Los demócratas arrasan en las elecciones legislativas de EEUU y arrebatan a Trump el control de las dos cámaras, limitando considerablemente el poder del presidente en los dos próximos años de su mandato. Dentro del tsunami demócrata, la formación ha logrado victorias históricas que escuecen especialmente a Donald Trump.

Abdul El-Sayed, primer senador musulmán de la historia

Trump había convertido a El-Sayed, ahora senador por Michigan, en uno de los principales blancos de sus ataques racistas. El demócrata, que además representa al ala progresista del partido, es el primer senador musulmán de la historia de EEUU. Trump le ha llamado “yihadista” y declaró que el Senado tendría que instalar un “detector de metales especial para Abdul”.

“A todos los padres que han tenido dificultades para explicar a sus hijos por qué el presidente se burla abiertamente de alguien por su nombre o por cómo reza, decidles mañana que los malos han perdido”, ha afirmado. “Ellos quieren una América que es demasiado pequeña para algunos de nosotros. Sabemos que América es lo suficientemente grande para todos nosotros”, ha señalado El-Sayed en su discurso de victoria.

Hijo de inmigrantes egipcios, El-Sayed es médico y firme defensor de la causa palestina y los servicios públicos. No es un político profesional, aunque ha trabajado en la administración Biden y en el sistema de salud de Detroit, una experiencia que ha utilizado en sus discursos de campaña, al criticar una sanidad “más interesado en la facturación que en la curación”.

Keisha Bottoms, primera gobernadora negra de EEUU

La demócrata Keisha Lance Bottoms, ha ganado las elecciones a gobernadora de Georgia y se convierte en la primera mujer negra gobernadora de un estado de EEUU. Dicha victoria se produce, además, en uno de los campos de batalla políticos más disputados del país. Bottoms será también la primera gobernadora mujer de Georgia.

“Ningún aspirante a dictador nos va a parar”, declaró la gobernadora electa. Los demócratas no controlan el puesto de gobernador del estado desde 1998. Su rival, Rick Jackson, es un magnate del sector sanitario que utilizó su fortuna personal para financiar su campaña.

Bottoms fue uno de los cargos del Gobierno de Joe Biden que Donald Trump despidió sumariamente tras volver al poder. Lo anunció entonces con jactancia y sus habituales mayúsculas en la red Truth: “ESTÁS DESPEDIDA”.

Gina Hinojosa, primera gobernadora hispana de Texas

Texas había tenido ya dos mujeres como gobernadoras, pero Gina Hinojosa (52 años) es la primera en conseguirlo como latina —la mayor minoría del territorio— y como demócrata, en un estado que venía siendo republicano desde 1995. Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, tras cosechar más de cuatro millones de votos.

La victoria de Hinojosa se produce después de una campaña en la que, siguiendo la tónica habitual, Abbott gastó decenas de millones de dólares más que su rival. El republicano aspiraba al récord de permanencia en el cargo, que ostentaba desde 2015. Como en otras contiendas del país, la candidata se centró en el coste de la vida, pero se benefició del rechazo a las políticas migratorias de Trump entre una población con vínculos evidentes con el otro lado de la frontera.

Nacida y criada en el Valle del Río Grande, una tierra fronteriza en el sur de Texas, Hinojosa fue elegida en 2016 para la Cámara de Representantes estatal. Antes de entrar en política, trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Chris Pappas, primer hombre abiertamente gay que llega al Senado

El demócrata Chris Pappas (46 años) se ha convertido con su victoria en New Hampshire en el primer hombre abiertamente gay que llega al Senado de EEUU. Ha derrotado al republicano John Sununu, que había sido senador y que además es hijo de un exgobernador del estado.

Con un amplio historial en la cámara de representantes, donde resultó elegido en cuatro ocasiones, Pappas no ha hecho, sin embargo, especial bandera de su orientación sexual durante la campaña que ha permitido a los demócratas mantener el vital escaño en el senado por New Hampshire. Como otros candidatos victoriosos, centró sus mensajes en el aumento del coste de la vida y el acceso a la sanidad. En el terreno personal, su familia es propietaria de un histórico restaurante, especializado en tiras de pollo.

“Ha sido una larga campaña con el caos, la corrupción y los gastos procedentes de Washington como telón de fondo”, declaró el flamante senador tras conocerse el resultado. “New Hampshire ha salido a la calle hoy, habéis alzado la voz hoy y habéis dejado claro, con un mensaje rotundo, que New Hampshire necesita un cambio de rumbo. Washington necesita que una nueva generación se siente a la mesa para arreglar las cosas”, reclamó.

Ilhan Omar, la congresista de origen somalí perseguida por Trump

La congresista demócrata Ilhan Omar es una de las figuras progresistas más destacadas de su partido y uno de los blancos preferidos de los insultos de Donald Trump. La ha llamado “basura”, ha clamado por su deportación y ha difundido bulos sobre su vida privada, además de promover una investigación sobre una supuesta mentira acerca de su edad cuando consiguió la ciudadanía estadounidense, en el año 2000. 

Ilhan Omar nació en 1982 en Mogadiscio, Somalia, y llegó al país con su padre en 1995, siendo una niña, desde un campo de refugiados en Kenia. Hace solo unas semanas, Omar anunció que abandonaba su domicilio en Washington por razones de seguridad, tras la irrupción de agentes federales en su vivienda a las seis de la mañana, en el marco de esta investigación impulsada por Trump.

Ahora la congresista emerge como una de las grandes triunfadoras de estas elecciones. Repite como representante por el 5º distrito de Minnesota, y lo hace con un abrumador 76% de los votos. Omar, del ala más a la izquierda del Partido Demócrata –aboga por la sanidad universal y reformas sociales– es la primera congresista somalí-estadounidense, una de las primeras mujeres musulmanas en el Congreso y la primera en usar hiyab. 

Peggy Flanagan, la primera senadora indígena 

También en Minnesota, el triunfo de Peggy Flanagan marca otro hito: es la primera mujer indígena que formará parte del Senado. Aunque Estados Unidos ha tenido hombres nativos americanos en esa Cámara, ninguna mujer perteneciente a los pueblos originarios había ocupado antes un escaño en esa institución.

La flamante senadora, de 47 años, pertenece a la nación White Earth de los ojibwe. De hecho, en su perfil de redes sociales incluye su nombre aborigen: Gizhiiwewidamookwe. Su trayectoria está muy vinculada a la defensa de estos pueblos y a los derechos de la infancia. Antes de entrar en política trabajó como organizadora comunitaria y en diversas ONG. En 2015 fue elegida para la Cámara de Representantes estatal, y en 2019 tomó posesión como vicegobernadora junto a Tim Walz, cargo que ha mantenido hasta ahora. 

“Hemos demostrado que una mayoría puede ganar al dinero” (many can beat money), dice Flanagan en un mensaje a sus votantes en Instagram. “Y que ningún presidente puede torcer la voluntad de la gente”, refiriéndose a la estrategia de gerrymandering de Trump antes de las elecciones y la ocupación de ciudades como Minneapolis con miles de agentes migratorios federales.

Adam Hamilton, el pastor metodista que logró la gesta del siglo

Este es la persona que ha hecho posible una victoria histórica: es el primer demócrata elegido para el Senado por Kansas en casi un siglo. Concretamente 94 años. El último senador demócrata fue elegido en 1932. El escaño se lo ha arrebatado, con más del 51% de los votos, a Roger Marshall, el candidato republicano respaldado por Donald Trump. 

En un estado muy conservador y reacio a las figuras demócratas, el fichaje de Hamilton ha sido providencial. Con 62 años, es director de la Iglesia de la Resurrección, que fundó con 25 años en 1992, y se ha convertido en la mayor congregación metodista de todo Estados Unidos. Además, es autor de una treintena de libros sobre cristianismo y teología.

La millonaria campaña en Kansas –se invirtieron cerca de 110 millones de dólares– ha sido clave en el triunfo de Hamilton: ha centrado su discurso en el coste de la vida y se ha presentado como “demócrata de mentalidad independiente” frente a las acusaciones de “extrema izquierda” de Trump y el vicepresidente JD Vance, que viajaron a Kansas para apoyar al derrotado Marshall.

Xavier Becerra, primer gobernador latino en California en 150 años

“Hermanos y hermanas”, dijo en español Xavier Becerra tras conocer los resultados. “El sueño californiano es universal, innegociable, y no se puede deportar”. Becerra será el primer político de origen mexicano en dirigir el estado desde Romualdo Pacheco en 1875, cuando California se incorporó a EEUU. 

La victoria de Becerra es histórica, pero no toma por sorpresa. En un estado donde la comunidad latina representa el 40% de la población total, Becerra ha dedicado su discurso a “quienes han vivido atemorizados” por “los terroristas del ICE”, a los que ha dedicado una frase triunfal: “Hay un nuevo sheriff en la ciudad”. 

Becerra, de 68 años, nació en Sacramento de un matrimonio de inmigrantes mexicoestadounidenses que llegaron al país en la década de los cincuenta. No es un recién llegado a la política estadounidense. Ocupó la cartera de secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025). Antes fue miembro de la Cámara de Representantes durante doce legislaturas y de la Legislatura estatal por dos años. Además, se desempeñó como fiscal general de California entre 2017 y 2021, y llevó a la primera Administración Trump a las cortes en 122 ocasiones.

Deb Haaland, primera gobernadora de ascendencia indígena

La nueva gobernadora de Nuevo México, Deb Haaland (65 años) es la primera mujer de ascendencia indígena que llega a dirigir el Ejecutivo de un estado, pero no es una recién llegada a la política: fue la dirigente del partido demócrata en su estado de 2015 a 2019 y después estuvo dos años en la Cámara de Representantes, para pasar a continuación a la secretaría de Interior de Joe Biden. Allí lideró una investigación sobre la integración forzosa de niños indígenas en internados.

La victoria de Haaland ha sido cómoda, con más del 57% de los votos en un estado que progresivamente se ha ido escorando al bando demócrata en las últimas elecciones, pese a ser históricamente proclive a la alternancia.

Una vez más, el discurso ganador ha estado centrado en el bolsillo de los votantes. “Tenemos que hacer que la vida de los neomexicanos sea más asequible porque tenemos en el cargo a un presidente que no tiene ni idea de cómo vivimos”, declaró en uno de sus mitines, según cita el New York Times. La campaña se distinguió de otras contiendas del país en que no hubo ataques personales entre los rivales.

Javier Milei aterriza este martes en España. Es el séptimo viaje del presidente argentino en menos de tres años. En ninguno de ellos ha tenido agenda oficial con la Casa Real o con el Gobierno central. Se ha visto, eso sí, con Isabel Díaz Ayuso y con Santiago Abascal, que en esta ocasión repiten en la agenda del libertario, que incluye unas jornadas universitarias sobre la escuela austriaca de economía, su faro ideológico. La última vez que estuvo por Madrid, en marzo, lo hizo para participar en un encuentro sobre criptomonedas, otra de sus pasiones libertarias, que le ha supuesto más de una complicación judicial.

Milei sigue enredado en los Tribunales por el caso $LIBRA, una estafa millonaria con un token que promocionó en sus redes sociales en 2025, ya como presidente. Esta no es la primera vez que una de las incursiones del libertario en el desregulado mundo de las monedas virtuales acaba en los juzgados: ocurrió en 2022 con otra de sus recomendaciones, CoinX, una plataforma financiera investigada por fraude y formada por un entramado de sociedades sobre las que planea la sombra del lavado de dinero.

Pero los chascos con $LIBRA y CoinX no han hecho mella en la apuesta de Milei por las criptomonedas. En marzo pasado, mientras el presidente argentino cerraba en España el Madrid Economic Forum 2026 –un encuentro organizado por el influencer cripto conocido como Wall Street Wolverine–, la prensa de su país publicaba detalles de su relación con Mauricio Novelli, el trader acusado de una estafa que se calcula entre 70 y 100 millones de dólares.

El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó en un tuit el token $LIBRA, que gracias a eso multiplicó frenéticamente su valor y lo perdió a mayor velocidad aún, llevándose por delante el dinero de los inversores y generando ganancias en unas pocas –poquísimas– cuentas. Tras el colapso de la moneda, el presidente libertario borró su post y dijo no saber nada de $LIBRA. Pero los datos que halló la Justicia en el móvil de Novelli lo desmintieron categóricamente: hubo más de 30 llamadas telefónicas entre ambos, antes y después de que Milei hiciera la publicación. Además, se recuperó un modelo de contrato en el que se acordaba pagar a Milei y su hermana Karina cinco millones de dólares por esa promoción. 

Ahora se sabe incluso que la relación (y los negocios) de Novelli y Milei se remontan al menos a 2021, un año clave que lo relaciona con otra criptoestafa, mucho menos conocida: CoinX. Por entonces, Novelli pagaba a Milei para dar clases online en su escuela financiera N&W Profesional Traders, mientras el libertario pasaba sin escalas de tertuliano televisivo extravagante a extravagante político profesional.

Pulgares arriba

El 18 de diciembre de 2021, Javier Milei se convierte en diputado. Apenas una semana después, promociona en sus redes sociales CoinX. La sonrisa amplia, el pulgar hacia arriba. Es un gesto repetido cientos, miles de veces frente a la cámara por el presidente argentino. Y es lo que se puede ver en el post de Instagram de la cuenta de Javier Milei el 18 de diciembre de 2021, días después de las elecciones que le abrían las puertas del Congreso de los Diputados. 

El modus operandi es similar al de $LIBRA: publicidad en redes y miles de dólares que se esfuman. Pero si en $LIBRA la red se amplía a un creador de memecoins texano (Hayden Davis), un experto cripto indio (Abhyudoy Das) y un misterioso pensionista que declara ingresos mínimos, pero conduce coches de alta gama, el backstage de CoinX es oscuro y local: de hecho, no existe una entidad responsable sino un conjunto de empresas creadas casi simultáneamente, que bascula entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Un entramado complejo con nombres que se vinculan a sospechosos de lavar dinero del narcotráfico. 

“Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinx.world y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escribanles @coinx.world de parte mía, así los asesoran con lo mejor!”, decía Milei a sus 1,3 millones de seguidores de aquel entonces (hoy supera los 3 millones). 

CoinX era una plataforma de inversión en criptodivisas que prometía rendimientos elevados, pero que acabó denunciada como estafa piramidal. En un país castigado por la inflación, CoinX se promocionaba como una financiera digital que ofrecía supuestas ganancias de entre el 5 y el 8% mensual en dólares, y daba la posibilidad de operar con criptomonedas. La web se lanzó a finales de noviembre de 2021, unas tres semanas antes de que Milei la publicitara en sus redes. Nunca se explicó en detalle cómo la empresa prometía llegar a esos retornos. 

Los denunciantes aseguran que funcionaba con el conocido como ‘esquema Ponzi’, en el que el dinero no se invertía en activos financieros, sino que se utilizaba para pagar los intereses a otros inversores, usándolos como cebo para captar más dinero. 

En marzo de 2022, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un dictamen para inspeccionar las sociedades relacionadas con CoinX. En junio de ese año el ya candidato presidencial Milei negaba en una entrevista –igual que haría después con $LIBRA– cualquier implicación con la empresa y el proyecto CoinX. Pero ante las repreguntas del periodista Ernesto Tenembaum, acabó por reconocer que había recibido dinero a cambio de su promoción: “Yo mis opiniones las cobro, claro”.

En agosto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a CoinX a cesar su actividad por no estar habilitada para operar en el mercado financiero. La advertencia fue dirigida a Juan Manuel Malaspina, que figuraba como director de inversiones del grupo. 

Pero Malaspina era solo la cara visible. Detrás había una organización mucho más compleja. De hecho, CoinX ni siquiera existía como empresa. En el informe de la IGJ se describe un entramado de cinco sociedades, de las cuales cuatro fueron inscritas entre agosto y septiembre de 2021, y en la que se repiten una serie de nombres, algunos vinculados al mundo de la política y otros relacionados con personas investigadas por lavado de dinero del narcotráfico. 

Un entramado societario y un juez polémico

A pesar de la participación del mediático legislador y candidato de La Libertad Avanza, el caso CoinX no tuvo demasiada repercusión en la prensa. Tampoco en los juzgados. Se presentó una denuncia por fraude ante la Justicia y la causa quedó en manos del juez Ariel Lijo. Milei nunca fue llamado a declarar. En 2024, el ya presidente Javier Milei propuso a Lijo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia. La postulación era tan polémica que generó división incluso dentro del propio Gobierno libertario: el juez tiene en el Consejo de la Magistratura decenas de denuncias que cuestionan su desempeño. 

La denuncia por fraude activó en 2023 una serie de allanamientos de la Policía Federal en una veintena de oficinas y domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Allí se secuestraron ordenadores, documentación y dinero en efectivo. 

CoinX estaba organizada como una caja que contenía cinco sociedades, cuatro de ellas constituidas en menos de un mes –entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021– y con objetos sociales de lo más diverso. Proyectos RRS SA y Digital Pelicanoy SA, vinculadas a servicios informáticos, Fin American World SA, dedicada a operaciones financieras, LH Construcciones del Sur SA y SF Centro Integral de Estética SA. En todas hay un elenco de nombres y apellidos que se repiten en diferentes papeles: socios, presidentes, directores, suplentes...

En tres de ellas destaca un nombre conocido para la Justicia argentina: Francisco José Hauque. 

En 2013, Hauque fue candidato a edil de la ciudad de Rosario por Unite, uno de los partidos que dieron origen a La Libertad Avanza y posibilitaron la elección de Milei como diputado nacional en 2021. Dos años antes, Unite acogía también la candidatura presidencial de José Luis Espert, padrino y mentor de Milei. El año pasado, Espert se vio obligado a bajarse de la lista electoral de La Libertad Avanza a última hora –incluso con las papeletas ya impresas– por sus vínculos con un supuesto narcotraficante con una petición de extradición en Estados Unidos, como reveló una investigación de eldiarioAR. 

Hauque, además, protagonizó un confuso episodio a comienzos de 2025. Fue detenido junto a su pareja con dos kilos de cocaína y un arma dentro de un auto de alta gama en pleno centro de Buenos Aires. Finalmente, las pesquisas concluyeron que el operativo policial había sido “armado” y señalaban como sospechoso a un socio de Hauque, Elías Piccirillo, entonces pareja de una conocida vedette, Jésica Cirio. En medio, un préstamo cuantioso: seis millones de dólares que Hauque le habría entregado a Piccirillo, que se encuentra desde hace casi un año preso por esa causa.

Tanto Piccirillo como Hauque están siendo actualmente investigados por otra cuestión muy diferente: sus oficinas de cambio de divisas. Se intenta establecer si había algún tipo de connivencia con funcionarios del Banco Central de Argentina que les permitían adquirir dólares al valor oficial, saltándose las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández. Más tarde, ese dinero era vendido en el mercado negro (o blue, como se le llama en el país) a un precio mucho más alto, reportándoles ingentes ganancias en una maniobra conocida como rulo cambiario. En el periodo que se investiga (de enero a agosto de 2023) la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo era de un 100%.

La conexión con el lavado (y con $LIBRA)

La única de las sociedades de CoinX que no se creó en 2021 es Proyectos RRS SA, registrada en 2016 a nombre de Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos. Sin embargo, en las mismas fechas en las que se constituye el resto de sociedades de CoinX, Proyectos RRS SA cambia su directorio: nombra como director a Maximiliano Ismael Alberto Cena Castro y como suplente a Luis Gastón Arteaga, los mismos que figuran como accionistas de Digital Pelicanoy SA y Fin American World SA, en la que Hauque aparece como director.

Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos aparecen en una investigación como sospechosos de formar parte de la estructura de lavado de activos para organizaciones narco que operan en Rosario (Santa Fe). En concreto, una liderada por Jorge Adalid Granier Ruiz, alias 'El Nono', condenado en 2025 por narcotráfico, y señalado como cabeza de una organización narcocriminal que entre otras cosas “bombardeaba” droga desde avionetas en zonas rurales del norte argentino que luego era transportada a Buenos Aires.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta (una provincia limítrofe con Bolivia) envió un escrito en mayo de 2022 en el que pedía la intervención del juez federal de Rosario porque de las pesquisas sobre el Clan Granier –integrado por varios hermanos y familiares– se desprendía que podían estar realizando “maniobras de lavado de activos” a través de varias sociedades, entre ellas una llamada Agro San Jorge SA. Aunque la empresa está a nombre de los Granier, indican que “la presunta dueña sería Carolina Inés Yunior, mujer de Ulises Fernando Carcani Papadacos”, al que también relacionan con Jorge Adalid Granier Ruiz por transferencias de vehículos.

El escrito subraya además que la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) involucra a Granier Ruiz en un envío de cocaína líquida de Bolivia a España en el año 2006 y que lo identifica en 2013 como proveedor de cocaína de Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante condenado a cadena perpetua por asesinato. El texto resalta que Carcani y Veiga “estarían abocados al lavado de activos [...] a través de una 'cueva financiera” (una casa de cambio de divisas) en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nunca se investigó esta pista señalada en el escrito. Fuentes judiciales reconocen que las sospechas no se tradujeron en nuevas pesquisas, algo que atribuyen a la complejidad de las causas y a cuestiones de jurisdicción: “Por lo que sea, no se avanzó por ese lado”.

El cruce de investigaciones nos devuelve al peritaje del teléfono móvil de Mauricio Novelli, el que demostró la participación activa de Javier Milei en la estrategia de promoción de $LIBRA. Entre los miles de documentos que se encontraron en el terminal, hay tres que vinculan, aún no está claro de qué manera, a los gestores de una estafa cripto con otra. Los peritos informáticos encontraron tres archivos relacionados con Digital Pelicanoy SA, parte del entramado de CoinX World.

El primero corresponde a la inscripción de la sociedad ante la agencia tributaria argentina. El segundo, a una declaración de impuestos fechada el 12 de enero de 2022, que confirma que la firma estaba registrada en El Salvador desde 2021. El tercero es una actualización de domicilio para recibir notificaciones, con la misma fecha que el anterior. Aun no se ha podido establecer la conexión entre Novelli y la empresa de CoinX.

Esta semana el invitado ha sido Jordan Bardella, presidente de Asamblea Nacional, el partido de Marine Le Pen. La semana que viene, el visitante que aterrizará en Madrid es el presidente argentino, el libertario Javier Milei. Las elecciones generales anticipadas están movilizando a la ultraderecha mundial, que se pasea por España para dar su apoyo al líder de Vox, Santiago Abascal. 

Bardella le regaló a Abascal una foto juntos en Ceuta el día de la Fiesta Nacional. Y este martes le deseó “toda la suerte del mundo” en los comicios durante un desayuno organizado en Madrid por el Fórum Europa. Milei, por su parte, anunció repentinamente el viaje pocas horas después de que Pedro Sánchez comunicara públicamente la disolución de las Cortes, aunque fuentes de la Casa Rosada aseguraron que estaba previsto desde hacía tiempo. 

Si a Bardella le puede resultar atractivo calentar motores para su propia contienda electoral –su partido es el que aparece con mayor intención de voto de cara a los comicios de abril, según las encuestas–, a Milei le impulsa su sensación de estar en racha ganadora. Las redes afines al presidente libertario llevan tiempo promoviendo la idea de que todos los candidatos que reciben su apoyo acaban triunfando en las elecciones. El último, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta de las generales en Brasil. 

Bardella y Milei son las primeras figuras extranjeras en apuntarse a la precampaña española, y su presencia es una muestra del trabajo que Vox lleva tiempo haciendo para consolidar su posición internacional. Su apuesta por América Latina y las alianzas tejidas tras abandonar la familia de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Europarlamento para integrarse en Patriotas. En este grupo de euroescépticos, populistas, ultranacionalistas y soberanistas, los de Abascal comparten espacio con la Agrupación Nacional francesa, la Lega italiana, el Partido por la Libertad neerlandés o el Fidesz húngaro.

De hecho, Abascal, ahora presidente de Patriotas, siguió el discurso de Bardella rodeado de parte de la cúpula de su partido y flanqueado por dos eurodiputados: Hermann Tertsch y Jorge Buxadé. 

Fronteras y buenos deseos 

El presidente de Reagrupación Nacional sorprendió a los asistentes al desayuno con una ofrenda idiomática: pronunció su discurso en español. Bardella, de 31 años, no lo habla. Aunque al acabar el instituto se embarcó en una doble titulación en Historia y Español, al cabo de seis meses dejó la carrera. Su máximo logro académico es el de aprobar en la Sorbona un curso de Geografía. 

Bardella fue presentado por Santiago Abascal como “el próximo primer ministro de Francia”. “No es un deseo, es lo que parece que va a pasar”, aclaró el líder de Vox. El francés fue más comedido con los pronósticos. Se limitó a ofrecer “palabras de amistad” a Abascal y mostrarle su apoyo ante la “importante cita electoral” que se avecina: “Te deseo lo mejor para las próximas semanas”, le dijo, y aseguró estar “convencido” de que podrán seguir “hablando y trabajando juntos”. 

En su discurso, Bardella no habló apenas sobre España, ni mencionó su visita a Ceuta. Sí lo hizo –ya en francés– cuando se le preguntó directamente por el tema. “Además de la seguridad de los españoles, en Ceuta se juega el futuro de Europa, si no se controlan las fronteras”, aseguró. Y sugirió que la llegada masiva de migrantes fue provocada por el “efecto llamada” de la regularización.

“Me ha impactado mucho la visita a Ceuta. Ver a la gente confinada en sus casas”, aseguró Bardella. “Ni España, ni Francia, ni Europa abandonarán a los ceutíes”, dijo entre los aplausos de una sala abarrotada. “Si ganamos en mayo, propondremos una modificación del Espacio Schengen para que se reserve únicamente a los ciudadanos de la UE”, anunció. La idea es que las personas que cuenten con un permiso de residencia en algún país de la Unión no estén autorizadas a moverse libremente dentro de sus fronteras. 

“Quizá no estemos de acuerdo en todo”, dijo Bardella, dejando en evidencia que existen diferencias entre Asamblea Nacional y Vox. Pero se dedicó a explotar aquellos asuntos en los que sí coinciden. Por ejemplo, la “emergencia migratoria” que el francés abordó desde su precampaña particular: proponiendo un plan de devoluciones acordado con los países africanos. Eso sí, la estrategia no se sustenta en la buena voluntad de esos Gobiernos. El que se negara a las “repatriaciones” de “migrantes irregulares”, aclaró, sería castigado con la suspensión de visados, la paralización del envío de remesas y la eliminación de las ayudas al desarrollo. 

Milei y su racha ganadora 

Milei disfruta del enfrentamiento con Pedro Sánchez. Su momento más álgido ocurrió en mayo de 2024, y acabó en conflicto diplomático. Durante su discurso en la convención política Europa Viva 24, de partido Vox, el presidente argentino calificó de “corrupta” a Begoña Gómez. Aunque El Gobierno exigió disculpas y Milei se negó a ofrecerlas, lo que dio lugar a la retirada de la embajadora en Buenos Aires durante más de cinco meses. 

Lejos de bajar el tono, Milei ha seguido acusando a Sánchez de “tirano” y “cobarde”. Y en su último viaje a Madrid, antes del verano, lo llamó directamente “impresentable”: “Está más sucio que una papa”.

Ahora, con el horizonte de unas elecciones generales en España aparece un nuevo viaje del mandatario a Madrid, a partir del 19 de octubre. Será el séptimo en menos de tres años. En ninguno de ellos ha tenido encuentro alguno con el Gobierno central o con el rey Felipe VI. 

En este caso, la agenda del presidente argentino incluye la asistencia a la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austriaca, organizada entre otros por Jesús Huerta de Soto, el millonario asesor de Milei y referente ideológico para Vox. También está previsto un desayuno en el Fórum Europa, como el del francés Bardella, el miércoles 21, presentado por el economista Daniel Lacalle. 

Además, se está organizando una reunión con empresarios sobre la que no se han ofrecido más detalles. Lo que sí confirman en el Gobierno argentino es que el mandatario se verá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con Santiago Abascal. 

La relación entre Milei y Abascal surgió antes de que el libertario llegara a la presidencia de su país. Era diputado cuando participó en los festivales de Vox VIVA21 y VIVA22, y desde entonces es un número puesto en los actos y encuentros que organiza Vox, y que los han hecho especialmente relevantes en Latinoamérica. 

“¡Este no va a ser un país laico!”, se desgañita el pastor Silas Malafaia, micrófono en mano. Cabeza de una de las iglesias pentecostales más importantes de Brasil, Malafaia fue el as en la manga de Jair Bolsonaro para conseguir la presidencia en 2018. En un país en el que alrededor del 30% de la población se reconoce como evangélica, lo que diga un líder religioso como él tiene un peso enorme. Y esto no ocurre solo allí. La expansión de esta rama del protestantismo está marcando el pulso de una Latinoamérica volcada casi ya por completo hacia la extrema derecha, que ha encontrado el aliado perfecto para sus recetas económicas ultraliberales y su agenda social conservadora. 

Ocho años después de aquel acto de campaña en el que bramaba contra la laicidad, el discurso de Malafaia no ha bajado un ápice en intensidad. Hoy es otro Bolsonaro el de las papeletas, y llega a la segunda vuelta de las elecciones como caballo ganador. Flávio revalida los esponsales entre ultraderecha y evangélicos para tumbar a Lula da Silva con la promesa de una vuelta al orden anterior, empezando por indultar al expresidente encarcelado por intento de golpe de Estado. En el nombre del padre, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo. 

La votación del 25 de octubre decidirá el futuro de Brasil, pero no solo. El duelo entre Lula y Bolsonaro dirá también si aguanta o no el gran bastión de la izquierda en Sudamérica en un contexto en el que la batalla política en la región se ha ido contaminando de crucifijos, citas bíblicas y discursos antiderechos.  

Kissinger y la iglesia anticomunista 

El desembarco de las iglesias pentecostales en América latina comenzó en los años 60 y 70, apadrinada en parte por Estados Unidos. En plena Guerra Fría, a Henry Kissinger le preocupaba la deriva de una iglesia católica influenciada por la teología de la liberación, que conectaba con los pobres y los movilizaba en el reclamo de mayor justicia social. Pronto llegaría el papa Juan Pablo II para acabar con aquello, pero el secretario de Estado no quería brotes verdes comunistas, así que su realpolitik, además de promover y financiar dictaduras en toda la región, apoyó una corriente religiosa que consideraba más afín a sus intereses.

En contraposición a las ramas más tradicionales, el evangelismo pentecostés considera que el éxito y bienestar económico es resultado del vínculo cercano con Dios, quien proporciona prosperidad, trabajo y bienes materiales. Una lógica bilateral, individualista y para nada revolucionaria: Cristo y capitalismo.

Las iglesias evangélicas fueron extendiéndose con un modelo atomizado y horizontal, arraigando en los barrios de un continente desigual, ofreciendo ayuda y pertenencia allí donde el Estado invisibiliza y abandona. Con el tiempo, esos sermones pronunciados entre sillas de plástico en pequeños locales comerciales acabaron convirtiéndose en arengas continuas frente a audiencias multitudinarias, ceremonias en campos de fútbol repletos, editoriales especializadas y medios de comunicación. Edir Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es dueño de TV Record, la segunda cadena televisiva de Brasil, un país con 213 millones de habitantes. El consuelo de las almas viró en poder para influir en la opinión pública.

“Me pregunto en qué momento los líderes evangélicos decidieron transformar una iglesia construida sobre la generosidad de sus fieles en una máquina de poder político”, dice la cineasta Petra Costa en su premiado documental Apocalipsis en los trópicos. 

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no ha hecho sino apuntalar esa enorme influencia política. El cristianismo carismático se ha consolidado como una fuerza ideológica dominante dentro del Partido Republicano. La cosmovisión impulsada por redes como la Nueva Reforma Apostólica, que concibe la arena política como una batalla cósmica contra “espíritus territoriales” y “potestades demoníacas” se ha trasladado a las contiendas electorales latinoamericanas. Y las de Brasil son especialmente importantes para Estados Unidos, porque suponen casi la última barrera —solo quedaría México como potencia gobernada por la izquierda— en una región que, gracias a sus gobiernos de derecha y ultraderecha, está casi perfectamente alineada con los intereses de Washington.

¿Hay un voto evangélico?

En Brasil, los evangélicos han pasado de representar un 5% en los años 70 a cerca del 31% de la población, con proyecciones que sugieren que podrían ser mayoría hacia 2032. “La transformación religiosa más rápida de la historia”, la definió Petra Costa. Ese cambio se replicó también en el mapa político. Si en 1986 había 13 legisladores abiertamente evangélicos, ahora la bancada multipartidista Frente Parlamentar Evangélica ocupa alrededor del 40% de los escaños del Congreso. Estos diputados fueron fundamentales para la victoria de Jair Bolsonaro y también para la destitución de Dilma Rousseff. Y lo serán en estas elecciones, aunque los expertos destacan que en el caso de Brasil el colectivo ha crecido tanto que ya no se puede hablar de un “voto evangélico”. De hecho, la izquierda de Lula da Silva también se ha acercado a ellos.  

No se trata necesariamente de un aumento en las posturas conservadoras sino del peso relativo que los ciudadanos dan a los temas morales al momento de decidir su voto

Lisa Zanotti — investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab)

Lo que sí es evidente es su agenda conservadora, bajo la bandera de la defensa de la familia. Según una reciente encuesta, más de la mitad de los evangélicos de Brasil se identifica con las pautas tradicionales de la derecha. Entre ellas, destacan el no al aborto y el rechazo a la llamada 'ideología de género'. 

“No se trata necesariamente de un aumento en las posturas conservadoras —matiza Lisa Zanotti, investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab)— sino del peso relativo que los ciudadanos dan a los temas morales al momento de decidir su voto, frente a otras cuestiones como la económica o las preferencias distributivas”.  

¡Bolsonaro es el candidato de los evangélicos!, brama Silas Malafaia en uno de sus vídeos de Instagram. Y los sondeos le dan la razón. Ya antes de la primera vuelta, el Partido Liberal adelantaba al Partido de los Trabajadores de Lula sobre todo entre las rentas altas (47% frente a 34%), en el Sur del país (50 versus 30%) y entre los evangélicos (52% contra 26%).  

Influencia en muchos países 

“Las iglesias evangélicas no estuvieron en el origen ni del movimiento libertario ni de las protestas callejeras contra Dilma Rousseff del Movimiento Brasil Libre (MBL) que dieron alas a Jair Bolsonaro, sino que su apoyo fue una alianza pragmática para tender puentes y pactar con los sectores populares”, detalla Soledad Vallejo, autora del libro Los dueños de la libertad. Think tanks, dinero y batalla cultural: la estructura oculta del libertarismo en América Latina. 

Aunque quizá no al nivel de Brasil, los evangélicos han ido sumando protagonismo en la política de sus países. En Guatemala, el cómico y pastor evangélico Jimmy Morales consiguió la presidencia (2016-2020) con un discurso conservador, mientras que en 2018 el predicador Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta electoral en Costa Rica con el lema “¡No se metan con las familias!”, contra la educación laica. En Colombia, estas iglesias tuvieron un papel decisivo en rechazo a los Acuerdos de Paz de La Habana.

Las excepciones son los países donde la llegada de los evangélicos viene demorada: México, Uruguay y Argentina (dos gobiernos de izquierda y otro más economicista que conservador)

Andrés Malamud — investigador de la Universidad de Lisboa

“Su influencia no es solamente política o ideológica, es también organizacional. Su fuerza es precisamente su capacidad de movilizar”, apunta Lisa Zanotti. Las iglesias pentecostales han liderado masivas protestas callejeras en Perú contra el enfoque de género en la educación pública, y han apoyado abiertamente a Keiko Fujimori para llegar a la presidencia, con una agenda marcada por la oposición a los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y la unión civil.

En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast fichó a asesores evangélicos en su equipo de estrategia, y el mes pasado incluso participó por primera vez como mandatario en el tradicional Te Deum Evangélico.

“Las excepciones son los países donde la llegada de los evangélicos viene demorada: México, Uruguay y Argentina (dos gobiernos de izquierda y otro más economicista que conservador)”, explica Andrés Malamud, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

Pero incluso allí van cobrando peso. A diferencia de la relación fría y distante que mantiene con la Iglesia católica, Javier Milei ha integrado formalmente a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas en la estructura del Estado, participando de sus actos y sobre todo otorgándole fondos de programas de ayuda alimentaria en barrios vulnerables. Incluso incorporó como lema una frase con tintes religiosos: “Las fuerzas del Cielo”.

“Si Lula continúa siendo presidente, Brasil se hundirá y esta democracia será fallida”, grita Malafaia junto a Flávio Bolsonaro en un acto de campaña en São Paulo. La voz casi quebrada por el esfuerzo recibe la ovación de una multitud en las calles. El pastor habla de las mentiras de la izquierda inspiradas por el demonio, cita el Nuevo Testamento, insiste en la idea del colapso democrático. A su lado, el hijo del expresidente convicto asiente. Ambos aspiran a devolver Brasil a la ultraderecha por la voluntad, dicen, del Espíritu Santo.

En el manual de la ultraderecha hay unos básicos: la simplificación de problemas complejos señalando sin argumentos a un culpable, la xenofobia, la promoción de una moral tradicional, las apelaciones a la seguridad y el rechazo a la corrección política. Y más. Un buen representante de la extrema derecha no tiene reparos en cuestionar la legitimidad de unas elecciones democráticas cuando los resultados no son los esperados. Y lo hace incluso antes, con carácter preventivo. 

Lo fundamental es sembrar dudas. No importa si hay argumentos o si las sospechas pueden sostenerse sobre los hechos. “Ni se les ocurra votar por correo”, aseguró este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, poco después de que se convocaran los comicios generales del 29 de noviembre. 

“Les animo a que voten en la urna y que voten con seguridad”, soltó a su vez Santiago Abascal en una entrevista televisiva. El líder de Vox ahondó en la tesis horas después, en una declaración en la sede del partido: “Son malas noticias si consigue manipular este proceso electoral”, dijo señalando al presidente Pedro Sánchez, al que describió como alguien “capaz de cualquier cosa”. 

No hay detalles sobre dónde está el peligro de fraude, o acerca de qué mecanismos se deben controlar especialmente. Simplemente, la sombra de una duda que no necesita ser justificada ni avalada con datos. Que parte de la certeza de que ‘los otros’ harán lo que sea para ganar o conservar el poder, incluso saltarse todas las normas democráticas. 

“Es una fórmula de deslegitimación que ya hemos visto muchas veces: (Ayuso-Trump-Miguel Ángel Rodríguez-Bolsonaro-Santiago Abascal) acusa a (Pedro Sánchez-Obama-Lula-Biden) de no tener límites en su afán de poder. Sea cual sea el resultado en las urnas, el cálculo siempre da positivo. Si pierden las elecciones, ya avisaron de que no eran legítimas y, por tanto, el Gobierno que sale de ellas tampoco lo es. Y eso justifica un ‘al enemigo, ni agua’ como estrategia política”, resume Pablo Beramendi, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (EEUU).

Trump, Bolsonaro, PP y Vox

En Estados Unidos, precisamente, encontramos uno de los ejemplos recientes más significativos de esta estrategia. En 2020, Donald Trump denunció que los demócratas habían manipulado los comicios que perdió contra Joe Biden. Muchos de sus seguidores estaban tan convencidos de aquella acusación que acabaron participando del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pasó una legislatura entera e incluso un triunfo de Trump en las siguientes elecciones, pero una reciente encuesta indicaba que más del 60% de sus votantes sigue creyendo que hubo fraude. 

Algo parecido ocurrió en las elecciones de octubre de 2022, cuando Lula da Silva le ganó a Jair Bolsonaro en segunda vuelta, después de una campaña en la que el ultraderechista había sembrado dudas sobre la validez de los comicios. El 8 de enero de 2023, una semana después de que la izquierda asumiera el Gobierno, un grupo de fanáticos atacó el Palacio de Planalto. La Justicia condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Su hijo, Flávio, acaba de ganar la primera vuelta de las elecciones con la promesa de indultarlo.

“La creencia mayoritaria de que las instituciones están bien y son fiables es una de las piezas más delicadas del sistema, y cuando se erosiona, es muy difícil de revertir”, explica la politóloga del CSIC Sandra León, que destaca que en Estados Unidos se ha ido deteriorando significativamente la confianza en la política, algo que también está sucediendo en España.

Es una estrategia consciente e irresponsable de muchos partidos de la ultraderecha

Pablo Beramendi — profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke (EEUU)

“Aunque vemos a EEUU como una de las democracias más antiguas del mundo, hay que recordar que hasta mediados del siglo XX una parte importante de la población no podía ejercer plenamente sus derechos políticos. Además, sus instituciones fueron diseñadas con una enorme capacidad de las élites para proteger sus intereses. Trump no aparece de la nada. Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose”, profundiza Susan C. Stokes, considerada como una de las politólogas más influyentes del mundo, en una entrevista con elDiario.es.

Precisamente, las dudas sobre la transparencia y fiabilidad del sistema son uno de los elementos que horadan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, aunque no haya ningún elemento objetivo que lo justifique. Sandra León contrapone los estudios mundiales sobre calidad de la democracia con la percepción social. Mientras España sale muy bien valorada en los rankings de limpieza del proceso electoral, una encuesta de 2023 arrojaba resultados antagónicos. Un 10% de los votantes del Partido Popular y el 27% de los de Vox le ponían un 0 de 10; es decir, no estaban ‘Nada de acuerdo’ con que el país tuviera unas elecciones limpias.  

Mejor hablar de fraude que de vivienda

Antes del verano, cuando la posibilidad de unas elecciones anticipadas comenzó a agitarse, el PP y Vox se entregaron de lleno a alimentar la idea de un supuesto fraude futuro. Denunciaban que el Gobierno pretendía “fabricar dos millones y medio de votantes” con las nacionalizaciones de descendientes de españoles exiliados por la dictadura franquista. El asunto acabó con la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de españoles en el extranjero, aunque el adelanto electoral puede haberla dejado, según varios expertos, en papel mojado. 

Ayuso volvió esta semana sobre el tema. Acusó a Sánchez de intentar influir en el resultado electoral “a través de las regularizaciones masivas y la ley de nietos”. Por si quedaban dudas, calificó al presidente de “maestro de la utilización obscena” de las elecciones. 

La conversación social estaba girando alrededor de la vivienda, y esto nos devuelve al tipo de oposición que ha hecho el PP: una que no entra a los temas sociales pero pinta a Pedro Sánchez como un líder antidemocrático que no respeta las instituciones

Sandra León — Politóloga del CSIC

El PP, sin embargo, salió a matizar a la presidenta madrileña, siempre dispuesta a estirar las fronteras discursivas hasta el territorio natural de la extrema derecha. “Este tipo de afirmaciones son más costosas para Alberto Núñez Feijóo que para Ayuso”, reflexiona Sandra León. “Ahora las elecciones están cerca y las encuestas le dan bien al candidato del PP. No tiene sentido que ese candidato infunda sospechas sobre ellas”, apunta. No sucede lo mismo en el caso de Vox, “un partido en el que conviven la tensión entre el afán de gobernar y una posición un tanto antisistema”, señala la politóloga. 

“En mi opinión, este discurso es una forma de generar hastío en los votantes moderados, con el objetivo de reducir la participación y hacer menos viable la victoria de los rivales”, analiza Pablo Beramendi. “También es una forma de cambiar la conversación. Si no tienes nada que ofrecer en términos de soluciones concretas a problemas concretos, cuestionar las normas es un factor de ruido más”, señala.

Es importante resistir ante esa idea-trampa, porque la participación democrática es, precisamente, nuestra mejor arma contra los impulsos autocráticos que estos discursos, se supone, están denunciando

Susan C. Stokes — Directora del Centro para la Democracia de la Universidad de Chicago (EEUU)

León concuerda: “La conversación social estaba girando alrededor de la vivienda, un tema en el que el Gobierno tiene una posición que está más cerca de la del votante medio, y estas acusaciones nos devuelven al tipo de oposición que ha hecho el PP durante toda la legislatura. Una que no entra a los temas sociales, sino que va de pintar a Pedro Sánchez como un líder antidemocrático que no respeta las instituciones”.

Movilizar y desmovilizar 

Tanto Beramendi como León entienden que el cuestionamiento electoral moviliza a las bases de PP y Vox, y aunque ven difícil que cale entre votantes moderados, sí entienden que puede hacer cundir “una sensación de hastío” en sectores no ideologizados. 

“Un discurso de oposición muy duro y confrontacional puede generar distancia de una política que se percibe como hiperventilada e hiperbólica”, afirma León. Stokes, por su parte, cree que la polarización y la sensación de moverse en un campo de juego embarrado fomentan la desafección. 

“Cuando la gente siente que su voto no va a cambiar nada, porque el resultado está amañado, votar deja de tener interés. Por eso es importante resistir ante esa idea-trampa, porque la participación democrática es, precisamente, nuestra mejor arma contra los impulsos autocráticos que estos discursos, se supone, están denunciando”, abunda Stokes, que estudia la degradación de las democracias. 

Beramendi lo ve como una “estrategia consciente e irresponsable de muchos partidos de la ultraderecha”. Y sentencia: “Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto rompe la idea básica de la democracia: que puedes perder una elección y seguir participando del sistema”.

Arnaud Miranda (Clemont-Ferrand, Francia, 1997) coronó su doctorado en Teoría Política en la prestigiosa Sciences Po con una tesis de premio. Pero apenas un mes después de presentar el manuscrito de Los pensamientos contemporáneos de la decadencia, un imaginario antidemocrático, lo que parecía un excelente ejercicio académico se convirtió en noticia: Donald Trump volvía al poder en Estados Unidos y con él entraban a la Casa Blanca los ideólogos hasta entonces marginales que Miranda había observado y estudiado durante años. Unos que teorizan la necesidad de un golpe de Estado monárquico-tecnológico que ponga fin de una vez por todas a la democracia. 

La ilustración oscura. Comprender el pensamiento neorreaccionario (en castellano lo edita Taurus y en catalán, Edicions 62) es la continuación de aquel trabajo. El libro aborda, en una especie de cartografía de las corrientes de la derecha contemporánea, lo que Miranda considera “uno de los fenómenos intelectuales y políticos más importantes de los últimos 20 años”. 

Del ecosistema neorreaccionario han salido algunas de las palabras que marcan el discurso de la ultraderecha, como la red pill de quien busca descubrir la verdad del poder o ‘la Catedral’ con la que se refieren a las universidades y la prensa tradicional, e incluso el nombre del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el que Trump colocó durante un tiempo a Elon Musk. De los arrabales de internet a su papel de renovadores intelectuales del trumpismo, los neorreaccionarios han ido construyendo una visión de futuro en la que los países se convierten en una especie de gran empresa controlada por un CEO-rey. Una idea que puede parecernos aterradora o distópica, pero que el autor elige colocar en la primera página de su libro porque –como sostiene en esta entrevista con elDiario.es– lo importante es entender cómo estas ideas han nacido y cómo circulan. Y nunca, nunca, subestimarlas. 

¿Por qué el pensamiento neorreaccionario ha pasado por debajo del radar hasta instalarse en la Casa Blanca?

La neorreacción es una constelación ideológica cuyo objetivo es poner fin a la democracia. Nace en la década de los 2000 a través de blogueros, gente que trabajaba en una marginalidad total respecto a los autores canónicos, las universidades y los medios de comunicación tradicionales. Esa es la razón por la cual no se ha estudiado: porque se trataba de algo minoritario, imperceptible para la mayor parte de gente que no conocía la cultura de internet, y sobre todo la cultura de internet de extrema derecha. Estas ideas salen a la luz pública porque el trumpismo se ha apropiado de ellas. 

¿Quién es Curtis Yarvin y por qué es una figura tan determinante en este movimiento?

Curtis Yarvin es su fundador. Abre su blog en 2007, que tiene desde el principio la vocación de fundar una nueva ideología, según sus propias palabras, y se presenta como un libertario desencantado que hace su viraje reaccionario. Su blog, Unqualified Reservations, que escribe bajo el seudónimo de Mencius Moldburg, tiene al principio un público interesado por la tecnología y las cuestiones libertarias. Son, mayoritariamente, personas vinculadas al mundo tech y de Silicon Valley.

Peter Thiel invirtió en estas ideas, se convirtió en una especie de nexo entre este grupo marginal de internet y las fuerzas políticas

Y es en Yarvin donde encontramos el fundamento político de la neorreacción, con la idea de que hay que reemplazar la democracia por un Estado gobernado como una empresa, más precisamente como una startup de Silicon Valley, con un CEO a la cabeza que reúna todos los poderes. Y la manera de pasar de la democracia a la empresa es un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado masivo con una revolución del pueblo, sino uno tecnocrático. Esto pone en evidencia una dimensión muy elitista: su objetivo no es convencer a la mayoría, sino constituir un pequeño grupo para convertirlo en altos cargos políticos.

¿Cómo estos personajes que habitaban los márgenes de internet se convirtieron en los ideólogos de la política global?

Para entender esto, hay que insistir en el rol de una persona, Peter Thiel, que es un emprendedor ideológico en dos sentidos. En primer lugar, es alguien que invirtió financieramente en estas ideas: apoyó la startup de Yarvin, y lo introdujo en el mundo económico y político.

Además, Thiel produce un pensamiento e integra un cierto número de ideas neorreaccionarias. En el momento en que Thiel invirtió en estas ideas, se convirtió en una especie de nexo, de eslabón entre este grupo marginal de internet y fuerzas políticas partidistas bien reales. También se pueden mencionar actores más secundarios, como Mark Andreessen, cercano a Peter Thiel, que también puso dinero y defendió algunas de estas ideas.

¿La neorreacción se ha hecho fuerte en Estados Unidos, pero ideológicamente tiene sus raíces en Europa? 

Las ideas circulan. Si tomamos la historia del libertarismo, vemos que proviene inicialmente del liberalismo europeo. Y las extremas derechas europeas han recibido mucho de la estadounidense de los años 2000 y 2010. En este caso, es cierto que no se trata de una ideología puramente de Estados Unidos. De hecho, uno de los personajes principales de esta constelación es Nick Land, que es un británico formado en el pensamiento de izquierda europeo. Sin embargo, la apropiación estadounidense del conjunto de estas corrientes tiene una identidad propia bastante local. 

¿Y representa una mutación del pensamiento capitalista más que una reacción a las políticas progresistas?

Es una mutación del pensamiento capitalista, pero con una precisión. Sus raíces están en un pensamiento que es liberal, pero hay un desvío hacia la defensa de un capitalismo antiliberal, que ya no busca la competencia, sino la conquista y la predación.

Cada vez más a menudo, los medios muestran alguna situación que deja de ser distópica para convertirse en noticia. ¿Cuánto hay de real o factible en los escenarios que plantea la neoreacción?

Evidentemente, no hay que tomar las fantasías de los autores por profecías o cosas que efectivamente van a ocurrir. Sin embargo, hay algo que algunos historiadores del capitalismo, como Quinn Slobodian, han puesto de manifiesto: han observado esta transformación desde principios de siglo del capitalismo liberal y la globalización comercial hacia un capitalismo antiliberal que llaman 'capitalismo de la finitud', que teme la reducción de recursos —ya sea por limitaciones ecológicas o por la necesidad de alimentar la revolución digital—.

A este capitalismo ya no le interesan los intercambios comerciales y la globalización, sino la predación. Y la forma política que le corresponde a esta fase ya no es el orden internacional o la democracia liberal, sino formas imperialistas neorreaccionarias. 

En la introducción señala que el objetivo del libro es entender y no juzgar. ¿Por qué es crucial mantener esta distancia analítica?

En primer lugar, porque soy ante todo un investigador, y el rol del investigador es describir. En segundo lugar, si se quiere desmontar la fuerza de estas ideas, creo que hay un interés estratégico en no desarrollar simplemente un discurso crítico y militante.

Algunos escritos muy comprometidos en la lucha contra estas ideas tienden a fortalecer los nexos entre todos los grupos ideológicos de derecha y extrema derecha, y a confundir a los grupos conservadores que no están necesariamente en contra de la democracia. Creo que es muy importante mostrar que existen diferencias y contradicciones, para no empujar a algunos de estos conservadores a los brazos de los reaccionarios. 

Hoy en el trumpismo hay tres pilares: el nacional-populista, el postliberal y la derecha tech neorreaccionaria. Hay profundas incompatibilidades entre ellos, pero la alianza se sostiene porque Trump nunca hace elecciones ideológicas tajantes

Y tal vez una última cosa: creo que hay que confiar en el lector. Si se describen de manera honesta estas ideas, no creo que tengan una fuerza de convicción en sí mismas; al contrario, creo que la mayoría de la gente se da cuenta de su radicalidad y a veces de su absurdidad, y el hecho de que puedan hacer su propio juicio me parece mucho más fuerte que imponer mi palabra de forma subjetiva.

El aceleracionismo que defiende Nick Land sostiene que la tecnología y las dinámicas del capitalismo deben acelerarse e intensificarse hasta acabar con el sistema actual. ¿Cómo analiza los debates de estas semanas sobre los peligros de la Inteligencia Artificial en relación con el aceleracionismo de Land?

Creo que estos debates que animan los grandes actores de Silicon Valley e incluso el gobierno estadounidense en estos días deben ser tomados con mucha prudencia, incluso por parte de aquellos que dicen que hay que limitar la inteligencia artificial. Porque todos estos discursos, incluso los que se presentan como humanistas o críticos del aceleracionismo, participan en realidad en la creación de un relato que presenta a la inteligencia artificial como el sujeto y actor principal.

Por ejemplo, cuando Estados Unidos limita el uso del último modelo de Claude, es también una manera de construir un relato según el cual el modelo estadounidense está por delante del resto del mundo; es geopolítica.

¿Cómo ha evolucionado el marco intelectual del trumpismo en este segundo mandato? ¿Pueden las tensiones ideológicas internas complicar las elecciones de mitad de mandato?

La primera campaña de Trump estaba enteramente fundada en una estrategia nacional-populista forjada por Steve Bannon, quien adaptó un discurso proveniente del supremacismo blanco de Richard Spencer, el creador de la expresión 'alt-right'. 

La base del nacional-populismo es oponer un pueblo sano (la América blanca) a una élite democrática corrupta y a un pueblo extranjero que amenaza con reemplazar al pueblo sano. Esta retórica fue una máquina electoral fantástica para Trump, pero el problema de la alt-right es que no va mucho más lejos que una retórica y no logró estructurar ideológicamente el primer mandato.

Lo nuevo en esta década es el surgimiento de lo que podríamos llamar un 'iliberalismo tecnológico', una voluntad real de transformar los regímenes desde dentro en alianza con grandes figuras de la tecnología

Steve Bannon fue apartado muy pronto y hubo una especie de retorno de los conservadores más clásicos, lo que dio un primer mandato muy difuso. Durante ese primer Gobierno, grupos como la Heritage Foundation trabajaron para repensar un marco ideológico claro que no fuera ni el nacional-populismo ni el conservadurismo clásico. La neorreacción fue una de las herramientas, junto con el postliberalismo. Estos dos elementos ideológicos han llegado al poder en 2024 con JD Vance, porque él es a la vez el producto de Silicon Valley (Peter Thiel financió su carrera) y se declara cercano a intelectuales postliberales.

Hoy en la composición del campamento trumpista hay tres pilares: el nacional-populista, el postliberal y la derecha tech neorreaccionaria. Hay profundas incompatibilidades entre ellos, pero la alianza se sostiene porque Trump nunca hace elecciones ideológicas tajantes y es percibido como una figura no ideológica que abre la vía, haciendo que cada pilar sienta que se beneficiará.

¿Cómo funciona la interacción con otras extremas derechas tan diferentes como la libertaria de Javier Milei en Argentina o neoconservadora de José Antonio Kast en Chile?

Es una pregunta apasionante y abierta. Lo que observo es una circulación ideológica entre estas corrientes, en particular de la versión neorreaccionaria. El entorno de Kast en Santiago está claramente cercano a estas ideas e incluso ha reclutado a blogueros de inspiración neorreaccionaria; y en Milei también encontramos la dimensión populista.

Cada vez que existe la promesa de un cambio de régimen o una revolución posible, las alianzas heterogéneas se mantienen con mayor facilidad porque comparten ese horizonte

Esta aparente contradicción entre lo elitista y lo populista ya existía en movimientos fascistas del pasado. Lo nuevo en esta década es el surgimiento de lo que podríamos llamar un 'iliberalismo tecnológico', una voluntad real de transformar los regímenes desde dentro. Esto se ve en el intento de aliarse con grandes figuras industriales y de la tecnología. Y cada vez que existe la promesa de un cambio de régimen o una revolución posible, las alianzas heterogéneas se mantienen con mayor facilidad porque comparten ese horizonte.

¿Qué estrategias pueden desarrollarse desde los sectores democráticos para responder a esta amenaza neorreaccionaria?

En primer lugar, se requiere un trabajo de crítica del discurso, para no ignorarlo pero también para despojarlo de su eficacia política. Por ejemplo, la idea de la ineficacia de la democracia frente a la forma imperialista debe ser constantemente cuestionada y criticada, porque aceptarla es ya aceptar el marco ideológico antidemocrático.

En segundo lugar, desde un punto de vista estratégico, es esencial rechazar la posición en la que estos discursos colocan a los demócratas. Ha habido un vuelco: los demócratas han quedado en la posición de los conservadores, apegados a ideas de la Ilustración consideradas 'superadas', mientras los reaccionarios han tomado posesión de la imaginación del futuro. El desafío es cómo responder a estos discursos futuristas teniendo en cuenta las restricciones ecológicas. 

Por último, hay un elemento muy material: la cuestión de la soberanía. Tener un contradiscurso requiere tener capacidades materiales y tecnológicas propias para presentarse como una alternativa real y reducir las dependencias infraestructurales.

“Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen tendría casa”. La frase difundida por las redes sociales de Vox tiene el mérito de resumir en pocas palabras la posición de la ultraderecha sobre el problema de la vivienda: señalar a las personas de origen migrante como culpables y extender el bulo de que tienen prioridad en la concesión de ayudas sociales. ¿Qué solución sale de la chistera? Las deportaciones masivas, sostenidas en unas cuentas de servilleta: menos población supone menos demanda; asunto resuelto. 

“La posición de Vox no es excepcional, sino que se enmarca dentro de la estrategia de las extremas derechas sobre este tema: palabras vacías y ninguna política pública concreta”, resume el historiador Steven Forti. De hecho, en una semana en la que el debate ha estado centrado en propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, el discurso de los de Abascal no ha incorporado medidas específicas, sino que se ha limitado simplemente a insistir en el problema y, si acaso, apuntar sin argumentos sólidos a los supuestos responsables: extranjeros “que llegan masivamente” y “se ponen a la cola para ser potenciales inquilinos”.

“Es pura retórica”, insiste Forti. Porque esta preocupación por el tema no se traduce en acciones de Gobierno cuando llegan al poder. Y pone el ejemplo de Giorgia Meloni, cuyo Plan de Vivienda ha consistido en facilitar los desahucios y las sanciones a los inquilinos. “Al final lo que está en sus programas son las clásicas políticas liberales de la derecha no extrema”, remata el experto en historia de los fascismos. 

“La entrada en España de tres millones de extranjeros en los últimos cinco años, combinada con la drástica reducción de vivienda disponible, ha conducido a una subida de precios de un 30% en alquiler”, afirmaba sin justificar el origen de los datos el último documento de Vox en el que se abordaba el tema, de 2025.

Hecho el diagnóstico, prescrito el tratamiento: expulsiones de millones de personas y “derogación de todas las medidas intervencionistas en el mercado de alquileres”, además de “política de mano dura con la okupación y la inquiocupación”, lo que supuestamente pondrá más pisos en el mercado.

Desde la crisis política abierta por el desahucio de Maricarmen, Vox no ha hablado una sola vez sobre los fondos buitre, la turistificación del mercado de la vivienda o la responsabilidad de las administraciones municipales y autonómicas (en cuyos Gobiernos ya participan) en el impulso de un parque público. Ni tan siquiera ha mencionado la propuesta de “créditos blandos a parejas jóvenes” para la compra de pisos que incluían en su documento y que figura en el decreto contra el que votaron en el Congreso.

Cuanto peor, mejor

La teoría del ‘cuanto peor, mejor’ es ya ADN de las extremas derechas, independientemente de las especificidades locales. Agitar el descontento de los ciudadanos, sobre todo de los menos favorecidos, les resulta rentable desde el punto de vista político, sobre todo cuando no se está en el Gobierno. La cuestión no es ofrecer soluciones, sino dirigir, con discursos incendiarios, esa frustración contra los supuestos culpables, llámense medidas ecológicas, agenda woke o migrantes, siempre en el centro de la diana. 

Su lente mezcla la xenofobia con el ultranacionalismo y disfraza de alternativa una postura que en realidad genera exclusión y marginación

Franco delle Donne — investigador, autor de 'Epidemia ultra'

“La visión de la ultraderecha sobre cualquier discusión de corte social es en el fondo nativista”, analiza Franco delle Donne, fundador del proyecto transmedia de divulgación Epidemia Ultra. “Utilizan una lente que mezcla la xenofobia con el ultranacionalismo y que disfraza de alternativa una postura que en realidad genera exclusión y marginación”, explica el también investigador en el Werkstatt für Sozialforschung de Berlín.

Convertir a los migrantes y refugiados en el chivo expiatorio de la escasez de viviendas dignas y de su exorbitante precio ha marcado las campañas del Partido de la Libertad en Países Bajos, AfD en Alemania, Fratelli d’Italia o Chega en Portugal. Siempre el mismo patrón, independientemente de las características propias de cada país.

Esta treta discursiva oculta una realidad evidente en los datos: las personas de origen migrante, en una situación de mayor precariedad e inseguridad laboral, son las que más sufren la crisis de la vivienda, porque su situación los deja más expuestos a abusos como precios excesivos, subarrendamientos o alquileres sin contrato.

El discurso puede ser todo lo demagógico que quieran, pero lo que defiende la ultraderecha es el recorte del gasto público. Sus propuestas sociales harían sonrojar a las de la austeridad de Mariano Rajoy

Steven Forti — historiador experto en extremas derechas

En España, los votantes de Vox son los que tienen una mirada más pesimista sobre el tema de la vivienda. De acuerdo con la última encuesta del CIS, el 80% de ellos cree que el acceso a la primera vivienda empeorará en los próximos años. Es el porcentaje más alto de la tabla, y supera en más de 10 puntos la media, de 67,2%. 

Algo parecido sucede con la percepción del gasto social. Ante la pregunta de si la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, la respuesta de quienes han votado a Vox en las últimas elecciones es elocuente. Casi un 35% responde “nada”, frente a una media del 12%. 

‘Remigración’ y nativismo selectivo

“Por culpa de tus políticas de fronteras abiertas, los españoles no tienen casa en la que emanciparse o formar una familia”, increpó Santiago Abascal al presidente Pedro Sánchez en un post de X. La portavoz de la formación ultra en el Congreso, Pepa Millán, habló abiertamente de remigración, el eufemismo con el que defienden las deportaciones masivas, independientemente del estatus legal de los migrantes. 

De hecho, la diputada Rocío De Meer defendió hace unos meses, en su discurso en la cumbre supremacista Remigration Sumit 26, que se debía expulsar a todos los migrantes que hicieran uso de los servicios sociales. 

La competencia por recursos –vivienda, ayudas– es el combustible que alimenta el nativismo y el supremacismo. Echar a millones de migrantes es el paso siguiente (y complementario) de la llamada “prioridad nacional” que defiende Vox, aunque tampoco sea una idea de su propia cosecha. 

“La extrema derecha hace una distinción entre quiénes merecen las ayudas del Estado, o simplemente quiénes pueden ser sujetos de derechos, que son los que han nacido en el sitio –preferentemente, blancos y católicos– y los que no, a los que se señala como culpables de perjudicar a los 'nacionales'”, desarrolla Delle Donne. 

¿Pero qué pasa cuando hay que salir a buscar votos entre las personas de origen migrante? Pues que las categorías binarias encuentran sus grises. Franco delle Donne menciona el ejemplo de las recientes elecciones municipales en Berlín. Allí, el discurso radical que aupó a AfD en los comicios de Sajonia-Anhalt incorporaba frases susceptibles de ser interpretadas en más de un sentido, como cuando se hablaba de que la vivienda fuera solo para la “gente local”. Ante la petición de concreciones, el candidato aclaró que no hacían distinciones entre migrantes y no migrantes, sino que con 'locales' se referían a personas que llevan mucho tiempo en el lugar.  

“Ante una vivienda, el español siempre primero”, señala el documento de Vox. Sin embargo, más adelante propone “situar el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en España como principales criterios de asignación de viviendas”. Es parte del discurso de Carlos Hernández Quero, la figura del partido que busca seducir votantes en los barrios obreros de Madrid.  

Otra vez, la retórica es una, y la propuesta política, algo muy diferente. Los partidos de la ultraderecha defienden soluciones económicas de corte ultraliberal, en las que mandan el mercado y sus intereses. “Algunos, como Alianza Catalana, al punto de llenar sus listas electorales de empresarios del sector inmobiliario”, apunta Steven Forti. “El discurso puede ser todo lo demagógico que quieran, pero lo que defiende la ultraderecha es el recorte del gasto público. Sus propuestas sociales harían sonrojar a las de la austeridad de Mariano Rajoy”, remacha.

María O’Donnell se encontró en 2014 con detalles inéditos del secuestro por el que se pagaron 60 millones de dólares de 1974, más de 400 millones actuales, el rescate más grande de la historia. Ese día empezó a gestarse un libro que al año siguiente vería la luz y se convertiría en bestseller, y también una curiosidad obsesiva alrededor del grupo guerrillero responsable del rapto de los empresarios Jorge y Juan Born, y uno de los grandes protagonistas de la convulsa década de los 70 en Argentina.  

O’Donnell, una de las periodistas más reconocidas de su país, conduce cada día un programa informativo en la radio desde las seis de la mañana. Pero los madrugones no le han impedido investigar y escribir otros tres libros relacionados con la que fue la guerrilla urbana más poderosa de América latina, clave en el regreso de Juan Domingo Perón, exiliado en Madrid, luego perseguida por el propio peronismo y más tarde aplastada por la dictadura de Jorge Rafael Videla. 

O’Donnell ha estado de visita en Madrid y Barcelona para presentar el último título de la saga, Montoneros, una historia visual (Ed. Planeta, de momento solo en ebook en España), parte retrato de época y a la vez biografía de un movimiento que salta a las primeras planas de los periódicos en 1970 con un asesinato impensable: el del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, artífice de la represión contra la resistencia peronista. Después vendría una época de auge que sumó a sus filas y consiguió el apoyo de miles de jóvenes que soñaban con cambiar el mundo por uno más justo, una militarización feroz y el aniquilamiento por parte del aparato represor militar. Todo en apenas una década. 

Consciente de la forma en la que esta especie de “manual de escuela” sobre uno de los capítulos más turbulentos y divisivos de la historia argentina dialoga con el presente, O’Donnell habla en esta entrevista sobre la situación de su país, la importancia de la memoria, Javier Milei y los peligros de la polarización. 

La introducción del libro, del periodista Ernesto Tenembaum, sostiene que “para una persona democrática, es un riesgo contar lo que ocurrió antes de marzo de 1976 [fecha del golpe de Estado]” en Argentina. ¿Por qué? ¿Y qué la llevó a asumir ese riesgo?

Creo que un debate informado coopera para que las cosas no se discutan en el aire y de manera manipulada. Hubo un tiempo en que una generación de jóvenes en Argentina creyó que tomar las armas era una opción legítima para conseguir un mundo mejor. Salió todo muy mal y eso generó mucho drama. Traigo ese tiempo y ese contexto con la esperanza de generar herramientas para una discusión más seria, menos fundada en emociones fáciles.

Esto último no es fácil, y menos en el momento de enorme polarización que vive Argentina. ¿Qué papel juega la historia de los años 70 en la discusión política? 

Argentina hizo un trabajo muy profundo, no solo en materia de memoria, sino de castigo efectivo. El Juicio a las Juntas en 1985 estableció jurídicamente que en el país existió un terrorismo de Estado, caracterizado por el funcionamiento de centros clandestinos de detención, torturas y apropiación de niños. El argumento que reaparece con el Gobierno de Javier Milei es que existen “dos verdades”, y equipara los crímenes horrorosos cometidos por las guerrillas con los del Estado, un argumento con el que se justifica lo que hizo la dictadura de Videla.

Aunque es innegable que la guerrilla cometió delitos gravísimos, los procesos judiciales hicieron una distinción acabadamente documentada cuando señalaron a las Juntas Militares por crímenes de lesa humanidad: dictaminó que al haber sido cometidos por el propio Estado, utilizando su aparato represivo, esos delitos poseen un estatus jurídico completamente distinto, y que la represión a las organizaciones armadas debía haberse hecho estrictamente con la ley en la mano.

El libro precisamente señala que el terrorismo de Estado del Gobierno militar se extendió más allá de la 'lucha' contra la guerrilla. 

La historia demuestra que la represión militar fue mucho más allá de la cúpula o de los integrantes armados. Para comienzos de 1977, a un año del golpe de marzo de 1976, el propio Videla afirmaba que las guerrillas estaban aniquiladas. Sin embargo, la dictadura se extendió hasta 1983. 

En el marco de la Guerra Fría y bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos, el objetivo real fue el disciplinamiento generalizado de la sociedad civil, persiguiendo al pensamiento disidente, a los sectores intelectuales y a la juventud movilizada. Para ello emplearon el método del “desaparecido”, una herramienta atroz con la que el terror se multiplicaba. 

La clave distintiva de Montoneros fue su inserción directa en un movimiento de masas como el peronismo

¿Qué es lo que le resultó tan apasionante de la historia de Montoneros?

El furor y la incandescencia. Es muy difícil que los procesos políticos ocurran de manera tan extraordinaria en tan poco tiempo. Perón se pasa casi 20 años acá en España, pero irrumpe una guerrilla que lo lleva de vuelta a Argentina en el 72-73. Inmediatamente, estos jóvenes se enfrentan con Perón, que era una especie de abuelo enfermo con el que no se entendían. Y de pronto muere Perón, Montoneros vuelve a las armas, llega un año 75 muy violento y, enseguida, el golpe del 76. 

Montoneros fue una de las tantas guerrillas que operaron en América Latina en esa época. ¿Qué hizo de ella un caso tan particular, qué la convirtió en la más poderosa de la región? 

La clave distintiva de Montoneros fue su inserción directa en un movimiento de masas como el peronismo. A diferencia de las guerrillas de izquierda en Latinoamérica, Montoneros surge con una impronta muy particular: una juventud católica y popular que exigía el retorno de Juan Domingo Perón. Ninguna otra guerrilla latinoamericana contaba con un líder popular de semejante magnitud en el exilio. 

Esa identidad peronista le permitió a Montoneros sacar a dos millones de personas a la calle, cosa que no pasó con ninguna otra guerrilla. Además, en las primeras elecciones con el peronismo no proscrito (pero sin Perón), las que llevaron a Héctor J. Cámpora al poder, ellos pusieron candidatos en todos lados. Muy pocas guerrillas participaron en el juego democrático, al menos de esa manera. 

Montoneros fue un movimiento, una organización político militar que cuando tuvo más presencia política fue muy popular y tras la muerte de Perón, sobre todo a partir de 1975, sufrió una acelerada militarización y un repliegue violento que la desconectó totalmente de la realidad social

Después de cuatro libros sobre Montoneros, ¿cómo los definiría? ¿Eran idealistas, ingenuos, revolucionarios, criminales? 

Diría que depende del momento, porque tuvo muchas etapas, y diría también que no todos fueron montoneros de la misma manera. Fue un movimiento, una organización político militar que cuando tuvo más presencia política fue muy popular y tras la muerte de Perón, sobre todo a partir de 1975, sufrió una acelerada militarización y un repliegue violento que la desconectó totalmente de la realidad social. Por eso creo que es difícil mirar a Montoneros en un único momento.

En ese derrotero de militarización y desconexión resulta central la figura de su líder, Mario Firmenich, que vive aquí en España. 

El libro plantea varias cuestiones sobre el liderazgo y las decisiones de Firmenich. Montoneros tuvo muy mala fortuna con un líder que aún hoy no muestra empatía alguna con la muerte de los propios compañeros, que se fue al exilio en el peor momento y ha sobrevivido a todo, pero no ha hecho una verdadera autocrítica. Yo creo que entre los exintegrantes hay como un cierto cuidado con criticarlo. Esta asociación casi indivisible entre la figura de Firmenich y la totalidad de la experiencia militante complica el debate honesto sobre el fracaso de una organización en la que la mayoría de los miembros terminaron siendo asesinados.

Gracias al abundante material gráfico y el diseño de Fernando Rapa, el libro funciona como una especie de manual escolar que relata una historia desconocida para las generaciones más jóvenes, pero que otras vivieron en primera persona. ¿Cuál es la aportación que hace el libro para ellos? 

El valor fundamental del libro radica en ofrecer una visión de conjunto que jerarquiza los hechos y recupera el contexto social de la época. Frente a la inmediatez de la era digital y la inteligencia artificial, donde la información se fragmenta y sintetiza automáticamente, funciona como un ejercicio enciclopédico clásico que permite al lector llevar el hilo de la historia y sacar sus propias conclusiones. La inclusión de recuadros documentales, fotografías de época, portadas de diarios y la recuperación de la estética pop y de movilización de los años 70 —con diseños que recuerdan las serigrafías estilo Andy Warhol de las tapas de discos de discursos de Perón— ayudan a reconstruir el clima social de ese momento. Tanto para los docentes en las aulas como para los contemporáneos que vivieron esos años y buscan ordenar sus recuerdos, el formato impreso estructurado devuelve una perspectiva integral de la historia.

Mencionaba antes la guerra de Malvinas como el epílogo de la dictadura de Videla. ¿Cómo analiza el giro radical que el Gobierno de Javier Milei ha hecho en su posición sobre este tema? 

Hay un componente claro de oportunidad política e intereses estratégicos convergentes. La aparición de una bandera en el Mundial de Fútbol reavivó esa reivindicación, y a eso se sumó el enojo de Donald Trump con Inglaterra por la falta de apoyo en el ataque a Irán. Esto ha generado un escenario insólito donde la histórica posición británica –los isleños quieren ser ingleses, y aunque la ONU me lo diga no voy a negociar nada– pierde el respaldo automático de Estados Unidos.

El presidente utiliza las redes sociales para canalizar su ira e intolerancia a la crítica mediante agresiones verbales explícitas

Y hay nuevos componentes de intereses económicos. 

Los cerca de 3.000 isleños de Malvinas gozan de un PIB per cápita sumamente alto gracias a la venta de licencias de pesca, y ahora impulsan un proyecto de exploración petrolera encabezado por un consorcio anglo-israelí. Frente a este escenario, Milei amenaza con vetar a esas empresas de otros megayacimientos como el de Vaca Muerta, y con negarles soporte logístico en el continente, porque las islas están muy lejos de todo. 

En todo caso, sí, es cierto que Milei pasó de declararse admirador de Margaret Thatcher [la primera ministra británica en el momento de la guerra] y estar muy poco conectado con el nacionalismo a aprovechar este momento reivindicativo: es oportunidad con oportunismo, las dos cosas.

¿Cómo vivió los ataques personales que sufrió por parte del presidente Javier Milei y su entorno? 

El presidente utiliza las redes sociales para canalizar su ira e intolerancia a la crítica mediante agresiones verbales explícitas. Ha calificado de forma recurrente a periodistas y opositores con términos como “sorete”, “mierda mal cagada”, “ensobrado” o “mandril”. Como periodista, el desafío es utilizar esa información para comprender hacia dónde se dirige el enojo presidencial sin caer en la normalización de la violencia ni reaccionar desde lo personal. No es normal que el jefe de Estado utilice un lenguaje descalificador e impropio de cualquier ámbito institucional. En una escuela, un centro de trabajo o una universidad, el maltrato y las burlas por el aspecto físico están sancionados porque constituyen bullying. Que el presidente lo ejerza vulnera las normas básicas de convivencia democrática.

Benjamín Netanyahu se parapetó en el atril de orador mientras la sala de la Organización de Naciones Unidas se iba quedando casi vacía. Mientras la mayoría de las delegaciones —incluida la española— dejaban el recinto, el primer ministro israelí les retó: “Si hay otros cobardes morales que todavía no se han retirado de la sala, por favor retírense ahora”. Entre la escasa audiencia a su discurso duro y amenazante destacaban Estados Unidos y Argentina, el eje norte-sur de un continente cada vez más dominado por la ultraderecha. 

Para Israel, el viraje político latinoamericano —que elección tras elección ha ido sumando gobiernos de derecha y extrema derecha alineados con las posiciones de la Administración de Donald Trump— supone una oportunidad de obtener nuevos apoyos, en un momento en el que algunos de sus aliados tradicionales se están distanciando y adoptando medidas de castigo por la ocupación de Cisjordania y la violencia de los colonos judíos contra los palestinos en ese territorio.

Aparte de los países europeos que han adoptado posiciones críticas por el genocidio en Gaza, encabezados por España, otros han anunciado sanciones contra algunos ministros radicales o colonos violentos, así como el veto a los productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes. Los últimos en hacerlo han sido Reino Unido, Francia y Canadá, a principios de septiembre. Israel no sólo necesita nuevos amigos, también nuevos mercados ante un futuro aislamiento comercial, aunque su economía tardará mucho en resentirse mientras las sanciones no afecten a su industria armamentística y tecnológica.

Frente a la potentísima imagen de la Asamblea General semivacía y las protestas fuera del edificio —en las que se detuvo a la actriz Susan Sarandon—, la diplomacia israelí se dedicó a buscar el apoyo de varios Gobiernos latinoamericanos. Aunque el Ejecutivo israelí aseguró que el primer ministro había tenido muchas peticiones de reuniones, justificó que finalmente se agendaran solo unas pocas por la brevedad de su visita (estuvo unas escasas seis horas en Nueva York). No es casualidad que la mayoría de esas contadas reuniones fueran con representantes de países de la región.

Una agenda muy apretada

“El viaje de Netanyahu no fue un éxito, ningún líder occidental quiso reunirse con él ni tuvo un encuentro con la comunidad judía” de EEUU, afirma a elDiario.es Ilana Shpaizman, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad israelí de Bar-Ilan. “La mayor parte de la comunidad internacional lo boicotea. Esto demuestra la posición tan baja a la que ha caído Israel y Netanyahu es responsable de esta posición”, señala la politóloga. Una tesis que comparte el periódico israelí Haaretz, que también destaca que el primer ministro no se reunió con ningún representante de la Administración Trump durante su visita relámpago a EEUU.

Por supuesto, se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, el principal aliado del Gobierno israelí en la zona. El libertario ha viajado tres veces a Israel en los últimos tres años y ha firmado con Netanyahu los llamados Acuerdos de Isaac, un marco de cooperación en seguridad y tecnología inspirado en los Acuerdos de Abraham y abierto a “naciones afines” de Latinoamérica. En su reunión del jueves en Nueva York, ambos líderes abordaron “la cooperación continua entre sus países y el giro estratégico positivo para Israel que se está produciendo en América Latina”, según la oficina del primer ministro.

Netanyahu dedicó alabanzas a su principal socio y amigo, asegurando que es “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”. “No te importa nada. Defiendes la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esa herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie la expresa mejor que tú”, le dijo el primer ministro al presidente argentino. Ambos se abrazaron calurosamente y Milei redobló el piropo colocándolo entre “los mayores líderes de toda la historia del mundo”.

El resto de la “apretada agenda” del primer ministro israelí incluyó un encuentro conjunto con el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino y el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. En esa reunión, Netanyahu subrayó la importancia de una cooperación más estrecha con los países latinoamericanos, a los que calificó de “socios clave” —según el periódico The Jerusalem Post— frente a Irán y a los grupos que cuentan con el respaldo de Teherán, como el chií libanés Hizbulá, cuyas redes “continúan amenazando a países de todo el continente”.

Por último, Netanyahu se reunió con representantes de Etiopía, Grecia, Papúa Nueva Guinea y Eslovenia, cuyo nuevo Gobierno levantó en junio el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada al primer ministro israelí, contra quien existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional desde 2024.

“Con el Gobierno de Netanyahu, el aislamiento internacional de Israel es cada vez más claro y profundo. El acercamiento a los países de América latina es una forma de mostrar de puertas para dentro que no está del todo solo”, explica a elDiario.es Daniel Filc, analista político y miembro de la dirección del movimiento de base israelí-palestino Standing Together. Filc agrega que, hasta el momento, los ciudadanos israelíes no están sintiendo en su día a día los efectos del aislamiento de los socios tradicionales de Israel (como la Unión Europea), sino que es más bien “simbólico”. Por ello, Netanyahu quiere mostrar, también de forma simbólica, que “Israel tiene amigos”.

Donald Trump está creando un bloque aliado en lo que él considera su patio trasero, y formar parte de este bloque supone unas ciertas posiciones económicas y también el apoyo a Israel

Ezequiel Kopel

El analista y activista político recuerda que los encuentros mantenidos en Nueva York tuvieron lugar a poco más de un mes de las elecciones generales en Israel, unos comicios en los que Netanyahu no se juega solo la reelección sino su futuro, ya que si perdiera la inmunidad podría acabar en la cárcel. “En este momento, lo que le importa a Netanyahu es el frente interno y no la política exterior”, dice Filc. Y desde el punto de vista de sus votantes, hay un elemento que puede resonar entre sus seguidores más convencidos: muchos Gobiernos latinoamericanos comparten con Israel “el discurso en contra de las ideas progresistas”. Filc concluye que, de cara al público israelí, Netanyahu puede presentar su aislamiento de la siguiente manera: “El problema no son las políticas de Israel, sino la cultura ‘woke’. Hay líderes latinoamericanos que sí nos apoyan”.

Cambio de ciclo (y de posición) 

“No recuerdo momento donde hubiera tantos países latinoamericanos apoyando a Israel”, reflexiona el periodista argentino Ezequiel Kopel. Autor del libro La disputa por el control de Medio Oriente, Kopel señala que en este alineamiento, Estados Unidos opera como figura central: “Donald Trump está creando un bloque aliado en lo que él considera su patio trasero, y formar parte de este bloque supone unas ciertas posiciones económicas y también el apoyo a Israel. Lo que hay que preguntarse es qué pasará si Trump desaparece o ve su posición debilitada”. 

Hace una década, Bolivia, Cuba y Venezuela no tenían relaciones diplomáticas con Israel. Y en la región prácticamente todos los países reconocen al Estado palestino. La mayoría –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala– lo hicieron entre 2008 y 2011, antes que muchas naciones europeas y por supuesto que España, cuyo reconocimiento no llegó hasta 2024. La última incorporación fue Colombia, en 2018, y México estaba en vías de hacerlo. Panamá es la excepción continental. 

Por eso el vuelco ideológico de la región es tan notable en relación con Israel y Palestina. Si el expresidente colombiano Gustavo Petro fue uno de los primeros mandatarios en llamar genocidio a la matanza de palestinos en Gaza, el cambio de tercio con el nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella no puede ser más acusado. Mientras el país removía los escombros del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó cientos de muertos, el presidente rompía el consenso internacional y reconocía la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios, que Israel ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexionó en los años ochenta.

“Para los líderes latinoamericanos, como Milei, Kast o el nuevo presidente de Colombia —no sé qué pasará con Fujimori en Perú— es una combinación de afinidad ideológica, ya que son Gobiernos de derecha radical y el Gobierno israelí también lo es; y también una forma de alinearse con Trump. Para estos Gobiernos es una forma de crear un eje alternativo al de la Unión Europea y, quizás, una apuesta por algún vínculo económico relacionado con la alta tecnología”, reflexiona Daniel Filc. 

El caso de José Antonio Kast es doblemente paradigmático, porque Chile acoge a la mayor diáspora palestina del mundo fuera de los países árabes. Con la llegada del ultraderechista al Palacio de La Moneda, y desafiando la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el país ha trasladado su embajada a Jerusalén (al igual que Paraguay, Honduras y Guatemala) y ha nombrado a un representante diplomático señalado como sionista, que ha cuestionado públicamente a la comunidad palestina chilena. 

El crecimiento de las iglesias evangélicas en Latinoamérica es otro de los elementos que explican el cambio de posición en muchos países. “La mayor parte no tienen un acercamiento con Israel, sino directamente una alineación irrestricta con sus posiciones, fundadas sobre todo en ciertas visiones religiosas y apocalípticas respecto a Oriente Medio”, explica Kopel. 

Para el analista, el peso de esta operación de acercamiento entre Israel y América latina no está motivado por lo económico, porque la región supone un porcentaje pequeño del volumen de negocio israelí. Tampoco en el caso de los países latinoamericanos, aunque pueda haber intereses en la adquisición de tecnología de seguridad israelí. 

Es más bien un combo de afinidades ideológicas —y posicionamiento religioso en el caso de los grupos evangelistas— y estrategia geopolítica. “Cuando Israel ve que su apoyo en el mundo está flaqueando como nunca, trata de buscarlo por otros cauces. Y aunque su poder sea relativo, la lista de países abulta”, resume Kopel.

Habían pasado apenas unas horas desde que el recuento electoral confirmara la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, cuando las redes sociales del Institute for Remigration publicaron un vídeo en el que un hombre de origen pakistaní aseguraba que, de ganar la extrema derecha, dejaría Magdeburg, la capital, para irse a otro territorio alemán. “Llamamos a esto 'remigración federal'”, aseguraba el tuit.

Y explicaba el siguiente paso: “Cuando AfD escale este efecto, el estado federado podría convertirse en un ejemplo y un faro de esperanza para el resto de Alemania”.

Sajonia-Anhalt es una de las regiones menos pobladas de Alemania. Solo dos de sus ciudades superan los 200.000 habitantes, y en total suman poco más de dos millones de personas. Tampoco sus cifras de migrantes son relevantes: rondan el 9%, por debajo de la media nacional de Alemania (15%) y lejos de la de los estados federados occidentales, donde fácilmente puede ser el doble.

Pero más allá de su tamaño o su peso político, la posibilidad de gobernar en Sajonia-Anhalt le regala a AfD algo más preciado: un laboratorio en el que aplicar sus radicales propuestas supremacistas, en las que no se trata de controlar los flujos migratorios, sino de 'limpiar' la sociedad de todos los elementos que no consideren auténticamente alemanes.

Porque la remigración que defienden forma parte de un movimiento más amplio, con un peso creciente en la extrema derecha europea, y que se basa en la teoría del Gran Reemplazo. Esta tesis conspiranoica sostiene que hay un plan para sustituir a la población blanca y católica por otra migrante (sobre todo musulmana), y borrar así la esencia y las raíces europeas.

Para evitarlo, no solo proponen impedir la concesión de nuevos permisos o asilos, sino revisar la situación de los que ya están viviendo en el territorio, e incluso “incentivar” su regreso a los países de origen, aun cuando se trate de segundas o terceras generaciones. Remigración es un eufemismo para deportaciones masivas. Uno que se vende mejor en redes y causa menos rechazo.

El escaparate

“Sajonia-Anhalt podría convertirse en un modelo de remigración. Como un laboratorio político en el que se haga visible qué posibilidades posee realmente un solo estado federado”, señala otra publicación del Institute for Remigration. “A ello se suma el 'efecto escaparate': Un gobierno estatal exitoso podría demostrar prácticamente que una política migratoria alternativa dentro del orden estatal existente es en realidad posible. Eso sería relevante no solo para Alemania, sino para toda Europa”, añade.

AfD es uno de los partidos con importante representación parlamentaria que están metidos de lleno en la defensa de un plan europeo de remigración. Varios de sus representantes participaron del último Remmigration Summit en Portugal. El otro gran partido político presente era español: Vox.

Rocío de Meer, portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox se subió en octubre al escenario en Foz da Figueira para defender la expulsión de los migrantes “que utilicen los servicios sociales, porque están colapsados”.

También lo hizo la diputada y portavoz de AfD en el Parlamento Regional de Brandeburgo, Lena Kotré, asegurando que su partido se encargaría de sacar del país a todos los que no tuvieran derecho a estar en él.

¿Y cómo se decide quién tiene derecho? Bueno, el Institute for Remmigration ha elaborado un documento de medio centenar de páginas en el que explica punto por punto cómo poner en funcionamiento el laboratorio de Sajonia-Anhalt.

El plan

Como primer paso, sugiere crear una Oficina de Remigración que coordine y centralice la “aclaración de identidades”, la obtención de pasaportes y la “ejecución de expulsiones”. Además, como medida urgente propone evaluar y suspender cualquier fondo o programa de integración “que desincentive el retorno”. A cambio, se financiarían programas para preparar a los menores nacidos en Alemania para “reinsertarse en sus países de origen”. Esto es, en el país de sus antepasados. Por ejemplo, estudiarían el idioma o la geografía de esos lugares en los que vivieron sus padres, sus abuelos e incluso sus bisabuelos, para después ser expulsados.

A ello se suman las medidas de “presión de asimilación” mediante la Leitkultur (cultura de referencia), con las que se busca primar las tradiciones locales y “regular estrictamente” el uso de (otros) símbolos religiosos en el espacio público. Y una exhaustiva clasificación de los barrios según sus características sociales, que justifiquen medidas como “presencia policial masiva”, lucha contra la “economía informal” o que se priorice la asignación de viviendas de alquiler a personas “empleadas o con formación académica”.

No solo propone no conceder nuevos permisos o asilos, sino “revisar” y “fiscalizar” aquellos ya otorgados. El programa de AfD para Sajonia-Anhalt coincide en algunos puntos de manera casi textual con el documento publicado en agosto por el Institute for Remigration.

El origen y el futuro

La relación de AfD con los promotores de la remigración es muy estrecha. En la primera presentación del ideólogo del plan, el austriaco Martin Sellner, que se realizó en secreto en un hotel de Potsdam, Alemania, en 2023, había varios políticos del partido. Uno de los más destacados era Ulrich Siegmund, líder del grupo parlamentario en Sajonia-Anhalt y el gran triunfador de estas elecciones.

Las encuestas de opinión aseguran que la cuestión de la inmigración tuvo un papel secundario en las decisiones de voto el pasado domingo. Los análisis señalaban que las agresivas campañas contra los refugiados y los inmigrantes que son seña de identidad de AfD no parecen haber resultado decisivas en las elecciones, sino que pesaron más temas como la seguridad social, la paz en Europa o la política económica.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica sus ideas identitarias y su plan de discriminación institucional. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, aunque residan legalmente o incluso hayan nacido en el país

Sin embargo, este triunfo le da la posibilidad a AfD de meterse de lleno en su faceta de supremacismo blanco. “Nosotros somos más guapos, más listos y tenemos mejores ideas”, llegó a decir uno de los oradores del Remigration Summit 2026. “Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró Lena Kotré, que encabeza las encuestas para las próximas elecciones en Brandemburgo. De Meer, la representante de Vox, defendió que “España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana”, y que “recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica estas ideas identitarias y su plan de discriminación institucional por razones étnicas, culturales y religiosas. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, incluso cuando residan legalmente o hayan nacido en el país: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”, defienden. Y quieren que toda Europa les escuche.

Merz acusa a AfD de querer una “limpieza étnica”

Este miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, han librado un duelo en la Cámara Baja del Parlamento. En unos de los momentos más tensos del intercambio, el canciller ha acusado a AfD de querer poner en marcha una “limpieza étnica” en el país con su propuesta de “remigración” para expulsar a inmigrantes y demandantes de asilo de Alemania.

“El término 'remigración' no es más que un sinónimo de 'limpieza étnica' basada en el origen y el color de piel”, ha afirmado Merz, antes de recordar la importancia del los trabajadores inmigrantes en la economía germana. “Uno de cada seis trabajadores del sector artesanal tiene pasaporte extranjero. Si aquellos que trabajan en Alemania tuvieran que abandonar el país por la 'remigración', el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionar, ningún hospital del país podría funcionar”, ha expuesto el canciller.

En 2020, Santiago Abascal presentó en redes la Carta de Madrid, un manifiesto que introducía el concepto de “Iberosfera” y denunciaba que la región estaba “secuestrada” por “regímenes totalitarios de inspiración comunista”, bajo el paraguas del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Los primeros firmantes de aquella declaración de guerra cultural eran Javier Milei, José Antonio Kast y Eduardo Bolsonaro, hijo del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro y diputado.

Seis años más tarde, el V Encuentro Foro de Madrid fue inaugurado este jueves en Santiago de Chile por Milei y será clausurado por Kast, ambos convertidos en presidentes, cuando se cumplen seis meses del triunfo de la ultraderecha en las elecciones chilenas y a apenas un mes de los comicios en Brasil, en los que Flávio Bolsonaro (el hijo menor del expresidente encarcelado) se sitúa en una especie de empate técnico con Lula da Silva. De ahí que el evento se convirtiera en una exhibición de fuerza de la ultraderecha, que anuncia “una nueva era” en esa Iberoamérica que los ultras han ido conquistando elección tras elección.

Un Foro sin Abascal

Pero el gran impulsor del Foro, Santiago Abascal, no estuvo presente para sacar pecho de su iniciativa. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, disculpó su ausencia señalando directamente al presidente español, Pedro Sánchez, al que acusó de cambiar la fecha de la comparecencia en el Congreso de Sánchez en un “intento de torpedear” el Foro “e impedir que su voz se escuche”.

Garriga no dudó en llevar la crisis de Ceuta al escenario de Santiago. “No es una llegada irregular más, es una invasión”, aseguró entre aplausos en el discurso de bienvenida. Más tarde, Javier Milei volvería sobre el tema para hablar de cómo Sánchez está, según el mandatario argentino, “facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”. “Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos”, aseguró Milei, reivindicando la teoría conspirativa del Gran Reemplazo.

Las palabras más gruesas contra Sánchez llegarían poco después, también en boca de Milei: cuando decía que los políticos de izquierdas “solo quieren esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente”. “Y si no vean lo que hace Pedrito en España”, ejemplificó. Y fue más allá: “Está más sucio que una papa. Y bien que se ofendió, él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones. Bueno, parece que los hechos lo confirman”, soltó Milei.

En mayo de 2024, Pedro Sánchez le pidió a Milei que rectificara tras llamar “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez, en un acto de Vox. Su negativa acabó en incidente diplomático, con la retirada de la embajadora española en Buenos Aires durante poco más de cinco meses.

La ‘nueva era’ Latinoamericana

“Es una narrativa de éxito, y por supuesto estas redes buscan sacar partido de estos seis años y de cómo se han ido sucediendo las victorias en la región”, analiza Soledad Vallejo, autora del libro Los dueños de la libertad. Think tanks, dinero y batalla cultural: la estructura oculta del libertarismo en América Latina.

Para la periodista, es evidente que Milei intenta colocarse como un referente internacional, sobre todo porque sus índices de popularidad están bajando en Argentina. El libertario ha desplegado un discurso “versátil” que desborda su propia agenda para sintonizar con los pilares ideológicos de la extrema derecha internacional, sobre todo la europea. “Occidente está en peligro, pero poco a poco nos estamos despertando”, aseguró Milei, que presumió de deportaciones de migrantes irregulares, algo que no está en la conversación ni en las preocupaciones de la sociedad argentina, según el análisis de Vallejo.

La vicepresidenta hondureña, Diana Herrera, y representantes de la poderosa Fundación Heritage formaron parte de la programación del encuentro, en el que las principales voces de Vox fueron, además de Garriga, el diputado José María Figaredo –que recientemente ha hecho llamamientos a “cazar” inmigrantes en Ceuta, y el eurodiputado Hermann Tertsch.

El elefante Cerimedo

De lo que no se habló en el encuentro –al menos no ante los micrófonos– es del escándalo de la detención por intento de feminicidio de un viejo conocido de la ultraderecha latinoamericana: Fernando Cerimedo.

Diputados de la oposición en Chile, como Gonzalo Winter, han calificado públicamente al Foro Madrid como una “cumbre de clientes de Cerimedo”, debido a que el consultor ha diseñado las estrategias digitales, granjas de bots y campañas de desinformación de las principales figuras del foro, incluyendo a Milei, Kast y Jair Bolsonaro.

En todo caso, Chile se presenta como símbolo de la creciente fuerza de la ultraderecha en Latinoamérica, que se ha expandido desde el triunfo de Milei en 2021 a las recientes victorias de Kast y de Abelardo de la Espriella en Colombia. La agenda electoral de la región tiene otra fecha clave este año: el 4 de octubre se celebra la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, el gran país gobernado aún por la izquierda, además de México. Las encuestas más recientes dibujan un escenario complicado para Lula Da Silva, que partía como favorito para la reelección. La distancia con Flavio Bolsonaro se ha ido reduciendo hasta llegar a un empate que pone en jaque la hegemonía del oficialismo.

“Que toda la crítica de los acuerdos con Vox sea ordenar el acceso a las ayudas conforme al arraigo me deja muy tranquilo”, aseguró Alberto Núñez Feijóo sobre los pactos de Gobierno en Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía, a los que se sumó el de presupuestos en la Comunitat Valenciana. En todos ellos se consagra la 'prioridad nacional', un concepto que los de Santiago Abascal han logrado instalar como eje del debate político español y que han relanzado con la crisis de Ceuta.

Pero la prioridad nacional no es una ocurrencia de Vox: forma parte de la agenda de la ultraderecha internacional desde hace décadas, como otras de las cuestiones sobre las que giran la mayoría de las argumentaciones en el Parlamento, las declaraciones públicas, las opiniones vertidas en los medios de comunicación.

Desde la consideración del no nacido en la Comunidad de Madrid a la desregulación convertida en cartera de Gobierno en Extremadura, e incluso las insinuaciones preventivas de fraude electoral por parte de la oposición, la política local importa fórmulas de éxito ultra de Francia, Estados Unidos, Hungría o Argentina, en una especie de carrusel que, alimentado por la polémica, no hace más que girar sobre sí mismo y dejar fuera cualquier otro asunto.

“Si las palabras de la extrema derecha dominan el debate es también porque los contra-relatos democráticos son débiles, defensivos y, a menudo, meramente reactivos”, analiza el historiador y especialista en extrema derecha Steven Forti. La alianza –no solo política sino también discursiva– del Partido Popular con Vox y la incapacidad de la izquierda de sostener su propia agenda frente a la necesidad de reaccionar ante el extremismo, solo suma en la cuenta de la propia ultraderecha.

La prioridad nacional de Le Pen

En 1985, el Frente Nacional proponía separar los servicios sociales entre franceses y extranjeros. Jean-Marie Le Pen le ponía proyecto político al término “preferencia nacional” acuñado por Jean-Yves Le Gallou ese mismo año en un libro. El propio Le Pen publicó Los franceses primero (Les français d'abord), en el que abordaba la prevalencia de los ciudadanos de origen frente a los inmigrantes como respuesta a una supuesta “amenaza existencial” de la identidad francesa.

Tiempo después, su hija Marine impulsó una gran limpieza de la retórica racista más flagrante del partido para aumentar sus posibilidades electorales. Ni el propio Jean-Marie sobrevivió a la operación, pero sí lo hizo, curiosamente, la preferencia nacional, rebautizada prioridad nacional.

El Frente Nacional –ahora Agrupación Nacional– ha mantenido la prioridad nacional entre los pilares de su programa, y de cara a los comicios de 2027 la aborda no solo como un debate identitario, sino como una urgencia económica para “devolver su dinero a los franceses” en detrimento del gasto social destinado a la población extranjera. “No es más que primar el arraigo de las personas a la hora de acceder a los servicios públicos. Eso es lo que han hecho muchos gobiernos a lo largo de los años”, ha remachado esta semana el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. No es el caso de Francia, mal que le pese a Marine Le Pen. Sí hay ejemplos de endurecimiento de los requisitos para migrantes –no de prioridad como tal– en países como Hungría y Polonia o en la Italia de Giorgia Meloni.

Un paso más: remigración

El padre de la prioridad nacional, Le Gallou –que acabó recalando en la formación ultra Reconquista de Éric Zemmour–, ha publicado recientemente un libro que marca el siguiente escalón en la lógica de la Teoría del Gran Reemplazo –la idea de que hay un plan para sustituir a la población local europea por migrantes–. Remigración. Por la Europa de nuestros hijos propone la deportación masiva de población extranjera (o de otro origen étnico) para preservar la identidad europea.

La remigración es uno de los caballos de batalla de Vox. Aunque en estas negociaciones autonómicas se ha limitado a imponer la prioridad nacional, hace un año ya proponía la expulsión de España de ocho millones de personas de origen migrante.

Este mes de mayo, en el encuentro supremacista Resum26, en Oporto, la portavoz de Vox sobre Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, explicó los criterios con los que se deberían hacer esas deportaciones masivas: inmigrantes ilegales, quienes cometan un delito o quienes “hacen uso de los servicios sociales” porque “están colapsados”. Hace una semana, en una concentración ante la embajada de Marruecos por la crisis de Ceuta, el diputado de Vox Carlos H. Quero defendía que “otra España es posible”: “La de la repatriación, de la deportación, de la remigración y de la prioridad nacional”.

“Cuando normalizas el marco de la inmigración como amenaza, suele salir reforzado quien resulta más creíble defendiendo la mano dura, y ese espacio hoy lo ocupa Vox. Sus referentes no son la democracia cristiana europea, sino Trump o Bukele”, señala la politóloga Anna López Ortega, que hace hincapié en que el debate mismo tiene consecuencias. “La cuestión ya no es solo electoral; es que cambia quién consideramos que tiene derecho a formar parte de la comunidad política”, explica la autora de La extrema derecha en Europa.

Además, discutir conceptos que hasta hace no mucho podían parecer inaceptables sirve como velo a aquello que derecha y ultraderecha no quieren mostrar: “En la Comunitat Valenciana, este debate ha desviado la atención de una Ley de presupuestos donde se recorta 100.000 euros a sindicatos o a Cruz Roja y donde no se sabe si aumenta el presupuesto para plazas públicas en educación, sanidad o residencias”, detalla López Ortega.

La bandera del no nacido

A principios de este mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), aprobó su ley del concebido no nacido, que permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo” y que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar.

“Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, había asegurado Ayuso en la Asamblea semanas antes. Otra vez, no se trata de una ocurrencia de la presidenta madrileña, sino que forma parte de una estrategia internacional. Una que busca alternativas a la oposición frontal al aborto –que puede generar más rechazo– a través de propuestas en positivo: ayudas a las madres y la llamada fetal personhood (personalidad jurídica del feto).

Ya no se trata de la defensa legal del nascituru que le costó la carrera a Alberto Ruiz Gallardón, sino un nuevo marco jurídico vinculado a ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. Por ejemplo en Georgia (Estados Unidos) desde 2022 se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos, igual que en Utah. Este criterio está siendo estudiado por otra decena de territorios. En otros estados el hijo no nacido cuenta para acceder a asistencia social familiar.

Latidos antiabortistas

Mientras aprueba una ley que “no va en contra de nadie ni nada” y solo “colisiona con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, según el portavoz del Gobierno de Madrid, la comunidad es una de las que menos interrupciones de embarazos practica en el sistema público y se niega a realizar un censo de objetores al que está obligada por ley. El Ayuntamiento de la capital llegó incluso a aprobar a instancias de Vox un programa para informar a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto sin ningún aval científico. El alcalde José Luis Martínez Almeida, tuvo que dar marcha atrás.

Lo mismo ocurrió con la intención de Vox de obligar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo a escuchar los latidos del feto o una ecografía 4D. La propuesta saltó a los titulares en 2023 de la mano del entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que replicaba una medida aprobada en la Hungría de Viktor Orbán en 2022. Aquella alianza de Vox y PP acabó mal y este año el asunto se quedó fuera de los puntos de negociación. De momento, los latidos del feto solo determinan cuándo una familia de Madrid merece ser considerada numerosa o cuándo puede recibir ayudas, pero la batalla del latido sigue presente en la ultraderecha. Este mismo mes el partido del presidente chileno José Antonio Kast presentó un proyecto para impedir abortar a las mujeres que se nieguen a escuchar el latido fetal.

El bulo preventivo de fraude electoral

A finales de junio, cuando empezaba a plantearse como posibilidad una moción de censura o la convocatoria de elecciones, el PP empujado por Vox se entregó de lleno a alimentar el bulo de un supuesto fraude en ciernes. La teoría conspirativa iba más allá de lo habitual y señalaba una especie de “ingeniería electoral” por la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de las nacionalizaciones de los descendientes de españoles exiliados por la dictadura franquista, gracias a la Ley de Memoria Democrática.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo incluso una advertencia al cuerpo diplomático: “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo.

Sembrar dudas sobre los procesos democráticos es un básico del manual de la ultraderecha. En 2020 Donald Trump denunció que le habían robado las elecciones que perdió contra Joe Biden. Tan convencidos estaban muchos de sus seguidores que aquella acusación cuajó en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y lo curioso es que hoy lo siguen estando: según una encuesta, más del 60% continúa creyendo que hubo fraude. “El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave para la democracia estadounidense porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder”, señalaba el politólogo Pablo Berardi en una reciente entrevista.

Frente a unas elecciones de mitad de mandato que se presentan complejas para Trump, el magnate ha vuelto a la carga resucitando el supuesto fraude de 2020 y criticando un sistema electoral que pretende reformar. “Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima”, señalaba Berardi sobre este asunto.

La desregulación como forma de Gobierno

Una de las primeras medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un comité asesor externo enfocado en recortar el gasto público y eliminar normas regulatorias, que en sus primeros meses fue dirigido por el empresario Elon Musk.

Javier Milei, militante anarcocapitalista y libertario, y gran emulador de las políticas trumpistas, redobló la apuesta incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encargado de dar un marco jurídico a la acción de su motosierra. Ahora ese impulso ha tomado forma en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Aragón como una de las líneas maestras del pacto entre Vox y PP. La presidenta extremeña María Guardiola (PP) ha encargado a Vox una Consejería de Desregulación con categoría de vicepresidencia y que casualmente incluye también las carteras de Servicios Sociales y Familia. En Castilla y León, el acuerdo también incluye una vicepresidencia de Desregulación y Familia. En Andalucía, el vicepresidente segundo de Vox es el titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y en Aragón la vicepresidencia incorpora un Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Durante décadas, el capitalismo y el neoliberalismo han operado como sentido común dominante, naturalizando determinadas premisas: la primacía del mercado, la desconfianza hacia lo público, la reducción de derechos sociales a costes presupuestarios, la normalización de la desigualdad. La ola de ultraderecha ha llevado esos conceptos a un nuevo nivel: la demonización del gasto social y el desmontaje a conciencia del estado de las estructuras que sostienen el estado del bienestar. España ya no es una excepción.

Ignorar la emergencia climática

El PP se volvió a acercar al negacionismo climático, habitual en la extrema derecha nacional e internacional, durante la oleada de incendios de julio. Desde las filas populares pusieron en cuestión las explicaciones científicas que alertan de cómo la intensidad de los fuegos no ha parado de crecer en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana. “Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”, replicó, por ejemplo, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”, llegó a asegurar.

Un discurso que también tiene sus ecos en el exterior. En el caso de Estados Unidos, la lista es larga: Trump anunció la retirada de su país del Acuerdo de París en su primer día de mandato, como ya hiciera en su primera legislatura; se han eliminado más de 7.500 millones de dólares en subsidios destinados a proyectos de energía limpia; ha declarado la “emergencia energética nacional” para potenciar la producción de petróleo y gas; y ha defendido un mayor uso del carbón como “limpio y hermoso”.

Con una cuidada escenificación, Iván Rico se quita el pasamontañas que cubre su rostro. El líder del grupo neonazi Núcleo Nacional anuncia en redes su salto a la política. “Vamos a pelear para que no se sustituya racialmente a nuestro pueblo en su propia tierra”, asegura. La teoría del Gran Reemplazo y el supremacismo blanco como programa.

Para demostrar que va en serio en su apuesta, convoca a una rueda de prensa flanqueado por su hermano David y Enrique Lemus, un histórico de la ultraderecha, y quien inscribió Noviembre Nacional (NN) –el nombre elegido para la andadura democrática– en el registro de partidos.

NN no va a ser el primer partido vinculado al mundo neonazi: la ultraderecha a la derecha de Vox lleva tiempo participando en las elecciones. De la histórica Falange de las Jons (1976) a Democracia Nacional (1995) –de donde viene el propio Lemus– o España 2000 (registrado en 2002), los grupos radicales que orbitan en ese espacio han dado el paso de las calles a las papeletas sin provocar grandes cambios en el panorama electoral español.

Sin embargo, la escenificada maniobra de Rico y los suyos ha tenido una enorme repercusión en los medios. “La pregunta no es tanto qué pasará a partir de ahora, sino qué ha pasado para que estemos en este punto”, introduce Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa. Para esta doctora en Ciencia Política, lo que diferencia este hecho de otros anteriores es el momento en el que nos encontramos.

Overton y más allá

“En los últimos años las extremas derechas han alcanzado mucho más poder. Y esos movimientos que estaban en los márgenes, que veíamos en la calle puntualmente, ya empiezan a formar parte de las reuniones de partidos institucionales que toman decisiones importantes. Esto es una novedad respecto al siglo pasado”, explica.

Vox, como gran fuerza política de ultraderecha en España, ya integró en sus filas a personas provenientes de estos grupos. “Cuando a Vox le descubrieron varios nazis en las listas, los depuraron. Pero ahora ya no, ahora los rehabilitan. Algunos incluso están al mando de organizaciones dentro del partido o tienen cargos de responsabilidad”, apunta Miquel Ramos, periodista y escritor especializado en extrema derecha.

El hecho de tener un partido con peso en las instituciones que defiende políticas xenófobas ha normalizado debates y afirmaciones que hasta hace no mucho eran inasumibles. Y rescata de la marginalidad un discurso público de odio que se exhibe con orgullo. “¿Qué le parece que le llamen racista?”, le preguntaron a Rico en la presentación de su partido. “Me parece bien”, respondió, sonriendo.

“Núcleo Nacional dice que viene a ‘reventar’ la ventana de Overton, pero eso ya lo ha hecho Vox, y ellos simplemente se están aprovechando de eso”, opina Ramos. “Vox ha conseguido que lo que decían los nazis en los años 90 hoy sea parte del discurso político de la derecha de este país. Basta leer lo que escribió Rajoy sobre los jugadores de Francia”, señala.

Cuando lo radical se convierte en normal o mainstream, hay quien busca ir más allá. Y ahí, en esa lógica exponencial, es donde Noviembre Nacional quiere abrirse paso. “El PP copia a Vox y Vox se radicaliza: pasa de hablar de control migratorio a las deportaciones masivas. Y acto seguido la galaxia supremacista habla de sustitución demográfica. El verdadero problema es que Vox ya gobierna, y que el Parlamento Europeo va a financiar centros de deportación en terceros países. Esta es la verdadera derrota”, sostiene López Ortega.

Más difíciles de ilegalizar

Además del momentum, en la decisión de Núcleo Nacional pesa una cuestión estratégica: un partido es más difícil de ilegalizar y fiscalizar que una asociación. “Ellos siguen siendo igual de neonazis, pero ahora será más complicado analizarlos y rastrear su financiación”, explica López Ortega.

Para Ramos, “se sirven de las herramientas del Estado y de la ley aunque no crean en las instituciones”. De esta legalidad española, porque en otros países los neonazis lo tienen más difícil para hacer política.

“Alemania establece que la democracia no es neutral ante sus enemigos, y debe defenderse activamente. Allí estas asociaciones se prohibirían, se investigarían, tendrían una reacción judicial. Nuestro modelo, en cambio, considera un pluralismo político casi absoluto. El límite de una ilegalización lo pone la Ley de Partidos de 2002, que se pensó para el tema de ETA. Por eso es muy complicado ilegalizar partidos neonazis, porque nuestra democracia acepta las diferencias. Tendrían que ir explícitamente en contra del orden constitucional, por ejemplo, o utilizar métodos violentos. Va a ser muy complicado”, advierte López Ortega.

“No van a poner en los estatutos ‘queremos gasear a millones de personas’. Van a hablar de defender nuestra patria, nuestro futuro, nuestras fronteras. No son tontos. Y no se puede ilegalizar una formación así como así”, señala Ramos, que, sin embargo, cree que esta dificultad “no exime a las instituciones ni a la izquierda de actuar”.

“En la historia democrática española, este tipo de organizaciones neonazis no han caído por sus ideologías, sino porque formaban parte de una organización criminal, como en el caso Panzer) o por una violencia directamente perpetrada. No por la violencia del discurso”, detalla López Ortega, que también destaca la importancia de la “reacción política”.

Multiplicación y escalada violenta

“Más que a nivel institucional o electoral, la incidencia que pueden tener es a nivel de calle. ¿Y esto para quién es un riesgo? Para los colectivos diana, de los grupos nazis –migrantes, personas LGTBI…– y para la gente de izquierdas que pone el cuerpo, colectivos militantes”, enumera Ramos.

Para López Ortega, el efecto puede ser de multiplicación. “Van a aparecer nuevas ramificaciones, por una mayor conexión internacional o porque aparecen nuevos temas o nuevas crisis puntuales, que son las que contribuyen al surgimiento de nuevos grupos supremacistas. Lo hemos visto en Torrepacheco”, ejemplifica.

“No hay nada nuevo con núcleo nacional, nada nuevo. Es decir, es más de lo mismo que venimos viendo hace 30 años. La única novedad es que están teniendo un foco mediático que no han tenido en la vida”, se queja Ramos. .

Estas formaciones nazifascistas, explica, suelen ser fugaces, efímeras. Pero esta nueva marca está aprovechando muy bien la cobertura informativa que está teniendo. “Si las cámaras no estuvieran ahí, nadie se enteraría de que existen. Hay una responsabilidad del periodismo y de las instituciones sobre dónde poner el foco. Porque las cámaras están ahí siempre, aunque a una concentración de Núcleo Nacional vayan una decena de personas. Me gustaría ver una cámara en cada acto de la izquierda que multiplica por mil el número de asistentes”, señala el autor de De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española.

López Ortega apela al frente judicial, a los partidos conservadores y también a la izquierda. “Los que son antifascistas tienen que reaccionar. Hay que dar la batalla en todos los ámbitos, no solo en el Parlamento, sino en las redes sociales. ¿Cuántos tiktokers están dando la batalla por una democracia que tenga en el centro la dignidad del ser humano? ¿Y cuántos tiktokers, youtubers e instagramers están dando la batalla por el supremacismo racial blanco? Ahí está la clave, y no en si hay un grupo neonazi más o menos. Ya no tenemos excusa, sabemos lo que pasó en el siglo pasado”, concluye.

Las estadísticas dibujan dos países con muy poca relación. Cuentan que hay apenas cinco argentinos entre los casi 178 millones de habitantes de Bangladesh, y que menos de un centenar de bangladesíes viven en Buenos Aires. Que hay entre los dos territorios más de 17.000 kilómetros de distancia y ninguna historia en común. Sin embargo, este miércoles habrá probablemente más camisetas albicelestes en el quinto país más poblado de Asia que en toda Argentina.

Estas estadísticas son menos fiables que las primeras, pero el periodista deportivo Rajib Hasan se ha encargado de contar en sus redes –y en declaraciones a medios internacionales– que aunque Bangladesh nunca se ha clasificado para un Mundial, posee una afición futbolera que cada cuatro años desborda las calles del país. Y lo hace en su mayoría para apoyar a la selección argentina. Hasan calcula unos 70 millones de hinchas de todas las edades. Según el último censo, Argentina tiene poco más de 46 millones de personas.

Esta pasión aparentemente inexplicable tiene (cómo no) un nexo político y un nombre propio: Inglaterra, precisamente el equipo que se batirá en semifinales con Argentina. Bangladesh vivió bajo dominio británico por casi dos siglos, hasta 1947, cuando pasó a formar parte de Pakistán. Recién consiguió independizarse en 1971. La historia colonial bangladesí y el enfrentamiento de Argentina con Gran Bretaña por las islas Malvinas son la llave de esta historia, la inesperada convergencia entre dos países que no tienen nada en común, salvo una cosa: un enemigo.

Pero las relaciones no se tejen solo desde lo negativo. Cuenta Mercedes Giuffré, analista en Relaciones Internacionales especializada en Asia, que estos insólitos lazos entre Argentina y Bangladesh comenzaron a principios del siglo XX y tuvieron más que ver con el amor.

El poeta y la escritora

En 1924, el Premio Nobel de literatura Rabindranath Tagore enferma en el barco que le llevaba a Perú y se ve obligado a desembarcar de urgencia en Buenos Aires. Los periódicos del momento se hacen eco de la noticia, y la escritora Victoria Ocampo, profunda admiradora del poeta, se acerca a visitarlo.

Ocampo, una mecenas adelantada a su tiempo y una figura clave de la historia cultural argentina, aloja a Tagore durante unos meses. Allí nace una amistad que duraría hasta la muerte del poeta en 1941, una profunda relación platónica e intelectual que inspiró libros de ambos e incluso ha sido abordada por el cine. Esa cercanía genera interés en la intelectualidad local por la situación del pueblo bengalí, que poco después, en 1943, sufre uno de los capítulos más trágicos y oscuros de su historia: la Gran Hambruna de Bengala, una catástrofe humanitaria provocada por la confiscación de suministros de alimentos impuestas por el gobierno de Winston Churchill en plena Segunda Guerra Mundial. Se calcula que murieron entre 1,5 y 3 millones de personas.

En 1971, Ocampo y el escritor Jorge Luis Borges firman un manifiesto y salen a la calle para apoyar la independencia de Bangladesh, que una década después sería uno de los países que apoyaría a Argentina en todos los foros internacionales en su reclamo de las Malvinas, unas remotas islas en el Atlántico sur ocupadas por Gran Bretaña.

Poco después de la guerra de Malvinas de 1982, llega el Mundial en el que Argentina le gana en cuartos a Inglaterra con dos goles de Maradona que son ya historia del fútbol. La estrella mundialista de 1986 es la que multiplica esos lazos improbables hasta la locura: los bangladesíes ven en Diego y su ‘mano de Dios’ al artífice de la venganza contra la Gran Bretaña colonial, y su figura se convierte en devoción deportiva.

Una devoción que crece y se instala en el país, incluso entre las generaciones que no vieron jugar al 10 de Villa Fiorito en aquellos televisores a color que se popularizaron en Bangladesh para disfrutar de México ‘86. Y de la camiseta de 'D10S', a la 10 de Lionel Messi.

Un Lionel Messi que juega su último Mundial, y que nunca se ha enfrentado a la selección inglesa. “He jugado contra todos menos contra Inglaterra, así que también será bonito por eso”, ha dicho el capitán argentino. Y aunque el entrenador Lionel Scaloni ha rebajado expectativas recordando que es “solo un partido de fútbol”, el encuentro se vivirá seguramente con una intensidad extrafutbolística.

“Por Malvinas / Por el Diego / Por la última de Leo / Argentina quiero verte bicampeón”, canta la hinchada argentina en el Río de la Plata. A 17.000 kilómetros, otra afición albiceleste agitará sus banderas, aunque no lo haga a ritmo de cumbia, que no todo se contagia tan fácil. Tiempo al tiempo.

El fútbol es un deporte, pero un Mundial es siempre un acto político. Seguro que Mariano Rajoy lo sabe, porque la afirmación forma parte del acervo cultural planetario y porque, aunque no esté ya en primera línea, es un político profesional. Sobran ejemplos mundialistas funestos, de aquel campeonato orquestado en 1978 por la dictadura genocida de Rafael Videla al de 2026 en el que Donald Trump intenta hacer valer sus privilegios de dueño de la pelota.

La idea de que las rivalidades del balompié son capaces de alterar hasta al más tranquilo y predecible de los registradores de la propiedad con columna en un periódico resulta difícil de sostener. Quizá sea más probable que el fervor de las camisetas deje salir esos pensamientos 'polémicos' y “sin mala intención”, según el PP, que normalmente se reservan para una sobremesa larga o se enmascaran en un chascarrillo.

Rajoy dice que la selección francesa dispone de “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses” porque –se entiende– considera que los jugadores de piel negra no lo son. Otra política profesional, la senadora de Paraguay Celeste Amarilla, ha sido incluso menos sutil: tras la eliminación de su selección llamó a Mbappé “camerunés colonizado” que “finge ser francés”, a partir de lo cual soltó una retahíla de frases racistas que Francia estudia denunciar.

Mientras tanto, otra de las selecciones en semifinales está siendo acusada en redes sociales de racismo, y no por los cánticos de un grupo de aficionados que en el Mundial de Qatar ya adelantaban la tesis de Rajoy, sino por no tener jugadores negros en su plantilla. La polémica también empezó en 2022, cuando la historiadora estadounidense Erika Denise Edwards, publicó una columna en el Washington Post titulada: ¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en el Mundial?. En ella argumentaba que la falta de representación afrodescendiente tenía que ver con una historia de “borrado” y blanqueamiento institucional de la población negra en el país.

A medida que el equipo de Scaloni ha ido avanzando en este torneo, la tesis de Edwards se ha replicado en infinidad de reels y vídeos de Instagram, sobre todo de usuarios de Estados Unidos. Y ha dado lugar a más y más contenido albiceleste para desmentirlos.

Los argentinos hablan de las características étnicas de la población –en el último censo, de 2022, unas 300.000 personas de 45,9 millones se identificaron como afrodescendientes–, el mestizaje y las oleadas migratorias del siglo XX, las figuras negras históricas en la lucha por la independencia, o las decisiones políticas históricas sobre las personas esclavizadas. Por ejemplo, se reivindican la libertad de vientres de 1813 (que determinó que los hijos de mujeres esclavas nacían libres) y la abolición de la esclavitud en la Constitución de 1853 (12 años antes que en Estados Unidos y más de 70 antes que en la España de ultramar).

Pero más allá de los argumentos y la siempre necesaria revisión antirracista, el hecho de que el debate en las dos orillas de este Mundial vaya del color de piel de los jugadores pone en evidencia un triunfo de la ultraderecha: el regreso a un debate biologicista de la identidad.

“Las palabras de Rajoy son el ejemplo perfecto de cómo se ha abierto la ventana de Overton”, reflexiona la politóloga Anna López Ortega, autora del libro La extrema derecha en Europa. “Que un perfil del PP moderado, cuya principal característica era ser elusivo para no meterse en líos, haya escrito una frase que ha podido poner a España en una crisis institucional es el mayor ejemplo de cómo el discurso racista de las extremas derechas ha calado en las derechas conservadoras”, analiza en conversación con elDiario.es.

Aunque Rajoy parezca estar muy lejos de los neonazis de Núcleo Nacional, que sugiera que Mbappé o Dembélé no son franceses lleva implícito el discurso supremacista que desplegó el pasado fin de semana su líder, Iván Rico Olivares, en la rueda de prensa en la que explicaba su salto a la política, en el que defendía que la nacionalidad “no es un papel o un trozo de plástico”. Esto es, que no tiene que ver con las leyes que nos hemos dado sino con un origen étnico, con un pantone epidérmico.

La normalización de conceptos como la remigración (eufemismo para hablar de deportaciones masivas), la teoría del reemplazo de la población local por la migrante (sobre todo africana o del Magreb) o la prioridad nacional (que han firmado en sus pactos de gobierno Vox y PP) nos han devuelto a todos a un debate impensado hace una década: no ya el de los nacionalismos que agitan el color de sus camisetas en el estadio, sino el de quienes agitan el odio por el color de quienes las llevan en el campo.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que diputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que han dado la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que ha tenido nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija ha reivindicado en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que han marcado estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para acabar con la inseguridad han tenido repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se han decantado fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que han proliferado en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

“Eso no lo publiques tal cual”, repite con una sonrisa. Pablo Beramendi pide disculpas por el lenguaje coloquial del que tira a ratos para dar oxígeno a la profundidad académica. Como buen profesor, tiene la capacidad de ser claro sin resultar simplista. Este docente de Ciencia Política en la Duke University habla de la situación en Estados Unidos bajo la administración Trump sin concesiones –“Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose”– y sin catastrofismo. De visita en España para la inauguración del instituto de investigación Juan Linz en la Universidad Carlos III de Madrid, Beramendi rechaza en esta conversación la idea de una crisis global de la democracia, pero pone el acento en los problemas que la erosionan: pérdida de confianza institucional, dificultad para gestionar desigualdades, polarización...

En el análisis se mezclan algunos de los elementos sobre los que Beramendi lleva años investigando: cómo influyen en los comportamientos y elecciones políticas los aspectos económicos, culturales, territoriales o de identidad. Y advierte: “La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas”.

¿La democracia tal y como la conocemos está en crisis?

No sé si podemos hablar exactamente de una crisis de la democracia. En los países más avanzados económicamente, la posibilidad de que colapse la democracia entendida de una manera muy minimalista —como un sistema donde los partidos pierden elecciones— no parece probable. Pero eso no quiere decir que las democracias no estén cambiando ni que no tengan problemas. 

¿Puede que nuestros países sigan siendo plenamente democráticos en términos electorales, pero que lo sean cada vez menos en términos de representación?

La teoría de la democracia dice que hay una serie de personas con preferencias distintas que se organizan, se presentan a elecciones, mandan delegados a unas instituciones y esos delegados representan sus intereses, que después se traducen en políticas públicas. Pero ese vínculo con grupos sociales o partidos ha dejado de funcionar, porque las organizaciones de intermediación y la gestión de la información están obsoletas. La gente ya no se informa a través de revistas de partidos, seminarios o reuniones, sino en TikTok, Instagram, Truth Social…

Eso debilita a organizaciones tradicionales como partidos políticos o sindicatos vinculados a una clase social.

Durante mucho tiempo, los partidos y sindicatos eran mecanismos que organizaban intereses colectivos. No solamente representaban una ideología: también construían comunidades, generaban vínculos y daban una estructura para interpretar la realidad. Cuando esas organizaciones pierden fuerza, el vínculo entre los ciudadanos y la política cambia. Los partidos pasan a depender más de líderes individuales y de su capacidad de comunicación, favoreciendo liderazgos personalistas.

¿Esa vía directa con los líderes genera un desapego hacia las instituciones democráticas?

El desapego tiene que ver en parte con esto, pero también con otra cuestión más importante: muchos sectores sociales perciben que los sistemas políticos son incapaces de atender sus demandas. Tienen expectativas muy altas sobre lo que esperan del Estado y sienten que el Estado no llega.

La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio

¿Las expectativas dependen también de dónde vive esa persona?

Los procesos de concentración territorial han dibujado relaciones muy diferentes con las instituciones del Estado. En España, por ejemplo, gran parte de la riqueza, la inversión, la actividad y el dinamismo están concentrados en unos pocos lugares. La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio.

Esto genera en mucha gente una sensación de que el Estado no les sirve, aunque en realidad dependan del Estado porque son pensionistas, empleados públicos o realizan actividades vinculadas al sector público.

La concentración territorial lleva a otros problemas. Por ejemplo, el del acceso a la vivienda en zonas fuertemente tensionadas como Barcelona o Madrid.

Esa es la otra cara de la moneda. Las ciudades globales se convierten en centros muy interesantes para las élites del mundo y eso genera procesos de hipervalorización de activos como la vivienda. Y esos jóvenes formados y preparados que protestan porque no pueden acceder a una casa, oscilan entre la abstención, los partidos radicales y, en algunos momentos, posiciones más pragmáticas. 

¿La ultraderecha está capitalizando esa frustración?

Hay una división muy grande entre quienes tienen padres con vivienda y quienes no tienen ese respaldo. Además, las ciudades se están diversificando mucho. La inmigración las transforma en lugares más diversos y menos cerrados, pero también genera resistencia en algunos grupos que sienten que la ciudad les pertenece. Eso provoca una hostilidad que partidos como el PP de Madrid o Vox pueden instrumentalizar muy bien.

Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener

Muchas veces se compara este momento con los años 30 del siglo XX, ¿la desigualdad actual es distinta de la que conocieron las democracias occidentales después de la Primera Guerra Mundial?

En los años 30, la desigualdad provocó que las posiciones políticas de derecha e izquierda estuvieran muy polarizadas. Eso nos suena, sí. Pero hay una gran diferencia. En muchos países donde la democracia acabó quebrando existía en ese momento una amenaza real desde la izquierda: movimientos cuyo objetivo era acabar con la democracia existente e instalar otro tipo de régimen. Eso generaba incentivos para que los partidos moderados de derecha se acercaran a posiciones autoritarias. Hoy esa amenaza revolucionaria desde la izquierda prácticamente no existe.

Y, sin embargo, hay países como Colombia, por poner un ejemplo reciente, en los que la ultraderecha hace campaña con una supuesta amenaza comunista.

Hoy tenemos una desigualdad que no está basada únicamente en la propiedad de los medios de producción. La economía actual genera una concentración enorme de riqueza en algunos sectores y deja a otros con mucha más inseguridad. Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener. Y cuando las expectativas de una generación son peores que las de la anterior, aparece una sensación de pérdida.

¿Esa sensación de pérdida es la que alimenta parte del voto populista?

Sí, aunque hay que tener cuidado. No todo el voto populista viene de personas económicamente perjudicadas. Hay una mezcla de factores: económicos, culturales, territoriales y de identidad. Una parte importante tiene que ver con la percepción de que el sistema ya no funciona para ellos. Aunque objetivamente algunas personas sigan estando en una situación relativamente buena, sienten que están perdiendo algo.

Entonces, ¿la cuestión identitaria pesa tanto como la económica?

Sí. De hecho, muchas veces se mezclan. Cuando una persona siente que pierde estatus económico o social, puede interpretar esa pérdida como una amenaza cultural. Por eso vemos discursos donde la inmigración, la identidad nacional o los cambios sociales aparecen como explicaciones sencillas para problemas mucho más complejos.

A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro

La política identitaria funciona porque convierte problemas estructurales en problemas de pertenencia. Es más fácil señalar a un grupo concreto como responsable que analizar procesos económicos mucho más amplios. Esto no es nuevo. La diferencia es que ahora los canales de comunicación hacen que esas explicaciones circulen mucho más rápido.

¿Cómo se teje la relación entre inmigración y ultraderecha?

A veces se piensa que la extrema derecha crece simplemente porque hay más inmigración, pero la relación es mucho más compleja. Hay un fenómeno de competición dentro de los propios grupos sociales. Por ejemplo, algunos inmigrantes que han conseguido una posición económica estable pueden percibir la llegada de nuevos inmigrantes como una amenaza.

¿Eso lleva a algunos inmigrantes a apoyar a políticos con discursos antiinmigración?

En Estados Unidos ocurre, por ejemplo. A primera vista parece contradictorio, pero si miras los incentivos económicos puede tener cierta lógica. Una persona que ha llegado hace un tiempo y ha creado una pequeña empresa puede beneficiarse de que exista mano de obra disponible, pero al mismo tiempo puede temer que una llegada constante de nuevos trabajadores reduzca su capacidad de generar ingresos.

Entonces no sería solamente una cuestión de identidad.

La identidad importa mucho, pero no explica todo. Muchas personas no votan únicamente por lo que ganan o pierden materialmente, sino por la posición que sienten que ocupan en la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos las relaciones entre comunidades latinas y afroamericanas no siempre son sencillas. Hay competencia por recursos, representación y reconocimiento. A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro.

Usted vive en Estados Unidos, un país que combina varios de los fenómenos que ha estudiado: desigualdad económica, fragmentación territorial, polarización y desconfianza institucional. ¿Hasta qué punto es un caso excepcional o está anticipando tendencias que pueden aparecer en otras democracias?

Estados Unidos tiene características muy específicas, pero al mismo tiempo concentra procesos que aparecen en otros lugares. Es un caso particular porque tiene un presidencialismo fuerte, un sistema electoral determinado y una historia de desigualdad muy profunda. Pero también es un caso que anticipa problemas que estamos viendo en otras democracias: la pérdida de confianza institucional, la dificultad para gestionar desigualdades y la polarización. 

¿La polarización es causa o consecuencia de esa dificultad de gestión de las desigualdades?

La polarización surge de problemas sociales reales, pero al mismo tiempo los intensifica. Cuando la política se organiza en torno a identidades muy fuertes, cualquier negociación empieza a verse como una traición. La gente deja de pensar en términos de políticas concretas y empieza a pensar en términos de 'mi grupo contra el otro'. Eso hace más difícil que las instituciones funcionen. Un político que quiera construir una posición moderada tiene más dificultades para competir en un entorno donde la atención se consigue con mensajes muy emocionales.

¿Cómo puede afrontar Europa esta ola de ultraderecha?

En algunos países la extrema derecha llega al gobierno y modera parte de su comportamiento porque las instituciones generan límites. Italia es un ejemplo interesante. El Gobierno de Meloni no es una ruptura democrática en el sentido clásico. Pero su ideología y algunas de sus políticas tienen consecuencias importantes.

Los sistemas electorales y los sistemas de partidos importan mucho. A diferencia de los sistemas presidencialistas, un sistema parlamentario, donde necesitas formar coaliciones, puede actuar como un elemento de contención frente a movimientos muy radicales. En España, el famoso 'gobierno Frankenstein' que algunos critican es, desde otra perspectiva, una manifestación de parlamentarismo: partidos diferentes obligados a coordinarse. La democracia parlamentaria funciona precisamente así.

¿Cómo se puede saber si una democracia está entrando en un proceso de deterioro?

Ese es un debate muy complicado. Durante mucho tiempo se entendía la democracia de una forma más sencilla: si había elecciones competitivas y los gobiernos podían perder el poder, el sistema funcionaba. Ahora hablamos más de erosión democrática, pero es un concepto difícil de medir. 

¿Hay indicadores concretos?

El primero es la manipulación de los medios de comunicación. No simplemente que un gobierno critique a periodistas o intente influir políticamente, sino que se modifiquen las reglas del sistema para limitar la libertad de prensa, como ha ocurrido en Hungría. Un segundo elemento es el control político de los jueces. Claro que siempre existe una relación entre política y justicia; el problema es cuando los jueces pasan a funcionar como instrumentos del poder político. Esa es una señal grave.

Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto rompe la idea básica de la democracia

La manipulación del proceso electoral es otro indicador fundamental. No hablamos simplemente de ganar elecciones con una estrategia política efectiva, sino de cambiar las reglas o impedir que los rivales puedan competir en igualdad de condiciones. Y otro elemento importante es cuando los ciudadanos empiezan a aceptar que una parte de los procedimientos democráticos pueden sacrificarse porque favorecen a su propio grupo político.

Aceptar un recorte de derechos para que ganen 'los míos'.

Los estudios muestran que muchas personas, cuando se enfrentan a escenarios concretos, están dispuestas a aceptar medidas que en abstracto considerarían antidemocráticas si creen que sirven para proteger sus intereses. Ese es uno de los grandes problemas de la polarización. La democracia necesita que existan reglas aceptadas incluso cuando el resultado no nos gusta. 

¿Cómo saber si estamos ante una crisis real?

Cuando varias de estas cosas ocurren al mismo tiempo. Si hay manipulación de medios, control político explícito de jueces, ataques al proceso electoral y una pérdida de derechos básicos, entonces sí estamos ante una crisis democrática. Pero un conflicto político fuerte o una sociedad muy polarizada no significan automáticamente que la democracia vaya a colapsar. Hay que mirar cómo responden las instituciones.

Pero en Estados Unidos o Brasil, la pérdida de confianza en la democracia provocó intentos de golpistas.

Aunque Estados Unidos muchas veces se presenta como una de las democracias más antiguas del mundo, hay que recordar que hasta mediados del siglo XX una parte importante de la población no podía ejercer plenamente sus derechos políticos. Además, sus instituciones fueron diseñadas con una enorme capacidad de las élites para proteger sus intereses. Trump no aparece de la nada. Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose.

El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer el conflicto en Catalunya. Un problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales

Ahora, bien, una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto es más peligroso porque rompe la idea básica de la democracia: que puedes perder una elección y seguir participando del sistema. El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder. Pero al mismo tiempo, las instituciones resistieron y el cambio de gobierno se produjo.

¿En España ve alguno de los indicadores de erosión democrática?

España tiene problemas, pero no creo que esté en una situación de colapso democrático. Tiene tensiones importantes, como el problema territorial o la politización de algunas instituciones, pero eso no es lo mismo que una ruptura del sistema.

¿Cree que el debate territorial catalán o vasco puede volver a aparecer con fuerza con un gobierno de PP y Vox?

Es posible. El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer ese conflicto. El procés fue el resultado de varios factores: la crisis económica, una falta de solución institucional al encaje territorial y decisiones políticas que aumentaron la frustración. Y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut tuvo un papel importante porque concentró muchas de esas frustraciones.

La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas

Después, el proceso evolucionó con contradicciones internas y con una respuesta institucional y judicial que terminó frenándolo, pero el problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales. La política muchas veces parece resolver un problema porque deja de estar en el centro del debate, pero eso no significa que las causas hayan desaparecido.

Para terminar, ¿es optimista sobre la capacidad de las democracias occidentales para recuperarse?

No soy completamente optimista, pero tampoco creo que todo esté perdido. Las grandes crisis democráticas del pasado se resolvieron con transformaciones sociales e institucionales. Hoy el problema principal es que necesitamos reducir desigualdades y reconstruir expectativas para las generaciones jóvenes. La democracia necesita que la gente crea que el sistema puede mejorar sus condiciones de vida. Si las personas sienten que el futuro será peor, la frustración política seguirá creciendo.

La democracia no funciona solo con reglas electorales. Necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas.

El domingo, Perú decidirá en segunda vuelta si será gobernado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, o por el candidato de la izquierda; Roberto Sánchez. En la primera ronda del 12 de abril, Keiko Fujimori fue la más votada, con un 17% de los sufragios, y Sánchez se impuso por la mínima al ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dos semanas después, Colombia elegirá también en ballotage entre el filósofo y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda o el excéntrico empresario de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue quien obtuvo el mejor resultado y que este martes recibía el apoyo explícito de Donald Trump.

No está fácil para la izquierda inclinar una balanza que lleva tiempo cayendo con fuerza hacia el otro lado. Desde el año pasado se han sucedido las victorias de Daniel Noboa en Ecuador –que presume de su amistad con Nayib Bukele–, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile y la ultraderechista Laura Fernández en Costa Rica, además del importante triunfo de Javier Milei en las legislativas argentinas.

Ya más cerca de finales de año llegarán las elecciones en Brasil, en las que un octogenario Lula da Silva parte como favorito para defender el gran bastión progresista del continente –junto con Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay– frente a una ultraderecha que no ha definido su candidato pero que pone fichas al hijo de otro expresidente preso, Flávio Bolsonaro. El factótum ultra, Donald Trump, lo ha recibido recientemente en el Despacho Oval, como una muestra más de que está dispuesto a jugar fuerte en el tablero latinoamericano. Una encuesta reciente indicaba que de producirse a una segunda vuelta electoral, el resultado entre Lula y Bolsonaro sería un empate técnico.

El efecto Trump

El presidente estadounidense tardó poco en salir a apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella. En su red social Thruth Social lo describió como“un líder listo, fuerte y duro”, y destacó la importancia de su elección para “restablecer la ley y el orden” y luchar contra el narcotráfico. Esta mención no es casual: Trump ha acusado al presidente Gustavo Petro de complicidad con los cárteles y e incluso la Fiscalía inició una investigación. Además, ha autorizado el ataque a supuestas lanchas de traficantes de droga en el Pacífico, que han matado a decenas de personas.

De la Espriella, dueño de un conglomerado de negocios que incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de haber grabado algunos discos de versiones, le ha devuelto la gentileza a Trump con una ristra de elogios y una promesa: que si gana meterá a Colombia en su alianza militar Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Una alianza que Trump presentó rodeado de algunos de sus mejores aliados, como Javier Milei, Nayib Bukele , José Antonio Kast o Daniel Noboa, con quien Estados Unidos está ya realizando operaciones militares en suelo ecuatoriano. De la Espriella acompañó el tuit con una curiosa imagen de un tigre (el apodo con el que se lo conoce) y el águila estadounidense.

No es la primera vez que Donald Trump irrumpe en una campaña electoral latinoamericana. Ya lo hizo en Honduras cuando amenazó con que si no ganaba el ultraderechista Asri Asfura castigaría económicamente al país. Y también en Argentina, cuando antes de una elección legislativa clave, el Departamento del Tesoro ofreció al Gobierno de Milei un rescate de 20.000 millones de dólares. Asfura y Milei ganaron esos comicios.

Keiko, ¿a la cuarta va la vencida?

El candidato de Trump en Perú era el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Representante del núcleo conservador más duro de la ultraderecha, su cerrada defensa de la familia tradicional y la economía de libre mercado conviven con declaraciones llamativas sobre su práctica de la abstinencia sexual y su confeso “enamoramiento” de la virgen María. Pero no pasó a la segunda vuelta, superado por muy pocos votos por el candidato de izquierdas, Roberto Sánchez.

Aun sin el apoyo público de Washington, Keiko Fujimori se ha subido con sus declaraciones al carro MAGA. En una entrevista con la CNN, reiteró su lema de campaña de “regresar al orden” que su padre logró mientras gobernaba y aseguró que América Latina gira hacia ese orden gracias al presidente de Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez en una segunda vuelta electoral para la hija del expresidente Alberto Fujimori, que murió en 2024 en libertad, aunque había sido condenado a 25 años de prisión por corrupción y por los delitos de homicidio calificado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro de un periodista y un empresario. Las encuestas para el ballotage del 7 de junio la ponen por delante, pero muy igualada con su rival. Los analistas políticos sugieren que el rechazo que genera la reivindicación de Keiko del legado de su padre empieza a pesar menos en los votantes, y destacan que en un electorado tremendamente fragmentado como el peruano, las opciones de derecha y ultraderecha han sido de lejos las mayoritarias.

De la Espriella y sus comentarios machistas

También el empresario colombiano parte con ventaja para la segunda vuelta del 21 de junio. Sin embargo, no ha entrado con buen pie en las escasas semanas de campaña hasta volver a las urnas. Un juzgado le ha ordenado retractarse de unos comentarios en los que afirmaba que muchas mujeres lo habían votado por el tamaño de sus genitales. Lo hizo mostrándole en un programa televisivo una foto suya a una periodista y preguntándole insistentemente qué veía en ella. Las acusaciones de machismo y misoginia hacia el excéntrico abogado de 47 años han sido numerosas. Pero De la Espriella ha sabido combinar una imagen de 'outsider' con poder económico pero que empatiza con el hartazgo ciudadano mientras exhibe sus vuelos en jet privado, sus paseos en Rolls-Royce o sus casas de Miami, Bogotá y la Toscana.

Para el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, la remontada no parece fácil. El apoyo de Trump y el aglutinamiento del descontento social en un voto de castigo le juegan en contra, pero cuenta con conseguir movilizar a un electorado progresista que no acudió masivamente a las urnas, pero que puede llegar a hacerlo para evitar que la ultraderecha alcance el gobierno.

La posible batalla entre Lula y Bolsonaro

El calendario electoral latinoamericano cierra en octubre con las elecciones presidenciales en Brasil, a las que volverá a presentarse Luiz Inácio Lula da Silva. El resto de candidaturas no son oficiales aún, pero empieza a haber movimientos para colocarse en puestos de salida. Sin contrincantes definidos, las encuestas exploran diferentes combinaciones de cara a una posible segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Real Time Big Data, el actual gobernante tiene un 38% de las intenciones de voto en primera vuelta, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, preso por su intento de golpe de Estado, aparece en segundo lugar, con un 31%. Una segunda vuelta entre los dos arrojaría, según esta encuestadora, un 45% de los sufragios para Lula, cinco puntos por encima de su adversario. Las encuestas de Datafolha, que señalaban hace unas semanas un empate técnico, parecen sugerir que Flávio Bolsonaro pierde algo de fuelle tras conocerse unas conversaciones que lo vinculan con el exbanquero Daniel Vorcaro, preso por fraude.

Mientras tanto, Trump ha rebajado notablemente su enfrentamiento con Lula, y ha recibido a Bolsonaro en Washington aunque no lo ha declarado oficialmente su candidato. Varios analistas apuntan a que otros aspirantes de la derecha pueden tener mejores resultados –por generar menos rechazo– en una posible segunda vuelta. Con todo, Bolsonaro presume de foto e intenta agitar el voto antizquierda vinculando a Lula con Maduro en una carrera de largo aliento hacia las urnas del 4 de octubre.

Mientras la ola de extrema derecha se extendía por Europa, Portugal se presentaba como la anomalía ibérica, ajena a un fenómeno que crecía sin parar. Pero en poco más de cinco años Chega se ha convertido en la segunda fuerza política en el Parlamento luso, y el país acaba de acoger una cumbre sobre remigración organizada por grupos a la derecha de la extrema derecha, que defienden la repatriación forzosa de millones de personas por su origen étnico o cultural. “Es sorprendente, pero no deja de seguir una cierta lógica”, concede el historiador italiano Riccardo Marchi.

Afincado hace casi dos décadas en Portugal, Marchi se dedica a estudiar la evolución del radicalismo de derecha y los movimientos populistas europeos en el Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa y es profesor en la Universidad Lusófona. Desde ese doble papel, el académico analiza para elDiario.es los cambios políticos en el país y también los cambios generacionales que han amplificado el discurso identitario y supremacista en los más jóvenes, mientras en Europa cunden medidas antiinmigración como los centros de deportación fuera de la UE. “La última cumbre del Remigration Summit ha demostrado que ya no se trata de unos grupos marginales. Tienen dinero y apoyo externo”.

¿Qué pasó desde 2019 hasta hoy para explicar el crecimiento de la ultraderecha?

Creo que buena parte de la explicación reside en André Ventura, el líder de Chega. En Portugal había una fuerte demanda de populismo de protesta. Lo que no había era una oferta política capaz de ocupar ese espacio. Muchos portugueses habían dejado de votar y estaban muy descontentos con la forma en que funcionaban las instituciones democráticas.

Al mismo tiempo, los partidos de extrema derecha tradicionales no crecían porque seguían vinculados al pasado autoritario. André Ventura entendió que había una ventana de oportunidad a la derecha de donde se encontraba, con una fórmula distinta. Y así nace Chega.

Ventura entró en el Parlamento en 2019 por la mínima. 

Sí, él viene del PSD, la centroderecha clásica, y en las elecciones locales de 2017 despliega un discurso populista y polémico contra la población gitana que le da muchos votos, pero a la vez entiende que no tiene posibilidades de crecer en esa línea dentro de su partido, así que funda uno propio. Cuando en 2019 entra al Parlamento, aprovecha tanto esa posibilidad como el momento político.

Va experimentando con temas y discursos hasta encontrar los que generan mayor rentabilidad electoral. Por ejemplo, en un primer momento abrazó un ultraliberalismo económico tipo Milei, pero cuando vio que no funcionaba lo abandonó y optó por otros temas de corte identitario, que generaban más atención. Eso lo convirtió en una presencia constante en los medios. 

¿Cuánto tiene que ver el ecosistema de medios de comunicación con el ascenso de Chega? 

Más que el ecosistema, yo diría el sistema. Y eso está ampliamente demostrado por la investigación científica. Ventura entendió perfectamente la lógica mediática contemporánea, en la que se prioriza el conflicto y la controversia porque es lo que garantiza clics, y por tanto, ingresos. Por eso una afirmación polémica suele tener más cobertura informativa que una reforma legal de calado. Así, el líder de la derecha radical se convierte en una garantía de audiencia. No digo que los medios crearan el fenómeno Chega, pero amplificaron enormemente su alcance. 

Cada vez hay más votantes de centroderecha que nunca votarían a Chega, pero que ya no tienen problema con que participe en un gobierno, y eso es extensible también a España

Y así llegamos a las elecciones de 2025, en las que la ultraderecha se convierte en la segunda fuerza política del país. ¿Cree que el cordón sanitario en Portugal es sólido?

No estoy seguro de que el cordón sanitario pueda sostenerse durante mucho tiempo. Si Chega se mantiene como un partido con el 25% del electorado, será difícil excluirlo permanentemente del Gobierno. El primer ministro Luís Montenegro (PSD) gobierna con muchas limitaciones, y eso puede suponerle un enorme coste electoral de cara a los próximos comicios. Necesitará demostrar que es más que el administrador de un condominio, que puede hacer reformas, y para eso necesita pactar a su izquierda o a su derecha. Teniendo en cuenta que la derecha suma mayoría absoluta en el Parlamento, es probable que tarde o temprano puedan producirse acuerdos con Chega. 

Parte de ese ‘cordón sanitario’ se basa en el rechazo de muchos votantes de centroderecha a la derecha radical. ¿Cree que se está debilitando?

Hay un dato que me parece interesante de las últimas elecciones presidenciales. En la segunda vuelta, cuatro de cada cinco votantes de centroderecha votaron por el candidato de centroizquierda frente a la extrema derecha. Eso podría querer decir que Ventura ha alcanzado un techo, pero los electores no se comportan igual en otros comicios. Por ejemplo, ese cordón sanitario ya ha caído en muchos sitios a nivel local, como ocurre con PP y Vox. Cada vez hay más votantes de centroderecha que nunca votarían a Chega, pero que ya no tienen problema con que participe en un gobierno, y eso es extensible también a España.

¿Cree que a Chega le puede interesar enfrentarse al desgaste de participar de un gobierno de coalición o puede preferir influir desde fuera? 

Chega es un proyecto de poder. Y no dudo que Ventura, cuyo objetivo central es convertirse en primer ministro, exigiría en un pacto de Gobierno ministros de carteras importantes, como Interior, en la línea de ese 25% de votos que ha conseguido el partido. Supongo que pasaría algo parecido en un hipotético gobierno de PP y Vox. 

Los partidos se han dado cuenta de que la remigración funciona electoralmente. Utilizan esas banderas porque generan atención, y lo que quieren es que sus temas estén en el centro del debate político

¿Qué significado tiene que Portugal acogiera el pasado fin de semana una cumbre sobre remigración organizada por grupos extraparlamentarios identitarios y supremacistas? 

Creo que tiene explicación y significado. Por un lado, su situación geográfica la coloca como puente con América, y en este encuentro hubo varios representantes de Estados Unidos. Además, es un país donde la movilización antifascista es más baja y donde, desde el punto de vista social y legal, puede haber una presión menor para dificultar su realización. En cuanto al significado, creo que el Resum26 reconoce a Portugal como parte de la red internacional de la ultraderecha identitaria en la figura de Alfonso Gonçalves, que ofició de anfitrión. 

¿Quién es Alfonso Gonçalves y qué es Reconquista?

Gonçalves surge en la militancia de las redes sociales en plena pandemia, y en 2023 crea esta organización que viene a ocupar un espacio vacío en la ultraderecha extraparlamentaria portuguesa. Si hablas con él, parece claro que ha intentado, sin éxito, convertirse en un interlocutor válido para Chega, sobre la base del capital de sus miles de seguidores. Pero Ventura, que como otros dirigentes de la ultraderecha cultiva un liderazgo muy personalista, se ha cuidado de darle ese lugar. Primero, porque está fuera del partido y segundo, porque cree que puede perjudicarle. 

Sin embargo, sí compra el discurso de la remigración que surge de grupos cercanos a núcleos neonazis. ¿Cree que los partidos de la extrema derecha están siendo empujados por grupos más radicales?

Los partidos se han dado cuenta de que la remigración funciona electoralmente. Utilizan esas banderas porque generan atención, y lo que quieren es que sus temas estén en el centro del debate político. Tienen interés en surfear esa ola pero no tanto en adoptar institucionalmente esa posiciones porque pueden generar rechazo. No olvidemos que la propuesta de su máximo ideólogo, Martin Sellner, habla de deportar forzosamente no solo a solicitantes de asilo y personas en situación irregular, sino también a lo que llaman “no asimilados” [cultural o socialmente] aunque tengan pasaporte europeo. Y ahí cabe quien ellos decidan. 

Rocío de Meer, la representante de Vox en el encuentro, señaló incluso a los “migrantes que hacen uso de los servicios sociales”. 

Sí, es un clásico de la ultraderecha el discurso del “migrante parasitario” del Estado. La presencia de Vox y de AfD en la cumbre es significativa, así como la de invitados políticamente relevantes como Gregory Bovino, de la Administración Trump [excomandante general de ICE], gente del entorno de MAGA o políticos como Roberto Vannacci [líder de un nuevo partido ultra en Italia, Futuro Nazionale]. Lo que se vio en esta cumbre es que ya no son solo unos pequeños grupos marginales: el lugar elegido, la asistencia y la realización indican que hay más dinero y apoyo exterior, porque Reconquista no tiene capacidad para montar una cosa así. Estamos claramente ante otra escala de organización.

La mayoría de los ponentes del Remigration Summit tenían menos de 40 años, y muchos de ellos menos de 30. ¿Por qué el discurso identitario cala más en las nuevas generaciones? 

El discurso que escucho constantemente entre los jóvenes es: no vamos a tener futuro y nadie nos tiene en cuenta. A nuestra generación le dijeron que estudiar garantizaba una vida mejor. A esta, que aunque lo haga, es probable que viva peor que las anteriores. Repiten que se habla mucho de los derechos de distintas minorías y no de ellos. 

¿Por qué la frustración y la falta de expectativa acaban en la cuestión identitaria, en el rechazo al diferente?

En la adolescencia es natural la búsqueda de una identidad. Los chicos y chicas que yo he entrevistado que militan en la derecha y ultraderecha replican un cierto perfil: han crecido en un ambiente educativo y mediático donde se reconocen y valoran todas las identidades –étnicas, religiosas, sexuales–. Sienten que a ellos les cargan con la culpa del pasado colonialista y el racismo estructural por ser portugueses y blancos, y que el hecho de ser heterosexuales y católicos los convierte en sospechosos de ser patriarcales, homófobos o intolerantes. 

El supuesto wokismo que la ultraderecha dice que controla las escuelas no está influenciando tanto a esta generación: tienden a ser liberales, sí, pero menos progresistas

¿Cree que esa percepción tiene que ver con una característica generacional, con un error de discurso del progresismo, con una incapacidad para ver sus propios privilegios…?

La generación Z ha crecido dentro de internet, no como la anterior, que creció con internet. Y creció en un periodo de liberalismo progresista muy normativo: piensa en todas las reglas de lo políticamente correcto, tanto en la escuela como en las redes. Algunos de los primeros adolescentes que entrevisté eran gamers sin conciencia política que se radicalizaron cuando lo que llaman wokismo intentó deconstruir el mundo de los videojuegos acusándolo de machismo, violencia simbólica, racismo. 

Esa lógica funciona para todos: han crecido en sus países con pocas perspectivas de futuro, y creen que les obligan a sentirse culpables por unos supuestos privilegios que ellos nunca han sentido, y reaccionan. Obviamente no hablamos de toda la generación Z; todos los días doy clases a alumnos adolescentes que no se ha radicalizado hacia la derecha. Lo que sí veo –no tengo todavía datos empíricos de esto– es que el supuesto wokismo que la ultraderecha dice que controla las escuelas no está influenciando tanto a esta generación: tienden a ser liberales, sí, pero menos progresistas.

Allí donde no se atreven a aparecer Fratelli d'Italia, Alianza Nacional o Chega, Santiago Abascal envía a una de sus portavoces nacionales. Rocío de Meer ha participado este sábado en el Remigration Summit 26, un encuentro de líderes e influencers supremacistas, algunos de ellos investigados por la Justicia de sus países, en el que se defendió echar del continente a decenas de millones de personas por su origen (o el de sus familias) para “evitar la desaparición” de la “Europa blanca y cristiana”. Incluso a aquellos que tengan un pasaporte de la UE: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”.

De Meer, diputada en las Cortes, fue presentada como una de las políticas más destacadas del movimiento, en un evento en el que no faltaron activistas de grupos xenófobos e invitados especiales como Gregory Bovino, comandante en jefe del ICE en Estados Unidos que dirigió la represión migratoria hasta los asesinatos de Renee Nicole Good y Alex Pretti.

La primera edición de Remigration Summit fue hace un año cerca de Milán, y provocó incluso manifestaciones contra el racismo y la xenofobia. La segunda llevaba anunciándose semanas en Oporto, pero aun con los tickets agotados –las entradas iban desde los 45 hasta los 325 euros con una noche de hotel– la organización mantuvo el secreto sobre el lugar exacto del encuentro hasta pocas horas antes de que comenzara. Lo justificó como “medida de seguridad” frente a la supuesta “persecución” que sufren grupos como el Movimiento Identitario de Austria (Identitäre Bewegung Österreich) de Martin Sellner, uno de los organizadores. 

Resum26 finalmente no se produjo en Oporto si no en Figueira da Foz, una localidad costera situada a más de 130 kilómetros de distancia. El veinteañero Alfonso Gonçalves, líder del grupo ultra portugués Reconquista, ofició de anfitrión de un elenco de ponentes que desplegaron, entre apelaciones al patriotismo, la seguridad y la familia, discursos plagados de racismo cultural y biológico desde las 12 de la mañana hasta pasadas las nueve de la noche. A partir de entonces, los asistentes VIP compartieron una cena –con un coste de 150 euros– a la que se impidió el acceso a la prensa.    

“Gonçalves lleva tiempo intentando arrastrar a Chega a este terreno, y aunque su presidente André Ventura pueda apoyar el discurso, se cuida de acercarse o validar a referentes identitarios”, explica Riccardo Marchi, uno de los mayores expertos en ultraderecha de Portugal. Esta reticencia de los grandes partidos de la extrema derecha ha generado fricciones con el gran líder del movimiento, el austriaco Martin Sellner.

El ideólogo del ‘plan maestro’

“El nombre de Martin Sellner aparece junto a la palabra remigración en el diccionario”, reivindicaban días antes las redes sociales de Resum26.  En realidad, remigración es un concepto que los sociólogos han utilizado habitualmente para describir el regreso de un migrante a su país de origen, ya sea por el final de un conflicto, por decisión personal o tras la modificación de una determinada situación económica. Esta palabra, sin embargo, fue elegida como la peor del año en Alemania en 2023. El argumento de los catedráticos fue que la ultraderecha identitaria se había apropiado del término para camuflar las repatriaciones forzosas que los participantes del Resum26 se han encargado de repetir este fin de semana frente a unas 600 personas, según la organización. 

A finales de 2023, el tema de la remigración ocupó la primera plana de los periódicos en Alemania después de que una investigación periodística revelara una reunión secreta en un hotel a las afueras de Potsdam. Allí Martin Sellner presentó a empresarios y algunos políticos de AfD (e incluso de la CDU) su solución final ante la supuesta amenaza del gran reemplazo de la población “nativa europea”. Proponía repatriar no solo a solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, sino también a aquellos que se consideraran “no asimilados”, lo que suponía la expulsión de alemanes de segundas y terceras generaciones. Esto sucedía –casualidad, o no– a unos ocho kilómetros de distancia de la mansión en la que en 1942 altos cargos nazis y líderes de las SS coordinaron la logística para exterminar a 11 millones de judíos. 

“Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró este sábado entre aplausos Lena Kotré, miembro del parlamento de Brandemburgo por Alternativa para Alemania (AfD). Kotré, de 38 años, está en la mira de las autoridades de su país por sus vínculos con neonazis y por repartir en mítines armas de defensa personal. “Son el enemigo y quieren nuestra destrucción”, acusó otro de los ponentes.   

Tanto Kotré como la analista y personalidad televisiva neerlandesa Eva Vlaardingerbroek encarnan físicamente la idea de la “Europa blanca” a la que suele referirse el movimiento identitario. Conocida como Eva Vlaar en redes sociales, esta abogada y analista política es uno de sus rostros más relevantes, y fue una de las presencias más celebradas en el Remigration Summit 26. Junto con Sellner, lanzó simbólicamente la recogida de un millón de firmas para obligar al Parlamento Europeo a discutir sobre remigración. 

“Una nueva era ha comenzado”, sentenció su compatriota Lidewij de Vos, de 28 años, que propuso “desnaturalizar a los criminales con doble pasaporte” y “financiar la remigración voluntaria incluso pagando a determinadas personas para renunciar a su pasaporte. ”Los patriotas europeos estamos orgullosos de ser señalados por los progresistas. Aquí estoy con mi bebé y mi barriga para decirles que no tengo miedo“, soltó la diputada de Forum voor Democratie desatando una ovación. 

“España puede desaparecer”

En esta misma línea, Rocío de Meer negó las acusaciones de discurso de odio. “Tratar de recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”, argumentó. “Discurso del odio es destruir el patrimonio europeo. Que España siga siendo España es un discurso de amor”, aseguró. 

De Meer, portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, ahondó en el perfil de los candidatos a ser repatriados o enviados a otros continentes. “España no puede soportar más entradas desde África o Sudamérica”. Habló de “inmediata repatriación para los ilegales y deportación de quien cometa un delito”. Esta parte del discurso es más conocida. De hecho fue la propia De Meer la que defendió en una rueda de prensa la propuesta de Vox de deportaciones masivas en 2025. Sin embargo, en esta ocasión sumó a quienes “no respetan nuestra forma de vida o hacen uso de servicios sociales”. “Están colapsados”, justificó. 

“España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana. Y necesita mujeres que no tengan que pedirle permiso a las feministas para ser madres”, espetó. “No podemos aceptar que la solución a la caída demográfica sea reemplazar a los españoles”. La diputada por Almería propuso generar un “efecto salida” allá “donde podamos” y acabó reivindicando la manida “prioridad nacional” que Vox está imponiendo al PP en los sitios en los que necesita su apoyo para gobernar: “Caridad cristiana no quiere decir desorden”.