Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación “la Caixa”, obtuvo un beneficio neto de 2.325 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de dos sus ganancias de 2024 (+120%), ha informado este martes la compañía, que ha nombrado además a su hasta ahora director general, José María Méndez, como nuevo consejero delegado.

El holding ha atribuido el incremento de su beneficio neto a extraordinarios como la auto-OPA de Naturgy (306 millones de euros), la venta de Saba y su posterior integración en Interparking (270 millones de euros) y las desinversiones en renta variable cotizada (559 millones de euros).

El primer accionista de Naturgy ha señalado que las ventas de renta variable cotizada se han llevado a cabo de acuerdo con la adaptación del Plan Estratégico 2030, “adecuando dicha exposición a la visión de largo plazo de la compañía y asegurando que el valor de la cartera de liquidez sea de al menos el 10% del total de los activos”.

El objetivo de esta cartera, ha explicado el holding, es el de dotar de liquidez a la compañía obteniendo rentabilidades ajustadas a mercado.

El resultado recurrente de Criteria mejoró un 7% en 2025, hasta los 1.616 millones de euros, con una “sólida” generación de caja operativa impulsada por los dividendos recibidos de sus participadas en este periodo (1.883 millones de euros), así como la monetización de los programas de recompra de acciones llevados a cabo por CaixaBank (296 millones) y la OPA parcial ejecutada por Naturgy (705 millones).

Del total de dividendos recibidos por CriteriaCaixa destacan los de CaixaBank (1.006 millones de euros), Naturgy (434 millones), Telefónica (170 millones), ACS (51 millones), The Bank of East Asia (46 millones), Colonial (33 millones) y Grupo Financiero Inbursa (27 millones), que se suman a los 116 millones de euros del resto de la cartera.

Renovación del Consejo

Además de aprobar las cuentas del ejercicio 2025, el consejo de administración de CriteriaCaixa ha nombrado al hasta ahora director general de la sociedad, José María Méndez, como consejero delegado (CEO).

El presidente de la Fundación “la Caixa” y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que el nombramiento de Méndez tiene por objetivo “seguir impulsando al holding en el ecosistema inversor europeo”.

Asimismo, el Patronato de la Fundación “la Caixa”, accionista único de CriteriaCaixa, ha acordado el nombramiento de Nuria Chinchilla, Julia Salaverría y Xavier Brossa como nuevos consejeros independientes de Criteria en sustitución de José Antonio Asiáin Ayala, Marcos Contreras Manrique y Jean Louis Chaussade, quienes han cumplido 12 años en el cargo, perdiendo, por tanto, su condición de independientes.

Con estos nombramientos, el consejo de administración de CriteriaCaixa, integrado por 15 miembros, alcanza el 40% de consejeras en el máximo órgano de gobierno del holding, cumpliendo así con los estándares del Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, a pesar de que Criteria no cotiza.

La crisis financiera internacional desatada en 2007 se llevó por delante al sector inmobiliario español, endeudado más allá de lo razonable, y provocó enormes pérdidas por impagos al sector financiero. Esta crisis impactó especialmente en las cajas de ahorros, unas entidades singulares con órganos de gobierno controlados por las administraciones públicas, por los partidos políticos, lo que provocó que algunas se comportaran como extensiones de sus gobiernos regionales. En 2007 había en España 47 cajas de ahorros; que tras un proceso de fusiones y venta, previo saneamiento con mucho dinero público, han quedado en seis entidades: CaixaBank, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y las minúsculas Caixa Pollença y Caja de Ontinyent, que son las dos únicas que mantienen su estructura original.

El Gobierno de Mariano Rajoy, el BCE y la UE decidieron llevar a cabo una profunda reestructuración del sector, que se produjo en varios años, con el fin de permitir que estas entidades pudieran acceder al capital privado, se desligaran del control político y se separara su obra social de la actividad financiera. La norma definitiva se aprobó en 2013 y obligó a que las cajas de ahorros se transformaran en fundaciones, que son las encargadas de la obra social y las tenedoras de las acciones del banco al que traspasaron la actividad financiera, con la excepción de Pollença y Ontinyent, dada su escasa relevancia. Desde entonces, la Fundación la Caixa y CaixaBank operan por separado; al igual que la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco y Kutxabank y las tres fundaciones que son propietarias.

Con esta medida, reguladores y supervisores buscaban alejar definitivamente a estas entidades, cuya presencia en el mercado es muy importante, del control político y homologar su gobierno corporativo con los bancos. Ha pasado más de una década y parecía claro que las entidades que surgieron de las cajas de ahorros supervivientes quedaban fuera del capricho político, pero los últimos movimientos hacen temer que vuelvan a convertirse en instrumento partidista.

La operación montada alrededor de Talgo es muy ilustrativa. El Gobierno vasco considera esta compañía estratégica para Euskadi y de inmediato formó un consorcio para comprar el 29,7% del capital del fabricante de trenes, con una inversión de 157 millones de euros. Ese consorcio está liderado por José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor, como socio industrial, y acompañado por Finkatuz (fondo de capital del Gobierno Vasco) la Fundación Bancaria BBK y la Fundación Bancaria Vital. Los tres primeros han adquirido el 8,5% de Talgo y Vital un 4,25%. Nada más ejecutar la operación, anunciaron el traslado de la sede social y fiscal desde Madrid a Vitoria, concretamente a la Casa del Cordón (C/ Cuchillería, 24), un espacio cultural de la Fundación Vital que constituye también su sede. Talgo cuenta con unos 700 empleados en el País Vasco, la mayoría en la fábrica de Rivabellosa (Alava).

Pocos días después, los mismos actores protagonizan otra operación similar. Finkatuz, Indar Kartera (Kutxabank), la Fundación BBK y Teknei cierran la compran la división tecnológica de Ayesa, que anteriormente se llamaba Ibermática y estuvo controlada por las cajas vascas, por 480 millones. De nuevo, la operación supone el traslado de la sede social al País Vasco, esta vez desde Sevilla.

La coincidencia de actores no es casual, de hecho, el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, los llama sin recato “cuadrilla”. Hay un patrón de comportamiento, que implica que van de la mano el banco público, el Instituto Vasco de Finanzas, propietario de Finkatuz, y el teóricamente banco privado, Kutxabank, cuyos propietarios son las tres fundaciones que en el pasado eran las tres cajas de ahorros provinciales: Fundación BBK (53%), Fundación Kutxa (32%) y Fundación Vital (11%). Las tres están presididas por hombres del PNV. Unai Rementería, que ha sido alcalde de Mundaka, diputado general de Vizcaya y diputado autonómico, preside la BBK; Rafael Amasorrain, que fue alcalde de Bergara por el PNV, preside la Kutxa, y Jon Urresti, sociólogo militante del PNV, está al frente de la Vital.

A la potencia de los 300 millones de que dispone Finkatuz se suman los 500 millones de Indar Kartera, fondo creado por Kutxabank en marzo pasado y que acaba de entrar en la tecnológica Ayesa y en los supermercados Uvesco. Cuando lanzaron Indar, Kutxabank dijo que quiere “reforzar su posición como entidad dinamizadora del tejido económico e industrial y generadora de empleo, impulsando y financiando iniciativas empresariales estratégicas”.

Esta comunión de intereses entre el Gobierno vasco, las fundaciones de las antiguas cajas y Kutxabank se puede interpretar como compromiso con el territorio o como una prueba de que la vieja politización de las cajas de ahorros está volviendo. Se da la circunstancia de que las tres fundaciones vascas están legalmente bajo el protectorado del Gobierno vasco, a diferencia de la Fundación La Caixa, Unicaja e Ibercaja, que dependen del Ministerio de Economía. Esto se debe a que Kutxabank tiene menos del 40% de su actividad fuera de su comunidad de origen, del País Vasco.

Al tiempo, el patronato de la Fundación La Caixa decidió, el pasado 12 de enero, prorrogar el mandado de Isidro Fainé como presidente por cuatro años más. Esa misma mañana, el Financial Times publicaba un duro artículo sobre el alma mater de La Caixa. Este nombramiento necesita el visto bueno del protectorado (el Ministerio de Economía) a quien se menciona diecisiete veces en los estatutos de esta fundación. Fainé, que en julio cumplirá 84 años, ha logrado su continuidad. Eso sí, previamente, en 2024, invirtió más de mil millones en Telefónica para duplicar su participación y alcanzar el 10%, que unido al 10% de la SEPI, permiten el control de la compañía. Esas acciones fueron determinantes para relevar a José María Álvarez Pallete por Marc Murtra al frente de la operadora. Fainé se esmera con razón en preservar la independencia política de la Fundación La Caixa, otra cuestión es a cambio de qué. Los políticos son insaciables.

¡Buenos días!

Deseo que estés bien. Cada vez que un gobierno socialista accede, a regañadientes, empujado por Catalunya –es así–, a reformar el sistema de financiación autonómica aparecen los discursos apocalípticos sobre la España que se rompe, la desigualdad entre españoles y la falta de solidaridad. Y ya vemos que eso no ocurre. Qué pereza. Una mayor transparencia por parte de Hacienda sobre cuántos recursos por habitante le quedan a cada comunidad con la nueva propuesta aliviaría el debate. En todo caso, España lleva muchos años fracturada, tantos como Euskadi y Navarra gozan de sus respectivos concierto y convenio. Pocos se atreven a mencionar la bicha. Que sí, que es legal, que está en la Constitución, que son derechos históricos…De acuerdo, pero el cupo privilegia a estos dos territorios frente al resto, que es la cuestión, por mucho que la ley lo ampare. Tampoco las mujeres pudieron votar en España hasta 1933, durante la Segunda Repúbica. Antes de la Constitución de 1931 el sistema electoral español las excluía. ¿Era legal? Sí. ¿Injusto? Por supuesto.

Lo que sí está rompiendo España, y a ritmos vertiginosos, es la crisis de la vivienda, como apuntaba en el anterior boletín. No soy un experto en el tema y –no te voy a engañar– a veces tengo la sensación de que este asunto me sobrepasa, con el aluvión de datos y de diagnósticos y propuestas de parte. Imagino que a ti te pasará algo parecido. Nuestros gobernantes y políticos tampoco ayudan mucho: basta que uno lance una iniciativa (más o menos pensada) para que el otro la rechace y diga lo contrario. 

Está claro que hay un desequilibrio entre la oferta (escasa) y la demanda (creciente y heterogénea), que se agrava por los plazos (el tiempo que pasa entre que se concede una licencia hasta que te dan las llaves del piso). Pero el problema va más allá: intervienen múltiples factores que hacen que no pueda analizarse como un mercado en el que la “mano invisible” de Adam Smith nos lleva a la asignación eficiente de recursos y al bienestar social colectivo. La vivienda es un bien muy particular: de primera necesidad, sin competencia perfecta, que actúa con asimetría de la información y de acceso a los recursos entre los distintos agentes que intervienen. Está claro que el mercado no funciona, por lo que la administración pública debe intervenir.

¿Cómo? Ahí está el meollo del asunto. ¿Liberalizando más suelo? ¿Construyendo más? ¿Topando los alquileres? ¿Con premios fiscales para los caseros para que no suban más los precios a los inquilinos? ¿A qué caseros? ¿De verdad los jubilados y boomers son parte del problema? Todo ello sin mencionar el uso de pisos como apartamentos turísticos. En fin, que no es fácil. Pese a la aprobación de la Ley de la Vivienda, en 2023, que fija los rangos máximos de los alquileres en zonas declaradas tensionadas por las comunidades autónomas, los precios del mercado siguen ahogando a la población. Ojalá que no sea tu caso.

Son muchos los anuncios sobre vivienda sin que parezca haber detrás un análisis exhaustivo de la situación y de cómo va a contribuir a paliarla. Sobre todo en periodos electorales o preelectorales y por parte de todos los políticos. Todos. Así que toda la imaginación y la capacidad legislativa y de colaboración de las administraciones públicas (Gobierno, comunidades y ayuntamientos), con expertos y con un sector privado que mire más allá de la rentabilidad de su cartera inmobiliaria es poca.

El dato

8,9%

Es el porcentaje de jóvenes de menos de 41 años que son titulares de explotaciones agrarias, según el censo agrario de 2020 (últimos datos disponibles) que elabora cada década el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de la Unión Europea, la cifra es algo mejor, pero muy magra: se eleva hasta el 12%, según Eurostat. Pese al incremento general de ocupados, en el sector agrario el número de jóvenes ha descendido entre 2009 y 2021 el 11%. “El relevo generacional es clave, la prioridad número uno del Ministerio”, asegura el ministro, Luis Planas. El Gobierno pondrá suelo rústico estatal a disposición de jóvenes agricultores para facilitar el relevo generacional. Las explotaciones lideradas por jóvenes son más productivas y obtienen mayor renta. Según estudios del Ministerio, los jóvenes que se dedican al campo creen que la viabilidad de las explotaciones va ligada a la innovación y a las nuevas tecnologías.

El gráfico

La productividad es importantísima para la prosperidad y el bienestar de una sociedad. De forma sencilla se podría decir que es la cantidad de productos y servicios (output) que es capaz de generar una economía con unos recursos determinados (inputs): si con los mismos recursos se genera más producción, la productividad crece, esa economía es más eficiente. También lo es si esa economía dota de más recursos a su sistema de producción; es decir, si invierte más y la cantidad de productos crece más que proporcionalmente. La baja productividad de la economía ha sido uno de los retos históricos de la economía española. Pero esto podría estar cambiando. Según el último informe del Observatorio de la Productividad y la Competitividad Española (OPCE), que elabora la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la productividad española crece un 1,4% anual desde la pandemia, la tasa más elevada desde 1995, mientras se estanca en el 0% en la Eurozona. Esta positiva evolución está reforzando su contribución al PIB y se apoya en un cambio en el patrón de crecimiento más basado en la eficiencia productiva que en el pasado: la economía ya no crece únicamente por el aumento del empleo y el capital —maquinaria, equipos, activos inmobiliarios, infraestructuras— sino también por la mejora de la eficiencia con la que se utilizan ambos recursos productivos, lo que se conoce como productividad total de los factores (PTF). Un motivo más para que, como decía en el boletín de la semana pasada, la bonanza macroeconómica pueda trasladarse al bolsillo de los ciudadanos mejorando los salarios, por ejemplo.

No todo nos parece mal

Las empresas pegan el estirón. Junto a la calidad del capital humano (formación, educación, capacitación), el tamaño empresarial es otro de los factores que se apunta como determinante para la brecha de productividad. Lo que limita a muchas empresas no es la carencia de ideas y proyectos, sino su insuficiente dimensión. El adquirir tamaño abre la posibilidad de invertir en recursos humanos y capacidad productiva. Eso parece que también está cambiando. El tamaño medio de las empresas ha crecido un 19,3 % en los últimos siete años, pasando de los 10,3 trabajadores por compañía en 2018 a los 12,3 en 2025, según un estudio elaborado por CCOO y presentado esta semana. Este incremento responde al mayor número de empresas medianas y grandes, pero también al aumento del tamaño medio de las empresas por número de trabajadores, que ha crecido en todos los tramos, especialmente entre las que tienen 500 o más trabajadores.

CCOO atribuye esta mejora del tamaño empresarial a “las políticas económicas y laborales implementadas en estos últimos años, que han sostenido el tejido productivo y la capacidad de demanda de los trabajadores”, como la política de protección de rentas salariales durante la pandemia, el refuerzo del empleo estable gracias a la reforma laboral y el aumento del SMI. “La economía funciona mejor cuando se sostiene la demanda y se refuerza el empleo estable, no cuando se recortan derechos a los y las trabajadoras”, asegura el sindicato.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés. Este jueves toma oficialmente las riendas de la compañía. Economista y consejera desde hace una década, ha formado parte del núcleo que ha pilotado la estabilización del grupo tras sus años más convulsos. El relevo de su hermana Marta se presenta como una transición ordenada, casi natural, y se produce en un momento en el que la compañía ha dejado atrás la emergencia y entra en una fase distinta: la de demostrar que la recuperación no es coyuntural. 

Si su hermana fue la encargada de la “limpieza” —tras la abrupta marcha de Dimas Gimeno y poner orden en un balance que tiritaba—, Cristina asume ahora el papel de guardiana de las esencias en un momento de paz financiera, aunque bajo un esquema de gobernanza que levanta cejas entre los analistas: un gigante de más de 15.000 millones de facturación que pretende bailar sin un CEO al mando.

Cristina hereda una estructura de poder compartimentada, un triunvirato donde ella reina pero no ejecuta. Delega el día a día en Santiago Bau, al frente de la dirección general desde finales del pasado octubre, tras el cese de Gastón Bottazzini como consejero delegado, y en Rafael Díaz, secretario general con rango de director general (también nombrado en octubre). Es un experimento de gestión vertical donde la propiedad se resiste a soltar el volante, justo cuando la competencia (de Amazon a los nuevos hubs logísticos chinos como AliExpress o JD.com) exige respuestas rápidas y movimientos ágiles.

Los números acompañan, aunque con matices. En el último ejercicio, El Corte Inglés superó los 15.000 millones de euros de facturación (menos que en 2019), con un beneficio neto de 500 millones, encadenando varios años de mejora de resultados. La deuda financiera neta, que llegó a ser uno de los principales lastres del grupo, se ha reducido hasta situarse ligeramente por encima de los 1.700 millones, muy lejos de los niveles previos a la pandemia. Esta evolución ha dado oxígeno a la compañía, pero no la exime de tensiones en un sector con el consumo estabilizado tras la crisis inflacionista, donde cada vez compramos más online y con una plantilla de 80.000 personas que aún mira al pasado, mientras vender ya no es despachar, sino gestionar datos y servicios.

Nos gusta la competencia

Estos artículos de otros medios me han parecido interesantes.

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

Un saludo

Durante la época en la que más viviendas se construían en España, mucha gente tenía problemas para acceder a un techo bajo el que desarrollar su proyecto vital. Como ahora, durante la burbuja inmobiliaria había jóvenes que no conseguían crédito para comprar o tenían dificultades para acceder a un alquiler, familias vulnerables a las que les costaba llegar a fin de mes y mayores con dificultades para mantener un hogar. En 2007 y 2008, La Caixa inauguró en Vallecas sendas promociones en el marco de su programa social de vivienda asequible, bajo el sello de la 'Obra Social'. Decenas de vecinos de esos dos edificios de ladrillo visto temen ahora un futuro sin alternativa habitacional. La propiedad ha comenzado a enviar cartas en las que notifica a aquellos pendientes de renovación este año y durante los primeros meses del próximo que tendrán que abandonar esas viviendas.

David consiguió uno de estos alquileres en 2007 y fue de los primeros vecinos en acomodarse en el edificio. Cumplía con todos los requisitos: era menor de 35 años, no tenía otra vivienda en propiedad y no llegaba al límite de ingresos. Casi dos décadas después, se ha convertido en las orejas del lobo que empiezan a ver y atemoriza a muchos de sus vecinos. Tras tres renovaciones sin problemas, su contrato finalizó en 2022, en un caso que permanece judicializado desde entonces.

“Vivimos mi hijo y yo en esta casa. Sufro una cardiopatía y hace seis años me operaron de corazón, además padezco ansiedad y un principio de depresión, por lo que me enfrento a una situación complicada”, lamenta. David lleva desde que finalizó su contrato abonando mensualmente su renta, unos 450 euros, pero no ha abandonado la vivienda. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón, la Audiencia Provincial determinó que debía irse. Ahora está pendiente de los próximos pasos de la entidad, que ha solicitado al juzgado un impulso procesal para apurar el desahucio.

María, 45 años, relata una historia similar. Cumplía los requisitos y accedió a la vivienda en 2013. Un contrato de cinco años, que se renovó sin problemas con otro de siete y una renta que se ha ido ajustando según el IPC y que ronda los 450 euros. El contrato actual finaliza el 30 de abril de 2026, pero en agosto recibió una comunicación de InmoCaixa, el brazo inmobiliario de la Fundación La Caixa, comunicándole que, en esa fecha, “deberá hacer entrega de la vivienda”. “Cuando contactamos a través del Sindicato (de vivienda) no contestan o nos dicen que no son de su propiedad. Estamos abiertos a negociar, queremos que nos escuchen”, reclama esta vecina.

La de María no fue la única notificación. Según los datos de la PAH/Sindicato de Vivienda de Vallekas, más de 40 familias, cuyos contratos expiran en los próximos meses, han sido informadas de que no serían renovadas. Una comunicación que, según señalan, se produce “sin una explicación clara ni oferta alternativa o posibilidad de negociar”. Como la de Francisco Javier, que se mudó a ese piso para cuidar de su padre dependientes y se subrogó al contrato cuando fallecieron. Recibe una pensión a favor de familiar y, si tiene que dejar la casa cuando finaliza el contrato, en enero, no ve ninguna opción. “Tal y como están las cosas, te vas a buscar un alquiler y te encuentras 1000, 1200, 1500 euros por un piso. No puedo”, admite.

Desde la Fundación La Caixa indican que “en el proceso de gestión de la cartera inmobiliaria, se pueden generar casos puntuales de desacuerdo con algunos vecinos de esas promociones”, que se intentan resolver “caso a caso”. “Si se detecta una situación de vulnerabilidad acreditada, InmoCaixa actúa de la mano de la Administración para dar tiempo y espacio a que se pueda encontrar una solución residencial a esas personas”, señala una portavoz, que reconoce que “si no hay vulnerabilidad, se intenta buscar una solución amistosa” pero “en caso de que no sea posible, después de un tiempo prudencial se impulsa el proceso legal/judicial”.

Las familias contactadas por elDiario.es afirman que no han recibido ninguna posibilidad de negociar con la compañía y que esta tampoco se ha interesado por su situación de vulnerabilidad o no, lo que ha provocado malestar e inquietud en buena parte del vecindario, que se ha unido para hacer frente a esta situación. El Sindicato de vivienda PAH de Vallekas ha emitido un manifiesto, firmado por 37 inquilinas, en el que denuncian unas prácticas que “ponen en riesgo a decenas de familias”. “Tenemos cuatro casas en las que se acaba el contrato el 31 de diciembre, pero la gente sabe que le va a llegar su momento, así que se están animando a organizarse”, señala un portavoz.

En un momento de emergencia habitacional, en el que un millón y medio de hogares destina más del 30% de sus ingresos —la barrera en la que organismos nacionales e internacionales empiezan a hablar de un gasto excesivo— a pagar el alquiler y la edad media de emancipación supera los 30 años, la Fundación La Caixa indica que ha “reorientado sus líneas de actuación estratégica, centrando los esfuerzos en programas sociales, como los dirigidos al fomento del empleo, la lucha contra la pobreza infantil, el acompañamiento de los mayores, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas o el impulso de iniciativas dirigidas a personas vulnerables a través de sus programas de convocatoria y ayudas”.

La entidad prevé invertir 4.000 millones de euros en los cinco próximos años, según el plan estratégico presentado en junio por su presidente, Isidro Fainé, a los empleados. La nueva hoja de ruta prevé un aumento gradual del presupuesto anual hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2030, frente a los 655 millones de este 2025, que es el mayor de su historia.

Esa desinversión en VPO ha llevado a la Fundación a deshacerse de muchos de sus inmuebles, a medida que van finiquitando los alquileres. La entidad no detalla cuantos tiene en vigor ahora mismo. En algunos casos, estas ventas van a empresas privadas y, en otros, pasan a manos de las administraciones, que tienen derecho de tanteo y retracto. Por ejemplo, a finales de 2024, la Generalitat de Catalunya adquirió más de 450 viviendas sociales de InmoCaixa, por un precio de más de 30 millones de euros.

Esta redacción ha podido reunir a una quincena de inquilinos de los bloques de Vallecas, con diferentes situaciones, pero todos preocupados por la deriva de la antigua obra social y un mercado inmobiliario salvaje. “Estás con la incertidumbre de que te tiene que ir y los alquileres están costosísimos”, dice Míriam, con contrato en vigor hasta agosto de 2026, pero angustiada por su futuro. O Silvia, de 52 años, que entró hace 11 tras acreditar haber sido víctima de violencia de género y que teme perder “un entorno de seguridad que no hay en otro sitio”.

Sara, 41 años, vive con su hijo y su padre en uno de estos pisos que, como todos, tiene una superficie de unos 47 metros cuadrados. Tuvo problemas para renovar en 2020, pero finalmente logró que le mantuviesen el alquiler, con una subida hasta los 520 euros. “A partir de ahí empezaron a hacer contratos distintos”, dice, en una táctica que es, sospechan, para separar a los vecinos. A ella le quedan todavía dos años de contrato, pero no es ajena a que “igual que les pasa a mis vecinos, me va a pasar a mí”.

También está apoyando a sus vecinos Juan, 38 años. En su caso, renovó in extremis hace dos años, así que, por el momento, tiene un lustro blindado por delante, pero explica que, con su sueldo, cercano al salario mínimo interprofesional, no podía afrontar un alquiler a precio de mercado. O Javier, 76 años, que renovó a finales del 2023, pero vive ya con la incertidumbre de una nueva mudanza o de perder a sus médicos, con los que ha establecido una relación de confianza, tras siete años de visitas con su mujer. O Teresa, con la vista puesta en 2027, cuando cumplirá siete años en este piso y a quien le dijeron, como al resto, que se podría quedar “lo que quisiera”.

“Estamos todos aquí porque sabemos que esto lo quieren quitar”, explican casi al unísono en torno a una mesa de madera en la zona común de la urbanización, donde mencionan los casos de Pinto y Vicálvaro, las otras dos promociones que la Obra Social levantó en Madrid. Paloma vivía en la promoción de Pinto, donde se mudó tras un sorteo en 2013. “Cuando nos cumplió, llegó la prórroga del Covid, aunque no nos la querían dar, así que lo tuvimos que pelear. Yo estuve un año y medio pagando sin contrato”, explica. Finalmente, la orden de desahucio llegó, aunque para entonces ella ya se había ido. Dejó, eso sí, una demanda colectiva a través de la Asociación de Vecinos Tomás Bretón por cláusulas abusivas y por la venta de las viviendas al fondo Farley YTG, saltándose el derecho de tanteo y retracto a precio de VPO. “Nos la tenían que vender a nosotros a precio de vivienda social, pero nos la querían vender como vivienda libre porque el suelo se liberó”, explica.

Y en Vicálvaro, los vecinos están empezando a organizarse. “La mayoría se encuentra con que sus contratos sociales se acaban a finales de 2025 o mediados del 26, sin ningún tipo de alternativa por parte de La Caixa, que tiene el objetivo de hacer más negocio con alquileres temporales o vendiéndoselo a empresas externas, en lugar de mantener a familias que están en una situación socioeconómica bastante vulnerable. Por eso les dieron esas viviendas”, indica una portavoz del Sindicato de Vivienda de Moratalaz.

Sin embargo, los vecinos de estas antiguas promociones de los programas de vivienda asequible y alquiler solidario mantienen que la estrategia de la compañía es liberar esos pisos para seguir aumentando sus ingresos. Por ejemplo, algunas de las viviendas de Pinto, que InmoCaixa liquidó, están a la venta en portales inmobiliarios por más de 350.000 euros. Y otros de los apartamentos que han quedado libres en Vallecas, y de los que se ha deshecho la Fundación, se anuncian como alquiler de temporada, de uno a once meses, por 1.000 y 1.100 euros.

Con todo, los vecinos exigen una negociación para poder seguir en las que han sido sus casas durante años, incluso décadas. Algunos mantienen la esperanza y amenazan con seguir el ejemplo de David y quedarse pase lo que pase. Él hace una reflexión: “Con su imagen filantrópica, crees que no pasará esto”.

CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de Fundación La Caixa, ganó 1.361 millones en el primer semestre del año, un 7% más que en el mismo período de 2024, ha informado la compañía en un comunicado.

Criteria recibió en los seis primeros meses 1.074 millones de sus participadas, principalmente de CaixaBank (637 millones de euros), Naturgy (155 millones), Telefónica (85 millones), Colonial (33 millones), Inbursa (27 millones), The Bank of East Asia (24 millones) y ACS (12 millones), que se suman a los 101 millones de euros del resto de la cartera.

En el caso de CaixaBank se suma la monetización que ha tenido que llevar a cabo Criteria para mantener su participación en el banco que dirige Gonzalo Gortázar como consecuencia de la política de recompra de acciones. Se trata de 184 millones de euros. Y, procedente de Naturgy, ha recibido 705 millones de euros en efectivo por la OPA (oferta pública de adquisición) parcial ejecutada por la propia compañía energética.

La generación de caja unida al aumento del valor en Bolsa de sus participadas (+5.535 millones de euros), ha elevado un 27,7% el valor neto de la cartera de activos que gestiona (restada ya la deuda que arrastran dichos activos), que superó los 32.000 millones de euros, durante los seis primeros meses del ejercicio.

La inversión en empresas que aporten dividendos es el gran objetivo de la nueva hoja de ruta que tiene que dibujar el consejero delegado de Criteria, Francisco Reynés, tras la vuelta de las vacaciones de verano. Es el carburante que necesita la fundación, que es la segunda mayor de Europa en volumen de recursos, para que pueda llevar a cabo su obra social, que este año dispone de un presupuesto récord de 655 millones de euros. De hecho, hasta junio Criteria le ha distribuido un dividendo de 360 millones. En los próximos cinco años, la fundación prevé invertir 4.000 millones de euros.

El desajuste entre algunas de las inversiones que ha llevado a cabo Criteria en los útlimos meses fueron el detonante del cese de Ángel Simón como consejero delegado del holding inversor solo 15 meses después de ser nombrado y su sustitución por Reynés. Algunas fueron anunciadas y al poco tiempo canceladas, como las del gigante de las masas congeladas para pan y bollería Europastry y la siderúrgica Celsa.

La inversión más relevante del primer semestre ha sido de 1.046 millones de euros en Veolia, alcanzando una participación del 5,01%, así como las inversiones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión), el valor de cuyos desembolsos a finales del primer semestre asciende a 152 millones. A 30 de junio existen compromisos de inversión en instituciones de inversión colectiva pendientes de desembolso por un importe de 609 millones de euros.

Isidro Fainé quiere que las inversiones que lleva a cabo CriteriaCaixa, estén más en consonancia con los objetivos de Fundación La Caixa, que es su único accionista, y que haya más coordinación entre ambas entidades, incluso en su gobernanza. El objetivo es que la fundación, que es la segunda mayor de Europa en volumen de recursos, pueda llevar a cabo su obra social “mediante la gestión adecuada de su patrimonio”, es decir, gracias a los dividendos procedentes de la cartera industrial de Criteria.

La entidad que luce la estrella de Joan Miró en su identidad corporativa prevé invertir 4.000 millones de euros en los cinco próximos años, según el plan estratégico de Fundación que ha presentado este miércoles su presidente, Isidro Fainé, a los empleados. La nueva hoja de ruta prevé un aumento gradual del presupuesto anual hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2030, frente a los 655 millones de este 2025, que es el mayor de su historia.

El desajuste entre algunas de las inversiones que ha llevado a cabo Criteria en los útlimos años fueron el detonante del cese de Ángel Simón como consejero delegado del holding inversor solo 15 meses después de ser nombrado y su sustitución por Francisco Reynés (que sigue presidiendo Naturgy), quien está revisando todas las operaciones que el grupo tiene en cartera. En breve adecuará un nuevo plan industrial alineado con el de la Fundación.

El nuevo plan aprobado por el patronato de la entidad dibuja, más allá de los ejes estratégicos sobre los que se centrará la obra social de la entidad, el marco de actuación que hará posible que la Fundación y Criteria “operen de manera más coherente y coordinada”, según ha comunicado la entidad.

Para ello, añade, “establece la orientación estratégica de Criteria respecto al enfoque de la gestión de sus inversiones y las bases para el refuezo de la gobernanza compartida” entre el patronato de la Fundación y el consejo de administración de Criteria“. Ambas entidades mantendrán la soberanía de sus respectivos órganos de gobierno, según fuentes conocedoras del plan.

La marcha atrás en la toma del 20% de la siderúrgica Celsa y la congelación de invertir en el gigante de masas para panadería y bollería Eurpoastry --en fase de estudio-- responden a este nuevo enfoque.

“Una entidad independiente”

Isidro Fainé, que preside tanto la Fundación como Criteria, ha destacado, según señala la entidad en un comunicado de prensa, que la Fundación “siempre ha sido una entidad independiente y se ha posicionado del mismo modo”. Las palabras de Fainé cobran especial relevancia, ante las comentarios en torno a las inclinaciones políticas de varios ejecutivos de ambas entidades y el acercamiento del PSOE por controlarlas.

Bajo el lema 'Creer para transformar', los tres ejes principales de actuación serán el social, que concentrará cerca del 60 % del presupuesto anual, la investigación y las becas, y la cultura. La entidad estudiará además nuevas líneas de actuación como la sostenibilidad ambiental, la salud mental y la longevidad.

En el ámbito social, el propósito de esta fundación es mejorar la calidad de vida de las personas, en especial las más vulnerables, con el foco puesto en la lucha contra la pobreza, la inserción sociolaboral de aquellos que están en riesgo de exclusión y el acompañamiento de las personas de más edad.

En el área de la investigación y las becas se plantea promover el talento y la innovación científica para dar respuesta a los retos de salud y bienestar, con objetivos concretos como la construcción del primer ecosistema europeo “filantrópico” de centros de investigación biomédica y biotecnológica, liderado por CaixaResearch Institute.

Este instituto será el primer gran centro de investigación transversal e interdisciplinar especializado en inmunología de las enfermedades en España, y centro de referencia mundial. A finales de 2025, está prevista la inauguración del primer bloque del nuevo edificio, en Barcelona.

Por su parte, la actuación en el ámbito de la cultura persigue construir una oferta “de excelencia” a escala nacional e internacional, a través de instrumentos como la red de CaixaForum, presente ya en 9 ciudades de España. El plan prevé la finalización de la construcción del CaixaForum de Málaga.

Si el cese de Ángel Simón como consejero delegado de Criteria, el brazo inversor de Fundación La Caixa, causó un asombro mayúsculo entre las élites políticas y económicas españolas por inesperado, la llegada de Francisco Reynés a la vicepresidencia ejecutiva del holding no está exenta de tensión. El nuevo hombre fuerte de Criteria está revisando todas las operaciones que el grupo tiene en cartera y que aún no están cerradas con el objetivo de redefinir el plan estratégico de la entidad, según fuentes del mercado. La norma que regirá a partir de ahora para dar por buena o no una inversión será la de los dividendos.

A ello responde, en gran medida, la decisión de dar marcha atrás a la compra del 20% del capital de Celsa, mediante una ampliación de capital por valor de unos 350 millones de euros, conocida este miércoles. La siderúrgica está en plena reestructuración, tanto industrial como de gobernanza.

Y lo mismo podría ocurrir con Europastry, una operación anunciada casi al mismo tiempo y prácticamente calcada a la anterior: la adquisición del 20% del gigante de panadería y bollería congelada, por alrededor de 300 millones de euros. Fue anunciada a finales de marzo, tras el enésimo gatillazo de la firma por salir a Bolsa, y se tenía que “formalizar en las próximas semanas”, pero tampoco estaba cerrada, como avanzó El Confidencial y han confirmado fuentes cercanas a la misma. Europastry declinó valorar dicha información y valorar posibles alternativas.

Cuando Criteria anunció la entrada en la empresa de masas congeladas, propiedad de la familia Gallés, explicó que se reforzaba el objetivo del holding que preside Isidro Fainé de invertir en empresas líderes en sectores “altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor”, en el marco de su plan estratégico 2030. De este modo, añadía el comunicado, Criteria fortalecerá su estrategia de diversificación, ganando exposición en el sector de la alimentación.

Todo ello es lo que el nuevo equipo de Reynés, comandado por los recién nombrados José María Méndez (director general de Criteria) y Adolfo Feijóo (director adjunto), está revisando a fondo. Fuentes financieras explican que “tiene todo el sentido, como consecuencia de un cambio de etapa”.

El plan estratégico 2030, que Ángel Simón presentó hace justo un año acompañado por Fainé, contemplaba alcanzar una cartera de 40.000 millones de euros dentro de cinco años, un 48% más que los 27.000 millones que gestionaba en junio de 2023, e invertir también en un centenar de pymes para impulsar su crecimiento y desarrollar su tecnología.

Desde el aterrizaje de Simón en la compañía, en enero de 2024, el presupuesto para inversiones había superado los 5.600 millones de euros, teniendo en cuenta las operaciones de Celsa y Europastry y la anunciada un mes antes: la toma del 5% de Veolia por alrededor de 1.000 millones de euros para mantener una participación financiera durante al menos dos años.

Criteria no reculará en las operaciones ya materializadas, explican fuentes financieras, pero se revisarán igualmente bajo el estricto criterio de la rentabilidad. Más allá de si la compañía tiene o no proyección internacional y de si su modelo de gestión empresarial está alineado con el de Criteria, como también se tiene en cuenta hoy, el gran mantra que guiará a partir de ahora la hoja de ruta de la entidad será el dividendo.

Criteria ya lo avanzó cuando justificó el descarte de Celsa, al dudar del “encaje de dicha operación” con la “capacidad en atender a una política de dividendos a largo plazo”.

La gasolina de la Fundación

CriteriaCaixa, que es la propietaria de la mayor cartera industrial de España, depende de Fundación La Caixa, pero ésta, que es la segunda mayor fundación de Europa en volumen de recursos tras la británica Wellcome Trust, depende de las inversiones de Criteria para llevar a cabo su obra social. Es su gasolina. Este año cuenta con el mayor presupuesto de su historia, 655 millones de euros.

El holding industrial acordó este martes distribuir un dividendo de 140 millones de euros a la fundación, que se suman a los 430 millones (+8%) que aportó con cargo a los resultados de 2024. El año pasado no le fue mal a Criteria: ganó 1.061 millones de euros, un 30% más que el ejercicio anterior, gracias a unos dividendos de sus participadas de 1.878 millones, un 69% más.

La cartera industrial de Criteria está compuesta, entre otras, por CaixaBank, donde es el principal accionista con el 31,17% del capital, Naturgy (con el 26,71% del capital), Telefónica (9,9%), ACS (9,36%), Bank of East Asia (19,33%), Colonial (17,32%), Veolia (5%) y Puig (3,05%), entre otras.

Francisco Reynés, que sigue presidiendo Naturgy, espera a actualizar la hoja de ruta de Criteria de acuerdo con el nuevo plan estratégico de la Fundación, que muy probablemente se conocerá la semana que viene.

CriteriaCaixa, brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha descartado definitivamente su entrada en Celsa como socio de referencia, después de haber anunciado en abril un principio de acuerdo para controlar el 20 % de la siderúrgica mediante una ampliación de capital.

El consejo de administración del holding presidido por Isidro Fainé, con Francisco Reynés como primer ejecutivo, ha decidido finalmente no ejecutar la operación. “Celsa respeta la decisión tomada por CriteriaCaixa y también manifesta su acuerdo en dar por finalizadas las negociaciones”, según afirman en ambas entidades en un comunicado conjunto.

La operación fue el detonante del cese de Ángel Simón como consejero delegado de Criteria. Fue comunicada por el holding inversor de La Caixa el 2 de abril, anunciando -como siempre- un principio de acuerdo para entrar en la siderurgia mediante una ampliación de capital. Pero dos semanas después enfrió dicha operación, algo poco habitual en la entidad, al matizar que se encontraba “en fase de estudio”. A finales de abril, el patronato de la Fundación la Caixa, presidido Fainé, destituía a Simón.

La proximidad de Raynés con el presidente de Celsa, Rafael Villaseca, que fue consejero delegado de Naturgy, hizo pensar que ambas partes podrían reconducir el proceso. Pero en las torres negras no se acababa de entender la operación, por más que contara con el apoyo del Gobierno, que acudió al rescate a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por varias razones: porque Celsa no encajaba con el perfil de empresa a invertir de acuerdo con plan estratégico Criteria, aun vigente, porque CaixaBank es una de las entidades a las que Celsa debe dinero y porque entrar en la siderúrgica supondría aliarse con los fondos acreedores, que se la ganaron a la familia Rubiralta Rubió en 2023 por la vía judicial, algo que conmocionó a las élites económicas y políticas de Catalunya.

De hecho, Criteria explica en el comunicado que, además de la coyuntura económica y de los mercados actual, “ha tenido también en cuenta el encaje de dicha operación en el plan estratégico de la Fundación la Caixa y especialmente en relación con la capacidad de sus participaciones en atender una política de dividendos sostenible a largo plazo”. Celsa no los asegura por ahora.

La Fundación presentará próximamente su nuevo plan estratégico 2025-2030. Una vez se establezca esa hoja de ruta, se espera que Raynés adapte el plan estratégico de Criteria al de La Caixa, que presentó hace un año Ángel Simón, acompañado de Fainé.

Celsa tiene ahora que decidir si reactiva el proceso para encontrar un nuevo socio. En noviembre empezó a buscar un accionista español con vocación industrial en cumplimiento del compromiso adquirido por los fondos propietarios con el Gobierno. El proceso, dirigido por Gran Thorthon y Citi, logró hasta cinco propuestas y, finalmente, Criteria resultó ganadora a principios de abril con una oferta de unos 350 millones de euros por delante de empresas como Sidenor o Cristian Lay.

La siderúrgica tiene previsto tomar una decisión en su próxima junta general de accionistas, que celebrará el 30 de junio. La compañía asegura en el comunicado que “cuenta con el apoyo de sus accionistas actuales para desarrollar su plan de negocio hasta 2028, que está consiguiendo importantes aumentos de ebitda [beneficio bruot de explotación], así como una significativa reducción de su endeudamiento”.

Antes, el 16 de junio, la compañía tiene cita ante el juez con el antiguo presidente, Francesc Rubiralta, ante la demanda presentada por la nueva propiedad de Celsa por una reclamación de 539 millones de euros en préstamos concedidos a las compañías patrimoniales de la familia Rubiralta, según la versión del nuevo consejo de administración de la siderúrgica.

Celsa está especializada en el reciclaje de chatarra férrica para producir acero en hornos de arco eléctrico. La compañía cuenta con 120 centros de trabajo, siete acererías y 48 plantas de reciclaje, repartidos en nueve países de Europa, y da trabajo a más de 70.000 profesionales en Europa, contando empleo directo, indirecto e inducido.

Siguen los cambios en CriteriaCaixa. Una semana y media despúes del fulminante cese de Ángel Simón y del nombramiento de Francisco Reynés, actual presidente ejecutivo de Naturgy, como el nuevo hombre fuerte, el holding ha reforzado el nucleo duro de su dirección con el nombramiento de un director general y de un director general adjunto. Ambos acompañarán a Reynés como vicepresidente ejecutivo del grupo.

El brazo inversor de la Fundación la Caixa ha informado este viernes de que la comisión ejecutiva del consejo de administración ha nombrado a José María Méndez nuevo director general de la compañía, mientras que Adolfo Feijóo será el nuevo director adjunto. Méndez, que hasta ahora era adjunto a Simón, se ocupará de la gestión operativa del holding y reportará a su comisión ejecutiva, integrada por el presidente del consejo, Isidro Fainé; su vicepresidente Francisco Reynés, José Antonio Asiáin y Marcos Contreras.

José María Méndez Álvarez-Cedrón (Lugo, 1966) es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, recientemente fue nombrado consejero dominical de CaixaBank, en representación de la Fundación La Caixa. Fue director general de la CECA y consejero delegado de CecaBank hasta el pasado mes de abril, y con anterioridad ocupó diversos cargos en la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera del Ministerio de Economía (1993-2003).

Por su parte, Adolfo Feijóo Rey (Barcelona, 1971) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona y máster en Derecho Bancario y Financiero por la Boston University School of Law, PIL por Harvard University y PDG por el IESE. Actualmente es director de asesoría jurídica y vicesecretario del patronato de la Fundación y del consejo de administración de CriteriaCaixa y con anterioridad, desarrolló su trayectoria profesional en Uría Menéndez y en Cuatrecasas Legal.

Isidro Fainé, presidente de la Fundación “la Caixa”, ha presidido en Brusleas la tercera reunión del Consejo Social y Filantrópico del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI, por sus siglas en inglés), según ha afirmado este organismo en un comunicado.

Fainé es el presidente de esta entidad, que también ha celebrado esta semana en Bruselas el 61º comité de presidentes y el 44º consejo de administración.

“Las reuniones han congregado a más de 30 delegados de alto nivel de 23 países, en representación de cerca de 20 instituciones miembro, y han servido para fijar los objetivos de la entidad para los próximos meses, con especial atención a la transformación digital, la innovación, las finanzas sostenibles y los asuntos institucionales”, explica el WSBI.

También se ha destacado la importancia de las finanzas inclusivas con perspectiva de género, con la creciente participación de los miembros en el Código de Finanzas para Mujeres Emprendedoras del Banco Mundial, que se ha convertido en un elemento clave de los esfuerzos globales del WSBI.

Las próximas reuniones estatutarias del WSBI se llevarán a cabo el próximo mes de octubre en Washington DC, coincidiendo con la cumbre anual del FMI.

“El Consejo Social y Filantrópico es una plataforma para la colaboración y el intercambio de ideas, que permite mejorar el impacto de los programas sociales que llevan a cabo nuestras entidades asociadas por todo el mundo y nos recuerda que, juntos, tenemos el poder de impulsar un cambio transformador y crear un futuro más brillante y equitativo para las generaciones venideras”, ha afirmado Fainé.

Por su parte, el director general de CECA, Antonio Romero, ha participado por primera vez como miembro de la junta directiva de WSBI y vicepresidente del Grupo Europeo de Cajas de Ahorros (ESBG, por sus siglas en inglés).

CriteriaCaixa sigue con su frenético ritmo de compras. El brazo industrial de la Fundación La Caixa y Celsa han alcanzado un principio de acuerdo para que Criteria entre en el capital de la compañía siderúrgica con aproximadamente un 20% de participación, mediante una ampliación de capital, según ha informado en un comunicado la compañía que preside Isidro Fainé. Este lunes, Criteria anunció una operación calcada con Europastry, el gigante europeo de las masas congeladas para pan y bollería.

El consejo de administración del Grupo Celsa, que preside el exconsejero delegado de la entonces Gas Natural (hoy Naturgy) Rafael Villaseca, ha aprobado incorporar al holding como accionista relevante, y está previsto que la operación se lleve a cabo en las próximas semanas.

La entrada de la entidad se produce después de que Celsa, que la familia Rubiralta perdió en los tribunales en favor de los acreedores pese al rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), iniciara un proceso para incorporar a un accionista español con vocación industrial, al que se presentaron cinco ofertas.

Celsa está especializada en el reciclaje de chatarra férrica para producir acero en hornos de arco eléctrico. La compañía cuenta con 120 centros de trabajo, siete acererías y 48 plantas de reciclaje, repartidos en nueve países de Europa, y da trabajo a más de 70.000 profesionales en Europa, contando empleo directo, indirecto e inducido.

Para Criteria, esta inversión se enmarca en el impulso de su cartera de capital privado, que prevé alcanzar un valor de 4.000 millones de euros en 2030. Como primer holding inversor de España y uno de los primeros de Europa, CriteriaCaixa gestiona una cartera de 30.400 millones de euros y prevé alcanzar los 40.000 millones de euros en 2030. El año pasado ganó 1.061 millones de euros en 2024, un 30% más.

Los que conocen a Isidro Fainé saben de su obsesión para que nadie le marque el paso, y muy especialmente desde las esferas políticas. Le ocurrió hace escasas semanas con el relevo de José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica, y el nombramiento de Marc Murtra, una operación orquestada desde la Moncloa. Fainé es vicepresidente de la operadora y presidente de la Fundación La Caixa, que controla el 10% del capital a través de Criteria, su holding inversor. Y desde que Banco Sabadell anunció el regreso a su ciudad natal hace poco más de un mes, se había instalado un runrún general en Catalunya propicio a poner punto final al proceso de exilio de empresas iniciado en 2017 en busca de seguridad jurídica.

El retorno a Barcelona de las sedes sociales de Fundación La Caixa y Criteria -no de CaixaBank, que sigue en València “con carácter indefinido”- anunciado esta semana ha sido “muy personal” y se ha hecho “cómo y cuándo Fainé ha querido”, aseguran fuentes financieras conocedoras del proceso. De forma rápida y concisa.

Una vez tomada la decisión, que llevaba rumiando “desde hace tiempo”, el directivo, que tiene 82 años, aceleró los acontecimientos: convocó las sesiones extraordinarias tanto en el patronato de la Fundación como en el consejo de administración de Criteria el miércoles por la mañana con un solo punto en el orden del día, lo acordaron por la tarde y se comunicó sin más dilación a las presidencias del Gobierno, de la Generalitat y del Govern de les Illes Balears, donde el grupo se mudó por su arraigo histórico en la comunidad.

El objetivo era evitar especulaciones y filtraciones, aunque los principales dirigentes políticos estaban al tanto de las intenciones de Fainé por conversaciones informales mantenidas en las últimas semanas, según varias fuentes consultadas. La relevancia económica y social de La Caixa, así como la singularidad de su modelo organizativo, no deja de ser una tentación para entrometerse e intentar influir en su orientación. Hay mucho en juego.

El cambio de las sedes no es relevante a nivel económico. No implica movimiento de personas, ni de servicios corporativos o de espacios, en la medida en que la mayoría de los empleados y centros de trabajo han permanecido siempre ubicados en Barcelona. Pero es una señal importante. Certifica el final del procés, la vuelta a la ansiada normalidad institucional y supone un espaldarazo al afán que tiene Salvador Illa, con quien Fainé mantiene excelentes relaciones, para que Catalunya vuelva a ser la locomotora de España. Los gestos son importantes y las torres negras de la Diagonal son sin duda el emblema del poder económico.

La Caixa es la propietaria de la mayor cartera industrial de España, a través de su holding inversor, Criteria, que desde hace un año gestiona Ángel Simón. A finales del año pasado la cartera tenía un valor de unos 30.000 millones de euros. Es el principal accionista de CaixaBank, la principal entidad financiera de España, que también tiene como socio al Estado, igual que en Telefónica. Y ostenta participaciones relevantes en Naturgy (con el 26,71% del capital), Telefónica (9,9%), ACS (9,36%), Bank of East Asia (19,33%), Colonial (17,32%) y Puig (3,05%), entre otras.

Esta semana, justo un día antes de conocerse el retorno de la sede, Criteria sorprendió al anunciar un pacto que le permite seguir ampliando el porfolio de participadas: la adquisición del 5% de la francesa Veolia Environnement, tras el pago de unos 1.000 millones de euros, según los precios de mercado. No solo vuelve La Caixa a su lugar de referencia, también pretende recuperar la influencia en un sector al que ha estado vinculada históricamente: el agua.

Veolia: una participación financiera

Ambos grupos comparten accionariado en Aguas de Barcelona. Veolia la controla con el 70% del capital, y Criteria y el Ayuntamiento de Barcelona se reparten el resto con un 15% cada uno. Tanto Simón como su mano derecha, Ciril Rozman, proceden de allí. Una de las grandes incógnitas está en ver hasta dónde llega la influencia de La Caixa en Agbar, que es el verdadero objeto de deseo que, según varios sectores, esconde esta operación.

Agbar es una compañía que se dedica a gestionar el agua en 1.300 municipios de España. Criteria fue durante años uno de sus accionistas de referencia a partes iguales con Suez, hasta que Veolia la adquirió mediante una oferta pública de adquisición (opa) hostil en 2022. La compra desató una guerra entre Veolia y La Caixa, pero su relación “ha mejorado mucho recientemente” tras el nombramiento del abogado Miquel Roca como presidente de Aguas en diciembre pasado, aseguran fuentes cercanas a la empresa de servicios.

Tanto Fainé como Antoine Frérot, presidente de Veolia, se han congratulado públicamente por la entrada de Criteria en el capital del grupo francés, a través de un pacto de inversión que contempla que la participación del brazo industrial de La Caixa como accionista de referencia sea solo financiera y no se extralimite, según fuentes conocedoras de la operación. Aunque el holding catalán contará con un representante en el consejo de administración de Veolia, el acuerdo establece que CriteriaCaixa no superará una participación del 5,5% y se compromete a mantener su participación durante al menos dos años, “sugiriendo un papel principalmente financiero, sin derechos especiales adicionales”, asegura Veolia.

Un modelo único en el mundo

En cualquier caso, la operación refuerza la cartera de diversificación del holding español y contribuye al plan para engordarla, hasta alcanzar los 40.000 millones de euros en 2030. Las inversiones industriales y financieras es lo que permite asegurar la supervivencia de la Fundación, cuyo modelo de estructura es inédito en el mundo. Los abultados dividendos que obtiene a través de su cartera de empresas participadas (espera superar ampliamente los 1.600 millones de euros correspondientes a 2024) son los que le permiten alimentar su extensa obra social y filantrópica, como recuerda siempre que tiene ocasión su presidente.

La Caixa es la segunda fundación de Europa en volumen de recursos. La supera la británica Wellcome Trust, la segunda mayor del mundo después de la Fundación Bill y Melinda Gates. Se fundó en 1936 de acuerdo con el testamento de Henry Wellcome, gracias a los beneficios de la farmacéutica Wellcome, que en 1995 fue adquirida por Glaxo. Hoy Wellcome Trust es una fundación independiente que financia proyectos de investigación en tres ámbitos: el cambio climático, las enfermedades infecciosas y la salud mental. Su cartera de inversiones supera los 36.800 millones de libras esterlinas (unos 43.700 millones de euros).

El presupuesto de la Fundación La Caixa para este alcanzará los 655 millones de euros, el mayor de su historia, según la entidad. Cerca del 60% de la inversión, más de 370 millones, se destinará al desarrollo de programas sociales, entre ellos la lucha contra la pobreza infantil, el empleo para personas vulnerables, el envejecimiento activo y la atención a personas con enfermedades avanzadas. Otro 20%, unos 130 millones, a iniciativas de divulgación de la cultura y la ciencia a través de la red de centros CaixaForum o CosmoCaixa, entre otras actividades. Y el resto se destinarán a proyectos de investigación en salud y a educación. La entidad ha desembolsado más de 5.000 millones en la última década. El “alma” de La Caixa.

La Fundación La Caixa ha alcanzado un presupuesto de 655 millones de euros para 2025, lo que supone un 9% más que el año anterior y el mayor de su historia, según ha informado la entidad. “Incrementamos el presupuesto para seguir impulsando el progreso social, la cultura y la ciencia, la educación, y la investigación y la salud”, ha señalado el presidente de la Fundación, Isidro Fainé.

Cerca del 60% de la inversión, más de 370 millones, se destinará al desarrollo de programas sociales, entre ellos la lucha contra la pobreza infantil, el empleo para personas vulnerables, el envejecimiento activo y la atención a personas con enfermedades avanzadas, ha señalado la entidad en un comunicado. La entidad lleva desde 2008 destinando más de 500 millones de euros anuales a acción social e incrementando esta cifra progresivamente desde el año 2017. 

Otro 20%, unos 130 millones, se destinará a iniciativas de divulgación de la cultura y la ciencia a través de la red de centros CaixaForum, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, exposiciones, conciertos y conferencias.

El área de investigación y salud contará con una dotación de 105 millones, un 16% del presupuesto total, que se dedicarán, entre otros proyectos, a la investigación médica y el desarrollo del CaixaResearch Institute, centro de referencia en el ámbito de la inmunología.

El 7% restante de la inversión en la entidad, unos 49 millones de euros, se destinará al área de educación y becas, que otorga becas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado, así como al programa EduCaixa, que promueve la transformación para garantizar una educación de calidad a través del desarrollo de competencias tanto en del alumnado como de los docentes.

En la última década, la entidad ha destinado un total de más de 5.000 millones de euros a iniciativas sociales, científicas, educativas y culturales. 

En el balance de 2024, la entidad destaca que sus intervenciones sociales han llegado a más de 235.000 beneficiarios. El programa CaixaProInfancia, por ejemplo, dirigido a hogares con niños y adolescentes en riesgo o en situación de exclusión, atendió el año pasado a 65.845 personas y 41.849 familias.

El programa Incorpora, centrado en promover la integración laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad, facilitó por su parte cerca de 40.000 puestos de trabajo en España, en colaboración con más de 15.000 empresas.

La atención al final de la vida, a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, atendió a 36.587 pacientes y 41.682 familiares.

 “Quien ha pilotado el cambio ha sido el Gobierno, a través de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y La Caixa no se ha opuesto”. Así comentaba una fuente conocedora de la operación para relevar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y nombrar a Marc Murtra, hasta ahora al frente de Indra. La decisión, que para determinados sectores se trata de una maniobra abrupta e intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez, ha vuelto a poner sobre la mesa el papel que juega la fundación que preside Isidro Fainé (a su vez vicepresidente de Telefónica), a través de CriteriaCaixa, su brazo inversor y el primer grupo industrial privado del país, en el entramado empresarial español.

Hubo un tiempo en que La Caixa, a través de su cartera industrial, controlaba o estaba en el accionariado de las principales empresas del país gracias a la ola de privatizaciones iniciada por Felipe González y rematada por José María Aznar: Repsol, Telefónica, Abertis, Gas Natural (hoy Naturgy), Aguas de Barcelona. Esa cartera fue perdiendo peso (desinversiones) hasta hace poco más de un año, cuando el Gobierno acudió a las torres negras de la Diagonal de Barcelona para solicitar protección frente al capital extranjero y blindar determinadas empresas estratégicas.

Al cabo de poco –esta semana hace justo un año– La Caixa nombraba a Ángel Simón nuevo consejero delegado de CriteriaCaixa y anunciaba una nueva etapa para dar un nuevo impulso a su brazo inversor con la justificación de asegurar los recursos económicos que precisará la fundación en el futuro. Nada menos que incrementar un 45% el valor hasta 2030 hasta alcanzar los 40.000 millones reforzando la presencia en sectores estratégicos (banca, energía, telecomunicaciones y otras empresas de servicios públicos, las llamadas utilities). La operación rescate estaba en marcha.

La SEPI, institución pública inversora adscrita al Ministerio de Hacienda, alcanzaba el 10% del capital social de Telefónica en mayo 2024, tras la reacción del Consejo de Ministros a la entrada de la compañía de telecomunicaciones saudí STC en el operador español. Un mes después, en junio, Criteria comunicaba el mismo umbral. Junto al Estado, los dos principales holdings industriales del país ostentan el 20% del capital de Telefónica como contrapeso al 9,9% de los saudíes.

En Naturgy, el grupo que capitanean Fainé y Simón se ha convertido en el primer accionista, con el 26,7% del capital, tras la intención –hoy abortada— de Taqa, la eléctrica de Emiratos Árabes, de comprar la gasista española. Aun así, Criteria tiene pendiente dar salida a los fondos CVC y GIP y dotar de estabilidad a la compañía, ya que entre ambos controlan el 40% de Naturgy. En el caso Talgo está por ver si Sidenor y el Gobierno acaban convenciendo al holding catalán Criteria para que socorra al fabricante de trenes español ante los intentos de compra procedentes de Hungría. “De momento, no hay nada”, aseguran desde Criteria.

El Estado participa en distintas empresas, varias del Ibex 35 (Telefónica, CaixaBank, Enagás, Indra y Aena), aunque con un grado de influencia distinta en cada una de ellas. La participación de los Estados en las empresas estratégicas es algo habitual en los países europeos de nuestro entorno, como Francia (Électricité de France, Engie, Air France-KLM, Orange o Renault) o Alemania (Deutsche Telekom, Commerzbank, entre otras). En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni es también el principal accionista de Enel, dueña de Endesa.

Fuentes consultadas niegan que el relevo en la presidencia de Telefónica sea una invasión precipitada del Gobierno. “Aquí hay determinados sectores que enseguida se rasgan las vestiduras por un supuesto intervencionismo, pero no ha sido un cambio improvisado, se llevaba trabajando intensamente desde hace varias semanas, y cuenta con el acuerdo de los principales accionistas y el beneplácito del núcleo duro”, explican las mismas fuentes.

De hecho, para un nombramiento como el de Marc Murtra, que no forma parte del consejo de administración, se requiere el voto favorable de, al menos, el 85% de los miembros del consejo, según recogen los estatutos de Telefónica, en el artículo 31, correspondiente a la designación de cargos, recuerdan fuentes gubernamentales. “Se ha hecho bien y rápido”, valoran, y “tal y como estaba planeado para llegar con todo a punto para la próxima junta general de accionistas de Telefónica”. La compañía suele celebrar la junta el viernes previo al Domingo de Ramos, este año sería el 11 de abril, y tanto la Ley de sociedades de capital como los estatutos de Telefónica establecen que debe convocarse y publicitarse con un mes de antelación, como mínimo, dando a conocer todos los puntos del orden del día aprobados por el consejo de administración. Teniendo en cuenta que el de Telefónica se reúne el último miércoles de cada mes, no había mucho margen: la reunión de enero (la semana que viene) y la de febrero, justo al límite.

Marc Murta aúna el apoyo del Gobierno y de La Caixa. Muy cercano al PSC del president Salvador Illa, y patrón (también lo es Álvarez-Pallete) de la Fundación La Caixa de Isidro Fainé, quien a su vez mantiene excelentes relaciones con los socialistas catalanes, el nuevo presidente de Telefónica es un ejecutivo solvente, con experiencia tanto en la gestión pública como privada. Deja Indra con paz interna, con beneficios récord (de 206 millones de euros en 2023) y con la acción por encima de los 18 euros, lo que supone 2,5 veces más que los siete euros que rondaba cuando fue nombrado presidente de Indra en 2021. Todo lo contrario que la acción de Telefónica, que ha perdido valor en consonancia con las grandes telecos europeas, como Vodafone, Orange o Deutsche Telekom, 

En las torres negras, el nombramiento de Murtra es miel sobre hojuelas. Les gusta y lo conocen, y esperan que su gestión contribuya a engordar los dividendos con los que alimenta su obra social. En el primer semestre, el holding recibió 1.127 millones de euros de dividendos de sus participadas, un 42% más que el mismo periodo del año anterior, y espera superar ampliamente los 1.600 millones de euros por dividendos al cierre de 2024. Salir al rescate suele aportar recompensa.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, han firmado hoy en Toledo un acuerdo marco que contempla la colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa, cultural y de investigación.

El acuerdo recoge que la Fundación 'la Caixa' aumenta a 10,5 millones de euros el presupuesto destinado a acción social en la Comunidad Autónoma en 2024, lo que supone 500.000 euros más que en 2020, una inversión que ha ido incrementando progresivamente en los últimos años.  

“En estos momentos tan complejos, intensificamos nuestro compromiso con la sociedad castellanomanchega, tan querida para nosotros. En la Fundación 'la Caixa' queremos estar al lado de las personas, y especialmente de aquellas que más lo necesitan, las más vulnerables. Por eso vamos a reforzar aquellos programas que tienen un mayor impacto transformador para la sociedad, como los que luchan contra la pobreza y la exclusión', ha manifestado Isidro Fainé.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destacan colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar la integración laboral de colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Algunos de los proyectos prioritarios que ponen especial atención en la acción social transformadora son el conocido como CaixaProinfancia, un programa estratégico de la entidad que tiene como objetivo luchar contra la pobreza infantil. Esta iniciativa, dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo o situación de exclusión atendió a 310 niñas y niños y a 172 familias en 2023. 

Además se apuesta por el programa Incorpora, que se centra en fomentar la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar trabajo, como personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, personas migradas y exreclusos, entre otros. A lo largo de 2023, se facilitaron un total de 1.138 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha gracias a la colaboración de 462 empresas del territorio. Un total de 20 entidades sociales y 29 técnicos de inserción desarrollan el programa Incorpora en la Comunidad.

Por otro lado, el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que busca mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida, así como a sus familias. En Castilla-La Mancha, este programa cuenta con 5 equipos de atención psicosocial en 6 hospitales de la comunidad, en los que se atendieron a 942 pacientes y 1.308 familiares en 2023.

Y el Programa de Personas Mayores, que tiene como misión fomentar la participación social de este colectivo, dar valor a su experiencia y situarlos como protagonistas activos de nuestra sociedad. Este colectivo tiene la oportunidad de formarse en proyectos de nuevas tecnologías, culturales y sociales a través de los 29 centros de personas mayores en convenio. En 2023, se realizaron en Castilla-La Mancha un total de 737 actividades, que contaron con la participación de 33.024 personas. 

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (198 itinerarios ide integración sociolaboral en 2023) y las convocatorias de ayudas a proyectos de iniciativas sociales (en Castilla-La Mancha se han concedido ayudas a 33 proyectos en 2023, con un importe de cerca de 1 millón de euros) son otros objetivos destacados a los que la Fundación 'la Caixa' destina sus esfuerzos en la comunidad. 

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación “la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2023 se facilitaron 167 de estas ayudas, con una inversión de 610.000 euros por parte de la Fundación.

Más de 257.000 personas visitan las exposiciones de Castilla-La Mancha

En el terreno de la divulgación de la cultura, la Fundación “la Caixa” fomenta el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones que programa en Castilla-La Mancha. A lo largo de 2023, un total de seis muestras sumaron 257.216 visitantes. Entre ellas, la exposición inmersiva Symphony. Un viaje al corazón de la música, en Talavera de la Reina; Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson, en Ciudad Real; Colores del Mundo, en Cuenca y Albacete; Tierra de sueños, de Cristina García Rodero, en Guadalajara. 

En 2024, se continúa con esta promoción de la cultura a través de exposiciones itinerantes, y ya se han podido ver De Polo a Polo en Talavera de la Reina; Leonardo da Vinci. Observa, cuestiona, experimenta, en Ciudad Real y Empieza el espectáculo. Georges Meliès y el cine de 1900, en Toledo. Asimismo, está previsto llevar a cabo nuevas exposiciones durante lo que queda del año en la Comunidad. 

El convenio firmado hoy también recoge que se seguirá desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación “la Caixa”. En 2023, fueron 248 escuelas castellanomanchegas, con un total de 41.297 escolares y 3.519 docentes, las que participaron en recursos y actividades de este proyecto. 

También dentro del programa EduCaixa, en 2023 los estudiantes de Castilla-La Mancha pudieron visitar LabEmprende, un laboratorio de actividades interactivo y multimedia itinerante que permite descubrir el proceso de emprendimiento y las características y valores necesarios para emprender

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? En elDiario.es estamos completamente a favor de la declaración de reconocimiento del Estado de Palestina que ha hecho el Gobierno de España. Es una medida a favor de la paz y la convivencia y contra el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. El mismo día, el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, viajaba a Israel para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El viaje de Abascal le va a marcar para toda su vida política. Es relevante y un aviso a navegantes en este momento en el que nos jugamos tanto por las elecciones europeas.

De hecho, en los últimos cinco años la ultraderecha en el Parlamento Europeo ha seguido una estrategia de nacionalismo, xenofobia y rechazo a la transición ecológica, sin dar tampoco soluciones a los problemas que sufren los países de la UE. El partido que lidera Santiago Abascal y sus socios de la extrema derecha se han dedicado esta legislatura a intentar boicotear medidas que podrían incrementar el nivel de vida de los trabajadores españoles. 

Luchar contra la brecha de género, mejorar los derechos de los trabajadores de plataformas con una 'ley rider' europea o una norma para reforzar las obligaciones de las multinacionales en el respeto de los derechos humanos son algunas de las iniciativas legislativas a las que se ha opuesto Vox y sus aliados de ultraderecha. 

En otros casos, cuando el interés político es evidente, Abascal y los suyos optaron por la abstención para que no se evidencie que están posicionados contra los trabajadores, como fue el caso del acuerdo para fijar un “salario mínimo adecuado” en la UE y reforzar la negociación colectiva. En esta información te damos más datos y explicaciones sobre la posición de la ultraderecha y Vox contra los intereses de los trabajadores españoles y europeos. 

Cada vez que habla sube el pan

No es en ningún caso para tirar cohetes... Estamos ante una aplastante mediocridad económica

Alberto Núñez Feijóo — Presidente del Partido Popular 

Es cierto que sacar pecho con que la economía va “como un cohete”, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un crecimiento de 2,9%, es un tanto exagerado, pero lo que no tiene fundamento ni base es responder con que estamos “ante una aplastante mediocridad económica” como ha apuntado Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. De las cuatro grandes economías de la UE, Francia y Alemania están por detrás de España, solo Italia ha crecido más desde 2019. Nuestro país, aunque tenga una tasa de paro muy alta, ha superado los 21 millones de empleados y, según corroboró la OCDE, la renta real disponible de las familias sí que supera el nivel de 2019 en promedio.

Cuando no saben dónde asirse, la derecha suele cogerse a cualquier cosa. Ahora es la falta de inversión de las empresas, como si no hubiera habido una pandemia o un crisis de inflación. De hecho, el Banco de España constata que los factores que han limitado la inversión empresarial en España se diluyen. La economía española tiene muchos retos que afrontar todavía, pero desde luego no se acerca a la visión apocalíptica del líder el PP. Aquí te mostramos los gráficos que desmontan el catastrofismo económico de Feijóo.

El Dato

1.865,8 euros por metro cuadrado

Ha sido el precio de la vivienda libre en el primer trimestre de 2024, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esto supone un incremento del 4,3% hasta marzo y marca el nivel más alto desde 2009. Son datos que coinciden con el primer aniversario de la Ley de Vivienda, que cumple un año con el respaldo del Tribunal Constitucional a la mayor parte del texto. La vivienda sigue siendo un grave problema para las familias españolas. El Banco de España alerta de que la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza porque los arrendamientos se comen la mayor parte de sus ingresos, mientras que los promotores inmobiliarios advierten de que los precios de la compra de vivienda no van a dejar de subir. Ante esta situación, elDiario.es ha planteado a expertos del ámbito académico, del activismo y del sector empresarial cómo enfocar esta crisis para encontrar arreglo: Aquí puedes leer las soluciones al problema de la vivienda en España. 

El Gráfico

Cuando una compañía multiplica sus beneficios por siete, de 2.043 millones a 14.881 millones de dólares, y sus ingresos se incrementan un 262%, hasta los 26.044 millones, en el primer trimestre de 2024 es que está protagonizando un cambio que va más allá de sus libros de cuentas. Es lo que le ocurre a la compañía de semiconductores, Nvidia, liderada por Jensen Huang. Se trata de la empresa líder en la infraestructura clave de la inteligencia artificial que está brotando por todo el mundo y su crecimiento se erige sobre la venta de chips para centros de datos avanzados. En este enlace te explicamos el ascenso vertiginoso del gigante tecnológico, Nvidia.

El furor bursátil tiene también un reflejo en España. Criteria Caixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, se ha reforzado en grandes cotizadas en unas operaciones que superarían los 5.000 millones de euros en la primera mitad de 2024. Por un lado, Criteria ha asumido un protagonismo propio en el devenir de Naturgy y negocia para que los fondos CVC y GIP vendan su 40% de la energética a inversores de Emiratos. Por otro lado, la compañía que preside Isidre Fainé ha comprado el 9,4% del capital social de ACS, convirtiéndose en el segundo mayor inversor en la constructora por detrás de su presidente, Florentino Pérez. Además, se ha hecho con el 3% del capital de Puig, en la socimi Colonial va a pasar del 3% al 17%, y en Telefónica, donde ya controla un 5%, tiene intención de alcanzar el 10% e igualar el peso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conformar un núcleo duro junto al Estado frente al grupo saudí STC, que también roza el 10%. Aquí te explicamos cómo Criteria, el brazo inversor de La Caixa, se convierte en el gran comprador del año.

Entrepreneur

Esta semana tenemos varios candidatos al entrepreneur de la semana. Por un lado, Edith Rodríguez, la mujer más rica de Argentina, ha reforzado el peso de España en el entramado de sociedades que su opaca petrolera, Pluspetrol, lleva años tejiendo en diversos territorios para eludir impuestos. Sus dos empresas gemelas, Petro Andina Resources Spain SL y Petro Andina Spain SL, tienen su sede en las oficinas del despacho internacional Intertrust en Serrano, 41.Comparten domicilio con el entramado montado en los últimos años por otros multimillonarios latinoamericanos sin rostro, los Guillermo Prieto. Con esos activos por 41,3 millones de euros, sin empleados ni facturación, estas dos empresas españolas tienen el 100% de Pluspetrol Uruguay SA. Aquí te contamos cómo la mujer más rica de Argentina usa España para eludir impuestos con su opaco gigante petrolero.

Otro ejemplo de entrepreneur es Teresa Pérez de Madrid, propietaria de una empresa de interiorismo en Pozuelo. Esta decoradora confesó al regulador bursátil de Estados Unidos que a principios de 2023 obtuvo ilícitamente unas ganancias de cerca de 270.000 euros usando información privilegiada sobre una operación corporativa de la que había tenido conocimiento a través del ordenador de su marido, abogado de profesión. Iniciativa no le faltó. En este enlace te contamos la historia de la decoradora que ganó 270.000 euros usando información privilegiada de su marido abogado.

Y finalmente, un viejo conocido de las informaciones de elDiario.es, David Hatchwell. El inversor tuvo que reformular las cuentas de su conglomerado empresarial, la española Excem Grupo 1971, SA, aflorando pérdidas de 2,8 millones de euros adicionales a las declaradas inicialmente, tras una serie de errores contables que motivaron el despido fulminante en 2022 de los directivos del área Financiera. Aquí puedes leer cómo el amigo de Netanyahu y socio de Nacho Cano corrige las cuentas de su grupo empresarial y fulmina al área Financiera.

Letras que son un Tesoro

Esta semana os recomendamos el libro 'El juego del dinero' (Editorial Península), de Gary Stevenson. El autor, de familia trabajadora, estuvo empleado como trader en Citibank vendiendo y comprando acciones, swaps y otros productos financieros, apostando a que la economía colapse. Un mundo despiadado, donde la avaricia es el principal impulsor para unos jóvenes y unas empresas que se enriquecen con la pobreza del resto del mundo, como explica en su libro. Tras esta experiencia personal, Stevenson abandonó el mundo de los mercados financieros para dedicarse a explicar cómo funciona la economía y luchar contra la desigualdad. Aquí puedes leer una entrevista a Gary Stevenson sobre sus vivencias como 'trader' que recoge en su libro. 

Bien público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en enero que España vulnera la directiva europea sobre la igualdad de trato en el empleo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A pesar de que cueste creerlo, el Estatuto de los Trabajadores recogía que la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador era motivo de extinción del contrato. Fue el trabajador -José Angorrilla, que ves en la imagen-, el que llevó su caso a los tribunales, que ha acabado con una injusticia que afectaba a personas que además de sufrir un problema de salud eran despedidos de su trabajo. Ahora, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció una reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y se “corrige la discriminación”. Aquí puedes leer un reportaje de David Noriega, con testimonios de afectados, sobre cómo la incapacidad no volverá a ser motivo de despido.

Nos gusta la competencia

En esta sección os ofrecemos una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Aquí terminamos, volvemos a vernos el jueves que viene. Para cualquier ideo comentarios nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. Te recordamos que el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en Barcelona, donde contaremos con Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre muchos otros. Es un evento gratuito y abierto al público, así que no dudes en pasarte a vernos.

¡Buena semana!

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El presidente Pedro Sánchez está intentando normalizar las relaciones del nuevo Gobierno de coalición con los grandes empresarios en reuniones cara a cara. Sánchez ha tenido ya un puñado de estos encuentros “discretos”, según los describen fuentes conocedoras, en las últimas semanas. Su intención es reconstruir puentes con las principales compañías del país después de “las broncas” de la pasada legislatura por distintas cuestiones. “Sobre todo por las provocadas por los comentarios y propuestas de las ministras de Unidas Podemos”, continúan estas mismas fuentes.

“El ambiente era un poco tóxico, pero era más ruido que nueces y eso se nota en las cuentas de resultados, y en que ahora se ha reducido ese ruido, que nunca gusta al mundo empresarial”, comentan, por su parte, fuentes del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno se ha reunido con el presidente de Mercadona, Juan Roig; con el de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; con el de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé; y con el consejero delegado de Endesa, José Bogas; entre otros. Lo ha hecho en citas que no aparecen en la agenda pública que cada día se puede consultar en la página web de La Moncloa, en la que sí han quedado registradas las reuniones con directivos de Cepsa y Maersk en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) o su participación en la clausura del Congreso 10º Aniversario Multinacionales con España.

La estrategia de Sánchez pasa por sacudir de las espaldas del nuevo Gobierno el estigma antiempresas que sobrevoló constantemente sobre su Ejecutivo en la anterior legislatura, en la que el Consejo de Ministros tomó decisiones insólitas como la creación de los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca o de las energéticas, como el diseño del tope al gas (o mecanismo ibérico) o como la histórica subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

De hecho, la “ronda” de citas del presidente Sánchez con empresarios apoya la intención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de pactar el nuevo incremento de este suelo para los ingresos de los trabajadores con la patronal. El presidente Sánchez “está retomando la agenda de contactos con los empresarios, que ha tenido siempre. Se había reducido con la Presidencia de la Unión Europea (UE) y las elecciones generales”, defienden fuentes de Moncloa.

“Hay mucha incertidumbre internacional, y el presidente entiende que es un buen momento para reunirse con los empresarios para explicarles la hoja de ruta, los proyectos y las prioridades del Gobierno”, continúan. “Tiene que haber un espacio más reforzado de conversación con los empresarios porque venimos de una sucesión de crisis (Covid, inflación, guerra de Ucrania, etc.) y no se ha podido crear este espacio”, consideran.

Desde Mercadona admiten a elDiario.es que Juan Roig ha estado “dentro de la ronda que está haciendo Moncloa con los empresarios”. También lo reconocen en Criteria Caixa, el vehículo de inversión que preside Isidro Fainé y que tiene participaciones importantes en Caixabank [cerca de un 30%, mientras que el Estado tiene cerca de un 15%], Telefónica o Naturgy. Fainé también está al frente de Fundación La Caixa, la matriz de Criteria, y, en el pasado, fue presidente del propio banco en el que se originó esta organización (antes de la fusión con Bankia) y de Gas Natural (hasta 2018).

Con él, Pedro Sánchez despachó sobre los diferentes temas de actualidad económica que afectan a las inversiones de Criteria, desde el debate sobre el impuesto a los beneficios extraordinarios a la banca o a las energéticas, pasando por la polémica sobre la entrada de Arabia Saudí en el capital de la principal teleco de nuestro país. La reunión se produjo a finales de noviembre, y también estuvo marcada por las negociaciones con las partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, para lograr su apoyo para la investidura del nuevo Gobierno.

La incomodidad del conjunto del sector financiero con el tributo que el primer Gobierno de coalición diseñó para gravar sus ingresos extraordinarios por las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) es conocida. Este mismo lunes, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, dijo que “no hay ninguna novedad” en la revisión del impuesto a la banca que avanzó el pasado viernes. Esta revisión “está alineada con el acuerdo de Gobierno” entre PSOE y Sumar, añadió. En cambio, desde el ala más a la izquierda del Ejecutivo se llegó a afirmar hace solo unos meses que el impuesto extraordinario acabaría siendo un tributo más del sistema fiscal de nuestro país.

“Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si en esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no”, subrayó la vicepresidenta, incluyendo también el tributo extraordinario a las energéticas.

Esta será una de las grandes batallas entre el nuevo Ejecutivo y los sectores de la banca y de la energía, y también dentro del propio Gobierno de coalición. De ahí el interés del presidente Pedro Sánchez en preparar el terreno en este inicio de legislatura.

La 'guerra' entre Podemos y Mercadona

También fueron muy diferentes en el último año las posturas del PSOE y de Unidas Podemos respecto a la inflación y respecto a cómo han aprovechado las grandes cadenas de supermercados esta crisis de precios para aumentar sus beneficios. Es cierto que la parte más beligerante en este aspecto, que fueron los líderes de Podemos (entre ellos Ione Belarra y Pablo Echenique), está ahora fuera del Gobierno de coalición, pero sus declaraciones, principalmente sobre Mercadona, rompieron todos los puentes entre el sector y el Ejecutivo.

Belarra, siendo ministra, acusó a Juan Roig de ser un “capitalista despiadado” y llegó a llamarle “capo”. Por su parte, a mediados de noviembre, el presidente de Mercadona declaró que si el clima político que se vive en España se estuviese dando en Portugal, donde la compañía está en proceso de expansión, “ralentizaría las inversiones”. Roig pidió a la clase política española tranquilidad y “que no ponga palos en las ruedas”. También aseguró que se está produciendo una división entre españoles “que no es nada buena”.

La relación con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, también es escarpada. El anuncio de la entrada de Arabia Saudí en el capital de la compañía levantó las críticas de la izquierda, que sonaban más y más feroces cuanto más escoradas. Finalmente, el Gobierno contestó con la intención de comprar una participación de la teleco que devolviese al Estado a su junta de accionistas. De momento, la situación sigue sin resolverse.

El presidente de la Fundación “La Caixa”, Isidre Fainé, ha recibido este miércoles La Gran Cruz de la Orden del Infante Don Henrique, el mayor galardón civil con que Portugal puede honorificar a una personalidad, solo por detrás del Gran Collar, limitado a jefes de Estado.

El nombre de Fainé se suma así al de personalidades como el fundador de Microsoft, Bill Gates; la reina doña Sofía; el filólogo Fernando Lázaro Carreter; y los expresidentes de la Comisión Europea, Jacques Delors y Jean-Claude Juncker, entre otros.

El presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, es quien ha impuesto la distinción a Fainé en una ceremonia celebrada en el Palacio de Belem como reconocimiento a su compromiso durante décadas por potenciar las sinergias entre este país y España en los ámbitos bancario, industrial y social.

“Pueden seguir contando con mi compromiso personal y el de la institución a la que represento, para contribuir en la medida que podamos, al desarrollo conjunto de nuestros países”, ha señalado el presidente de la Fundación “La Caixa”. La entidad tiene previsto invertir en 2023 un presupuesto de 50 millones de euros en Portugal en el desarrollo de programas sociales, educativos, culturales y de investigación médica que atiendan las principales prioridades del país.

En el ámbito empresarial, el compromiso de la Fundación con Portugal se articula a través de la participación de su holding, CriteriaCaixa, en CaixaBank (propietario del banco portugués BPI) y en otras compañías cotizadas portuguesas, como el grupo Sonae.

La Fundación La Caixa tendrá este ejercicio el presupuesto más alto de su historia con 538 millones de euros. Son 23 más que el año pasado y el 60% del total se destinará a programas sociales. Los proyectos estarán centrados en la lucha contra la pobreza infantil, crear empleo para colectivos con dificultades o atender a personas con enfermedades avanzadas.

El presidente de la fundación, Isidre Fainé, ha explicado que en momentos difíciles como los actuales es cuando consideran que tienen que estar más cerca de toda la sociedad y, especialmente, de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Fundación La Caixa prevé destinar cerca de 320 millones de euros al desarrollo de programas de transformación social, como CaixaProinfancia, a los proyectos de integración laboral Incorpora y Reincorpora, al programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, y al programa de Personas Mayores.

Otros 112 millones de euros los destinará a iniciativas de divulgación de la cultura y de la ciencia, a través de la red de centros CaixaForum, incluyendo el nuevo CaixaForum+ -una plataforma audiovisual con un catálogo creciente de propuestas culturales y de divulgación científica-, de las exposiciones itinerantes, de la programación de conciertos y conferencias y de las propuestas del Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

El área de Investigación y Salud de la Fundación La Caixa contará con 62 millones de euros, un 11% del presupuesto total, para apoyar proyectos de investigación médica CaixaImpulse Health y CaixaImpulse Innovación, y a desarrollar el futuro CaixaResearch Institute, centro de referencia científico que la Fundación está impulsando en Barcelona.

Otros 44 millones de euros los dedicará al área de educación y becas, que promueve becas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado, así como el programa Educaixa.

La Fundación La Caixa, cuyo director general es Antonio Vila Bertrán, ha acabado de implementar en todas las provincias de España los programas CaixaProinfancia y de Atención a Personas con Enfermedades Avanzadas y también en el último ejercicio ha colaborado en vehicular la acogida de refugiados ucranianos en familias españolas.

Balance y objetivos

Fainé ha destacado que, con este presupuesto, la entidad suma más de una década destinando una inversión superior a los 500 millones de euros al desarrollo de iniciativas sociales, científicas, educativas y culturales.

La ampliación de las Convocatorias de Ayudas a Proyectos Sociales con criterios de territorialidad, la puesta en marcha del nuevo programa de Becas de Grado, la inauguración de CaixaForum Valencia, el lanzamiento de CaixaForum+ (que cuenta ya con más de 40.000 suscriptores) o los 7,7 millones de beneficiarios de Profuturo, el programa de alfabetización digital en países en vías de desarrollo, han sido otros de los objetivos de la Fundación alcanzados en 2022.