El PP ha vuelto a decir no a la reciente propuesta del Gobierno para alcanzar un acuerdo de país contra la emergencia climática. La respuesta es idéntica a la que ya dieron sus dirigentes en septiembre de 2025 cuando tras los incendios del pasado verano, La Moncloa puso sobre la mesa un documento con diez compromisos prioritarios, que luego se ampliaron a 15, tras recabar información de más de 4.000 aportaciones de la comunidad científica, organizaciones empresariales, sindicatos y ONG.

Según los datos de Copernicus (sistema europeo EFFIS), más de un millón de hectáreas ardieron en la Unión Europea en 2025 –la cifra más alta desde que hay registros (2006)–, y España estaba entonces a la cabeza con 403.000 hectáreas quemadas. Fue el peor año del siglo XXI en cuanto superficie arrasada por el fuego, ya que en solo dos semanas, se declararon unos 20 grandes incendios forestales que arrasaron más de 300.000 hectáreas –una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria– y varias provincias sufrieron incendios de magnitud sin precedentes. Fue el caso de Castilla y León, donde el fuego consumió alrededor del 15% de la superficie de la provincia de León y un 7% de la de Ourense (Galicia). Solo el incendio de Uña de Quintana (Zamora) calcinó cerca de 40.000 hectáreas, y el de A Rúa (Ourense) arrasó más de 38.000 hectáreas. Las cifras ya ilustraban entonces un escenario excepcional que puso en jaque a los servicios de emergencia y supuso un reto mayúsculo para los profesionales de la extinción y la gestión forestal.

Y este año, sin que haya acabado todavía el verano la situación es peor porque la superficie calcinada en lo que va de 2026 supera en 143.834,46 hectáreas a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 29.817 hectáreas. Dicho de otro modo: el fuego se ha multiplicado casi por seis de un año a otro y se han contabilizado unos 366 incendios, lo que representa un incremento del 301% desde que comenzó la época estival.

Y todo mientras el partido de Feijóo rechaza un acuerdo para luchar contra la “emergencia climática” porque, al parecer, es un trampantojo del Gobierno para desviar la atención. En realidad, nadie esperaba una respuesta distinta al portazo, ya que de los siete grandes pactos de Estado firmados entre PP y PSOE, 5 se suscribieron con la izquierda en la oposición y la derecha en el Gobierno.

Contando los Pactos de la Moncloa de 1977 solamente ha habido siete grandes acuerdos de país, de los cuales dos fueron ampliaciones de otros ya vigentes como el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. Sólo en dos ocasiones, el PP se avino a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

Hoy, con el país en llamas, el PP acredita su propia historia de oposición destructiva. Resulta que los populares quieren un pacto contra los incendios, pero en ningún caso contra las causas que los provocan porque consideran que hablar de “emergencia climática” es una trampa de Pedro Sánchez, como se han encargado de emitir sus habituales intérpretes. Si la propuesta fuera un ardid de Sánchez, lo sería también del Parlamento Europeo, de las Naciones Unidas, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 200 organizaciones que impulsaron en 2019 el manifiesto “World Scientists' Warning of a Climate Emergency”, firmado por 11.000 científicos de 150 países, y de más de 2.000 gobiernos locales y nacionales de todo el mundo.

Porque más allá de los bulos que escupen las redes sociales y de los programas y los políticos que los difunden, la “emergencia climática” no es un rótulo del progresismo, sino una expresión acuñada por el organismo científico de referencia de la ONU y por sus agencias ambientales que, a tenor de lo escuchado estos días, el PP o no reconoce legitimidad o no está al tanto de sus resoluciones. Tan grave sería lo primero como lo segundo en un partido que aspira a conquistar el Gobierno de España.

El consenso institucional hace inexplicable el uso del lenguaje alternativo que los de Alberto Núñez Feijóo han elegido estos trágicos días para negar la evidencia científica y, en consecuencia, rechazar un pacto de Estado contra la emergencia climática. En realidad, a la dinámica seguida desde que en La Moncloa habita un socialista. Da igual que la propuesta hable de derechos laborales, de pensiones, de vivienda, de ayudas al transporte, de salarios, del Estado del Bienestar… Todo es no y todo es un trampantojo del perverso Pedro Sánchez. También los efectos del calentamiento global.

Así que, con casi 200.000 hectáreas de terreno forestal arrasadas, 100.000 personas evacuadas de sus casas, decenas de municipios confinados y los servicios de emergencia y de bomberos trabajando a destajo, los populares ha decidido jugar a no llamar a las cosas por su nombre y no pronunciar la expresión “cambio climático” o “emergencia climática”.

Aquí va su repertorio:

“Anomalía climática excepcional” es la expresión que ha utilizado Alfonso Fernández Mañueco durante los incendios de su región que, según sus palabras, está sometida tanto “al estrés por fenómenos naturales” como a “la mano del hombre”, que es quien está detrás del fuego.

“Terrorismo incendiario” es otra variante habitual entre los dirigentes del PP que también hablan de supuestas “mafias”, tramas organizadas o de “terrorismo incendiario” como causa de los incendios, algo que la Fiscalía ha descartado repetidamente.

“La brocha gorda”. Isabel Díaz Ayuso, que niega la existencia de la crisis climática, defiende que hablar de emergencia es una treta para “dar soluciones de brocha gorda”. Las suyas, como la de poner una planta en la ventana y que los escolares se vistan con camisetas de tirantes para combatir el calor de las aulas, deben ser de pincel muy fino.

El mantra. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, no iba a ser menos que sus colegas, pero ha añadido al debate una variante delatora al acusar al Gobierno de recurrir al “mantra del cambio climático” para “eludir su gestión”. Justo lo contrario a lo que ha pasado con la declaración de emergencia nacional solicitada por Ayuso a través de X para quitarse de encima la responsabilidad y pasársela al Gobierno de España. La estrategia es tan vieja como la política misma y pasa por invertir la carga de la prueba para presentar el problema climático no como una realidad científica, sino como una coartada del adversario.

Desde el “no es momento para el Apocalipsis climático” que pronunció antaño el mismísimo José María Aznar hasta el “ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor” que pronunció el consejero de Ayuso, Alfonso Serrano, hay todo un patrón. Y no solo para ridiculizar los efectos del cambio climático, sino también para no contrariar a la ultraderecha con la que el PP gobierna en Valencia, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y en Andalucía, donde ha sucumbido a sus postulados negacionistas.

Fanatismo climático. El líder de Vox, Santiago Abascal, habla directamente de “fanatismo climático” para desvincular los incendios del calentamiento global, y el PP poco a poco ha ido adoptando el mismo discurso. De hecho el propio Feijóo en una reciente entrevista ha declarado sin ningún sonrojo que el cambio climático es algo que aún está por consolidar.

Lejos de ser un envoltorio inocente, el lenguaje empleado por los dirigentes del PP además de importar, delata intenciones poco confesables. A saber: si, para el PP, un incendio se explica por las “mafias”, y no por la sequía, el abandono rural o las altas temperaturas, lo que subyace es una propuesta para aumentar la vigilancia o la persecución penal, pero no un refuerzo de la prevención o de la transición energética.

Si, además, todo se resume en un “mantra” del adversario, para qué invertir en gestión forestal, en alertas o en urbanismo antiincendios. Lo que denota todo ello es una justificación de la inacción y, probablemente, no porque los populares no sepan cuál es la causa, sino porque nombrar el origen obliga a actuar y priorizar, y eso es algo que las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en materia forestal, no han hecho.

Todo indica, pues, que no estamos ante un simple intento de atraer al electorado más escéptico del PP. Y tampoco solo ante una estrategia con la que evitar el enfrentamiento con la ultraderecha. En realidad, lo que implícitamente apunta el PP son las políticas que no desea que estén en la conversación pública. Lo grave es que las consecuencias ya sabemos todos cuáles son porque este verano las han padecido ya en Almería, en Ávila, en Madrid, en Guadalajara, en Castellón, en Segovia…

Si hablamos de Impunidad y de corporativismo, hablamos de jueces y de un sistema diseñado para que rara vez se pague por los excesos. Todo a cuenta del bochornoso espectáculo ofrecido por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido ante la propuesta de archivar las denuncias contra Juan Carlos Peinado, el polémico instructor del caso Begoña Gómez. Sepan que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha propuesto dar “carpetazo” y archivar todas las quejas mientras que el órgano de gobierno de los jueces prefiere aplazar la decisión definitiva ante la falta de consenso interno.

Las cinco diligencias analizadas por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tienen diferentes orígenes, pero la que mayor escándalo ha generado fue motivada por un auto del propio Peinado en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez y sugirió que los escoltas de la esposa del presidente podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, “colaborar” en una hipotética fuga del país. Esta afirmación provocó protestas formales tanto del Ministerio del Interior como del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, interpuso también reclamación contra el juez por la forma en que el magistrado condujo su declaración como testigo en el complejo de La Moncloa. Más Madrid, diputados del PSOE, un particular y la asesora de Gómez cierran la lista de denuncias contra la discutible labor del togado.

El debate abierto en la Comisión Permanente del Consejo proyecta, además de la habitual fractura de un órgano que hace poco y del que se espera aún menos, un sistema diseñado para que sean contados los casos en los que los jueces asuman las consecuencias de sus desmanes. Y aun así el órgano de gobierno acaba de reformar, según hemos sabido por el periodista Pedro Jiménez de la Cadena SER, el reglamento que permite interponer denuncias contra las actuaciones judiciales para que solo sean las partes vinculadas a un procedimiento las que puedan activar una queja. Particulares o asociaciones ya no podrán elevar denuncias con este nuevo modelo y tampoco se permitirán denuncias anónimas o escritos que persigan revisar decisiones judiciales.

El caso es que el sector conservador del Consejo se ha alineado con la propuesta de archivo del promotor de la acción disciplinaria, tras argumentar que cualquier expresión desafortunada o controvertida incluida en un auto debe corregirse únicamente mediante la vía penal o de recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Madrid (órgano que, por cierto, ya anuló la retirada del pasaporte por considerarla injustificada). Por su parte, el sector progresista rechaza el archivo directo y quiere que se investigue si el juez Peinado incurrió en una falta grave de consideración o en un exceso o abuso de autoridad (recogido en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La falta de resolución inmediata añade una presión añadida, ya que el juez Juan Carlos Peinado tiene fijada su jubilación obligatoria el próximo septiembre, por lo que los plazos de tramitación del CGPJ siempre lentos e ineficaces resultan determinantes. Y es que si el proceso se dilata en exceso sin abrirse un expediente formal con propuesta de sanción, cualquier medida quedaría sin efecto una vez que el magistrado deje de estar en activo. Peinado se irá a su casa y pasará a los anales de la judicatura sin tacha del Consejo, pese a haber protagonizado no pocas actuaciones discutibles y haber sido objeto de casi una veintena de correcciones a su instrucción por instancias superiores.

Juan Carlos Peinado, sin embargo, no es una excepción. En 2017 —el último año del que existen cifras oficiales—, de 9.679 quejas ciudadanas contra jueces, solo 567 merecieron la atención del Promotor de la Acción Disciplinaria, y de esas 567, apenas 21 se convirtieron en expediente. Es decir, que cuando un ciudadano eleva una queja contra un juez tiene algo así como un 0,2% de probabilidades de que su denuncia termine en algo parecido a una investigación formal.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró en febrero de este año en un 0,19% el porcentaje de sanciones impuestas a jueces por decisiones ajenas a su poder jurisdiccional, y habló incluso de “corporativismo malentendido” dentro del órgano de gobierno de los jueces. Eso sí distinguió entre la parte jurisdiccional, la “que tiene que ver directamente con el Estado de derecho” y que, en su opinión, “funciona” y lo que es ajeno a ese rol, que son los casos que resuelve el Consejo General del Poder Judicial. “El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, afirmó el también ministro de la Presidencia en la Forbes House de Madrid.

Entre preservar el buen nombre de la justicia y la protección al juez que haya podido cometer una irregularidad, el Consejo siempre elige lo segundo. Y es en ese marco en el que hay que leer el embarazoso espectáculo que estos días vive la Comisión Permanente del CGPJ con el caso Peinado: cinco quejas, un año de idas y venidas, un promotor de la acción disciplinaria que propone archivarlo todo, una Comisión Permanente dividida en bloques, y un magistrado que instruye la causa más mediática del país como si nada de ello le concerniera.

¿Justicia o política? Juzguen ustedes, pero basta con detenerse en el funcionamiento del sistema, para sospechar que el diseño institucional favorece el archivo antes que la sanción. Cuando un ciudadano se queja de un juez, su reclamación pasa primero por la Unidad de Atención Ciudadana, que en la inmensa mayoría de los casos se limita a tramitar la queja como una incidencia administrativa —un retraso, una demora, una disfunción— sin relevancia disciplinaria alguna. Solo una minoría de las que se registran llega al promotor de la acción disciplinaria, el único que tiene capacidad para convertir una queja en un expediente con consecuencias. Y resulta que ese promotor —el mismo cargo, ocupado por la misma persona desde 2017— es quien decide, caso por caso, si abre diligencias, si las archiva o si las convierte en la apertura de un expediente. Pero su criterio, se apoya casi siempre en el mismo argumento: que el contenido de una resolución judicial pertenece al “núcleo jurisdiccional” y que revisarlo equivaldría a una injerencia en la independencia judicial, lo que permite archivar casi todo lo que un juez diga o escriba mientras lo haga dentro de un auto o una sentencia.

Bajo la apariencia de control ciudadano se esconde, pues, de facto una evidente autoprotección corporativa o una casta que se juzga a sí misma, como demuestran los datos, ya que según las memorias del CGPJ, entre julio de 2014 y diciembre de 2020, España impuso una media de apenas 19 sanciones disciplinarias al año a un cuerpo con más de 5.000 jueces y magistrados en activo. La mitad de esas sanciones fueron multas económicas y medidas más simbólicas que disuasorias, como ocurrió con el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, expedientado en 2024 por llamar en redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno y “siervo mentiroso patológico” al ministro de Justicia. ¿Las consecuencias? El expediente acabó archivado, pese a la evidencia de que ese corporativismo malentendido del que hablaba Bolaños tolera comportamientos que, en cualquier otra profesión habrían costado el puesto.

Y todo porque el artículo 117 de la Constitución proclama que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley” y la carrera entiende que el precepto es la garantía de que ningún ciudadano, ningún ministro o ningún Gobierno pueda torcer una resolución judicial. Un argumento que, en ocasiones, se convierte en coartada cuando lo que hay detrás no es una discrepancia jurídica, sino un comportamiento abusivo.

Así que lo que se dirime estos días no solo es la suerte de un juez polémico como Peinado, sino que reabre el debate sobre dónde termina la independencia judicial y dónde empieza la exigencia de responsabilidad disciplinaria a un magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y también sobre si el Consejo debe actuar de oficio ante declaraciones polémicas incluidas en una resolución o, por el contrario, debe esperar a que un tribunal superior las revise por la vía de los recursos.

Lo que parece a todas luces es que la línea entre lo que es jurisdicción y lo que es mala conducta disfrazada de auto judicial es muy delgada y que quien la traza es un promotor que tiene todos los incentivos corporativos para delinear siempre del mismo lado. Un último dato: en 2024, a 31 de diciembre, se habían abierto más de 10.000 diligencias, pero el CGPJ solo ejecutó 18 sanciones. Y, luego, se preguntarán sobre el porqué de su descrédito.

Los tribunales ya no son ese el lugar donde se imparte justicia, sino la plaza en la que se libra la verdadera batalla política y donde las derechas se han propuesto cercar al presidente del Gobierno. Primero fue el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos nunca probado, después el hermano por ser cooperador de otro de prevaricación y, ahora, van a por Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos… Ya saben que cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido este jueves que la esposa de Pedro Sánchez debe sentarse en el banquillo frente a un jurado popular, avalando así el dictado del controvertido juez Peinado.

La progresión de los casos, a modo de guion, ha sido anticipada por las derechas política, mediática, policial y judicial desde hace meses. En las televisiones, en las radios y en todos los mentideros madrileños, antes incluso de que los jueces redactaran autos, abrieran diligencias o firmaran sentencias sobre el fiscal, sobre el hermano de Sánchez y sobre Gómez. Nadie puede extrañarse de que haya sospechas sobre la coincidencia del calendario judicial y la existencia de un plan preconcebido y tampoco de que existan dudas sobre si el ardid tendrá o no un efecto boomerang contra un Feijóo que hiperventila con cada decisión judicial, pero no logra sumar un voto más a su granero electoral. Al contrario, los pierde a chorros en beneficio de Vox.

Es un hecho, y no una conjetura, que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado careció de la solidez probatoria que merecía un caso de tanta trascendencia y que se construyó sobre una hipótesis, como demuestra que el tribunal acuñara un nuevo sujeto penal -el entorno del acusado- para condenarlo por un delito de revelación de secretos.

Es un hecho, y no una conjetura, que al hermano de Sánchez se le acusó de fraude fiscal, de enriquecimiento ilícito y hasta de tráfico de influencias y que, al final, ha sido condenado por ser “cooperador necesario” para un delito de prevaricación cometido supuestamente por otros -técnicos de la Diputación de Badajoz- para cambiar la nomenclatura de un cargo del que fue beneficiario cuando Pedro Sánchez no era ni diputado, ni secretario general del PSOE, ni presidente del Gobierno. Lo que viene a decir la sentencia es que alguien hizo algo para beneficiar a alguien, pero no se ha probado ni el qué, ni el quién ni el cómo, pero, sin embargo, hay un policía que, sin acreditar conocimientos de Derecho Administrativo, está seguro de que se cometió una ilegalidad en la creación de una plaza de libre designación.

Es un hecho también, y no una conjetura, que la instrucción de Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez ha sido corregida repetidamente por su superior jerárquico, que anuló en el pasado por “falta manifiesta de motivación” un primer intento de enviar la causa a un tribunal con jurado popular.

Es también un hecho, y no una conjetura, que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que la defensa ha calificado la instrucción de “prospectiva” al argüir que se investiga a la esposa del presidente por ser quién es y no por haber cometido ningún delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que no se puede descartar de entrada la existencia de un delito porque la investigada sea la esposa del presidente, pero tampoco lo contrario, esto es dar por probada su culpabilidad por el mismo motivo, si bien este escenario se ha dado por descontado por sesudos analistas antes de que Gómez se siente en el banquillo.

Es un hecho, y no una conjetura, que las instrucciones del juez Peinado son discutidas y, que cuantas veces la Audiencia de Madrid le ha enmendado en el caso de Begoña Gómez no se ha dado por aludido.

Y es un hecho, no una conjetura, que una parte de la alta judicatura española está más pendiente de sus cuitas internas, de satisfacer intereses partidistas y de postularse ante un eventual cambio de gobierno que de impartir justicia y aplicar el derecho.

La decisión de la Audiencia Provincial de avalar la decisión de Peinado para que Gómez sea juzgada por un tribunal popular no es menor. De hecho, importa más de lo que parece porque la Ley del Tribunal del Jurado no es un simple trámite, ya que implica un tipo de enjuiciamiento distinto, con sus propias reglas de veredicto. Su aplicación exige además que el instructor motive con especial rigor por qué los hechos encajan en los delitos que la ley reserva a ese procedimiento, y que la propia Audiencia de Madrid haya tenido que recordárselo dos veces al mismo juez no habla bien de la instrucción, al margen de que Gómez sea finalmente declarada culpable o inocente.

El 92% de las sentencias dictadas por jurados populares en España son condenatorias, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial. Y, aunque sea una cifra que no prejuzga nada sobre este caso concreto, explica perfectamente por qué la decisión que ha adoptado la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene más trascendencia de la que se le otorga.

Y es que España vive un momento en el que cada resolución judicial que afecta al círculo más próximo del presidente del Gobierno se interpreta, casi instantáneamente, como una pieza de ajedrez en una partida que nada tiene que ver con el derecho y todo con la forma en que se hace política… y periodismo.

Cuando la Audiencia de Badajoz sostiene en una sentencia que “el tribunal no puede, sino conjeturar” para explicar por qué condenaba a David Sánchez por prevaricación, pero lo absolvía del delito de tráfico de influencias situaba el debate en algo nuclear para un proceso penal, que es dónde está la frontera entre la prueba y la inferencia y si, cuando esa línea se cruza, podemos hablar de justicia.

Los tres casos que han dominado la actualidad judicial de los últimos tiempos son, en el fondo, tres ejercicios distintos de ese difuso límite. En el del ex fiscal general, el Tribunal Supremo tuvo que reconstruir, sin una confesión ni una grabación o documento de la orden concreta, quién filtró un correo electrónico a la prensa y los mismos indicios, examinados por distintos juristas, produjeron dos lecturas opuestas sobre si constituían prueba o solo sospecha.

En el de David Sánchez, los propios magistrados reconocieron que solo podían “conjeturar” sobre si los creadores de la plaza buscaron o no congraciarse con Pedro Sánchez, y que esa especulación, por plausible que pareciera, no alcanzaba el estándar probatorio necesario para condenar a su hermano por tráfico de influencias.

Y el caso de Begoña Gómez, todavía pendiente de juzgar, es en el fondo una discusión sobre si se ha llegado a construir toda la causa únicamente con indicios y una narrativa político-periodística tan falaz como eficaz, pero sin una sola prueba. De eso hablamos. De un país que, como dice Feijóo, está siendo “agredida por altas instituciones”, pero no precisamente por las que pretende apuntar el aspirante a presidente.

El absentismo y las bajas laborales no son lo mismo, aunque Feijóo no lo sepa, le importen un higo los trabajadores y esté dispuesto a una involución en materia de derechos. Sin datos, sin rigor y con un desconocimiento palmario de la diferencia entre una falta de asistencia injustificada y una incapacidad temporal por enfermedad certificada por un médico, el líder de la oposición ha vuelto a desvelar involuntariamente sus verdaderas intenciones: recortar sueldo y “prestaciones” a los trabajadores de baja “con o sin acuerdo sindical”.

Primera premisa: la incapacidad temporal (baja médica) es una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, regulada en la Ley General de la Seguridad Social. La protección que dispensa presenta una doble finalidad: sanitaria para garantizar la recuperación del trabajador y económica para compensar la pérdida de ingresos mientras persiste la imposibilidad temporal de trabajar. El absentismo laboral es, por su parte, la ausencia de la persona trabajadora de su puesto de trabajo sin causa justificada diferenciándose así de las ausencias legítimas protegidas, como la incapacidad temporal.

Pero Feijóo se delató ante los empresarios vascos después de defender que el “absentismo” en España “es un cáncer” que supone un coste de 30.000 millones y que afecta a 1,16 millones de personas cada día. Una exposición en la que mezcló sin distinción baja, permisos u otras incidencias y en la que introdujo una mentira como la catedral de Burgos al afirmar que las enfermeras firman bajas médicas a los médicos, algo que solo puede hacer un facultativo.

La derecha vuelve así por sus fueros y plantea una vez más importantes retrocesos en materia laboral. Nada que no hubiera hecho antes con la contrarreforma laboral que impulsó en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy y que supuso, entre otras cuestiones, el abaratamiento del despido, el descuelgue salarial que facilitó que las empresas pudieran reducir los salarios para hacer frente a supuestas dificultades económicas o la supresión de la ultraactividad en la negociación colectiva.

Y una vez que Feijóo elevó un debate tramposo a la conversación pública y provocó la perplejidad de sindicatos, trabajadores y medios, vino lo de siempre: matar al mensajero. Que si el periodista Aitor Riveiro, que fue quién adelantó sus palabras, había interpretado más de la cuenta; que si otros medios hicieron seguidismo de elDiario.es; que si Feijóo no dijo lo que dijo; que si todo fue un nuevo lapsus del líder de los populares… Lo cierto es que poco había que interpretar porque el líder de la oposición habló más claro que nunca de sus intenciones, “con o sin acuerdo”, como pasó con la contrarreforma laboral que tanto dolor provocó a los trabajadores.

Los sindicatos, como no podía ser de otro modo, han puesto el grito en el cielo. La única ventaja es que los trabajadores ya saben a qué atenerse si un día el hoy opositor a presidente de Gobierno llegara a La Moncloa. Pero, la verdad, la diga Agamenón o su porquero, es que en España no hay problema de absentismo laboral y tampoco con las bajas médicas. Lo que existe es un problema de salud indisociable del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios que, por cierto, dependen de las Comunidades Autónomas donde mayoritariamente el PP es gobierno. Dicho de otro modo: cuando un paciente espera meses para una consulta o una cirugía, sigue de baja mientras espera. Pero eso no es picaresca, sino la consecuencia directa y previsible de una sanidad pública infrafinanciada, la que gobiernos como los de Ayuso o Moreno —a los que Feijóo cita como modelo— llevan años recortando en sus respectivas Comunidades.

Las cifras de absentismo, como se ha encargado de recordar el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, no justifican el debate planteado, ya que “muchas situaciones responden a dificultades de acceso a la atención médica, las listas de espera o la falta de recursos”. Pero una cosa es mirar los problemas con tópicos y comentarios de cuñado para contentar a la patronal y otra muy distinta es construir un relato desde la evidencia empírica.

Los sindicatos siempre han defendido que el incremento de las bajas por incapacidad temporal -que no el absentismo, que puede llegar a ser un motivo de despido objetivo- es un asunto que se debe abordar desde el rigor, y por eso impulsaron la creación de un observatorio que permitiera estudiar por qué se producen las bajas médicas: si tienen que ver con la atención primaria, con la falta de especialistas o con problemas como la salud mental. Sin ese análisis, el debate no es serio ni es exhaustivo.

Feijóo ha pretendido trasladar además la idea de que si un empleado cobra lo mismo cuando está de baja que cuando trabaja, aumentan las ausencias, pero de nuevo ni la realidad ni los datos dicen eso. La mayoría de los empleados pierden salario cuando están enfermos, salvo que trabajen en una empresa que complemente la nómina durante el periodo de incapacidad por convenio. Y en este último caso, está comprobado estadísticamente que las bajas son menos prolongadas, lo que demuestra que no hay una relación directa entre mejores condiciones y más duración de la inactividad.

Aquí algunos datos:

• En un proceso de Incapacidad Temporal entre el día 1 y 3 no se cobra nada. Del cuarto hasta el día 20 de la baja se cobra el 60% de la base reguladora y del 21 en adelante, el 75%

• De esta prestación, las empresas solo asumen 12 días, los que van desde el día 4 hasta el 15 de esa baja. Es decir, menos de dos semanas, el 60% de esa base reguladora, aunque es cierto que en algunos casos por convenio pueden asumir hasta el 100% incluso.

Si echamos la vista a los países de nuestro entorno, España es uno en los estados en el que las empresas menos coste asumen de las bajas laborales:

En Países Bajos los empresarios asumen todo el pago de la incapacidad temporal (70% del salario durante 2 años)

• En Austria, el 100% del salario entre 6 y 12 semanas, dependiendo del contrato.

• En Alemania, el 100% del salario durante 6 semanas

• En Bélgica, el 100% del salario durante un mes, y un 30% durante los meses 2 y 3

• En Suecia, el 80% del salario durante 14 días

Esto por no hablar de que el incremento del gasto por Incapacidad Laboral Transitoria en el último año respecto al ejercicio anterior se ha moderado ligeramente: de 2023 a 2024 creció un 17% y de 2024 a 2025 un 12%.

El crecimiento de la incapacidad temporal, por tanto, no puede ni debe interpretarse como una perversión de la conducta del trabajador y mucho menos como un incremento del absentismo injustificado, como ha hecho Feijóo, sino como un reflejo del deterioro de la salud en las personas trabajadoras.

Avisados quedamos todos con el retrato de villanos que nos ha hecho el aspirante a La Moncloa y las decisiones que está dispuesto a adoptar desde un discurso que se sostiene sobre una premisa que la AIReF -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- ha desmontado, después de identificar una “deficiencia estructural” en la forma en que se gestionan las bajas médicas en España. El fallo está en el diseño porque quien paga la baja —el INSS— no es quien la concede, ya que recae en los médicos de atención primaria. Y esa separación, agravada por la fragmentación en diecisiete servicios de salud autonómicos, es lo que dificulta que se internalice correctamente el coste económico de las decisiones y genere riesgo de prolongaciones innecesarias.

El problema no es que millones de trabajadores decidan por la mañana no ir a currar, sino una tubería mal diseñada entre sanidad y Seguridad Social para la que nadie en el PP ofrece más solución que la de recortar el salario o las prestaciones de los trabajadores. Se puede estar de acuerdo en que el sistema de incapacidad temporal necesita reforma —la propia AIReF lo reconoce sin ambages—, pero lo que no se sostiene es vestir esa reforma de castigo al trabajador cuando los datos apuntan, una y otra vez, hacia el lado contrario. Esto es una sanidad colapsada, un INSS que no controla hasta que ya es tarde, y una población que envejece trabajando.

El líder del PP ha vuelto a pegarse un tiro en el pie. Y ya son muchos. El día que la Audiencia Nacional imputa a la presidenta de la SEPI y otras 24 personas en la causa que investiga a la ex militante socialista Leire Díez, no se le ocurre otra cosa que hablar de “ingeniería electoral” al hilo de la llamada ley de nietos, sugerir que Pedro Sánchez podría estar preparando un pucherazo para las próximas elecciones generales y mezclar todo ello con bulos varios sobre la regularización de inmigrantes.  

¿Algún dato? ¿Alguna prueba? Ni lo uno ni lo otro. La respuesta a su dislate está en el manual de la ultraderecha global sobradamente ensayado aquí, allá y acullá. En EEUU, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Hungría… En la frustración por los sondeos que no le conceden rédito electoral por el desgaste que acumula el Gobierno. Y en la competencia feroz con Vox. 

El caso es que Feijóo no necesita adversarios ni enemigos. Se basta y sobra consigo mismo. Su discurso no aguanta el espejo. Da igual que hable de pensiones, de indultos, de independentismo, de inmigración, de represaliados del franquismo o de la ley de nietos, que es la que le ha hecho desbarrar por enésima vez y ponerle frente al espejo de sus propias contradicciones. La izquierda habla de cinismo mientras en el universo popular no dejan de preguntarse si falla él o fallan los filtros que debieran evitar sus tropiezos. Hay dudas. Claro que lo uno tampoco es invalidante de lo otro. Pueden ser ambas cosas. El caso es que en el combate Feijóo vs. Feijóo siempre gana la contradicción.

Llegó a la presidencia del PP en 2022 con reputación de gestor prudente y poco dado a la improvisación y en estos años ha dado muchas más muestras de temeridad que de cautela y de inconsistencia que de solidez. Tantas que ha dejado al descubierto una incomprensible afición por contradecirse a sí mismo porque, en efecto, hubo un tiempo en el que Feijóo defendió lo contrario a lo que ahora crítica de la disposición octava de la ley de Memoria Democrática.

Hay pruebas, hay memoria y hay hemeroteca: 

– Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, el PP presentó en el Congreso más de 70 enmiendas de supresión al articulado y ninguna de ellas afectaba a la disposición adicional octava, que regula la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Únicamente registró una enmienda de modificación a dicha disposición, que posteriormente registró y que decía lo siguiente: 

“Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. 

Igualmente podrán adquirir la nacionalidad española, los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley.»

– Durante la tramitación en el Senado, el partido de Feijóo presentó cien enmiendas al articulado, pero ninguna afectaba a esta cuestión.

– En el programa electoral del 23J, los populares incluyeron una Ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada para que la comunidad de descendientes de españoles mantuviera el derecho de opción a la nacionalidad española:

“La Comunidad de descendientes españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”

– En noviembre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez derogase el voto rogado, Feijóo llevó a cabo una gira por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador (con una suma potencial de 600.000 electores) y allí se comprometió a “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior y a derogar la mal llamada Ley de memoria democrática”. Dijo también que su norma estaría “fuera de planteamientos ideológicos y de rencores para desvincular la nacionalidad de la ideología”.

– En 2018, el Grupo Popular apoyó la tramitación de una proposición de Ley en el Senado sobre la concesión de la nacionalidad a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles que se habían quedado “fuera” de la Ley de Memoria Histórica. La tramitación de la norma decayó por la convocatoria de elecciones en 2019.

– En 2006, Feijóo declaró en Uruguay que no tenía “sentido” que un nieto de españoles “tenga menos derechos que un inmigrante”.

– En Buenos Aires, también en 2006, ante emigrantes españoles, se preguntó por qué sus hijos o nietos no podían tener la nacionalidad y sí “los africanos del norte o cualquiera que no tenga sangre española”. El capítulo del racismo implícito lo dejamos para otra ocasión.

– En 2002 se aprobó una reforma del Código Civil para que los hijos con padres originariamente españoles pudieran “optar por la nacionalidad española sin límite de edad”. El Gobierno de Aznar calculó entonces que alrededor de 700.000 personas podían beneficiarse de la norma a partir de su entrada en vigor, el 9 de enero de 2003.

– La ahora portavoz Ester Muñoz hizo también una elocuente defensa del asunto cuando era senadora en 2023: “Este grupo parlamentario (PP) considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio, ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española”.

Nadie deslizó entonces la posibilidad de un pucherazo electoral porque se entendía que se trataba de una medida reparadora con las personas de nacionalidad española que sufrieron el exilio durante la dictadura y de justicia histórica hacia quienes tuvieron que abandonar España huyendo de la persecución y de la miseria. Y tampoco cuando en 2015, el PP sacó adelante la Ley que otorgaba la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España –descendientes de judíos expulsados en 1492 por los Reyes Católicos– y se justificó como “un proceso de concordia”. De hecho el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, se refirió a ella como “una auténtica reparación histórica quinientos años después”. Aquí va una pregunta para Feijóo: ¿Por qué los sefardíes expulsados sí merecen reparación y los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, no? 

Las solicitudes para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes se tramitaron de forma electrónica a través de la Dirección General de los Registros y Notariado, con un plazo de tres años, que se prorrogó durante uno más. Según datos del Ministerio de Justicia a 31 de marzo de 2026, de un total de 153.774 solicitudes recibidas en el Consejo General del Notariado, 89.078 reunían las condiciones para tramitarse, y actualmente se ha concedido la nacionalidad a 73.017 personas, principalmente de México, Colombia y Venezuela.

Hay cosas que no se limpian ni con el fuego de San Juan. No hay hoguera que pueda acabar con esta España faltona, vocinglera y odiadora. No hay fiesta pagana que nos libre de los malos espíritus que habitan en la política. Ni mil veces que saltara Pedro Sánchez sobre las cenizas de Ábalos o Cerdán le librarán ya del peso de una sentencia condenatoria a 24 años de prisión al que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Tan cierto es esto como que ni saltando otras mil veces Feijóo sobre las pavesas del PP borrará años y años de saqueo de sus gobiernos autonómicos y locales. Ni su fotografía con el narco Marcial Dorado. Ni el fraude fiscal del novio de Ayuso. Ni la mal llamada policía patriótica. Ni los audios de Villarejo. Y aun así mantiene ese tono faltón y destructivo con el que acostumbra a transitar por la oposición y dar lecciones de integridad y limpieza. 

No hay línea roja que no haya traspasado ya el líder de los populares con su devastador y nocivo verbo. Primero fue el suegro fallecido de Pedro Sánchez y ahora el padre también muerto de Patxi López. Con esposas, hijas y hermanos de por medio. Todo le vale en su desesperado intento de hacerse escuchar y habitar en La Moncloa. Hasta recomendar a Sánchez un psicólogo. Alguien debería recordarle que el volumen jamás valida un argumento, que el tono elevado refleja siempre la falta de ideas y que el insulto es síntoma de frustración, pero no de superioridad moral o intelectual. La razón no se demuestra con el griterío, sino con la coherencia y la verdad, dos cualidades con las que el PP siempre tuvo una oblicua relación.

El caso es que este miércoles, mientras se encendían las primeras hogueras en las playas, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso con intención de quemar en apenas media hora de discurso una sucesión de escándalos que desde hace meses consumen a su Gobierno. Llegó al hemiciclo con el argumentario bien afilado: que nunca supo de la corrupción de Ábalos o Cerdán; que de haberlo sabido jamás lo hubiera tolerado; que Zapatero merece la presunción de inocencia; que su mujer no cobró un solo euro por la cátedra de la Complutense y que la derecha y la ultraderecha, con ayuda de su sincronizada mediática, llevan años fabricando un relato inexistente sobre una situación de corrupción generalizada en el Gobierno.

A ninguno de los casos que se investigan le restó un ápice de importancia, aunque los situó en tres escalas diferentes al tiempo que censuró que determinados actores políticos y mediáticos traten de mezclar “para confundir a la gente”. De un lado, la sentencia del Supremo sobre Ábalos, Koldo y Víctor Aldama, para rechazar todo espacio de impunidad de los corruptos. “Sean quienes sean”. De otro, el caso Zapatero, un asunto que dijo no compete al Gobierno, salvo en si hubo trato de favor en el préstamos a Plus Ultra, que ya avanzó que “no lo hubo”. Y por último, las investigaciones que afectan a su hermano y a su esposa, que atribuyó a un modus operandi: “Primero el bulo en forma de titular. Después, la denuncia. Y por último, el daño reputacional que juega con los tiempos lentos de la Justicia, la falta de integridad de algunos pseudo medios y la indecencia de algunos políticos”. 

A partir de ahí, entró en escena un vociferante Feijóo para encadenar un grito tras otro, un insulto tras otro, una ofensa tras otra. Contra vivos y contra muertos. Así hasta señalar al presidente del Gobierno como “el nexo político corruptor” de todas las tramas y como el número uno de la organización criminal que investiga la justicia para aventurar incluso que será imputado. Por aventurar, avanzó también que el presidente tratará de librarse de un hipotético juicio impidiendo que el Congreso apruebe el suplicatorio. 

Con todas las causas judiciales que afectan al Gobierno, Feijóo tenía abonado el terreno para elevarse por encima del fango con una fría descripción de los hechos, pero prefirió chapotear en el lodo y cruzar todas las líneas rojas que, una vez traspasadas, dicen más de quien las cruza que de a quién van dirigidas. Una de ellas fue cuando insinuó que el suegro del presidente del Gobierno había sido el financiador de su carrera política: “A mí no me ha financiado ningún magnate de la prostitución”. Y otra cuando evocó la memoria del padre fallecido de Patxi López para sugerir que se avergonzaría de su propio hijo. Eduardo López Albizu fue un histórico dirigente socialista y sindicalista de la UGT que pagó con su libertad la defensa de una democracia que hoy pisotea la derecha. Fue detenido, torturado, encarcelado y desterrado y murió con la dignidad de quien nunca se doblegó.

Llevar su nombre al hemiciclo para convertirlo en arma arrojadiza contra su hijo es, cuando menos, una falta de respeto y de escrúpulo. No es política. Es otra cosa, que nada tiene que ver con un juicio implacable contra la corrupción documentada, no contra la inventada. Es Feijóo en estado puro. El que, con parecidas artes, logró arrebatar el poder de la Xunta a un bipartito formado por el PSdG y el BNG. El que participó en una operación impulsada por Ayuso para tumbar el liderato de Pablo Casado por denunciar las comisiones cobradas por su hermano con la venta de mascarillas en plena pandemia. El que es capaz de convertir en munición a los muertos olvidando que en política también caben la decencia y el límite. El que ha perdido la memoria con el calendario judicial que tienen todavía por delante quienes militan en sus mismas siglas: 31 causas entre 2026 y 2030 y 6 sentencias pendientes. Y el que pretende seducir a los socios del Gobierno llamándoles “indecentes”.

Hablemos de finezza. De respeto. De templanza. De elegancia en el trato. De inteligencia táctica. Y de todo lo que falta en la política actual, donde el espectáculo de mala educación es una constante. En los medios, en el Congreso, en los juzgados y en la conversación pública. La furia ha sustituido a la templanza, la grosería al sosiego y la vulgaridad a la elocuencia en un país en el que, sin duda, manca finezza (falta sutileza).

Habrá quien diga que con la acumulación de casos de corrupción que afectan al PSOE, no estamos para delicadezas; que la degradación política “cada día es más insoportable” (Sémper, dixit) y que España necesita con urgencia elecciones. Y aunque de momento solo hay investigaciones y no sentencias, bastaría una descripción fría de los hechos para poner contra las cuerdas a los socialistas: Zapatero, primer expresidente que declara como imputado ante la Audiencia Nacional por cuatro delitos; el comando Leire Díez y sus andanzas, la corrupción de Ábalos, Koldo, Cerdán; las mentiras de la directora general de la Guardia Civil, la confianza traicionada de millones de electores… 

Retrato demoledor, sin duda, contra cualquiera que desde la izquierda en este momento intente dar lecciones de pureza. Pero una cosa es la duda, la crítica y la firmeza y otra muy distinta el espectáculo al que asistimos sin que nadie se pregunte hasta cuándo y hasta dónde seremos capaces de llegar en este festival de la ordinariez. Cada día y casi a cualquier hora aparece un Tellado, una Ester Muñoz, una Ayuso, un Abascal, un Figaredo y hasta un Feijóo con la escopeta cargada de insultos, humillaciones y palabras gruesas que sacan a pasear lo peor de la política. 

“¡Cobarde!”, espetó este miércoles desde el escaño el líder del PP a Sánchez antes de negarle la condición de demócrata y tacharle también de “mala persona”. “¡Cobarde, corrupto, mentiroso!”, redoblaba la apuesta la popular Ester Muñoz en una nueva demostración de su elegancia dialéctica mientras emitía al tiempo una delatora frase que viene a confirmar lo que parte de la izquierda política sostiene desde hace tiempo: “El Estado se defiende del Gobierno”.

El Estado se entiende, son los jueces, la UCO y todo el que ha podido hacer y ya ha hecho. De los Gobiernos no hay que defenderse, hay que ponerlos o quitarlos en las urnas, que son las que reclama y a la vez teme un Feijóo porque, ni con la ayuda de las togas y de su batería mediática, logra que Vox baje del 17%. Ni con mil Koldos que existieran, el gallego remontará en la valoración que le otorgan propios y ajenos. No se crean lo que leen o escuchan porque el líder del PP tiene más críticos dentro que los que acumula fuera del perímetro de la derecha, entre los que se encuentran muchos de los que le aplauden en público. 

Pero, hablábamos de finezza, de talante, de respeto. Y en este tugurio en el que se ha convertido el Congreso y por el que desfila tanto ultrajante, este miércoles se produjo un destello de sentido común. Por increíble que parezca salió de las filas del PP. Un diputado apenas conocido, de nombre Nacho Martín Blanco, que a diferencia de quienes le precedieron en el uso de la palabra, no gritaba, ni insultaba, ni parecía buscar el aplauso fácil de su inflamada bancada. Preguntaba al ministro del Interior, Grande Marlaska, si estaba del lado de la ley o del lado del Gobierno, lo que ya de por sí era una acusación velada, pero sin sobreactuaciones y sin alaridos como los que protagoniza para ganarse el favor de su jefe el siempre aspirante Jaime de los Santos.

Sin leer una sola frase, Martín Blanco consideró urgente la convocatoria de elecciones, habló de la institucionalización de la mentira y de la desazón que genera entre los españoles tanta “indignidad moral”. Tan duro en el fondo como sus colegas, pero a una distancia abismal de las formas a las que acostumbran en su partido. Es probable que no llegue muy lejos porque para ser del círculo de confianza de Feijóo hay que emplear los implacables y mendaces métodos del llamado clan de los gallegos, pero emitió señales nítidas de que otra manera de conducirse por la política es posible, además, de recomendable.

Mientras esto pasaba en la Carrera de San Jerónimo, a poco menos de dos kilómetros de distancia, en la Audiencia Nacional declaraba ante el juez Calama el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para negar cualquier intervención o influencia en el rescate público de 53 millones de euros de Plus Ultra. Y, aunque la Fiscalía y las acusaciones populares pedían al magistrado que le retirara el pasaporte, la comparecencia ante el juzgado cada 15 días y hasta su ingreso en prisión preventiva, nada de esto ocurrió para desesperación de los odiadores profesionales.

El juez rechazó la imposición de cautelares, tras concluir que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas que justifiquen retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer ante el juzgado, ya que Zapatero es una persona de notoriedad pública. Pese a ello, advierte que su declaración no ha servido para anular los indicios de criminalidad contra el expresidente. También que “la investigación, como es obvio, tiene un evidente carácter embrionario”, por lo que su desarrollo puede consolidar la tesis acusatoria o disipar los indicios con nuevas diligencias. Y el expresidente, en conversación con elDiario.es, se declara “tranquilo”, cree una “buena señal” el rechazo de las cautelares y se dispone a defender su inocencia en el ámbito penal. En lo político y en lo social sabe perfectamente que le costará recuperar la confianza de una izquierda que le consideraba un faro moral hasta que vio las fotografías de las joyas que guardaba en una caja fuerte.

En un comunicado hecho público tras su declaración ante la Audiencia reconoció, de hecho, que “lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí” y pidió “confianza” hasta que “la verdad se abra paso”. Es consciente de que se le acusa de delitos muy graves, entre ellos el tráfico de influencias, el contrabando y el fraude fiscal, pero insiste en que siempre se condujo “con decencia y con honradez” que demostrará. Por eso, ha presentado ante el tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad suya directa o indirecta. 

Se podrá decir que esto último tiene más de gesto político que relevancia procesal porque un juez no precisa de tal permiso para indagar sobre la titularidad de activos o sociedades, pero cuando menos demuestra que Zapatero no teme que se le encuentre ninguna posesión fuera de España de cuantas se han publicado, sin verificación alguna. Y sobre las joyas que aparecieron durante el registro de la UCO, pedirá declarar voluntariamente en un plazo aproximado de diez días cuando haya recopilado la documentación sobre la trazabilidad y el valor de las mismas. De momento, ya maneja tasaciones muy inferiores a la del peritaje judicial que las valoró en más de un millón de euros. 

Vamos, que esto no ha hecho más que empezar, aunque el PP haya dictado ya sentencia condenatoria y falte, como en todo, finezza.

Hay una frase que estos días se escucha por cada rincón de La Moncloa: “Si quieren hablar de cloacas, hablemos de cloacas”. Y es que el empeño de las derechas y su sincronizada mediática por empatar la corrupción de Estado de la Kitchen que operó en los gobiernos de M. Rajoy con “el comando Leire Díaz” que se atribuye ya a P.S. puede ser muy loable pero poco creíble, a tenor de las tramas, los personajes y los resultados de las andanzas de unos y de otros. Lo segundo, de hecho, no se entendería sin la existencia de lo primero. 

Es muy probable que en su comparecencia el próximo día 24 ante el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno intente establecer las diferencias, lo que no está claro es hasta dónde está dispuesto a escalar en la descripción de unos hechos y una cronología que, según cuentan en la fontanería monclovita, salpican a no pocos personajes de cuantos hoy exigen dimisiones, reparten carnés de decencia e imparten lecciones de ética desde los púlpitos de la política y el periodismo. 

Hay apuestas. Y van ganando los que apuntan que Pedro Sánchez no se atreverá a tanto. En minoría están, por tanto, los que retan a un desnudo integral de las élites judiciales, policiales, empresariales y periodísticas. Caiga quien caiga y tenga las consecuencias que tenga. Como en todos los ámbitos y profesiones, en la judicatura hay togados buenos, malos y mediopensionistas, igual que hay policías intachables y también corruptos o hay periodistas que buscan la verdad, que persiguen intereses espurios o que tienen vinculaciones inconfesables con todo tipo de cloacas.

Los que se llenan la boca de regeneración democrática son, en ocasiones, los que más tienen que callar, y nadie se atreve a desenmascarar. Por prudencia, por temor, por corporativismo o por el precio a pagar, a pesar de saber que es siempre la verdad, y no el miedo, la que ayuda a fortalecer las democracias. Y, ahora, que por fin Sánchez ha interiorizado que tener el gobierno no significa tener el poder y que salvo el BOE, el suyo no tiene influjo alguno en el ámbito judicial, policial, empresarial o mediático y que hasta el legislativo -con la mayoría absoluta del Senado- lo controlan las derechas, es cuando algunos le animan a hacer una especie de revival del célebre Yo acuso, la carta abierta escrita por el novelista Émile Zola con la que imputó directamente a las altas esferas militares y gubernamentales francesas de fabricar pruebas y encubrir la inocencia del capitán Alfred Dreyfus, un oficial judío falsamente condenado por traición. 

Este miércoles en respuesta a una pregunta de la portavoz de HB, Merche Aizpurua, el presidente deslizó la idea de una presunta implicación de la élites en una operación de acoso y derribo contra el Gobierno. La diputada abertzale le instaba a “aclarar todo” lo que sepa sobre las casos de corrupción que afectan a su entorno en su declaración del día 24 de junio y Sánchez le respondió que dirige un “gobierno incómodo para las élites” y que será igual de contundente en la respuesta a la corrupción de su partido como en la respuesta a “los infundios, las insidias y las mentiras que están propagando” sobre el PSOE y su Gobierno.

Lo que hizo fue fijar el marco para el repaso del minucioso relato que los suyos creen que debe hacer durante su comparecencia. Una narración de los hechos que incluya el porqué de tanta investigación de la UCO y cuál fue la espita que desató una virulenta ofensiva de la Guardia Civil contra el Gobierno y que algunos relacionan con la destitución en su día del coronel Pérez de los Cobos. Pero también los detalles sobre qué hay y quiénes están detrás de la investigación al expresidente Zapatero; lo que callan algunos medios afines al PP; la tupida red de intereses entre algunos jueces y el partido de Feijóo; los motivos que mueven a algunos grupos mediáticos; las filtraciones interesadas desde la Fiscalía Anticorrupción; lo que falta por conocer de los audios de Villarejo y que dormitan en algún cajón de la Audiencia Nacional sin que ningún juez haya decidido investigar…

Y todo ello no significa que no haya motivos justificados para investigar la corrupción que haya anidado en el PSOE, la basura de Santos Cerdán, los pagos a Leire Díaz, las reuniones de la directora de la Guardia Civil con la ex militante socialista, los negocios de Zapatero, los tejemanejes del ex presidente de la SEPI o cuanta inmundicia haya podido acumular en estos años el partido del Gobierno. Todo lo contrario. 

Hay que llegar hasta el final. Con la verdad. Con todos y cada uno de los protagonistas. Con las pruebas concluyentes para que quien haya cometido un delito, pague por ello. Y con la línea de puntos que une la Kitchen y “el comando Leire” porque la trama de la ex militante del PSOE, sí, lo que investigaba inicialmente era la basura de aquellos años y cómo la mal llamada policía patriótica, mandatada por un ministro y toda la cúpula de Interior, construía pruebas falsas para destruir al adversario político, tapar la corrupción del PP y ocultar la participación de M.Rajoy en la caja B de su partido. Algo que sin la complicidad de determinados grupos mediáticos y periodistas hubiera sido imposible. 

Pero una cosa es la verdad y otra son las obsesiones enfermizas o las operaciones coordinadas para tumbar al Gobierno. Como dijo Carlos Alsina al anunciar hace unos días su retirada de la información política: “No estamos aquí para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna. Pero tampoco para ayudar a que llegue al Gobierno quién no ha sido capaz de conseguirlo por su propio pie”. Y algunos, por lo que sea, están solo en esto último, no en contar la realidad de los hechos, con los antecedentes y los contextos imprescindibles.

Así que, adelante, “hablemos de cloacas”.

Nadie como el líder de los populares para pegarse tiros en el pie cuando el viento le viene de cola. Un gobierno acosado por múltiples sumarios judiciales, una legislatura sin presupuestos generales, una mayoría parlamentaria finiquitada, unos socios que marcan distancias a diario con Sánchez…. Y a Feijóo solo se le ocurre plantear una moción de censura instrumental para “devolver la decencia a España”. Palabras mayores en boca de alguien a quien hasta su correligionario el popular García Margallo niega “una moral irreprochable” e incluso “prestigio intelectual” con su propuesta de elegir un “candidato neutro” para liderar esa empresa que no sea Feijóo.

El caso es que andaba el gallego de flirteo desde hace semanas con PNV y Junts en busca de apoyos para impulsar la moción contra Pedro Sánchez y, de camino a Barcelona para participar en una conferencia, el independentismo catalán le respondió que si quería peces -o votos- fuera a Waterloo a pescarlos, que allí habita un tal Puigdemont y que era el ex molt honorable el interlocutor adecuado. 

Antes de que la respuesta le estallara en la cara en forma de “llave de judo” (Neus Tomás, dixit), la mera sugerencia de entenderse con quienes ha tachado de “delincuentes”, “terroristas”, “rompepatrias” y “cómplices de los corruptos”, ya había levantado ampollas en su hiperventilada batería mediática y en buena parte de su partido. Lo de pedir auxilio a la mismísima encarnación del Mal, después de haber hecho del anticatalanismo el eje de su estrategia de oposición, mal, siempre mal para las “cayetanas” y las “ayusers”. Tan mal que sus opinadores de cabecera le han llamado cateto, ignorante y provinciano por acariciar siquiera la idea de arrimarse al nacionalismo catalán o vasco. Los unos son el anticristo y los otros, los “hermanos de sangre del partido de la ETA”.

Así que, después de semejante rapapolvo, el Feijóo más altanero se plantó ante el Cercle d'Economia, con la lección aprendida y consiguió dejar aún más en evidencia su insoportable levedad en Catalunya. Lejos de seducir al empresariado catalán con un proyecto político ilusionante o soluciones para los problemas cotidianos, se dedicó a hablar de su libro, que no es otro que echar de La Moncloa a Pedro Sánchez. Y lo hizo con tal tono de autosuficiencia y desprecio que dejó perpleja a la plana mayor del empresariado catalán. 

El respetable salió de allí con más dudas que certezas sobre el liderazgo de quien ha hecho del anticatalanismo el ingrediente principal de su menú político. “No vengo a pedir favores”, les espetó antes de reprochar que se llegue a acuerdos con Catalunya sin hablar con las demás Comunidades. Debe ser que al Pacto del Majestic, Aznar además de a Pujol, invitó al resto de líderes políticos del momento. 

Luego se preguntará por qué el PP es una fuerza irrelevante en una Comunidad que aporta 48 de los 350 diputados del Congreso. Desde la recogida de firmas contra el Estatut, el boicot a los productos catalanes, las cargas policiales del 1-O, la delegación a los tribunales de la competencia para resolver un conflicto político o las sucesivas ofensivas contra el catalán, la derecha no se cansa de acertar con Catalunya. No ha entendido aún que para construir España no se puede dar la espalda a una parte de ella y tampoco azuzar el enfrentamiento entre territorios o hacer gala de una catalanofobia que roza el paroxismo. 

Basta con repasar la historia electoral para constatar que desde 1993, el peso de Catalunya ha sido determinante en el resultado de buena parte de las elecciones en las que ningún partido obtuvo mayoría absoluta. Y casi siempre en beneficio de la izquierda. En 1996, la amarga victoria del PP (que se quedó a 20 escaños de la mayoría absoluta) habría resultado mucho más satisfactoria para Aznar sin el resultado catalán. Y en 2004, pese a sus mentiras sobre los atentados del 11M, Rajoy hubiera empatado en número de diputados con Zapatero. En 2008, los populares habrían quedado dos escaños por delante del PSOE. Y en las de 2015, PP y Ciudadanos hubieran estado por encima de la mayoría absoluta en el caso de descontar los diputados catalanes. La moción de censura de 2018 no hubiera tenido opción de prosperar jamás, en ausencia del corpus electoral catalán y en las elecciones de 2023, PP y VOX hubieran sumado mayoría absoluta.

Feijóo lo sabe, llegó a la presidencia del PP cargado de buenas intenciones y hasta reconoció errores de su partido con Catalunya que dijo estar dispuesto a enmendar. No lo hizo. Su dependencia de la caverna mediática y de quienes, como Ayuso, le auparon al liderazgo orgánico, le han convertido en un títere de la España centralista y reaccionaria. La que prefiere el “a por ellos” en lugar de “con ellos”. La que pretende convencer en balde que en Euskadi hoy se vive peor que en 2010 cuando existía ETA. La que cree que dialogar es una cesión intolerable y pactar, una traición a la patria. La que niega que en Catalunya se viva hoy mejor que en 2017. La que parece añorar que la independencia haya desaparecido de la conversación pública. La que desprecia que la convivencia se haya impuesto a la confrontación. Y la que aún no ha aprendido que gobernar este país en contra de Euskadi y Catalunya es una quimera.

Que Pedro Sánchez anunciara este miércoles en Barcelona, en el mismo lugar que Feijóo desconcertó a los empresarios, los trámites para la presentación de los Presupuestos Generales para 2027 no es casualidad, sino un guiño más a sus socios de Junts y ERC, con quienes se comprometió a seguir trabajando en la “agenda del reencuentro” que ha devuelto la normalidad política, social y empresarial a Catalunya. Tanto, ironizó, que ha supuesto que hasta Feijóo reconoce ahora a Junts como “actor político”. Solo cuando no siente el aliento de sus cancerberos.

Como decía el mítico director del Washington Post Ben Bradlee los mejores periódicos están comprometidos en la búsqueda concienzuda de la verdad, pero en el fondo del saco existe también un “periodismo de queroseno”, el que se dedica a echar combustible en el primer sitio en el que ve humo antes de determinar qué es lo que lo produce y por qué. Decía también que las llamas resultantes pueden considerarse un incendio premeditado, pero no periodismo.

Deliberado o no, en la mañana de este miércoles, diez minutos antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a toda página y con gran alarde tipográfico leíamos en El Confidencial: “La UCO registra Ferraz: operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE”. ¡Boooooom!! Justo la línea roja que establecieron los socios de Pedro Sánchez para dejar caer al Gobierno y que la derecha agita para presionar a nacionalistas vascos y catalanes en busca de apoyo para una moción de censura. 

A los pocos minutos del titular de marras, el líder del PP, que no acostumbra ni a entrar por la puerta principal ni a hacer declaraciones a los medios antes de la sesión, ya llevaba preparada la munición: “Lo que estamos viviendo es de una extrema gravedad que se comenta por sí sola. La pregunta es cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios, cuántos periodos de instrucción y juicios orales… Esto apesta. No podemos más”. En alusión al PNV y Junts, ya había dicho el día anterior: “Mantienen al gobierno más sucio de la democracia”. 

Lo cierto es que la Guardia Civil se había presentado en la sede socialista con un requerimiento de la Audiencia Nacional para reclamar documentos sobre la contratación de la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, pero nada que tenga que ver con la financiación ilegal del partido. Ni con cajas B. Lo que se investiga es “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno”. Hechos, sin duda, gravísimos y sobre los que el PSOE y su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, habrían mentido reiteradamente. Porque, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz, el PSOE habría contribuido supuestamente a financiar las presuntas maniobras que habría llevado a cabo contra fiscales y mandos policiales Leire Díez. 

Pedraz aprecia indicios de delito en la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice de varios ilícitos, así como posible autora del delito de falsedad en documento mercantil en relación con la emisión de facturas falsas para abonar los servicios que se investigan. El juez también alude a Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de Correos, empresa en la que Leire Díez ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Y a Juan Francisco Serrano, quien fuera número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. El magistrado señala que aparecen indicios que revelan la colaboración de ambos con los investigados “en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”, si bien matiza que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

La operación se produce en el marco de una pieza separada secreta abierta en las diligencias de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones bajo sospecha en la que estaban siendo investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxón Alonso —vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán— . Y el caso tiene que ver con las actividades de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar las andanzas de la mal llamada policía patriótica que creó el Gobierno de Mariano Rajoy y las supuestas corruptelas que se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra algunos dirigentes socialistas.

La presencia de la UCO en la sede del PSOE se produce una semana después de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental impactara en el mismísimo corazón del PSOE, haya reventado la agenda del Gobierno y mantenga en vilo a toda la dirigencia socialista hasta el 17 de junio que declarará el expresidente ante la Audiencia. Sánchez ha vuelto a reiterar su apoyo a Zapatero y, en general, todo el partido ha cerrado filas con quien hasta ahora ha sido faro moral y activo electoral de la izquierda. Y sobre el caso Leire Díez dijo “no tener nada que esconder”, si bien “si hay algo irregular, se actuará”.

Sin prejuzgar y con respeto al trabajo de la Justicia, el ministro Óscar López declara no creer en las casualidades: “Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias”. La exageración de las actuaciones, el despliegue masivo de efectivos policiales, la coordinación con determinados medios de comunicación, la sincronización de los calendarios judiciales… “Todo responde al lanzamiento de una traca contra todo y todo el tiempo para minar la capacidad de resistencia de Sánchez”, aseguran desde La Moncloa. “No vamos a ir a elecciones por mucho que griten”, añade otro ministro socialista, en línea con lo que reiteró ayer mismo el presidente del Gobierno desde Roma. 

Lo de “contra todo y todo el tiempo” significa que en el Gobierno no achacan en absoluto al azar la concurrencia de la imputación de Zapatero, el requerimiento al PSOE por los contratos con Leire Dïez, la decisión del juez Peinado de citar a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a una “audiencia preliminar” el próximo 9 de junio y el arranque del juicio oral contra el hermano del presidente, David Sánchez por haber ocupado un puesto de dirección en la Diputación de Badajoz. Tampoco que “todo este ruido judicial” sea ajeno a que este mismo jueves está prevista la declaración ante la Audiencia como imputado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, por el que el Gobierno de Mariano Rajoy creó una trama al margen de la ley pagada con fondos reservados y en la que participaron policías, jueces y fiscales para tapar la corrupción del PP.

En realidad, todo empieza y acaba en la Kitchen la semana en que se juzga la Kitchen. Porque el caso Leire Díez y la presunta trama que ahora investiga Pedraz empieza con las pesquisas de la exmilitante del PSOE sobre la estructura ilegal montada por el Ministerio del Interior de Fernández Díaz y cómo pudo influir en causas judiciales que afectaban al PSOE. ¿Una mini kitchen para investigar a la Kitchen? “Si fuera eso, el PSOE no fabricó pruebas ni investigó al margen de la ley, y mucho menos usó a las estructuras del Estado para hacerlo”, responden desde La Moncloa.

Sea como fuera, lo que Sánchez tiene por delante es una semana judicial horribilis que tratará de sortear con la visita del Papa a España. Y a Feijóo solo le queda, insistir en vano en un anticipo electoral, ya que los socios de investidura de Sánchez han vuelto a dar un portazo a la posibilidad de apoyar una moción de censura. Esta vez, incluso, de forma más sonora, como ha hecho la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán: “Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo. Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos dan para empapelar el salón de plenos. Y si miramos esa pareja estable que han formado con Vox, que es quien tira de su carro, confianza ninguna”.

En el periodismo, dicho sea de paso, seguimos en guerra con la verdad. Unos más que otros. 

Si hoy es jueves, hablamos de Zapatero. Ya sabes que estos días el espacio de la conversación pública solo gira en torno a su imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos. No hay, hasta el momento, motivos ni pruebas para condenar al expresidente. Tampoco para defender que estamos ante un nuevo capítulo de la sincronizada ofensiva judicial, política y mediática desplegada contra todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez. Pero, en esta España en la que si no tienes certezas absolutas eres un tibio o un vendido, antes incluso de que se conociera el auto de más de 80 páginas, ya se habían levantado dos trincheras.

Por un lado, los que como Pedro Sánchez, reivindican la figura del expresidente y deslizan veladamente la complicidad entre el poder judicial y el PP en la búsqueda de atajos para llegar a La Moncloa. Por otro lado, los inflamados que, como Feijóo, no solo han condenado ya a Zapatero, sino que han escalado la responsabilidad penal a todo el Consejo de Ministros, incluido el presidente del Gobierno. 

Toda acción de la justicia, sea auto, diligencia previa, investigación preliminar o informe pericial es buena para que la derecha emita sentencias condenatorias y pida elecciones anticipadas. Con los votos o con las togas, lo suyo es llegar cuanto antes y de cualquier modo a La Moncloa, aunque en el camino renuncie a la presentación de una moción de censura, que es el instrumento adecuado ante la situación de desmoronamiento de las instituciones y corrupción estructural que dibuja cada día. Feijóo sabe que no tiene los votos, por más estrategia de presión que despliegue sobre los socios del Gobierno. La izquierda ya le ha dicho que se peine; Junts, que nadie como ellos sabe lo que es sentir el aliento de una justicia politizada y el PNV calla y espera porque “lo que se conoce sobre Zapatero de momento es una investigación embrionaria”. Todos coinciden en que con Vox de compañero de viaje de Feijóo, su apoyo al PP es solo una ilusión óptica.

El caso que nos ocupa, en todo caso, no es baladí. Ha protagonizado todas las portadas nacionales y extranjeras porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un juez. No lo hizo González por los GAL, ni Aznar por la Gürtel, ni Rajoy por la Kitchen, pero a Zapatero se le atribuye el liderazgo de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” ante autoridades nacionales y extranjeras en la que “puso sus contactos al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. 

Y, aunque, el auto con el que se le cita a declarar hace un relato cronológico bastante sólido de los hechos que se investigan, de momento se han aportado más conjeturas que pruebas sobre la influencia de Zapatero en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra para que no quebrara en pandemia, como se hizo con todas las compañías estratégicas. El juez sugiere  también que un amigo del expresidente y empresario al frente de la consultora que se encuentra en el centro de la investigación, Julio Martínez Martínez, en realidad era un testaferro de Zapatero porque se han encontrado transferencias de cientos de miles de euros a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones de préstamos. Y entiende que los pagos se ocultaron a través de un entramado societario off-shore de cuya existencia no aporta pruebas documentales. Lo único probado es que mientras Julio Martínez facturaba por sus gestiones con el Gobierno de Venezuela, gastaba parte del dinero que cobraba en contratar a Zapatero y a sus hijas por supuestos informes por los que llegaron a ingresar más de 600.000 euros en cinco años.

Todo está escrito negro sobre blanco. En un auto, no en una sentencia que, en efecto, ha caído como una bomba de neutrones en el mismísimo corazón del Gobierno y del PSOE en un momento de debilidad tras la debacle de las elecciones andaluzas y el juicio en el Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Tan duro ha sido el golpe que no hay dirigente o militante que haya hecho todavía la digestión del impacto emocional de la noticia. Y es que Zapatero no es Ábalos ni es Cerdán, ni siquiera es Pedro Sánchez. Entre los cuadros y las bases, es una especie de guía moral y ejemplo de integridad, además del único expresidente socialista que siempre antepuso los afectos y la lealtad a cualquier otra cuita. 

Y, aunque sus últimos días en La Moncloa terminaron sumidos en el agujero negro de una brutal crisis económica, suyo fue el mérito de haber movido las fichas definitivas para acabar con el terrorismo de ETA, haber impulsado una revolución en la extensión de derechos civiles y haber arrimado el hombro siempre que el partido le ha necesitado. De ahí el cierre de filas sin matices que Sánchez escenificó durante la sesión de control al Gobierno este mismo miércoles.  

El presidente ha defendido la inocencia de Zapatero, si bien ha proclamado, pero recetado también a los suyos, máximo respeto a la investigación, después de la torpeza con la que desde la secretaría de Organización del PSOE que dirige Rebeca Torró se deslizaron el día anterior por la pendiente del lawfare sin mencionarlo expresamente. Algo que también hicieron algunas voces de la izquierda a la izquierda del PSOE y que, con posterioridad, se han visto obligadas a recoger cable porque el auto, como se admite en La Moncloa, “es un texto serio” y “el juez que instruye el caso, José Luis Calama, no es Peinado”.

Ni todo es lawfare ni todo es delito. Porque sobre algunas de las actuaciones que el juez atribuye al expresidente y con las que la sincronizada mediática del PP hiperventila desde hace 72 horas, hay dudas razonables sobre la delgada línea que separa el tráfico de influencias del lobbismo. Una práctica esta última no regulada y a la que se dedican, por cierto, todos los ex presidentes de Gobierno -menos Mariano Rajoy- varios exministros y algún que otro ex presidente autonómico.  

Por eso en La Moncloa defienden que la lectura del auto tranquiliza, ya que no incluye nada que incrimine al expresidente o constate un tráfico de influencias. “De hecho, Zapatero no participa de ningún entramado societario e ingresó el dinero que cobró por sus asesorías en una cuenta corriente compartida con su mujer”, aseguran varios ministros que recuerdan la más de una docena de sociedades que Aznar tiene constituidas con su familia “y nadie ha investigado”. 

La narrativa desplegada por los socialistas destila, no obstante, una doble indignación: la aparente sincronía entre algunas decisiones judiciales y las declaraciones del PP, que desde hace meses vienen anticipando resoluciones de los tribunales que afectan a los socialistas. Motivos dicen tener para dudar, después de que se haya condenado a un Fiscal General del Estado “sin pruebas concluyentes” y tras acuñar un nuevo sujeto penal con “el entorno”. Algo inédito en la jurisprudencia.

Aun así la consigna impartida es defender el legado y el buen nombre de Zapatero, pero mantener la prudencia porque la investigación “es grave”, pero solo los estúpidos, como decía Bertrand Russell, están seguros de todo.

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a votar el próximo domingo, una cita en la que se juega la hegemonía política de la región más poblada de España y que tendrá inexorablemente lecturas en clave nacional, pese a que la evidencia empírica demuestra que los ciudadanos saben de sobra qué votan, a quién y por qué en cada elección. 

La convocatoria servirá, de un lado, para medir la resistencia del modelo que representa el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que en las formas al menos no es el del PP que lidera Feijóo y tampoco el de Ayuso. Pero, también para comprobar qué queda del PSOE en una comunidad donde lo fue todo, gobernó durante 36 años y fue el principal granero de votos en todas las elecciones generales.

Las expectativas para el socialismo no son muy halagüeñas. Y no solo por el desgaste que acumula la marca o porque la imagen de su candidata María Jesús Montero esté indisolublemente ligada a la de Pedro Sánchez, sino también por las heridas que aún supuran en las diferentes familias del PSOE andaluz tras la pérdida del poder institucional en 2019 y las traumáticas primarias que enfrentaron a Susana Díaz y el hoy presidente del Gobierno por el liderato nacional del partido. Esta última es una circunstancia que, aunque en ocasiones se olvide intencionadamente, explica muchos de los males de una federación que no supo o no quiso pasar página de sus luchas intestinas ni renunciar a sus componendas orgánicas.

El caso es que Juanma Moreno no tiene asegurados los 55 escaños que otorgan la mayoría absoluta que le libraría de los controvertidos y humillantes pactos con Vox por los que sí han tenido que pasar sus colegas de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero María Jesús Montero tampoco sabe si taladrará aún más el suelo que dejó el PSOE hace cuatro años con el peor resultado histórico de la marca con 30 escaños de 109. El baile de diputados en al menos media docena de provincias puede decantar un resultado cuya lectura marcará seguro las estrategias de los partidos nacionales.

Y en un mundo donde la información fluye a gran velocidad y las opiniones se forman en cuestión de segundos, lo único seguro de la noche del domingo es que el PP ganará su cuarta elección en cinco meses, que Feijóo se apropiará de la victoria, que expedirá por enésima vez el certificado de defunción de Sánchez y que pedirá de nuevo un anticipo de las generales. Todo lo demás, seguirá igual, El PP, con o sin Vox, en la Junta de Andalucía, el PSOE en la oposición y Sánchez, en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, como el primer ministro británico, no se irá, aunque el socialismo andaluz perfore su mínimo histórico como el laborismo se hundió en las elecciones locales. La diferencia entre Sánchez y Keir Starmer es que al primero se lo pedirá la derecha, pero no su gobierno ni su partido, salvo los despechados que no habitan ya en las estructuras del partido, pero orbitan alrededor de los micrófonos que interesadamente les presta la derecha mediática para ajustar cuentas con el pasado. No, España no es Reino Unido. El PSOE no es el laborismo. Y la cultura política anglosajona nada tiene que ver con la española.

El horizonte de Sánchez sigue estando en 2027. En la primavera o en otoño, si bien por su cabeza no pasa la convocatoria de un superdomingo electoral en el que coincidan generales, con autonómicas y municipales. Hasta entonces, asumirá o no el resultado del 17M como propio -al fin y a la postre la candidatura de Montero fue un empeño suyo-, pedirá a los socialistas que se concentren en la tarea de gobierno y seguirá erigiéndose en némesis de la ultraderecha global que representa Trump y emulan los acuerdos que el PP va suscribiendo con Vox allá donde necesita los votos de Abascal para gobernar.

La retórica en todo caso no podrá ignorar una reflexión en profundidad sobre la evidente debilidad del PSOE en los diferentes territorios y la profunda desconexión con su base electoral. Pero, en Andalucía, pese a los augurios del periodismo especulativo, el partido no se abrirá en canal se cumpla o no el pírrico objetivo de mantener los 30 escaños de hace cuatro años. 

Se multiplicarán, eso sí, los reproches sobre quiénes y cómo han diseñado una campaña tradicional y nada disruptiva que no parece que vaya a convencer a los 600.000 andaluces que se quedaron en casa en las autonómicas de 2022 y votaron a Sánchez en 2023. Se escucharán decenas de reproches contra una Secretaría de Organización Federal que no da la talla. Se sucederán los lamentos por haber cambiado precipitadamente a Juan Espadas por Montero sin dar tiempo al primero para consolidarse como alternativa a Moreno Bonilla y achicharrar a la segunda sacándola de su zona de confort y donde realmente era útil, que era en el Gobierno de España. Pero el socialismo andaluz, adelantan sus históricos, “tiene suficientes horas de vuelo para gestionar con responsabilidad” el resultado, haya o no otra debacle.  

María Jesús Montero no es cualquier candidata, sino persona de absoluta confianza de Sánchez, además de vicesecretaria general del PSOE, por lo que todos los ecos que llegan desde la federación andaluza es que la digestión de lo que salga de las urnas el próximo domingo se hará con “cabeza y responsabilidad” pensando bien los pros y contras de qué se hace y cuándo se hace. Y es que el cuadro que resulte no será ajeno ni se diseñará al margen del secretario general, que seguirá siendo presidente del Gobierno, aunque le pese a Feijóo. Lo contrario, sería abrir en canal un partido que si de algo sabe es de las consecuencias que producen las autolesiones. Que nadie espere una catarsis y tampoco que el socialismo se resigne a lo que la demoscopia, los editoriales y los tertulianos llaman derechización de Andalucía. Los datos no demuestran eso, sino una profunda apatía en el electorado de la izquierda. 

Y es que una cosa es el voto censal y otra el voto emitido a las diferentes candidaturas. Y el mejor resultado del bloque de la derecha se registró en 2011, con un 34,4% de voto censal, lo que no supone una evolución significativa desde 1977, cuando un 33,7% de la ciudadanía con derecho a voto optó por una candidatura de derechas.

El único cambio sociológico en esta Comunidad se produjo como consecuencia de la gran crisis económica, ya que desde las elecciones de 2011, el voto a la izquierda bajó del 40%-50% hasta situarse en el 30%-37% del censo. Una circunstancia que ha supuesto que, desde entonces, se iguale con el porcentaje de la derecha, pero no por un trasvase neto de votantes, puesto que la derecha ya tenía ese umbral de voto, sino porque buena parte del electorado de izquierda ha ido a engrosar el porcentaje de abstención, como en los 80 y 90 ocurrió con el electorado de derechas. Y eso es de lo que el PSOE tendrá que hablar a partir del próximo domingo si quiere remontar el vuelo porque todos los pronósticos apuntan que la derecha se acercará a su techo histórico y la izquierda seguirá en la desmovilización que arrastra desde 2011, lo que permitirá ganar holgadamente a Moreno Bonilla.  

 En esta semana de duelo por el fallecimiento de alguien tan inmensa como Soledad Gallego-Díaz, el momento obliga. Se lo debemos. Primera mujer directora de El País, autora de la exclusiva del primer borrador de la Constitución de 1978, cronista política, corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires y referente indiscutible para tantos y tantos de nosotros. Un ejemplo ético y profesional en estos tiempos en los que la inmundicia nos inunda y es más necesario que nunca reivindicar el buen hacer en una profesión que es columna vertebral de toda democracia, aunque haya quien se empeñe en denostarla, degradarla y hasta enterrarla.

Discutía Sol Gallego con firmeza que el periodismo hubiera quedado engullido dentro de una cosa que se llama comunicación, que utiliza nuevos soportes y que “es un concepto mucho más moderno, más amplio y sugerente”. No estaba, en absoluto, de acuerdo y sostenía que ese empeño en desprestigiar el periodismo formaba parte del descrédito general al que se somete hoy en todo el mundo a los elementos básicos de la democracia. Admitía también que asistimos a una enorme proliferación de nuevos medios y nuevos instrumentos de comunicación que abren un mundo “fascinante lleno de posibilidades”, pero que nada tienen que ver con el periodismo, y mucho menos que vayan a ser capaces de sustituirlo porque ni tienen el mismo objetivo ni proporcionan al ciudadano la información “que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo”.

Así lo dijo el día que recibió el XXIV Premio Francisco Cerecedo, cuando aseguró que esta profesión ofrece algo único: información independiente, veraz, exacta y ecuánime, que todo ciudadano necesita para serlo. Algo que no tiene que ver ni con lo que ofrecen los agitadores habituales, ni con lo que se publica en algunas webs con el reclamo de gran exclusiva y no son hechos dentro de un marco de interpretación, sino rumores, acusaciones sin pruebas, testimonios sin contrastar y servidumbres al servicio de causas partidistas.

La democracia como el periodismo es un terreno de juego con unas normas y unos códigos irrenunciables que no se deben romper ni banalizar jamás. “Sinceramente -alertaba Sol- si nos creemos lo que nos dicen sobre el negro futuro de nuestro oficio, estaremos haciendo lo que se espera de nosotros, que de puro miedo a morirnos nos terminemos suicidando. Si aceptamos que la información es parte del espectáculo, colaboraremos en el desprestigio, no solo del periodismo sino de la democracia”. E insistía: “Si te van a matar, no te suicides”

Por eso es incomprensible que a estas alturas de lo visto y vivido en el Congreso de los Diputados no se hayan tomado aún medidas contra el propagandista y agitador Vito Quiles o su homólogo Bertrand Ndongo por dedicarse con tanto afán al insulto, la intimidación o el señalamiento de políticos y periodistas en el recinto parlamentario y sus inmediaciones. Uno, ya saben, es el autor del hostigamiento dentro de un restaurante a la esposa del presidente del Gobierno cuando almorzaba con unas amigas, pero ha protagonizado no pocos actos de violencia verbal en la Cámara Baja. El otro llamó “idiota” a la diputada de Sumar Aina Vidal, el pasado martes. Son sus últimas aportaciones a esta España suya en la que no caben más que ellos y una nueva y reprobable contribución a este periodismo que invocan como propio cuando en realidad lo que hacen nada tiene que ver con ello. Lo suyo es el matonismo.

Por eso es también abstruso que las asociaciones profesionales hayan actuado tarde y mal contra estos personajes y los medios que los dan cobijo o distinguido a otros de dudoso crédito. Y por eso urge más que nunca defender la información libre, la búsqueda de la verdad y la importancia de este oficio. Esto no va de etiquetas ni de trincheras, ni de aguantar insultos o difamaciones, sino de decir hasta aquí hemos llegado y no vamos a callar ante tanta ignominia. Algo para lo que se requiere el concierto de todos aquellos que creen en lo que hacen, que están comprometidos con el rigor y el pensamiento crítico en un oficio en el que no se trabaja para recibir reconocimientos, sino para contribuir a hacer de esta sociedad algo digno y donde se distinga con claridad entre maestros de la intoxicación y soldados de la información crítica pero respetuosa. Imprescindible, por cierto, para todo ello disponer del origen y la financiación que da soporte a cada medio, web o canal, además de defender que el poder de las ideas está por encima de las ideas del poder político o empresarial.

Y por eso es inconcebible que haya medios o periodistas que callen, disimulen, se amilanen o se sometan al dictado de alguien como el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ayer tuvo que declarar como imputado por un delito de revelación de secretos al revelar la identidad en un chat de dos periodistas del diario que dirigió Soledad Gallego-Díaz que trabajaban en la calle y fueron identificados por los agentes del servicio de seguridad de la presidenta madrileña. O que se oculte que en menos de una hora diera dos versiones distintas sobre cómo obtuvo la fotografía de los redactores. Primero, declaró que la obtuvo de un vecino y después, que se la envió Alberto González Amador, pareja de la presidenta, a quien se la había pasado previamente un vecino. O que se permita que quien reconoció ante el Supremo haber mentido cuando dijo que el ministerio fiscal frustró un acuerdo con el novio de Ayuso, denunciado por fraude fiscal, “por órdenes de arriba” siga cobrando un sueldo público.

Siempre vigilante y crítica con los poderes públicos, Gallego-Díaz se estará revolviendo hoy en su tumba al comprobar que, en efecto, algunos que saben que les quieren matar, van camino del suicidio al coquetear con la idea de renunciar a la exigencia y la integridad periodística. 

 Llegó Feijóo a la arena nacional para ocupar la centralidad y, cuatro años después, ha asumido con absoluta naturalidad lo que en otros tiempos hubiera sido vergonzante para cualquiera que orbite la vida pública con un mínimo de responsabilidad. Así ha abrazado la “prioridad nacional”, ese eufemismo acuñado por su socio de la ultraderecha para definir lo que, en realidad, no es más que discriminación, racismo y xenofobia. Conste que no es el único marco que el PP ha asumido por su dependencia de Vox desde que los de Abascal aterrizaron en la arena nacional. Antes, fue el expolio fiscal, la violencia doméstica, la dictadura feminista, los postulados medioambientales e incluso la justificación o el silencio cómplice del acoso y la violencia que los agitadores de guardia ejercen contra periodistas y políticos del ámbito progresista.

La realidad nacional, que niega a los extranjeros que viven entre nosotros los derechos que todos tenemos, es una expresión tan diabólica que abochorna incluso a algunos barones del PP, que se preguntan estos días qué fue de aquel propósito de Feijóo en el arranque del curso político de hace dos años, para seducir a los votantes moderados que le faltaron en 2023 para llegar al Gobierno. Recuerdan varios interlocutores genovistas que su jefe de filas les animó en diferentes reuniones a arrebatar a Sánchez banderas tradicionalmente blandidas por la socialdemocracia como el derecho a la vivienda, la conciliación familiar, los servicios públicos, las políticas sociales o las dificultades de los jóvenes para independizarse y planificar un futuro. 

En octubre de 2023, por ejemplo, reunió en Génova a las consejeras de Políticas Sociales de los gobiernos autonómicos del PP y se conjuró para llevar al centro de la agenda política los asuntos que afectan a la vida de la gente. Tres años después, el resultado es que el principal partido de la oposición, no ha tenido más estrategia que el ataque a Pedro Sánchez, un presidente al que llegó a considerar ilegítimo. Sin más proyecto ni alternativa que no fuera el no a todo, ha votado en el Congreso contra la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados de la Dana, las subvenciones al transporte público, la subida del SMI, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional o la prohibición de cortes de suministro a los consumidores. 

Esta misma semana, ha vuelto a hacerlo contra el real decreto impulsado por el Gobierno que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. “Un naufragio más de nuestro eterno viaje al centro”, se lamenta un ex dirigente popular en alusión a la pregunta que solía hacerse Alfonso Guerra, con su habitual destreza para destruir al adversario con la palabra, sobre de dónde vendrían los del PP que llevan tantos años viajando al centro y no terminan de encontrarlo.

En realidad, conviene establecer una distinción entre lo que significa ganar el centro político y lo que es ganar la centralidad porque lo primero es una mera posición dentro del eje izquierda-derecha y lo segundo es algo que tiene más que ver con el discurso político y lo que es relevante llevar a la conversación pública. Perder la centralidad es perder la capacidad de influencia sobre de qué se habla y cómo se habla y es también perder el interés por lo que preocupa a la gente. Es ignorar por completo cuáles son las cuestiones públicas de urgencia.

La vivienda, sin duda, es una de ellas. Pero, a juzgar por sus intervenciones en el Congreso, a Feijóo no le inquieta lo más mínimo. Dato: entre diciembre de 2024 y abril de 2026, ni una sola de sus preguntas al presidente del Gobierno en las sesiones de control de los miércoles han tenido que ver con el asunto.

Aquí van algunos de sus desvelos semanales:

 -¿Cree que atacar a las instituciones del Estado es un comportamiento digno de un Presidente? (18/12/2024)

-¿Qué opina del funcionamiento del Gobierno de España? (12/02/2025)

-¿Le preocupa la calidad de vida de los españoles? (19/02/2025)

-¿Cree que su coalición de Gobierno es lo adecuado para la actual situación política? (26/02/2025)

-¿Va a ofrecer la información que le demandan los españoles? (19/03/2025)

-¿Ejerce usted todas las competencias que le corresponden según la Constitución? (26/03/2025)

-¿Cree que España merece la agonía de su desgobierno? (07/05/2025)

-¿Cree que un Gobierno colapsado sirve a los españoles? (14/05/2025)

-¿Cree que usted y su Gobierno pueden hacer lo que quieran? (21/05/2025)

-¿Cree que España merece tener un Presidente del Gobierno como usted? (11/06/2025)

-¿Le queda algo de respeto por los españoles? (18/06/2025)

-¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás? (10/09/2025)

-¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno? ( 17/09/2025)

-¿Cree que España tiene un Presidente del Gobierno decente? (15/10/2025)

-¿Ha renunciado a gobernar? (22/10/2025).

-¿Va a decir la verdad? (29/10/2025)

-¿Está usted actuando con la responsabilidad exigible a un Presidente del Gobierno de España? (11/02/2026)

-¿Quién sigue confiando en su Gobierno? (18/03/2026).

-¿Cuánto nos cuesta su Gobierno a los españoles? (25/03/2026)

-¿Cree que el Gobierno hace que España funcione? (22/04/2026).

Derribar la prórroga de los alquileres, como recordó el ministro Pablo Bustinduy, deja “a la intemperie” y aumenta el hartazgo de una ciudadanía, incluida la que vota PP, que ve cómo la política se desentiende de sus problemas solo por cerrazón ideológica.

En realidad no es solo la vivienda. Al PP le interesan poco o nada las políticas sociales, ante las que en esta legislatura ha desarrollado un patrón permanente de desinterés o bloqueo, como demuestra que en el Senado, donde ostenta mayoría absoluta, la Comisión de Derechos Sociales sólo fuera convocada cinco veces, en todo 2025. Una parálisis que no es casual y que, para la senadora socialista y portavoz en dicha comisión, Marta Arocha, “coherente con su manera de entender las políticas sociales”.

En un artículo publicado recientemente, la parlamentaria del PSOE recuerda que, por ejemplo, en materia de dependencia, los datos son claros: con gobiernos del Partido Popular, la financiación estatal del sistema apenas alcanzaba los 1.300 millones de euros mientras que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado hasta los 3.800 millones. Sin embargo, pese a este esfuerzo sin precedentes, “las peores comunidades autónomas en gestión de la dependencia siguen estando gobernadas por el PP”. Canarias, Madrid, Andalucía y Murcia presentan mayores listas de espera, mayores tiempos de tramitación y modelos de atención basados en sistemas low cost que deterioran la calidad del servicio y vulneran derechos básicos de las personas dependientes y de sus familias. “No es una cuestión de falta de recursos: es una cuestión de prioridades políticas”. añade Arocha.

Algo similar ocurre con las rentas de ciudadanía porque, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las comunidades gobernadas por el Partido Popular optaron por reducir o debilitar sus rentas autonómicas, en lugar de complementarlas, dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad y rompiendo la lógica de refuerzo del sistema de protección social.

Y todo responde a una concepción ideológica de menosprecio por lo público con la que más que seguir buscando el centro y la moderación que no termina de encontrar, Feijóo ha abandonado definitivamente la centralidad del debate público para llevar las obsesiones de su sincronizada mediática de guardia a la conversación diaria. Por ejemplo, ese déjà vu del traumático federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 relatado en su día en vivo y en directo por todos los medios de comunicación y que ahora se presenta, 10 años después, como la gran revelación de la historia del periodismo contemporáneo. 

Por si hicieran falta más ejemplos, desde que gobierna Sánchez hasta hoy, el PP de Feijóo ha votado en contra o se ha abstenido 36 veces ante asuntos de gran relevancia social que afectan a la vida diaria de la gente. Por ejemplo, el decreto por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo; la prestación por desempleo para las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas relacionadas con el COVID-19; las medidas para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables; las destinadas a hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes; el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; el «mecanismo ibérico» que llevó a una importante reducción de los costes de la electricidad; las becas y ayudas al estudio; la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género; la transposición de la Directiva Europea sobre a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; la prórroga de bonificaciones en el IVA de los alimentos, la electricidad y el gas; la congelación de las cuotas de autónomos o las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

El menosprecio por las políticas sociales, las obsesiones de sus terminales mediáticas y su dependencia de Vox arrastran al partido a un camino sin retorno y muy alejado de un proyecto político ilusionante con el que conquistar siquiera a su propio electorado. 

Un bien de primera necesidad, además de un derecho cada día más difícil de conquistar para miles de españoles. Para quienes lo han olvidado o quienes solo invocan la norma suprema a conveniencia, recordemos que la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Y no solo. También dice que es a los poderes públicos a quienes corresponde promover las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regular el suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación. Has leído bien: impedir la especulación. 

He aquí la cuestión: derecho o negocio; intervención o libre mercado. Cuando hablamos de una emergencia nacional y una crisis habitacional sin precedentes, que es ante lo que nos encontramos, la respuesta debería ser obvia: una decidida apuesta por lo público. Sin embargo, el debate está servido desde hace décadas y la confrontación vuelve a ser un hecho. Esta vez a cuenta del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España con una dotación de 7.000 millones -el triple que la anterior- y la airada respuesta que ha dado la derecha. 

La más sonora, como siempre, la de Isabel Díaz Ayuso, para marcar la senda por la que debe transitar Feijóo. Lo que subyace de todo ello son dos modelos, dos formas de entender la economía y dos apuestas muy distintas sobre lo que se entiende por vocación de servicio público. La indómita baronesa se sitúa otra vez en la trinchera, pero esta vez ante un asunto que afecta de lleno a miles de madrileños que no pueden acceder al mercado de la vivienda en propiedad o en alquiler. Su no a todo lo que venga de Pedro Sánchez le ha llevado en las últimas 48 horas primero a rechazar los 1.100 millones de euros en fondos estatales para la construcción, rehabilitación y protección de casas en la Comunidad de Madrid y, después, a sostener que ya decidirá al respecto “cuando llegue el momento”. 

O le sobra dinero en las arcas regionales o le falta sensibilidad para con sus ciudadanos. Lo primero es dudoso porque por la mañana anuncia bajadas de impuestos; por la tarde, pide más financiación al Gobierno y por la noche, renuncia a una quita de la deuda de más de 6.000 millones de euros. Lo segundo es más probable teniendo en cuenta su disposición a ser tenedora consorte, ya que disfruta de una vivienda de lujo en Chamberí que compró su pareja supuestamente con el pelotazo de la venta de mascarillas en pandemia, además de un ático en la planta superior a la primera y ahora se encuentra en búsqueda activa para adquirir una tercera casa en propiedad en el mismo distrito, donde el metro cuadrado se vende al módico precio de 8.990 euros. 

La presidenta debe ser de las pocas madrileñas que no tiene obstáculo para adquirir no una casa , ni dos, sino tres. En el fondo lo que libra una vez más es una guerra sin cuartel contra lo público porque su apuesta siempre fue el libre mercado, la ley de la selva y el sálvese quien pueda. Lo ha hecho con la sanidad, con las universidades, con la formación profesional y, ahora, con el acceso a la vivienda y las medidas para mejorar la regulación, frenar el auge de los precios y garantizar su función social.

El argumento con el que Ayuso anota un nuevo “no” a todo lo que llegue del Gobierno de España no es que la dotación le resulte insuficiente, que la burocracia pueda desesperar a los solicitantes o que los plazos sean dilatados. Nada de eso. Su reserva es que el plan estatal invade sus competencias. No es en absoluto cierto, pero lo que le inquieta es que el programa incorpora un cambio de paradigma en las políticas de vivienda y establece que ni un solo euro de financiación pública podrá destinarse a casas que en el futuro puedan acabar en el mercado libre. Más claro: la protección pública será a perpetuidad. Rechaza además que el plan establece un sistema de corresponsabilidad entre administraciones para que el 60% de la inversión sean aportaciones directas del Gobierno y el 40% restante corresponda a las Autonomías. Tampoco asume que una de las condiciones para recibir los fondos sea que las Comunidades compartan los datos de las fianzas para seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios. Y menos que se establezcan cláusulas antifraudes para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes para que no pase lo que en Alicante, donde las viviendas se las repartían políticos del PP, altos funcionarios y técnicos municipales. 

A la cabeza en descalificación de VPO

La Comunidad de Madrid lidera en España la descalificación de vivienda protegida. Según los datos publicados por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el 84,14 % de las viviendas impulsadas por el gobierno de Ayuso en el período 2021-2023 han sido desarrolladas por promotores privados, además del 89% de las construidas en la última década. Solo el 15,86% en el período 2021-23 y el 11% en la última década fueron de promoción pública.

El plan aprobado este martes en Consejo de Ministros es innovador, ya que por primera vez el Gobierno no se limita a hacer exclusivamente de pagador de las Comunidades Autónomas, sino que asume la coordinación y la dirección de la política de vivienda para evitar que el dinero que transfiere para facilitar el acceso al alquiler o la compra acabe destinado a otros fines bien distintos, que es lo que ocurría hasta ahora. Y el cambio ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, que reconoce la competencia del Estado para intervenir en aras a garantizar un derecho constitucional, aunque el grueso de las competencias siga en manos de las Autonomías.

El reparto de los fondos está sujeto a un compromiso de ejecución de triple finalidad: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho a una vivienda por encima de la especulación y el lucro. Andalucía sería la más beneficiada, con 1.197 millones, seguida de Madrid 1.113; Catalunya, con 1.015 y Valencia, con 798. De momento, con la excepción de Galicia, que recibiría 399 millones de euros y no ha puesto objeción al plan, el resto de Comunidades gobernadas por el PP ha dejado en el aire si se acogerá a la iniciativa del Ministerio de Vivienda.

Sin duda, la más vehemente en el rechazo, Ayuso. Su celo competencial sería un argumento inapelable si los resultados de su política de vivienda hubieran dado algún resultado, lo que no ha ocurrido en todos sus años de mandato. De hecho, el llamado Plan Vive que anunció por primera vez en su pre campaña electoral de 2019 como medida estrella y con el que prometió la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y familias en régimen de alquiler a precios de entre 300 y 600 euros mensuales ha resultado claramente fallido. 

Siete años después, la previsión hasta final de la actual legislatura en 2027 se ha reducido a 13.000 viviendas, de las cuales poco más de 5.000 se encuentran disponibles para entrar a vivir. Los resultados de su política neoliberal no han servido más que para elevar los precios, tensionar el mercado, proteger a los especuladores e imponer trabas a los sectores más vulnerables y con menor renta. Los datos una vez más hablan por sí solos. Pasen y lean: 

❗❗El precio de compra creció en Madrid un 13,4% en 2025, según datos del INE.

❗❗Madrid roza ya los  5.960 €/m² en marzo de 2026 habiendo barrios, como el distrito de Salamanca, donde el precio por metro cuadrado supera los 10.000 euros

❗❗Si la compra es inaccesible, el alquiler tampoco es una opción más fácil porque los precios también son prohibitivos al situarse en torno a 23 €/m² en lo que llevamos de 2026. En términos interanuales, el incremento ronda el 9–10% de forma sostenida

❗❗Una familia media tiene que dedicar ya el 38% de sus ingresos al alquiler cuando los estándares sitúan el umbral de esfuerzo razonable en torno al 30%. 

❗❗Hay zonas donde el mercado está directamente desbordado registrando subidas del 26% en los tres primeros meses de 2026, como es el caso del municipio de Leganés. De un 22,5% en Getafe y hasta 42,6% en Parla en el último un año 

❗❗Si a ello se le añade que el parque de vivienda público en Madrid apenas llega al 1%, y el fracaso del llamado Plan Vive, la hoja de servicios de la derecha que gobierna la Comunidad desde hace más de 30 años no precisa de mucho más análisis, salvo para recordar que el proyecto estrella que Ayuso presentó como panacea ha resultado un fracaso estrepitoso, ya que el 28% de los 157.000 solicitantes renunció a la oferta por no poder pagar un alquiler que supera los 700 euros al mes.

❗❗El mercado en Madrid no está orientado para garantizar un derecho, sino para fomentar el negocio y la inversión de los grandes patrimonios, como demuestra que el 40% de las operaciones de compra se realizaran en 2025 sin financiación, a pesar de que los precios crecieron un 16,5%

Precios prohibitivos, alquileres inaccesibles, escasez de vivienda pública y una política articulada para el crecimiento de la compra de lujo es el resultado de los 7 años de un gobierno propagandista como el de Ayuso que, además, acumula críticas por desperfectos o precios finales próximos a los del mercado libre a su fallido Plan Vive en diferentes municipios. De hecho, miles de personas se han visto afectadas por las estrictas y elitistas condiciones de acceso que han causado rechazos y listas de espera eternas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, quien ha denunciado en estos años que quienes sí han podido acceder a una casa han tenido que hacer frente a precios excesivos, costes añadidos y graves desperfectos. 

Y por si fuera poco, en 2024 el gobierno de Madrid actualizó los precios de las viviendas con protección pública y, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementos varían desde el 26% hasta el 56% de tal modo que en algunos municipios ya sale más económico comprar una vivienda de promoción privada que pública. Pero, luego Piove, porco governo (de Sánchez, claro).

Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.

Nada de Trump, ni de sus amenazas de muerte a toda una civilización, ni de la mayor ofensiva de Israel sobre Líbano, ni de la incursión de J.D. Vance en la campaña electoral húngara para apoyar a Víctor Orbán, ni del incierto futuro de la UE, ni del bloqueo de las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en tres Comunidades Autónomas…

Para el aspirante a la presidencia del Gobierno de este país, Alberto Núñez Feijóo, el asunto que envenena sus sueños es un colchón. Han leído bien: col-chón. Recordarán que allá por 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa lo primero que hizo fue cambiar la superficie sobre la que iba a dormir y dar una mano de pintura a la residencia presidencial. Algo que en términos de higiene, además de recomendable, resulta muy necesario para todo aquel que se dispone a habitar un espacio en el que antes ha vivido otra familia.

Pues resulta que hablaba Feijóo este miércoles de inflación y de corrupción cuando, de repente, acusó al Gobierno de “crujir al que madruga, al que ahorra, al que monta un negocio, al que apoya a sus seres queridos y al que declara hasta el último euro, pero no a los que roban”. La expresión los que roban la vinculó inmediatamente con el cambio del colchón de La Moncloa, algo que insinuó él no hizo jamás en los 13 años que vivió en la residencia presidencial de la Xunta de Galicia, de lo que se deduce que durante todo ese tiempo durmió sobre el mismo lecho -¿y las mismas sábanas?- que lo había hecho el socialista Emilio Pérez Touriño. “Siempre su confort por delante del bien común”, reprochó a Sánchez.

Más allá de lo que se pueda inferir con esas palabras sobre su propio aseo personal, lo que Feijóo demuestra una vez más es la facilidad con la que incurre en el ridículo. Lo grotesco es algo que, como decía Tarradellas, debe estar fuera de la política y que, sin embargo, asoma con demasiada frecuencia en las intervenciones del líder del PP. Porque si absurdo es atacar a un oponente porque cambie el colchón en el que durante años durmieron Rajoy y señora, mucho más estrafalario es, ante la amenaza de Trump de arrasar por completo Irán, recurrir a la tibieza y la nadería en X con un mensaje que decía “en momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”. Esto después de haber difundido semanas antes un alegato en la misma red social con el que planteaba la necesidad de elegir entre la libertad o los tiranos entendiendo que lo primero lo encarna quien ha vulnerado todas las normas del Derecho Internacional y tiene en un ay al mundo entero con sus extravagancias e ínfulas belicistas.

Resulta cada vez más difícil imaginar en este PP a una oposición que combine responsabilidad, prudencia y dignidad personal. No digamos ya encontrar una voz a la que le mueva la coherencia y el respeto por el electorado al que representa. Porque lo del colchón lo soltó Feijóo en el contexto de un discurso con el que hizo un ejercicio de populismo fiscal más propio de la ultraderecha que de un partido que aspira a gobernar el país. Lo hizo justo ahora que arranca la campaña de la declaración de la Renta y los españoles tienen que pagar a Hacienda. 

En este mismo espacio ya hicimos hace semanas un repaso por la hemeroteca para recordar lo que el PP dice sobre los impuestos cuando está en la oposición y lo que hace, después, con ellos cuando llega al gobierno. ¿Recuerdan? Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. 30 de ellas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio en tan solo un año y medio, además de 12 nuevas figuras tributarias.

El discurso de Feijóo en esta materia es irresponsable, además de falsario porque, incluyendo el impacto estimado de las últimas medidas tributarias, la realidad es que las rebajas fiscales para la clase media y trabajadora con el gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un ahorro de 50.000 millones. Porque es falso, como dice el PP, que se hayan subido más de 100 veces los impuestos. Y porque los datos comparados demuestran que España, lejos de ser un infierno fiscal, se encuentra tres puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. 

Y aun así el claim de los populares es “Tú pagas y ellos se lo llevan”, como si la recaudación fuera directamente al bolsillo de Sánchez y sus ministros para comprar colchones y pintar despachos. Todo en un discurso en el que no falta tampoco una buena dosis de criminalización de la inmigración al más puro estilo de Vox y la sempiterna promesa de bajar masivamente los impuestos que financian los servicios públicos esenciales. Una estrategia idéntica a la que en otros tiempos desde las filas del PP, cuando lo proponían los de Abascal, lo llamaban «populismo fiscal».

El discurso, la palabra y el dato han sido definitivamente sustituidos por el ridículo, el insulto, la mentira y la llamada a una especie de insurrección. En este caso contra la utilidad de los impuestos. La estrategia no es baladí porque lo que se busca no es otra cosa que deslegitimar las instituciones y a quienes las representan y desafiar el orden establecido. Antes era solo el modus operandi de Vox y hoy ya forma parte del ADN de un Feijóo sin rumbo propio y entregado a la demagogia que se ha ido tan a la derecha de su derecha que le será imposible ocupar la centralidad y la moderación. Justo el espacio que con el recién nombramiento de Carlos Cuerpo se ha propuesto ocupar Pedro Sánchez en lo que resta de mandato en contraste al maridaje de PP y Vox. Y ya saben que el refranero dice que dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición.

El flamante vicepresidente económico, con su pátina de seriedad y solvencia, ha descolocado la estrategia del PP, que en su primer lance parlamentario con Cuerpo en el Senado el pasado martes ha pretendido infructuosamente situarlo en el sanchismo del banquillo (en alusión a los casos de corrupción que afectan al exministro Ábalos). El segundo asalto será la próxima semana en el Congreso con la portavoz popular Ester Muñoz, una parlamentaria de verbo ágil, pero escaso fondo intelectual que, de empeñarse en bajar al barro como hace de forma habitual, se encontrará enfrente a un técnico de modales exquisitos dispuesto a debatir solo de datos económicos. 

Hablemos de memoria y de olvido. De cómo en este mundo loco de odio, bombas, muerte, destrucción y crisis, hay quienes creen que el recuerdo importa para avanzar y no repetir errores y quienes prefieren la omisión o la amnesia parcial como coartada para consolidar la impunidad o convertir la infamia en hazaña. Este miércoles lo hemos visto con claridad en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre la posición de España ante la guerra de Oriente Medio.

Entre los primeros, Pedro Sánchez, que hizo un exhaustivo ejercicio de retentiva para mantener vigentes los recuerdos. Los propios y los colectivos. “Porque hay fechas que no se olvidan”. Hablaba del 15 de febrero de 2003, de un sábado en el que más de tres millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España. “Con un mensaje sencillo y rotundo: No a la guerra”. “Del orgullo y el coraje de un pueblo que se negó a renunciar a sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense. Y de quienes se negaron a secundar una mentira que solo perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los pobres”

El presidente pretendía, por un lado, refrescar el recuerdo y de otro, poner al PP frente al espejo de un pasado, el de José María Aznar, que cree indiscutiblemente asociado al presente de Alberto Núñez Feijóo. El expresidente y su apoyo a la guerra de Irak no es algo que se pueda olvidar con facilidad porque, en palabras de Sánchez, “nos arrastró a esa locura para sentirse importante y porque quería que George Bush le invitara a un puro y le dejase poner los pies sobre la mesa”. Una guerra -prosiguió- “a cambio de ego y de la dignidad de todo un país, a cambio de aquella foto”. 

Lo que vino después, forma parte de la historia y, según sus palabras,“del mayor desastre geopolítico desde Vietnam”. Traducido en cifras: 300.000 muertos, 5 millones de desplazados y el equivalente actual a 1.900 millones de euros de gasto militar solo en España. Esto además de un país en ruina, más guerras, la quiebra del Derecho Internacional, subidas de precios en todo el mundo, una crisis migratoria sin precedentes y una ola de atentados yihadistas que se llevó por delante la vida de más de 1.000 europeos

Hoy, la historia se repite y, aunque algunos de los promotores de aquella guerra ilegal, como Bush o Blair, han pedido perdón, Aznar insiste en que nunca lo hará y arrastra a Feijóo a una posición imposible ante el conflicto en Oriente Medio. Cambien Irak por Irán y el resultado es una potencia militar con un Ejército que supera a los de Alemania, Francia e Italia juntos y que está preparado para lanzar misiles balísticos a 4.000 km de distancia.

De todo esto quería hablar el presidente del Gobierno. De las consecuencias de olvidar el pasado. Y de que el impacto económico y en vidas humanas ante la inestabilidad que vive hoy Oriente Medio puede ser infinitamente superior al que tuvo la guerra ilegal a la que Aznar arrastró a España hace 23 años. Pero la memoria, además de una herramienta fundamental para evitar el yerro, es también un recurso incómodo para quienes no desean recordar y, desde luego, para un Feijóo que prefiere espantar los demonios del pasado.

El líder de la oposición calló este miércoles ante la insistencia de Sánchez en recuperar una historia no tan remota y recordar lo que es el verdadero patriotismo: “Oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los españoles”. Feijóo no solo se hizo el desmemoriado para no entrar al trapo, sino que se lanzó a una retahíla de descalificaciones personales contra el presidente, al que llamó incluso “matón” y “perdedor” con “tics dictatoriales”.  

Insultos, frases hechas y lugares comunes para repetir los mismos mantras que a diario se le escuchan a Ayuso. Da igual que se debata sobre la guerra, la jornada laboral, las medidas anticrisis, la inmigración o la sanidad pública, a Feijóo solo le mueve el afán por una convocatoria anticipada de elecciones que no llega y por resucitar a ETA cada vez que carece de argumentos frente al adversario. La banda terrorista, que dejó de matar hace 15 años y se disolvió hace 8, es el comodín que el PP utiliza cuando la discusión no le es favorable. 

¿Irán? Elecciones. ¿Decreto anticrisis? ETA ¿Fiscalidad? Elecciones. ¿Financiación autonómica? ETA. Lo ha vuelto a hacer este miércoles cuando Sánchez le interpelaba sobre su posición sobre el conflicto de Oriente Medio y sobre el sentido de su voto para el decreto de medidas anticrisis: “Me hace menos gracia escucharle dar lecciones de humanidad. ¡Usted que pacta con los que mataban a sus compañeros! ¡Usted que ha favorecido a un etarra que acumuló 700 años de condena y lo excarcela! ¡Usted que sacó ayer a la señora Anboto, jefa militar de ETA, condenada a más de 600 años de prisión por más de una decena de crímenes¡ Para celebrar la guerra, supongo”. 

Se llama Estado de Derecho, tal y como le recordó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien para corregir su desmemoria llevó al debate a los 300 etarras que se excarcelaron durante los gobiernos del PP porque también habían cumplido su condena. Mucho más duro fue el portavoz del PSOE, Patxi López, al acusar a Feijóo de ignorante por desconocer -o no- que los grados penitenciarios son ley y que, en última instancia, los decide no el gobierno sino un juez, que puede avalarlos o denegarlos. 

“¿Podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? ¿Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de lo que es una democracia, que no es su coto privado, sino un espacio abierto para todos aquellos que cumplen las normas. ¡Ya vale! ¡Ya vale! Esa utilización de mierda. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia”.

Fue la respuesta con la que López puso el broche a una sesión en la que Feijóo volvió a jugar al equilibrismo para no incomodar a los EEUU e Israel y tampoco a Aznar. Ante el elocuente silencio del líder de su partido sobre su pasado en Irak, el expresidente emitió un comunicado desde FAES para afear a Sánchez que hiciera oposición con 23 años de retraso e insistir en que Sadam “utilizó las armas de destrucción masiva contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después». 

Una trampa más de la desmemoria de un partido cuyo líder, además de proclamarse guardianes de la ética pública y la integridad, formaba parte del Gobierno de Aznar cuando el PP acercó a decenas de presos a las cárceles del País Vasco mientras ETA aún asesinaba y extorsionaba. Es más, apenas cuatro meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco -cuya memoria Feijóo utiliza constantemente-, sostenían que el conflicto vasco terminaría “sin vencedores, ni vencidos” y que ellos no buscaban una “rendición total” de ETA, como declaró entonces el ya ex secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà. Pero eso la derecha lo ha escondido deliberadamente entre los pliegues del olvido.

Hablamos de impuestos. De demagogia fiscal. De hemeroteca. Y de un PP que, haya crisis o no, clama por una rebaja masiva de las cargas impositivas. Da igual cuándo leas esto, siempre que el PP esté en la oposición. Cuando está en el gobierno, pelillos a la mar. ¿Recuerdan?  Mariano Rajoy se estrenó en La Moncloa con un primer hachazo al IRPF, un gravamen complementario para las rentas de trabajo y una tarifa progresiva para el ahorro. Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. Solo en el primer año y medio de legislatura el Ministerio que dirigía entonces Cristóbal Montoro realizó 30 subidas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio, a pesar de que en campaña electoral había anunciado su supresión. Se crearon además 12 nuevas figuras tributarias, y solo con el alza del IRPF, Sociedades e IVA se recaudaron 35.000 millones adicionales. De hecho, el PP ha sido el partido que más subidas de impuestos ha realizado en la historia fiscal de nuestro país en menos tiempo.

En el IVA, por ejemplo, el PP aprobó en 2012 la que es la mayor subida del impuesto de la democracia. Se elevó el tipo general tres puntos (del 18% al 21%) y el reducido, dos (del 8% al 10%). Además, pasó del tipo reducido al general bienes y servicios como los servicios funerarios, las peluquerías, las adquisiciones de obras de arte o los servicios de televisión digital. 

Dirán que eran otros tiempos, que si la crisis financiera, que si las reglas fiscales, que si la quiebra de los bancos, que si bla, bla, bla… Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero o, en este caso, Feijóo o sus voceros. El PP no puede dar lecciones sobre bajadas de impuestos, pero sí de electoralismo cuando no tiene la responsabilidad de gobierno. En la oposición, si en algo está graduado cum laude es en demagogia fiscal.

El mantra sobre el “expolio al contribuyente” o sobre que “Sánchez hace caja” y “acribilla” a los españoles a impuestos es tan recurrente como fraudulento. Un ejemplo es su habitual retórica sobre las subidas del IRPF aprobadas por el actual gobierno de coalición. Falso. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero no ha subido en siete años ese impuesto. De hecho, aprobó la mayor rebaja fiscal para las rentas bajas de tal modo que hoy, alguien que ingresa 16.500 euros paga más de un 90% menos que lo que tributaba con el PP. Tampoco es cierto que haya elevado, como repiten hasta la saciedad en el PP, el gravamen de Sucesiones, Donaciones, IBI, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales o Plusvalía. Y mucho menos que haya subido el IVA de la luz o los alimentos. Todo lo contrario. Hacienda rebajó temporalmente este impuesto en una decisión sin precedentes con motivo de la subida de la inflación que provocó la guerra en Ucrania, como consta en un decreto de julio de 2022, que el PP no apoyó.

Ahora, con la guerra en Irán y cuando aún se desconoce el alcance de esta nueva crisis, el PP vuelve a echar mano del mismo manual antes de que el Gobierno apruebe este viernes en Consejo de Ministros extraordinario un paquete de medidas para paliar los efectos de la nueva aventura bélica de Trump y Netanyahu. Son ya 55 las ocasiones en que Alberto Núñez Feijóo ha pedido un “alivio fiscal” desde que tomó las riendas de la oposición en 2022. La misma matraca haya o no crisis, guerras o subidas de la inflación. Por cierto, al mismo tiempo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP reclaman más recursos para sus gobiernos y recortan la inversión en servicios públicos como la sanidad o la educación. 

Lo que nunca se escucha en la derecha es que la presión fiscal en España está significativamente por debajo de la media de la eurozona (unos 3,6 puntos menos); que bajar el IVA de los alimentos es un reclamo que suena bien, pero que los economistas explican mejor, ya que la traslación de esas bajadas no repercute en el consumidor, sino en los distribuidores, que amplían así su margen de beneficios; que las rebajas fiscales indiscriminadas comprometen la sostenibilidad del Estado de bienestar o qué partidas de gasto público se tienen que recortar para compensar la pérdida de ingresos.

Lo que subyace de todo ello, además de dos modelos muy distintos sobre cómo afrontar las crisis, es la ausencia de un debate serio sobre las consecuencias de bajar impuestos en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor cohesión social y mejores servicios públicos. Lo que no es posible es soplar y sorber a la vez, que es a lo que acostumbra una derecha que nunca habla, por ejemplo, de cómo combatir el fraude fiscal o de subidas de salarios. Y todo mientras Pedro Sánchez presume de “capacidad de respuesta” de su gabinete frente a las múltiples crisis que ha tenido que enfrentar. Su receta, hoy, es “hacer lo contrario de lo que hizo el PP ante la gran recesión, que fue socializar pérdidas mientras se forraban los de arriba”. 

El Gobierno trabaja aún en las medidas a adoptar, pero se da por descontada una nueva rebaja fiscal en la energía para los sectores más afectados, como el agroalimentario y el de los transportes. La respuesta incluirá medidas estructurales para profundizar en la electrificación del sistema productivo y reducir la dependencia del petróleo, además de otras coyunturales para paliar los efectos del aumento de los precios entre los más vulnerables. Lo que no se contemplan son rebajas en el IVA de los alimentos ni ayudas directas al consumo de gasolina para los particulares. 

Y es que, a diferencia de hace cuatro años, cuando la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria, la respuesta pública será más limitada. Y no solo porque el impacto, de momento, no es tan fuerte como entonces, sino porque el margen de maniobra en términos fiscales se reduce. El contexto es distinto y Bruselas asegura que no se dan las condiciones de una recesión económica, lo que no impide en todo caso que si la guerra se prolonga en el tiempo y se agrava la situación, se implementen nuevas medidas.

Lo que se espera en este primer decreto no tiene nada que ver con el escudo desplegado en 2022, cuando se aprobó una batería de iniciativas que abarcaba desde la bonificación de los carburantes hasta la rebaja del IVA de los alimentos y la energía. Aquellas, que se sumaron a otras en vigor que se pusieron en marcha durante la pandemia, tuvieron un impacto en las arcas públicas de 38.400 millones de euros, incluidas las rebajas fiscales que el PP niega que se hayan adoptado.  

Nada como la hemeroteca y la calculadora para refrescar la memoria:

📌 La reducción, aprobada por el Gobierno en el IVA de la electricidad y los alimentos durante la invasión de Ucrania comportó un ahorro de más de 25.000 millones de euros.

📌 Solo el primer paquete de medidas por la crisis inflacionaria, en marzo del 2022, supuso 6.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas.

📌 El Gobierno redujo el IVA de la electricidad del 21% al 10%, el Impuesto de la Electricidad del 5% al mínimo permitido por la UE del 0,5% y suspendió el impuesto del 7% a la generación eléctrica, creado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

📌 En junio del 2022, el IVA de la luz bajó al 5%, con un ahorro adicional de 3.600 millones de euros para el segundo semestre del año. En octubre, el IVA del gas natural bajó del 21% al 5%.

📌 El 1 de enero de 2023, se rebajó el IVA de los alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) del 4% al 0%. Y para aceites y pasta, del 10% al 5%.

📌 En julio del 2024, se fijó un IVA del 0% para el aceite de oliva. Junto a los alimentos básicos, pasó al 2% desde octubre y recuperó el tipo normal del 4% en enero de 2025.  

📌 En los últimos cuatro años, se ha rebajado el IRPF para garantizar que los trabajadores que cobran el SMI estén exentos de tributación, lo que ha supuesto para casi 10 millones de contribuyentes un ahorro de 11.160 millones de euros.

Pues eso: para la derecha, haya guerra o haya paz, la solución a todo es bajar impuestos, aunque cuando gobierna los aumente sin complejos.

Toca hablar de odio. Porque el Gobierno ha anunciado una herramienta con la que rastrear la huella de los discursos de la abominación en las redes sociales. Porque la derecha se ha mofado de ella. Porque acabamos de recordar los trágicos atentados del 11M de hace 22 años. Porque el día de tan terrible efeméride, de repente, se abrió el telón y aparecieron Aznar y Mayor Oreja —¿qué puede salir mal?—. Porque conviene no olvidar las mentiras del Gobierno de entonces durante los días que transcurrieron entre los atentados y las elecciones generales. Y porque allí empezó todo: la negación de la verdad, los bulos, la deshumanización del contrario y lo que hoy conocemos como el discurso del odio.

De aquellos polvos…. ¿Recuerdas? Un falso relato construido por la derecha y sus medios de referencia. Primero para ocultar la verdad sobre la autoría de los atentados con intención de manipular al electorado. Después, una campaña feroz con la que deslegitimar el resultado de las urnas que dio la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Mucho más tarde, llegaron las fake news, los bulos, los negacionistas, los pseudo medios, la fachosfera y el odio por encima de todo. Aquel 11 de marzo de 2004 fue el primer gran ensayo de lo que hoy padecemos. En la política, en los medios, en las redes sociales y en la conversación pública. 

Y, pese a todo, algunos protagonistas de aquel infame engaño aún reivindican el uso ilegal de la fuerza bruta como solución a los problemas. Aznar, el primero. El del apoyo a la guerra de Irak, el de las armas de destrucción masiva, el de “ha sido ETA”, el de las mentiras deliberadas tras la masacre y el que nunca pidió perdón por el engaño masivo, sale de nuevo a escena para legitimar otra invasión y certificar la defunción del orden internacional.

“Vivimos un cambio de era, no una era de cambio, sino un cambio de era en el que el orden internacional que hemos vivido hasta ahora se ha terminado. Se ha terminado, el viejo mundo se ha acabado. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales. Y un país como España debería estar al lado de los aliados, y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios”. 

Son palabras del expresidente sobre la guerra en Irán desatada por los EEUU e Israel y sobre la negativa del Gobierno español a Trump para el uso de las bases de Rota y Morón.Y las ha pronunciado justo ahora, cuando entre los pliegues de la memoria colectiva aún asoma el dolor por los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos en los atentados yihadistas del 11M que siguieron a aquella guerra ilegal. Si lo que pretende es expulsar aquel odio con más odio cuenta con el apoyo decidido de quien fuera uno de sus ministros de Interior y principal impulsor de la teoría de la conspiración sobre el 11M. Jaime Mayor Oreja ha escrito Una verdad incómoda: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), donde insiste en que ETA “al menos” conocía que se iban a cometer los atentados de 2004 y desliza, sin prueba alguna, la participación del “Estado profundo” de Francia. Dos décadas después, los mismos embustes, el mismo odio y los mismos constructores de relatos alternativos.

Vindicar en el aniversario del 11M otra guerra ilegal o defender las teorías de la conspiración como hacen Aznar y Mayor Oreja es una dosis de recuerdo sobre hasta dónde es capaz de llegar la derecha para mantener el poder, deslegitimar al adversario, manipular a la opinión pública o esparcir aversión. De ahí la airada reacción de los populares y sus bots a la decisión del Gobierno de Sánchez de poner en marcha un medidor de la polarización en redes sociales. 

Se llama Huella del Odio y Polarización (HODIO) y es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) que medirá y analizará la presencia de discurso de odio y polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. El objetivo es generar un ranking público y transparente que permita comparar el nivel de exposición al odio entre plataformas. España se convierte así en el primer país europeo en implementar un sistema de medición sistemática de estas características. Sin embargo, las derechas no solo se mofan, sino que además no encuentran motivo para poner freno al odio que se cultiva y se promueve desde las redes. Será porque es un hábitat que dominan con soltura. Basta con echar un vistazo a sus cuentas oficiales en X, a las de su sincronizada de guardia o a las de sus altavoces habituales, donde el insulto, la manipulación, la deshumanización, el bulo y el escarnio campan a sus anchas. 

Y eso que las cifras hielan la sangre: 

HODIO hará que estas diferencias sean públicas y comparables de forma sistemática. Pero, además de visibilizar el problema como pretende esta herramienta, en algún momento habrá que romper este ciclo del odio que en España empezó con aquel 11M desde el Gobierno y sus terminales mediáticas y hoy se fabrica, cultiva y promueve en las redes sociales, donde la violencia verbal es alarmante.

Sin duda, hace falta regulación y no porque lo diga o crea Sánchez, sino porque en Europa ya hay un consenso generalizado, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores en el espacio digital. En Naciones Unidas también se aprobó el pasado septiembre una resolución para crear el primer panel de la historia que discutirá sobre la Inteligencia Artificial en lo que se entiende que será un primer paso para su regulación. 

La toxicidad en la palabra no es libertad de expresión es una seria amenaza para la convivencia de la que se benefician no solo los tecno oligarcas, sino también aquellos que son incapaces de convencer a la ciudadanía de la bondad de sus proyectos políticos salvo desde la mentira, el insulto, el odio al diferente y la manipulación, como acostumbran algunos políticos. 

¿La última? La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, a quien seguro no se conoce ni por su gestión ni por su pensamiento político, pero sí por difundir este miércoles un vídeo falso hecho con IA en el que se escucha al ministro Óscar Puente llamar “retrasada” a Isabel Díaz Ayuso en un montaje de una entrevista en TVE. Si lo que pretendía era hacer méritos con una ingeniosa descalificación sobre la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno, lo que logró fue el bochorno de propios y extraños, además de la difusión de una trola de tamaño considerable. Así andamos.