 3.600 millones de euros para el segundo semestre del año. En octubre, el IVA del gas natural bajó del 21% al 5%.

📌 El 1 de enero de 2023, se rebajó el IVA de los alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) del 4% al 0%. Y para aceites y pasta, del 10% al 5%.

📌 En julio del 2024, se fijó un IVA del 0% para el aceite de oliva. Junto a los alimentos básicos, pasó al 2% desde octubre y recuperó el tipo normal del 4% en enero de 2025.  

📌 En los últimos cuatro años, se ha rebajado el IRPF para garantizar que los trabajadores que cobran el SMI estén exentos de tributación, lo que ha supuesto para casi 10 millones de contribuyentes un ahorro de 11.160 millones de euros.

Pues eso: para la derecha, haya guerra o haya paz, la solución a todo es bajar impuestos, aunque cuando gobierna los aumente sin complejos.

Toca hablar de odio. Porque el Gobierno ha anunciado una herramienta con la que rastrear la huella de los discursos de la abominación en las redes sociales. Porque la derecha se ha mofado de ella. Porque acabamos de recordar los trágicos atentados del 11M de hace 22 años. Porque el día de tan terrible efeméride, de repente, se abrió el telón y aparecieron Aznar y Mayor Oreja —¿qué puede salir mal?—. Porque conviene no olvidar las mentiras del Gobierno de entonces durante los días que transcurrieron entre los atentados y las elecciones generales. Y porque allí empezó todo: la negación de la verdad, los bulos, la deshumanización del contrario y lo que hoy conocemos como el discurso del odio.

De aquellos polvos…. ¿Recuerdas? Un falso relato construido por la derecha y sus medios de referencia. Primero para ocultar la verdad sobre la autoría de los atentados con intención de manipular al electorado. Después, una campaña feroz con la que deslegitimar el resultado de las urnas que dio la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Mucho más tarde, llegaron las fake news, los bulos, los negacionistas, los pseudo medios, la fachosfera y el odio por encima de todo. Aquel 11 de marzo de 2004 fue el primer gran ensayo de lo que hoy padecemos. En la política, en los medios, en las redes sociales y en la conversación pública. 

Y, pese a todo, algunos protagonistas de aquel infame engaño aún reivindican el uso ilegal de la fuerza bruta como solución a los problemas. Aznar, el primero. El del apoyo a la guerra de Irak, el de las armas de destrucción masiva, el de “ha sido ETA”, el de las mentiras deliberadas tras la masacre y el que nunca pidió perdón por el engaño masivo, sale de nuevo a escena para legitimar otra invasión y certificar la defunción del orden internacional.

“Vivimos un cambio de era, no una era de cambio, sino un cambio de era en el que el orden internacional que hemos vivido hasta ahora se ha terminado. Se ha terminado, el viejo mundo se ha acabado. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales. Y un país como España debería estar al lado de los aliados, y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios”. 

Son palabras del expresidente sobre la guerra en Irán desatada por los EEUU e Israel y sobre la negativa del Gobierno español a Trump para el uso de las bases de Rota y Morón.Y las ha pronunciado justo ahora, cuando entre los pliegues de la memoria colectiva aún asoma el dolor por los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos en los atentados yihadistas del 11M que siguieron a aquella guerra ilegal. Si lo que pretende es expulsar aquel odio con más odio cuenta con el apoyo decidido de quien fuera uno de sus ministros de Interior y principal impulsor de la teoría de la conspiración sobre el 11M. Jaime Mayor Oreja ha escrito Una verdad incómoda: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), donde insiste en que ETA “al menos” conocía que se iban a cometer los atentados de 2004 y desliza, sin prueba alguna, la participación del “Estado profundo” de Francia. Dos décadas después, los mismos embustes, el mismo odio y los mismos constructores de relatos alternativos.

Vindicar en el aniversario del 11M otra guerra ilegal o defender las teorías de la conspiración como hacen Aznar y Mayor Oreja es una dosis de recuerdo sobre hasta dónde es capaz de llegar la derecha para mantener el poder, deslegitimar al adversario, manipular a la opinión pública o esparcir aversión. De ahí la airada reacción de los populares y sus bots a la decisión del Gobierno de Sánchez de poner en marcha un medidor de la polarización en redes sociales. 

Se llama Huella del Odio y Polarización (HODIO) y es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) que medirá y analizará la presencia de discurso de odio y polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. El objetivo es generar un ranking público y transparente que permita comparar el nivel de exposición al odio entre plataformas. España se convierte así en el primer país europeo en implementar un sistema de medición sistemática de estas características. Sin embargo, las derechas no solo se mofan, sino que además no encuentran motivo para poner freno al odio que se cultiva y se promueve desde las redes. Será porque es un hábitat que dominan con soltura. Basta con echar un vistazo a sus cuentas oficiales en X, a las de su sincronizada de guardia o a las de sus altavoces habituales, donde el insulto, la manipulación, la deshumanización, el bulo y el escarnio campan a sus anchas. 

Y eso que las cifras hielan la sangre: 

HODIO hará que estas diferencias sean públicas y comparables de forma sistemática. Pero, además de visibilizar el problema como pretende esta herramienta, en algún momento habrá que romper este ciclo del odio que en España empezó con aquel 11M desde el Gobierno y sus terminales mediáticas y hoy se fabrica, cultiva y promueve en las redes sociales, donde la violencia verbal es alarmante.

Sin duda, hace falta regulación y no porque lo diga o crea Sánchez, sino porque en Europa ya hay un consenso generalizado, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores en el espacio digital. En Naciones Unidas también se aprobó el pasado septiembre una resolución para crear el primer panel de la historia que discutirá sobre la Inteligencia Artificial en lo que se entiende que será un primer paso para su regulación. 

La toxicidad en la palabra no es libertad de expresión es una seria amenaza para la convivencia de la que se benefician no solo los tecno oligarcas, sino también aquellos que son incapaces de convencer a la ciudadanía de la bondad de sus proyectos políticos salvo desde la mentira, el insulto, el odio al diferente y la manipulación, como acostumbran algunos políticos. 

¿La última? La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, a quien seguro no se conoce ni por su gestión ni por su pensamiento político, pero sí por difundir este miércoles un vídeo falso hecho con IA en el que se escucha al ministro Óscar Puente llamar “retrasada” a Isabel Díaz Ayuso en un montaje de una entrevista en TVE. Si lo que pretendía era hacer méritos con una ingeniosa descalificación sobre la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno, lo que logró fue el bochorno de propios y extraños, además de la difusión de una trola de tamaño considerable. Así andamos.

Trump y Netanyahu han decidido arrastrar al mundo a una nueva espiral de violencia. Pedro Sánchez ha plantado cara y negado ayuda logística desde las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán. El “matón de patio de colegio” (Felipe González, dixit) amenaza con cortar todo el comercio con España por su falta de colaboración. Y, aquí, los patriotas de hojalata, los que dicen amar a la nación sobre todas las cosas y los que llevan a gala la rojigualda en la muñeca, lejos de defender el interés nacional, se han lanzado a la yugular del Gobierno. Nada nuevo bajo el sol.

Lo de siempre: el odio a Sánchez por delante de la verdad, del interés nacional, de la seguridad global, del derecho internacional y de las vidas humanas. No han aprendido nada ni entendido tampoco que esto no va del presidente del Gobierno, ni de sus intereses partidarios, ni de un relato con el que Sánchez pueda agotar el mandato. Lo que está en juego es mucho más que eso: es la base de la democracia, de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los cimientos del deseo mundial de paz sobre los que se construyó Naciones Unidas, tras la devastación de la II Guerra Mundial.

Que Vox se iba a alinear con el inquilino de la Casa Blanca, después de su última bravata con España, se daba por descontado porque Abascal es el elegido de Trump en España para debilitar a Europa, pero que el PP de Feijóo haya sido capaz alinearse con el presidente de los EEUU y la violación del derecho internacional, como hizo Aznar con Bush en 2003, es sencillamente execrable. Llamar “irresponsable” a Sánchez, y no a Trump o Netanyahu, no es solo un signo de sumisión hacia quienes han decidido sustituir la diplomacia por las bombas, sino una demostración de que el líder del PP no ha aprendido nada ni tiene tampoco quien le ilustre sobre asuntos nucleares. Ni sobre Derecho Internacional, ni sobre el sentimiento antibelicista que define a los españoles a los que pretende gobernar, ni sobre los errores cometidos por sus correligionarios y sus consecuencias en tiempos no tan recientes pero, en absoluto, remotos.

“Tú y tu maldita guerra” es una frase que está grabada en la memoria colectiva de los populares y que, según testigos presenciales, constituyó el lamento con el que Mariano Rajoy se dirigió a José María Aznar la noche del 14 de marzo de 2004 en la que el candidato popular perdió unas elecciones generales tras su apoyo incondicional a Bush en la guerra de Irak. Pero por si el presidente del PP, igual que le ocurre en materia de política internacional, carece también de asesores que le informen sobre el latido de la sociedad, ahí van unos datos que pueden refrescarle la memoria sobre lo que piensan los españoles respecto a conflictos bélicos anteriores:

Opinión pública 2003-2026: Más del 90% de los españoles se declaraba en contra de una intervención militar en Irak en febrero de 2003, tan solo un mes antes de la operación militar que marcó el inicio de la guerra para derrocar a Sadam Huseín sin el respaldo explícito de la ONU. 

Un 93% rechazaba que España participara en un ataque unilateral, e incluso el 65% era contrario a la participación española aunque la operación militar hubiera tenido el aval de Naciones Unidas. Tan Solo un 7% apoyaba un ataque incondicional contra Irak.

Poco han cambiado los datos desde entonces porque en la opinión pública del 2026, el 85% de los españoles está, sí, a favor de que exista una política común europea de defensa (Eurobarómetro, otoño de 2025). El 68% apoyaría la creación de un ejército europeo (CIS, marzo de 2025), pero priorizan el gasto en empleo (37%), sanidad (30%), inmigración (30%), economía (25%) y educación (24%). Todas por encima de la inversión en defensa, que ocupa el sexto lugar, con solo un 21% de menciones (Eurobarómetro otoño de 2025).  

España, en resumen, se encuentra entre los países con mayor preocupación ante escenarios catastróficos. De hecho, al 76% le inquieta el uso de armas nucleares y al 73%, una tercera guerra mundial. Seis de cada diez españoles está muy o bastante preocupado por la guerra en Oriente Próximo y ocho de cada diez considera que los gobiernos deberían gastar menos en armas y más en cooperación internacional (Manos Unidas, diciembre 2025).

¿Le interesa a Feijóo lo que opinan los españoles?

Seis de cada diez creen que la política exterior de la actual administración norteamericana se podría definir como la recolonización y depredación de recursos (Le Grand Continent, enero 2026). El 63% considera que es mala para la paz en el mundo y para España, un 66%. (European Council on Foreign relations, mayo 25)

Trump, de hecho, es para los españoles un enemigo de España (Le Grand Continent, marzo 2025). Lo cree así un 96% de los votantes de Sumar y un 81% de los del PSOE, pero también un 39% de los del PP y un 29% de los de Vox. Para la mayoría de los españoles, el inquilino de la Casa Blanca invadió y secuestró a Maduro en enero pasado para controlar el petróleo venezolano (68%) mientras que solo un 13% cree que lo hizo para promover la democracia. El 62% cree que Trump puso en peligro la paz mundial (CIS, enero de 2026).

Sobre los ataques de Israel a Irán. De hecho, justo antes de la intervención del pasado sábado sobre Irán, 2 de cada 3 españoles ya mostraba su preocupación por un posible conflicto en Oriente Próximo, aunque mucho más en la franja ideológica de la izquierda (84% Sumar y 79% PSOE) que en la de la derecha (58% PP y 36% Vox).

Si algo demuestran los datos es que el electorado del PP no es ajeno a la convulsión global que ha provocado Trump, ni indiferente a los conflictos bélicos, ni complaciente con la vulneración de la legalidad internacional. Porcentajes todos ellos que, lejos de frenar el retroceso en la tendencia de voto al PP, podría agudizarse y, en esta ocasión, no necesariamente a favor de Vox, cuyos votantes no son unánimemente partidarios de las guerras ilegales ni de las bravuconadas de Trump. Tampoco está escrito que la situación internacional y la amenaza de Trump vayan a revertir el descrédito que acumula Sánchez tras siete años de gobierno y aunque la izquierda haya encontrado esta vez en la bandera y el interés nacional un relato con el que desperezar a los españoles desencantados con el Gobierno, además de una dosis de recuerdo del coste económico para España que dejó la guerra de Irak y que, según datos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y del Ministerio de Defensa, sumó más de 1.100 millones de euros.

El coste económico de la guerra. Únicamente la participación militar en la Operación Libertad Iraquí -que tuvo su principal exponente en el despliegue de la Brigada Plus Ultra, con 1.300 efectivos, en las ciudades de Diwaniya y Nayaf, hasta que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenó su retirada, en abril de 2004- costó 259,5 millones de euros. El Gobierno del PP fue además el anfitrión de la Conferencia de Donantes para Irak, celebrada en Madrid en octubre de 2003, en la que se comprometió a aportar 300 millones de dólares, convirtiéndose así en el sexto país donante, después de EEUU, Japón, Arabia Saudí, Kuwait y el Reino Unido. Un montante al que hay que sumar otros 764 millones de dólares de deuda iraquí condonada por España.

1.000 muertos en atentados yihadistas. Esto sin entrar en detalles sobre las pérdidas humanas -9 militares españoles murieron y 18 resultaron heridos en el transcurso de la misión- y el vínculo de aquella maldita guerra con el terrorismo yihadista en toda Europa donde se registraron atentados de gran escala que se llevaron por delante la vida de más de 1.000 personas. En Madrid, en Londres, en París, en Bruselas, en Niza, en Berlín o en Barcelona.

Bulos, de desinformación, de mentiras y de manipulación. Esta vez en el marco del 23F y con motivo de la desclasificación de los papeles secretos del golpe. Porque más allá del protagonismo del entonces jefe del Estado sobre el que seguirá habiendo dudas razonables, de las llamadas de la mujer de Tejero el día del golpe, de la participación de los servicios de inteligencia o de las órdenes de “tirar a matar” que recibió la unidad militar que tomó TVE, hay documentos reveladores sobre la obsesión por el control de la información, la difusión de propaganda, las noticias publicadas y la preocupación por que imperase el “mercado negro del rumor”.

Y es que antes de que Pedro Sánchez hiciera suyo el concepto que popularizó Umberto Eco en su novela Número Cero como un mecanismo de intoxicación informativa para dañar al adversario mediante la difusión de sospechas o noticias falsas o manipuladas, la máquina del fango ya operaba en el 23F. Y eso que en los 80 del siglo pasado aún no existían ni los pseudo medios, ni los agitadores, ni los profesionales del bulo que hoy tienen especial protagonismo en la conversación pública. Lo que sí había, como hoy, era una extrema derecha dispuesta a acabar con la democracia y a difundir para lograr su propósito todo tipo de bulos, término que ya se empleó en un documento fechado el 25 de febrero de 1982 y firmado por José Saura, en el que el Ejército se conjura para mantener la disciplina y evitar ser manipulado.

“El ambiente en los cuarteles -reza en el documento secreto ahora hecho público- se está enrareciendo. Habría que hacer algo para disiparlo o, por lo menos, contenerlo. Las reuniones masivas son siempre malas, porque es la ocasión de los timoratos. Pero, en milicia lo más eficaz es la línea de mando. Por eso creo que se podrían realizar dos tipos de acciones: reuniones sucesivas de los distintos niveles de mando; es decir, el Capitán General de cada Región reúne a los Generales que tiene a sus órdenes a los que les da las siguientes instrucciones (...)”

“Hay sectores sociales que intentan manipular a las FAS con propósitos inconfesables. Los militares debemos estar atentos y comportarnos de acuerdo con lo que puede ser mejor para España y no para unos grupos minoritarios (...) La disciplina debe ser norma prioritaria en estos momentos, exigiendo de los inferiores un comportamiento digno, evitando las murmuraciones y cortando de raíz los bulos y rumores que, desde posiciones interesadas, se difunden de modo continuado”.

Jaque mate a la Monarquía. Igual que en el Ejército, en el Partido Comunista de España también inquietó una campaña de desinformación contra el rey, según consta en una nota escrita de la Dirección de la Policía Nacional. El papel, sin fecha, señala que “en el seno del Partido después del 23 de febrero, han tenido lugar una serie de reflexiones sobre el momento actual por parte de los teóricos del mismo, quienes exponen en una nota confidencial al secretario general, el peligro ”que supone dejar a la extrema derecha que impere en el mercado negro del rumor y lo más grave, incidir en la supuesta implicación“ del monarca en el golpe.

“La extrema derecha -añade el documento- quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática. Se deduce que existe un jaque mate a la Monarquía, planteado por la extrema derecha, un jaque mate del que ya no puede volverse atrás”. Algo muy parecido a la ofensiva que en estos tiempos la ultraderecha de Vox ha emprendido contra Felipe VI, al que desde las redes sociales han llegado a apodar Felpudo VI.

Propaganda a favor del golpe en los medios. En otro documento del CNI, que habla de propaganda y manipulación, explica cómo a través de diferentes artículos en prensa se justificaba el golpe a través de una campaña atribuida a la extrema derecha: “Existe una campaña propagandística para confundir a los cuadros de mando del ejército, un motivo de la vista de la causa 2/81 sobre los sucesos del 23 de febrero. Se ajusta a unos planes ideados por los grupos extremistas de distinto signo. Sus objetivos son los de crear irritación y desconfianza entre los miembros de las FAS a fin de que la confusión logre dividir al ejército y en consecuencia debilitarlo y descoordinarlo. Para lograr estos propósitos, esos grupos extremistas utilizan distintos procedimientos, desde la pintada al reparto, siendo el uso generalizado la carta anónima o el nombre falso”.

El informe explica que la publicación en algunos periódicos de la época de algunas cartas obligó a la Oficina de Información del Ministerio de Defensa a advertir a los medios de comunicación para que no diesen difusión a simples escritos firmados por militares, hasta haber comprobado la veracidad de la identidad. Y ordenaba también que los que lleguen a los acuartelamientos o domicilios particulares fueran “interceptados y destruidos para que no se cumplan los planes de difusión que desean estos grupos clandestinos, que con frecuencia se fingen miembros de las FAS y hablan en nombre de sus componentes, con el fin de provocar rumores”.

Sobre la propaganda y manipulación de la época, se ha desclasificado también otro escrito en el que los servicios secretos alertan sobre “una campaña propagandística para confundir desde grupos extremistas a los mandos del ejército”. El objetivo, según el documento, era crear “irritación y desconfianza entre los miembros de las FAS a fin de que se confundan sobre decidir el Ejército y su movimiento debilitando su credibilidad”. Para lograr su propósito, utilizaban “distintos procedimientos, desde la prensa de izquierda, siendo muy frecuentes los artículos de un tono falaz”.

Sugería el documento en cuestión que había que estudiar la forma de facilitar información a las Fuerzas Armadas sobre la intención de las defensas de “politizar” el proceso, implicando al rey, “haciéndoles ver que esto mismo es lo que pretenden los terroristas”. E insistía en la necesidad de alertar sobre la intención de los extremistas de “manipular los sentimientos” del Ejército.

Llamada a Balbín y reunión con Fernando Ónega. Proponían los autores del escrito la celebración de diferentes almuerzos con los que llamaba “barones de la prensa (comentaristas políticos como Luis A. Aguilar, Carlos Dávila, Pi, etc…) mucho más difícil y, por lo tanto, mejor preparada”. También una comida con los directivos de TVE, una llamada a “Balbín para que prepare una clave sobre Monarquía. Con ello se puede cubrir la parte más sensible de la estrategia de las defensas”. Y una reunión con “Fernando Ónega”, ya que habían fallado “Cebrián y Fernando Trueba”. 

De la obsesión por cortejar/controlar a la prensa después del golpe da buena cuenta una nota informativa del CESID sobre el desarrollo del juicio, en la que los servicios secretos informan sobre un incidente con la periodista de ABC Pilar Urbano durante la intervención de la defensa del general Milans del Bosch cuando este se refirió a los medios y “la prensa se consideró insultada”. La informadora del diario monárquico “quiso hacer un desplante y arrastrar tras ella a otros periodistas” para redactar un escrito dirigido al presidente de la Sala para “que se impidan nuevos insultos a la prensa”, lo que requirió la intervención de la Secretaría de Estado para la Información, “que hizo lo imposible para calmar los ánimos de los periodistas, si bien se encuentra sin base moral porque no ha podido agradar a los informadores de la prensa”.

45 años después, la extrema derecha sigue usando los mismos métodos con idéntico propósito, desestabilizar la democracia. Hoy los impulsores no llevan uniforme ni tienen que asaltar el Congreso porque ya se sientan dentro.

Hablamos de Isabel Díaz Ayuso. Siempre da motivos. Si no es por sus insultos a Sánchez es por sus humillaciones a Feijóo, por su populismo, por sus astracanadas, por su osadía, por los turbios negocios de su pareja, por su ático de Chamberí, por el desvío de fondos públicos al grupo Quirón, por su desprecio a las víctimas de las residencias de mayores, por su protección a presuntos acosadores, por su chulería manifiesta… 

Por todo con lo que cualquier otro dirigente político se habría ganado a pulso la crítica unánime de propios y ajenos y, sin embargo, a ella le sale gratis, unas veces por la lluvia de millones que reparte entre los medios y agitadores amigos y otras porque al actual líder del PP no le conviene el enfrentamiento con quien trituró a su antecesor en el cargo, Pablo Casado. 

Triturar es un verbo que conjugan a menudo en la Puerta del Sol. Esta vez le ha tocado el turno al consejero de Educación de su gobierno, Emilio Viciana, un gran desconocido para la opinión pública y gran parte de la publicada como el resto de su gobierno. Y es que aunque el gabinete lo integran nueve consejeros, la realidad, la cuente Agamenón o su porquero, es que todo está en manos de su jefe de gabinete, ni siquiera de la presidenta. Ahí no se toma una decisión ni se mueve un papel que antes no haya pasado por Miguel Ángel Rodríguez, la mano que mece la cuna de la política madrileña. 

Sin embargo, hay señales de que, tras años de silencio, condescendencia, blindaje político y mediático y halagos bochornosos, algo se mueve contra la inquilina de Sol. Dentro y fuera del PP se escucha el eco de un ¡basta ya! que denota el hartazgo con la madrileña. “Eso no es un partido ni un gobierno, es su chiringuito”, reconocen desde varios territorios gobernados por el PP. “Ayuso es una criatura de la nueva política del PP a quien ha devorado ya su propio personaje”, añade uno de los principales asesores del partido desde hace lustros. Y todo ello con una gestión de su región “manifiestamente mejorable, por no decir inexistente porque nada hace o dice sobre los problemas de los madrileños”, apostilla un diputado nacional.

El caso es que si hace una semana entre sus referentes del periodismo se atrevieron a llamarla trumpista por su aparición estelar en Mar-a-Lago y su decisión de otorgar la Medalla de Madrid a los EE.UU. del Trump que persigue la destrucción de Europa y vulnera los Derechos Humanos, los gritos de hastío en la calle Génova por el mismo motivo se escucharon a lo largo y ancho de toda la M-30. 

Esta semana la rebelión de sus propios cachorros ha activado todas las alarmas y marcado un punto de inflexión respecto a la baronesa que se siente y actúa con absoluta impunidad en la vida pública. El motivo: la destitución de su consejero Viciana y la inmediata renuncia de tres diputados y dos altos cargos del Departamento de Educación, tras la decisión de Ayuso de apartar a uno de los llamados “pocholos” del que hasta ahora era su entorno más cercano. Concretamente fueron el portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín. 

Todos formaban parte de un grupo de jóvenes sin experiencia política y de gestión a los que la presidenta incorporó a las listas electorales de 2023 con las que quiso marcar la diferencia con el viejo PP y los veteranos del partido que siempre habían conducido la política madrileña. Y todos estaban tutelados por un singular mentor, Antonio Castillo Algarra. Conocido por el alias de “Rasputín” y dedicado a las artes escénicas, la inquilina de Sol le profesaba una admiración reverencial hasta el punto de que se le había permitido tutelar en la sombra toda la política educativa y cultural de la Comunidad de Madrid.

Algarra presentaba este miércoles también su renuncia como director artístico del Ballet Español de la región tras la destitución del consejero de Educación, y cargaba en sus redes sociales contra los medios que escriben al dictado de Miguel Ángel Rodríguez para achacar a la falta de experiencia política la destitución de Viciana. El idilio con Rasputín y sus discípulos ha acabado y nadie sabe hasta dónde escalará esta crisis/incendio que se atribuye, como todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez, polémico jefe de gabinete y autor intelectual de todas las decisiones y argumentarios de Ayuso.

De lo que no hay duda es de que en cualquier otro gobierno, regional, local o nacional, esta desbandada hubiera escalado a todas las portadas de los diarios. Imaginen por un momento los titulares, los contenidos de las tertulias y las escaletas de los programas si Pedro Sánchez destituyera hoy a cualquiera de sus ministros y, acto seguido, un puñado de parlamentarios entregara sus actas de diputado o le dimitiera media docena de altos cargos. El caso de Ayuso se ha solventado sin más con un “destituido por falta de experiencia y dilación en la toma de decisiones”, un par de breves en los diarios más entregados al ayusismo y unas colas en los informativos de teleayuso.

El incendio provocado por pocholos y rasputines pone en todo caso de manifiesto los criterios de selección seguidos por Ayuso para la configuración de equipos, entre los que nunca se primó ni la trayectoria académica, ni la experiencia de gestión, ni la vocación de servicio público, sino más bien el culto al líder, la obediencia ciega, la ausencia absoluta de criterio. Pero también subyace tras todo ello que algo se está moviendo y que la baronesa de Sol ya no tiene bula para hacer y deshacer a su antojo sin que nadie rechiste.

No hay quien se trague el relato oficial de que la destitución que ha provocado la crisis se debe solo a la incapacidad del consejero de acordar el nuevo modelo de financiación para las universidades. Lo que sobrevuela es una guerra de familias en el PP madrileño que hasta ahora presumía de cohesión interna. De un lado, el núcleo duro de la presidenta que encabeza el locuaz Alfonso Serrano, a quien el viejo PP no reconoce en el papel de siervo/esclavo de la presidenta. De otro, los alineados con Génova. Y en medio, los “pocholos” tutelados por el mencionado Rasputín, que llegaron a las listas de Madrid creyéndose jóvenes promesas, pero olvidaron pronto quien les puso ahí.

Es cierto que el control férreo tanto del gobierno como del partido por parte de Ayuso/Rodríguez/Serrano no admite ni versos libres ni desobediencias, por lo que cualquier movimiento con intención de dar batalla contra la actual dirección estaría condenado al fracaso. Pero también que es la primera vez que la lideresa se enfrenta a una rebelión en sus propias filas y que algunos de sus referentes mediáticos se han salido del carril habitual del elogio y ensalzamiento permanente. 

La deserción de fieles es un fenómeno que hasta en los regímenes totalitarios se considera señal inequívoca de fisuras profundas, que al gobernante ya no le basta con mantener el control mediante el miedo o la amenaza y que la arrogancia a veces es el preludio de caídas estrepitosas. Pues eso.

Hablamos de Ilustración. De lo que aportó el Siglo de las Luces a la sociedad moderna. Del contraste entre lo que buscó iluminar la mente humana con la luz del pensamiento crítico frente a la oscuridad de los dogmas. De la diferencia entre el pluralismo y la autoridad sustentada en la tradición. De la primacía de la razón y el debate constructivo sobre la descalificación. De lo que implica argumentar con lógica en lugar del ataque emocional. Del conocimiento y el intercambio de ideas frente a la difamación. De la búsqueda de la verdad. Del diálogo basado en el respeto de la dignidad humana. Y de la ausencia, claro, de todo ello en las derechas políticas. En el PP y en Vox, sí, porque ya no hay distingo. Feijóo ha sucumbido definitivamente al hermanamiento con Abascal y sus palmeros.

Tanta moderación, tanta política para adultos, tanto partido de Estado y tanta “vía Moreno” para acabar en un reconocimiento explícito de que son lo mismo y que sus métodos, sus referentes y sus estrategias forman parte del mismo corpus político. Que Feijóo recurriera para el cierre de campaña en Aragón a Vito Quiles no fue una boutade más de los cachorros de las Nuevas Generaciones. Ni solo un intento desesperado para frenar el voto ultra. Ni un recurso puntual. La elección forma parte de una estrategia meditada y a futuro que lleva implícita una declaración de intenciones inequívoca: en adelante, más odio, más furia, más desinformación, más insulto y más acoso. 

El agitador ultra que quiere meter en la cárcel a Pedro Sánchez o colgarle de un pino forma parte ya de la nómina de ilustrados de la que se rodeó Alberto Núñez Feijóo en el último congreso nacional del PP. Miguel Tellado, Ester Muñoz, Noelia Núñez o Elías Bendodo no son precisamente hijos de la Ilustración, pero que un líder que aspira a habitar La Moncloa recurra a un joven siniestro que se dedica a denigrar a políticos y periodistas que no están en la órbita ultra y se arrastra por el fango como una serpiente es un claro reconocimiento de lo poco que le importa la convivencia y la democracia, y de hasta dónde está dispuesto a llegar para alcanzar el Gobierno. Sin duda, a lo que dicte Abascal, que tampoco es un referente del siglo de Las Luces, pero sí su hermano, según relato de la popular Ester Muñoz.

Tras el auge imparable de los ultras, Feijóo ha entrado ahora en una fase de cortejo en la que ya no marca diferencias con Vox, sino que prefiere destacar las similitudes. En realidad, siempre fueron más las cosas que les unen que las que les separan. “Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo tres. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos”, ha afirmado Muñoz. Lo que no explicó fue de qué tipo, si biológicos, medio hermanos, hermanastros o adoptivos. Porque los hay que, aun compartiendo lazos o no sanguíneos, rompen la relación por lo sano cuando las diferencias o los agravios son imperdonables.

La historia del vínculo fraterno entre Feijóo y Abascal ha tenido, en todo caso, distintas fases y varios giros de guion. El PP ha pasado de afirmar con rotundidad que no pactará con la ultraderecha, a abrirles las puertas de los gobiernos autonómicos, a negarles de nuevo cuando rompieron las alianzas y, ahora, a tratarlos de igual a igual para preparar la pista de aterrizaje de un posible gobierno de coalición en España en 2027 si suman mayoría absoluta en el Parlamento.

Ya no les importa, en absoluto, que la hemeroteca les saque los colores. “No habrá un gobierno del PP con ministros de Vox”, llegó a afirmar en el pasado quien esta misma semana anteponía la fratría para justificar lo contrario. Y lo mismo le ocurre a Feijóo. “Es evidente que yo no quiero gobernar con Vox y lo he dicho mil veces”, decía en una entrevista de noviembre de 2023 aunque en julio del mismo año sostenía que “si necesitamos el sí de Vox, lo lógico es que forme parte del Gobierno”.

“A veces es mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo” fue otra frase memorable de Feijóo con la que se negaba a sí mismo, pero que quedó en agua de borrajas cuando, tras las autonómicas de 2023, Mazón y Guardiola metieron a la ultraderecha en sus respectivos gobiernos de Valencia y Extremadura, como meses antes ya había hecho, el castellanoleonés Fernández Mañueco.

Cuando defendían juntos, pero no revueltos

Después de aquello, el PP insistió una y otra vez en que el “compromiso” de Feijóo es gobernar en solitario, pese a que en las comunidades autónomas, en cambio, defendía que los suyos pactaran con Vox y que, en todo caso, no era partidario de ningún cordón sanitario. Una especie de juntos, pero no revueltos porque la ultraderecha, justificaban, “es la tercera fuerza política de nuestro país, y merece todo nuestro respeto”. Luego, eso sí, Tellado negaba la mayor para aclarar que si Vox les exigiera entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo, preferirían ir a una repetición electoral. 

El caso es que la salida al laberinto de más de tres años de declaraciones y decisiones contradictorias parece haber llegado con el resultado de las elecciones de Aragón, donde el PP, lejos de aumentar su mayoría, ha retrocedido dos escaños y Vox duplicado los que tenía. Y con ello, Feijóo ha vuelto al capítulo anterior al que llamaba a Abascal “opositor de tumbona”. Su análisis es que “la gente quiere que haya un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta” y que “hay que poner a trabajar el voto del cabreo para solucionar los problemas de la gente y la mejora de la convivencia. 

Meter en el mismo sintagma a Vox y tolerancia es un oxímoron y es tomar a los ciudadanos por imbéciles, pero, como ha reconocido la ilustrada Muñoz, “la mayoría de los españoles confía en la derecha para cambiar España y hay que aprovechar esa oportunidad para no defraudar”. Y si la izquierda ya se está activando para unirse, todos los que están a la derecha de Sánchez “tenemos una oportunidad y no podemos cometer errores”. Tellado se manifestó en los mismos términos para que entre hermanos garanticen la gobernabilidad en Extremadura, en Aragón y en España, cuando toque.

Otra cosa es que la otra parte, en lo que respecta a las comunidades autónomas esté por la labor y haya planteado exigencias inasumibles porque la ultraderecha, lo haya interiorizado o no Feijóo, no ha llegado hasta aquí para hacer de subalterno del PP, sino para sustituirlo aprovechando esta nueva ola de impugnación al bipartidismo como la que en 2015 llevó a Ciudadanos y a Podemos al Congreso. Y así las cosas, el último giro de guion de los populares pasa por apelar a la abstención del PSOE para dejar que gobierne la lista más votada. ¿Les suena? Un viaje al pasado de 2016, el que partió al partido de Sánchez por la mitad cuando facilitó la investidura de Rajoy. Ese mismo PSOE hoy no está por la labor. Que PP y Vox quieran interpretar el papel de hermanos no significa que los socialistas acepten el de primos.

No hay minutos en el día para digerir el torrente de injurias que inundan la conversación pública. En esta España en la que partidos, periodistas y ciudadanos han adoptado las mismas salvajes formas del lejano oeste, ya hay barra libre para el ultraje y la deshumanización. La práctica está instalada en los manuales de cierta política y en algunos libros de estilo de no pocas redacciones, donde dominan con soltura los códigos de ese nuevo periodismo en el que la verdad ha dejado de importar, el dato es secundario y la obligación ya no es tanto confirmar como difamar. Y, además, con premio. Cuánto más se insulta y más se miente, más se cotiza. 

El caso es que eran pocos los abonados a la injuria, la vejación y la desinformación, que se ha sumado Elon Musk para animar el debate y entrometerse en la política nacional para dejar constancia de lo que opina de Pedro Sánchez: “Un fascista, un tirano y un traidor”. Nada que no haya salido antes por boca de los más ilustres dirigentes de Vox o el PP, además de por la de una legión de periodistas y opinadores en sincronía con la ideología de sus principales pagadores.

Al magnate multimillonario no le ha gustado nada que Pedro Sánchez haya anunciado que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a las plataformas digitales que no retiren contenidos “de odio e ilegales”. Algo que está perfectamente justificado a tenor de la basura que circula por las plataformas, por las reiteradas advertencias de los expertos sobre el uso excesivo de las redes en menores y por la legislación comparada. 

Sánchez quiere obligar a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como a crear un sistema de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” que permita establecer una “huella de odio y polarización”. Y, junto a la Fiscalía, estudiar las posibles vías legales para investigar las infracciones de empresas como Grok, TikTok e Instagram. 

España se sumaría así a la lista de países que planean que los menores no tengan acceso a las redes sociales. Australia fue pionera y en menos de un mes desde la prohibición acreditó el bloqueo de más de 4 millones de cuentas en un país en el que el 84% de los mayores de 8 años tenían perfiles en las redes sociales antes de la prohibición. En Europa, la Asamblea Nacional francesa ya dió luz verde al proyecto de ley por el que se prohíbe el acceso a las redes a los menores de 15 años y en Dinamarca, todos los partidos con representación parlamentaria apoyaron seguir los pasos de Francia, aunque todavía no se ha determinado una fecha concreta para la entrada en vigor. En el Reino Unido y Portugal también ya están en marcha medidas similares. 

Pero Musk se ha despachado a gusto contra Pedro Sánchez. Primero para llamarle “fascista” y, después, “Dirty Sánchez”, además de “tirano y traidor”, calificativos que acompaña de un emoji con forma de hez para dejar constancia del verdadero significado de la expresión que, en castellano se puede traducir como “el sucio Sánchez”, pero se refiere a una práctica sexual relacionada con la atracción de los excrementos.

Insultos, en todo caso, de la factoría Musk/Trump, que la ultraderecha y la derecha españolas han hecho propios en las redes sociales, en el Parlamento y en muchas de sus intervenciones públicas. De hecho, lejos de provocar en los dirigentes de Vox y el PP una reacción en defensa de la soberanía española, a muchos de ellos les ha faltado tiempo para seguir la senda del magnate, cuya intención última además de la cuenta de resultados de sus empresas es sin duda interferir en la política de los estados de la UE, de quien ya dijo que debía ser desmantelada. 

Y el dueño de X no es de los que se queda solo en la retórica, sino que es más de pasar a la acción, como ya demostró se dirigió a los votantes alemanes para que apoyaran a la ultraderechista AfD o atacó a los jueces italianos por bloquear el envío de inmigrantes a Albania. A nadie ha extrañado que el líder de Vox se relamiera con los vituperios de Musk a Sánchez y respondiera a todo sí y, además, añadiera “también un criminal corrupto”, con lo que se ganó el apodo de “lamebotas” que le colgó el mismísimo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. 

Mucho más inquietante ha sido la respuesta de Feijóo, que parece no inmutarse del verdadero propósito de Musk, y ha optado por la equidistancia entre el magnate y el presidente del Gobierno: “No estoy centrado en mediar en debates sobre Marte. Me preocupa mucho más Binéfar, Huesca y Aragón que estas discusiones de las redes sociales. No tengo interés en meterme en los líos en los que se mete el señor Sánchez”. 

El dueño de Tesla y la red X ha cruzado una línea peligrosa al convertirse en agitador global para apoyar movimientos de extrema derecha en Europa y más allá con el propósito de desestabilizar la situación política de los países. Sus afrentas a Sánchez son, por tanto, mucho más que los insultos que ya dominan nuestra conversación pública o periodística. Marcan un punto de inflexión en pleno ciclo electoral y representan una intromisión directa en la política interna de un país soberano. Algo que Musk ya experimentó cuando lanzó críticas feroces contra el primer ministro británico para desestabilizar al Gobierno laborista de Keir Starmer en Reino Unido desde su plataforma X, para atacar a Macron o para aupar a la ultraderecha alemana.

En la misma línea que Musk, el dueño de Telegram, Pável Dùrov, también se ha lanzado contra Pedro Sánchez a través de un mensaje masivo a todos los usuarios de este servicio para instar a los españoles a mantenerse “vigilantes”. Dùrov no necesitó del insulto, pero sí habló de un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección. Una reacción que el Gobierno de España cree insólita, además de un ejemplo de la urgente necesidad de regular las redes sociales para evitar que los tecno oligarcas extranjeros puedan inundar los teléfonos móviles de propaganda a su antojo para influir en la opinión pública de los estados.

Y, al parecer, Feijóo aún no se ha enterado de que esto no va solo de insultos, sino de alterar los equilibrios políticos y dinamitar las reglas más elementales de la democracia. 

Aunque es legítimo pensar que la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de abrir un proceso de regularización de inmigrantes ahora es un trampantojo para desviar la atención del trágico accidente de Adamuz o un enésimo intento con el que retejer los apoyos que hicieron posible su investidura, hay algo que está por encima de todo eso: el derecho a tener derechos. 

Y ante esto no caben equidistancias ni medias tintas. O se está con el modelo Trump, en el que una policía fuera de control, asesina manifestantes y participa en redadas indiscriminadas con tácticas de ocupación militar o se está por sacar de la clandestinidad a cientos de miles de personas que viven y trabajan entre nosotros, pero no tienen reconocidos sus derechos. 

Que el PSOE ha ganduleado con la decisión, que es consecuencia de una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso en 2024 con más de 600.000 firmas y el apoyo de 900 organizaciones sociales, es un hecho indubitable. Pero, en un momento en el que la ola ultra crece en cada rincón del planeta y España no es una excepción, resulta inaplazable elegir el lado de la historia en el que cada cual quiere aparecer: el de las puertas o los muros; el de la acogida o la expulsión; el de la humanización o la cosificación; el de los derechos o la represión. Sánchez ya lo ha hecho y Feijóo, también.

El presidente del Gobierno ha decidido erigirse en contraparte de Trump y todas sus políticas. Lo hizo con el reconocimiento del estado palestino en plena ofensiva de Israel sobre la Franja, en su negativa a incrementar al 5% el gasto militar, en la defensa del Derecho Internacional con motivo de la operación militar que acabó con el secuestro de Maduro en Venezuela, ante la amenaza sobre Groenlandia, en la negativa a formar parte de la mal llamada Junta de Paz y ahora con una política migratoria claramente antagónica de la del presidente de EEUU. 

A Feijóo, por su parte, no se le ha escuchado una sola palabra de condena contra las inhumanas operaciones migratorias de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que espoleados por Trump se ocultan detrás de máscaras y practican redadas indiscriminadas dejando imágenes de persecuciones, detenciones, allanamiento de residencias, separaciones de familias y asesinatos que hielan la sangre. Ha pasado en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva Orleans y, en las últimas semanas, en Minneapolis, donde el presidente de los EEUU ha llegado a animar a los agentes al uso de tácticas violentas en contra de manifestantes, como el gas lacrimógeno o las balas de pimienta.

Y, sin embargo, sí ha puesto el grito en el cielo con la regularización anunciada por el Gobierno, pese a que hace casi dos años votaron a favor de que se tramitara la iniciativa popular legislativa promovida, entre otros, por la Conferencia Episcopal Española. Para el líder del PP, ahora la regularización -la séptima que se hace en democracia- es una “cortina de humo, es inhumana y es indecente”, y Sánchez ha puesto “una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir” en España. 

Inhumano es que quienes viven y trabajan en nuestro país tengan obligaciones pero no derechos. Los extranjeros ni son ilegales ni son invisibles. Son personas que, en contra de la machacona campaña de intoxicación de las derechas, cuando adquieran el permiso de trabajo en España no podrán hacerlo en el resto de Europa y tampoco formar parte del censo electoral porque regularizar no es lo mismo que nacionalizar, aunque Ayuso y todos sus buleros de cabecera no llegaran a esa parte del temario, a pesar de que es de primero de Derecho electoral.  

Feijóo ha asumido, sin disimulo alguno, la agenda de la ultraderecha en esta materia como en otras muchas, tal y como demostró ya en la presentación de su plan para la inmigración presentado en Barcelona el pasado octubre. Un documento que resultó ser un refrito de ideas con el que competir con la extrema derecha de Abascal y con el que demostró un desconocimiento de la realidad social y económica tan palmario como preocupante en alguien que aspira a ser alternativa de Gobierno.

Aquí algunos datos, de fuentes oficiales, que es donde el CES (Consejo Económico y Social) recomienda acudir para evitar la propagación de bulos o percepciones distorsionadas y para garantizar que las políticas públicas se basen en cifras rigurosas y verificables:

– Las personas migrantes tienen una tasa de actividad mayor que la media (69% frente al 59%), según datos de la EPA.

– El Banco de España estima que en torno al 20% del crecimiento de la renta per cápita en España desde 2022 se debe a la aportación de la población extranjera. Y hasta la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha admitido que el “sólido desempeño del PIB de España se debe en gran medida a la contribución de mano de obra extranjera”.

– Ya hay más de tres millones de trabajadores extranjeros, que es el 14,2% del total y suponen el 16% del total de afiliados.

– La población migrante aporta el 10% de los ingresos a la Seguridad Social y solo representa el 1% del gasto.

– Diversos estudios de la ONU, la Comisión Europea, la Airef o el Banco de España calculan que nuestro país necesita del orden de 300.000 trabajadores migrantes al año hasta 2050 para sostener el Estado del Bienestar.

– Y, aunque está muy extendido el bulo de que la mayoría de extranjeros cobre el IMV, el 83% de los beneficiarios de esta prestación son españoles, en su mayoría mujeres con menores a cargo.

Conclusión: la inmigración regulada es esencial para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones. Jubilaciones a las que, por cierto, el PP también ha dicho “no” en la votación sobre su revalorización con la excusa de que en el mismo decreto el Gobierno ha incluido medidas que fomentan las “okupaciones”. Falso una vez más. Lo que se incluye es una moratoria en los desahucios que afectan a familias vulnerables, pero el miedo a Vox y el invento del término 'inquiokupación', que no es más que el impago del alquiler o el incumplimiento del contrato, pesan más que la verdad.

Sobre ello también hay datos. Aunque sea un término inventado para infundir temor en la ciudadanía y no se trate de un término jurídico reconocido, menos del 1% de las consultas que llegan a los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tienen que ver con las llamadas 'inquiokupaciones'. Es más, el éxito de las oficinas creadas por PP y Vox en distintas comunidades para denuncias sobre este asunto es irrisorio: 30 llamadas en 6 meses en Extremadura; 23 en dos años en Andalucía; dos llamadas al mes en Valencia; una en Alicante y 27 en Castilla y León desde 2023. 

Y así todo. Da igual que el debate sea la inmigración, las pensiones o la vivienda. Feijóo carece de criterio propio. Y si el influjo de Vox no termina de devorarlo, puede que lo hagan los suyos.

La cultura de la inmediatez aderezada con la teoría del caos amenazan el periodismo o lo que queda de él. Una cosa son los tiempos acelerados, los cambios en el lenguaje y las nuevas herramientas de la era digital y otra muy distinta es que todo ello se anteponga a los principios de rigor, veracidad y objetividad. Si esto además ocurre ante asuntos tan sensibles como el del accidente de ferrocarril en Adamuz que el domingo se cobró en nuestro país la vida de 43 personas, el resultado no puede ser más desolador.

El 'todo vale' vuelve a poner a cierto periodismo frente al espejo de una realidad que abochorna. Sin datos, sin conclusiones de la investigación y con algunos cadáveres aún sobre las vías de tren y ya había diarios e informadores que tenían todas las claves. Ninguna sostenida con una base sólida o irrefutable: que si los materiales de la infraestructura ferroviaria eran “low cost”; que si la falta de inversión en el mantenimiento de la red; que si la supresión de un organismo de seguridad; que si las incidencias no atendidas; que si la desatención a las quejas de los sindicatos de maquinistas… 

La responsabilidad en algunos rincones de una profesión imprescindible para vertebrar la democracia y garantizar el derecho a una información veraz ha vuelto a brillar por su ausencia en un momento, sí, en el que las víctimas reclaman explicaciones y respuestas, pero no que una tragedia se convierta en conversación especulativa de barra de bar a golpe de titulares manipulados, cábalas improvisadas o comentarios de supuestos expertos en la materia. Y esto sin entrar en las teorías conspiranoicas y la difusión de bulos.

El martilleo de los medios afines a PP y Vox sobre el “Gobierno del caos” se ha encontrado con un trágico accidente de tren que, como ya sucedió ante el apagón eléctrico de la pasada primavera, alimenta su relato sobre “un país tercermundista” donde reina el desorden, la corrupción y la incompetencia. No es un discurso inocuo, sino una parte nuclear de la estrategia de polarización y desconfianza en las instituciones con la que proyectar la imagen de un país en el que nada funciona.

El objetivo de ese marco ficcionado de desconcierto constante es que del desorden y la decadencia provocados, por supuesto, por el Gobierno de Pedro Sánchez, surja algo superador que ordene la situación y que provoque un estado de ánimo que impulse el voto a las derechas. El problema para el PP es que lo nuevo y la solución para todos los males que proyecta no es Feijóo, como demuestran todas las encuestas, sino un Vox que aún no ha tocado techo en el tablero electoral. 

En Los ingenieros del caos, Giuliano da Empoli (Anaya en 2020) ya explicaba cómo la propaganda se ha reinventado para adaptarla a la era de las redes sociales y que su objetivo ahora ya no es tanto unir a la gente en torno a un mínimo común denominador, sino inflamar las pasiones del mayor número de gente. Y añadía que para ello se necesitan dos elementos clave: la ira de ciertos sectores de la clase trabajadora, que responde a problemas sociales y económicos reales, y una potente maquinaria de comunicación al servicio de quienes quieren multiplicar el caos. Algo con lo que sin duda cuentan las derechas.

De ahí, la desinformación, el carrusel de noticias sin contrastar y la sarta de imprecisiones e hipótesis que tras el accidente de Adamuz se han leído o escuchado en los medios de comunicación alineados con la derecha política. Mientras investigadores, expertos cualificados y el propio ministro de Transportes —que se multiplica desde hace tres días para dar respuestas a todas las preguntas de los medios de comunicación— piden prudencia y apuntan a que con la información disponible aún no se pueden extraer conclusiones sobre la causa del siniestro, medios y dirigentes políticos buscan desesperadamente un relato de culpable único que tenga nombre propio. A ser posible que lleve el apellido Puente o Sánchez.

La experiencia reciente y remota muestra que las investigaciones serias sobre este tipo de siniestros no entienden de prisas. Ni políticas ni mediáticas. Solo la normativa europea exige publicar el informe final antes de doce meses y si no se llega a ese plazo, debe emitirse un avance intermedio. Es decir, incluso con presión pública o publicada, el protocolo está diseñado para que la celeridad no lleve a conclusiones precipitadas. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia en los accidentes ferroviarios más graves de Europa. De hecho, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los tiempos medios de investigación de accidentes de tren en otros estados oscilan entre los 11 y los 60 meses. Alemania: 34 meses; Dinamarca: 11; Francia: 23; Italia: 18; Suecia: 13; Suiza: 16; Dinamarca: 27 y Alemania hasta 60.

A continuación, algunos ejemplos: 

Eschede (Alemania), 1998. Un tren de alta velocidad (ICE) descarriló y colisionó contra un viaducto provocando 101 muertos y 88 heridos. La causa se debió a la fatiga de una rueda y un fallo técnico. La investigación se inició inmediatamente tras el accidente y los informes iniciales técnicos se publicaron en los meses siguientes. El proceso judicial no finalizó hasta 2003.

Tempi (Grecia), 2023. Una colisión frontal entre trenes de pasajeros y mercancías dejó 57 muertos, alrededor de 180 heridos debido a un error humano y una infraestructura obsoleta. Hasta 2025, dos años después del siniestro, no se presentó el primer informe técnico mientras que el proceso judicial sigue abierto.

Angrois (Santiago de Compostela), 2013. Un Alvia descarriló por exceso de velocidad en una curva y causó 80 muertos y 145 heridos. Los informes preliminares de la investigación técnica (CIAF) se publicaron en 2014, pero la sentencia judicial no llegó hasta 2024. La Agencia Ferroviaria Europea determinó tres años después del siniestro que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «no aseguró la independencia de la investigación» del descarrilamiento del tren de Angrois y que en ella no se abordaron «elementos clave». Bruselas defendió que la actuación de la CIAF, dependiente del Ministerio de Fomento, no profundizó en cuestiones como la falta de multitud de análisis sobre la línea, seguridad y el porqué de decisiones tomadas que infringieron claramente la directiva de seguridad europea respecto a la investigación del accidente.

Chinchilla (Albacete), 2003.  Se produjo una colisión frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías con 19 muertos y 38 heridos debido a una aproximación a vía única sin coordinación adecuada. Los informes técnicos sobre causas y seguridad operativa existieron casi de inmediato tras el accidente, pero la sentencia judicial no llegaría hasta 2006. 

Valencia, julio de 2006. Un tren de metro que viajaba a velocidad excesiva se estrelló en un túnel subterráneo matando a 43 personas e hiriendo a muchas más. Se tardaron 13 años en que un tribunal encontrara culpables de homicidio negligente a cuatro gerentes del sistema de metro de la ciudad por no tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la tragedia.

Con Adamuz, la experiencia y la prudencia recomiendan comprender antes de señalar causas o responsables porque si algo han enseñado ya las grandes catástrofes ferroviarias es que el progreso en seguridad, aseguran los expertos, no nace del análisis más rápido, sino de las evidencias más pacientes. Y esas evidencias no parecen fáciles de apreciar.

Si hoy es jueves, hablamos de justicia y de dos velocidades. De normas no escritas. De tiempos procesales. De casualidades o causalidades. De intenciones o de azar. Y, por una cuestión de rabiosa actualidad, es inevitable empezar con el caso González Amador, más conocido como Alberto Quirón.

Hablamos, no te olvides, de un “ciudadano particular” que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un ático comprado tras defraudar 350.000 euros a Hacienda después de pegar un pelotazo con la venta de mascarillas durante la pandemia. Más señas: del técnico sanitario que, tras comenzar su relación con la lideresa del PP, se convirtió en empresario de éxito y para el que el fiscal y la Abogacía del Estado solicitan penas de hasta tres años y nueve meses de cárcel mientras que las acusaciones populares elevan esa petición hasta cinco años de prisión.

Este miércoles hemos sabido que el hombre que envenena los sueños de Isabel Díaz Ayuso no se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal antes de mediados de 2027. Aún se desconoce la fecha concreta, pero no será en ningún caso, dentro de no menos de año y medio en el mejor de los casos y nunca antes de que se celebren las autonómicas de mayo de 2026, a las que Ayuso se presentará para la reelección. 

El primero en reaccionar a la fecha del juicio ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con la publicación de un mensaje en X en el que ironiza con la “rara dictadura en la que vive esta gente”, en alusión a los entornos del PP y Ayuso. “Mordidas para todos y juicios a la carta”, ha escrito el republicano. Pero, el PSOE y Más Madrid tampoco lo han pasado por alto. La socialista Pilar Sánchez Acera se ha burlado de la decisión porque sostiene que o bien “las cosas de palacio van despacio” o que “quien tiene padrino (madrina), se bautiza”. Y la portavoz de MM, Manuela Bergerot, ha escrito en tono jocoso en sus redes sociales: “¡Qué casualidad, no vaya a ser que Ayuso pase la campaña electoral con el novio en la cárcel!”.

Lo cierto es que siempre existió una norma no escrita por la que habitualmente el Poder Judicial solía ser muy estricto a la hora de que sus decisiones no interfieran en periodos electorales y, aunque este caso afecta a un “ciudadano particular”, es obvia la trascendencia política de un juicio como este y la repercusión que podría tener en la campaña electoral de Madrid. Así que estaríamos ante una decisión acorde a esa histórica conjura de togados para que sus decisiones no se crucen con intereses políticos de los partidos.

Claro que eso era antes, cuando la derecha no sólo vivía de las decisiones de los tribunales y la oposición al Gobierno se ejercía solo en el marco de la política, y no de la justicia. Con Pedro Sánchez en el Gobierno todo ha cambiado y los tiempos, las actuaciones y hasta algunos escritos han estado acompasados a lo que demandan determinados intereses políticos de tal modo que los partidos han extendido a los tribunales la contienda partidista.

La fecha prevista para el juicio abierto contra González Amador no hubiera sorprendido si los procedimientos judiciales que afectan a exdirigentes del PSOE o del entorno del presidente del Gobierno tuvieran tiempos similares. Pero ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, el Tribunal Supremo tiene previsto juzgar a José Luis Ábalos en este primer trimestre de 2026, entre las campañas electorales de Aragón y Castilla y León. Aquí no hay conjura que valga, si bien es cierto que en el Supremo apenas se investigan o juzgan casos y los que se celebran, al ser excepcionales, se fijan con mayor celeridad. Por el contrario, los juzgados de lo penal de Madrid afrontan una histórica sobrecarga de trabajo y sus plazos son mucho más dilatados.

En todo caso, está también el ejemplo que afecta a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, cuyo juicio por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz se ha retrasado más de tres meses, según lo previsto inicialmente. La Audiencia Provincial de Badajoz ha comunicado que se pospone hasta el 28 de mayo de 2026 el inicio de la vista oral contra el familiar del presidente del Gobierno, cuyo arranque se había programado inicialmente para el 9 de febrero. El cambio está justificado en la petición de aplazamiento de algunos letrados, a quienes la vista oral les coincidía con otros procedimientos “señalados anteriormente”. Lo que nada tiene que ver con los abogados es que, casualmente, el juicio coincidirá con la campaña de las elecciones de Andalucía, previstas inicialmente para el mes de junio.

Las dos velocidades de la justicia son una realidad inapelable, tras la que subyacen siempre intereses políticos y siempre a beneficio de la derecha. De ahí que los tiempos para ciertas investigaciones, informes o juicios orales hayan discurrido a velocidad del rayo en unos casos y en otros, se hayan demorado años e incluso lustros. El caso más palmario de los últimos tiempos ha sido el que ha condenado al ya ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Dos semanas de juicio en el Supremo y unos plazos sin precedentes mientras por ejemplo los casos Lezo y Montoro, que afectan a ex altos cargos del Partido Popular, siguen aun sin ser juzgados, diez años después de haberse producido los hechos delictivos y no pocas trabas judiciales. Y, luego, se preguntarán por qué el desprestigio de la justicia.