El golpe de Estado militar en Argentina cumple medio siglo en un contexto de negacionismo rampante de Milei
Pasados 50 años del golpe de Estado en Argentina, el “Nunca Más” que la ciudadanía argentina entonó contra el terrorismo de Estado vuelve a emerger frente a la embestida negacionista de Javier Milei. La ONU advierte de un “retroceso alarmante” en los más de dos años de gobierno ultraderechista, que ha apostado por el desmantelamiento de las políticas de Estado en favor de la memoria, la verdad y la justicia.
Para el 24 de marzo, quincuagésimo aniversario exacto del golpe, está prevista una gran manifestación rumbo a la Plaza de Mayo en Buenos Aires que se replicará en las principales ciudades del país. Bajo la consigna histórica de los organismos de derechos humanos, “que digan dónde están los 30.000 desaparecidos”, la convocatoria invita a llevar un pañuelo blanco o la imagen de un algún detenido-desaparecido colgando del pecho.
Milei encabeza un Ejecutivo que cuestiona la existencia de un plan sistemático de tortura, desaparición forzada y robo de bebés. Además, niega la cifra de 30.000 desaparecidos y solo reconoce a los 8.961 incluidos en el informe del Nunca Más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984.
Para este aniversario redondo, el Gobierno prepara un mensaje en redes sociales que busca instalar la idea de una “reconciliación” forzada, utilizando testimonios que igualan las violencias y pregonan el olvido sobre la memoria. Es la misma lógica que en 2024 sentó frente a la cámara a “Tata” Yofre, extitular de la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien puso en primer plano la lucha armada y borró de un plumazo el terrorismo de Estado. Agustín Laje, un referente intelectual y agitador de la ultraderecha, fue quien grabó el año pasado el video institucional en el que intentó reducir la dictadura a una “profundización” del gobierno peronista previo.
Contra la memoria, la verdad y la justicia
Alan Iud, secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y excoordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, señala a elDiario.es que “hay una fuerte avanzada del Gobierno contra los tres pilares de la política de memoria, verdad y justicia” en Argentina. “Se han dejado de financiar los sitios de memoria y desarticulado los programas de educación y memoria, como el Archivo Nacional por la Memoria y los programas de reparación de las víctimas”, advierte.
Por lo que se refiere a la cuestión de la verdad, el discurso oficial trata de imponer una visión desautorizada completamente por los tribunales y el derecho internacional, según el abogado. “El Ejecutivo va más allá de la teoría de los dos demonios (que equipara la violencia de los movimientos armados con la del Estado). Cuando plantea una 'memoria completa', retorna a una justificación del terrorismo de Estado. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que ha hecho su carrera de abogada defendiendo a genocidas, reivindica el accionar represivo”, recrimina.
Sin embargo, frente al relato de la impunidad, los datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) devuelven una realidad contundente: desde la reapertura de los juicios en 2006 han sido condenadas 1.231 personas. Con 12 procesos en marcha y un millar de represores bajo investigación, el proceso de verdad y justicia se mantiene en pie pese a los intentos de clausura administrativa. Los juicios avanzan, aunque a un ritmo lento y pese a la falta de apoyo del Ejecutivo, de acuerdo con las voces expertas consultadas.
El Ejecutivo va más allá de la teoría de los dos demonios [que equipara la violencia de los movimientos armados con la del Estado]. Cuando plantea una 'memoria completa', retorna a una justificación del terrorismo de Estado
Una cuestión que tener en cuenta es que 2025 fue el año con la mayor cantidad de absoluciones desde la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Siempre ha habido más condenados que absueltos. El año pasado, por ejemplo, hubo 20 condenados y 12 absueltos. El 83% de los condenados y 90% de los procesados permanecen en arresto domiciliario.
Desde 2016, y sobre todo en los últimos tiempos, la prisión domiciliaria es casi la norma para detener a las personas investigadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Solo 19 represores purgan sus condenas en cárceles comunes y 62 en la unidad 34 de Campo de Mayo, dentro de la jurisdicción militar, que cuenta con medidas más flexibles.
Argentina, que se consolidó como referente mundial en persecución de crímenes de Estado gracias al Juicio a las Juntas (el proceso que en 1985 llevó al banquillo de acusados a los integrantes de las primeras tres juntas militares de la dictadura), el Banco Nacional de Datos Genéticos y el incansable trabajo de las Abuelas con la recuperación de 140 nietos, se enfrenta a una estocada oficial. En noviembre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llevó la visión negacionista hasta los estrados de la ONU. Tras reducir el organismo a una tercera parte de su tamaño, dejó el cargo en diciembre.
La alerta internacional
La degradación institucional no ha pasado inadvertida para la comunidad internacional. Relatores especiales de la ONU lanzaron una advertencia tajante sobre el “rápido deterioro” del liderazgo argentino en la materia. Expertos de Naciones Unidas señalaron en un comunicado que el desmantelamiento de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, la reducción de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el vaciamiento de los sitios de memoria —incluida la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino de tortura institucional— constituyen una violación de los derechos humanos y un intento peligroso de reescribir el pasado.
Haber encontrado restos de personas abre la posibilidad de poder identificar a seres humanos que tuvieron una historia de vida y que tienen una familia que todavía los está buscando 50 años después del Golpe Militar
Al desarmar los equipos de investigación de archivos de las Fuerzas Armadas y eliminar cuerpos de peritos, el Gobierno concede, por la vía de hecho, las reclamaciones históricas de los represores. Casi un año después de que se anunciara que se iban a desclasificar archivos de inteligencia, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una desclasificación parcial de documentación vinculada al período 1973-1983.
Al respecto, Iud señala: “No son sustantivos, son 26 documentos desclasificados. En el Gobierno de Cristina Fernández se había desclasificado un grupo de documentos, se les quitó categoría de reserva y el Gobierno de Alberto Fernández empezó con el trabajo de estudio. Siempre que se desclasifica, se requiere un trabajo de análisis y de nuevos recursos. El Ejecutivo debe contribuir a aportar archivos y no lo facilita”, critica.
Pese a la estrategia del partido gobernante, La Libertad Avanza, la verdad sigue asomando. El reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), logró identificar la semana pasada a 12 personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de La Perla, en la provincia de Córdoba, y que estaban desaparecidas. Como dice a elDiario.es Silvina Turner, investigadora del EAAF, “el hecho de haber encontrado restos de personas abre la posibilidad de poder identificar a seres humanos que tuvieron una historia de vida y que tienen una familia que todavía los está buscando 50 años después del Golpe Militar”.
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