La Ertzaintza ha tenido que retirar 10.207 cartuchos de 'foam', su principal munición antidisturbios. Estaban “defectuosos”. Lo hizo entre los años 2022 y 2023, según datos oficiales entregados al Parlamento Vasco en respuesta a preguntas tanto del PP como de EH Bildu. 3.234 de ellos estaba asignados a la Brigada Móvil, la unidad especializada en control de orden público; 5.569 eran del tipo SIR, el menos lesivo, y 4.638 del SIR X.

El consejero Bingen Zupiria ha actualizado este miércoles, a instancias de EH Bildu, una tabla facilitada en su momento a petición del PP sobre materiales defectuosos. En la primera, no había datos de la Brigada Móvil, que es la unidad que en pura teoría más emplea este armamento adquirido hace ya más de una década para sustituir a las pelotas de goma. Atribuye Zupiria a un “error de transcripción” que no se ofrecieran todos los datos en su momento y actualiza ahora la cifra hasta 10.207 proyectiles retirados, sumados 1.202 SIR y 2.032 SIR X.

Es una cifra elevada ya que entre 2020 y 2023 la Policía vasca adquirió exactamente 22.205 unidades de SIR y 17.175 de SIR X. Se trata de una compra de 900.000 euros a Eurodis System España. Expone Zupiria que la munición de 'foam' tiene una caducidad de cinco años. “En el propio cartucho aparece el número de lote. A través de éste se conoce el año de fabricación y, por ende, el año de caducidad”, agrega. Señala que es “la persona usuaria” la que “reporta” posibles “defectos”, que “pueden ser debidos a la fabricación o a las condiciones en que ha estado almacenado”.

Un juzgado de Melilla investiga el incidente ocurrido el pasado 31 de enero en una cafetería de la ciudad autónoma cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional, de servicio y vestidos de uniforme, profirieron insultos racistas a un padre de familia que estaba acompañado de su mujer y sus dos hijos. El incidente corrió como la pólvora por Melilla, entre otras circunstancias por la identidad de la víctima del presunto delito de odio, un guardia civil muy conocido en la ciudad y campeón nacional del arte marcial Jiu Jitsu.

El pasado 31 de enero era sábado y Nabib desayunaba con su familia en una mesa del bar Zafiro, en el barrio del Real. Eran alrededor de las 10:30 cuando se dirigió hacia la barra para pagar y un grupo de policías nacionales, de la Unidad de Intervención Policial, hicieron comentarios sobre él que escuchó la mujer de Nabib. Según la denuncia interpuesta en la Comandancia de Melilla por el propio agente, y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los policías le llamaron “chimpancé” y “mono”. Uno de ellos habría dicho: “A ese enano lo cojo y lo parto en tres”. 

Los comentarios, proferidos en voz alta, causaron revuelo en el bar. La mujer de Nabib se levantó para informar a su marido de lo sucedido y recriminar a los policías su actitud. Nabib declaró en la Comandancia que solicitó “expresamente” a los policías nacionales que se identificaran, pero estos se negaron a ofrecerle su número de carnet profesional. “Cambiaron de tema en varias ocasiones, sin atender de manera clara ni directa a lo requerido”, recoge la denuncia, presentada esa misma tarde en dependencias del instituto armado. 

A continuación, el grupo de policías se dividió. Cuatro de ellos se retiraron al vehículo que tenían aparcado fuera y dos continuaron hablando con Nabib. “Preguntado para que diga cómo le hicieron sentir los hechos descritos”, recoge el acta, el guardia civil respondió: “Humillado y deshumanizado, especialmente por haberse producido los comentarios delante de sus hijos menores y en un establecimiento que frecuenta habitualmente la familia”. Los compañeros de la Guardia Civil, en atención a la posible comisión de un delito de odio, preguntaron a Nabib si considera que los hechos atentaron contra su “dignidad personal por razón de su origen o rasgos físicos”, a lo que la víctima contestó afirmativamente. 

Tras la toma de declaración de la víctima y diligencias, la Guardia Civil presentó un atestado de 76 folios al Juzgado número 5 de Melilla. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguran que su titular va a incoar una causa por un delito contra las libertades. La Guardia Civil ha localizado a cuatro testigos del incidente que serán llamados a declarar al juzgado. 

Los agentes del Servicio de Información del instituto armado también han obtenido un vídeo, grabado por un testigo con su teléfono móvil, en el que se aprecia a Nabib interactuando con dos de los policías nacionales y que serviría, al menos, para identificar a estos agentes. A ese vídeo pertenecen las capturas que ilustran esta información.

La Dirección General de la Policía asegura haber abierto una información reservada que queda detenida a la espera de una resolución judicial, según marca la normativa del Cuerpo. 

Los hechos provocaron la reacción casi inmediata de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien desde su cuenta de Twitter condenó los hechos y advirtió de que se habían “activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades”. “Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero”, escribió la representante del Ejecutivo central en la ciudad.

La cafetería Zafiro es conocida por la calidad de sus desayunos. Es frecuentada por muchos policías, guardias civiles, locales y miembros de las Fuerzas Armadas, colectivo con una importante presencia en la ciudad autónoma. Un agente comenta que la convivencia entre cuerpos es pacífica y cordial y que no se recuerda un incidente como el que sufrió Nabib. 

A 10 minutos caminando de la cafetería Zafiro se encuentra el paso fronterizo con Marruecos y los agentes de la UIP pudieran estar disfrutando de su descanso, destacados allí para dar apoyo a sus compañeros. Está por esclarecer si se trataba de agentes llegados a Melilla para prestar servicio de forma puntual y no conocían a Nabib o si el comentario de uno de ellos “lo cojo y lo parto en tres” responde a que sabían quién era y sus habilidades deportivas.

Una jueza de Madrid ha decidido absolver a un manifestante acusado de lanzar botellas contra la Policía durante los disturbios en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La magistrada rechaza la acusación de la Fiscalía, que pedía hasta cuatro años de cárcel para el joven, y asegura que las declaraciones de los agentes antidisturbios no han conseguido demostrar que arrojara objetos contundentes a la línea policial en una de las noches con más enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid. El acusado llegó a pedir sin éxito que se le aplicara la ley de amnistía.

Miles de personas se concentraron en diversas manifestaciones en las inmediaciones de la calle Ferraz en noviembre de 2023 para protestar contra la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Concentraciones convocadas por partidos políticos como Vox o grupos de su órbita como Revuelta pero también por otros grupos de extrema derecha e influencers de corte ultra como Alvise Pérez o el líder de Desokupa.

Muchas de esas concentraciones acabaron en disturbios liderados por integrantes de grupos neonazis y la Policía Nacional, en total, detuvo a 84 personas y denunció a otras 367. Los hechos que analiza esta sentencia ocurrieron a última hora del 10 de noviembre, la octava noche de protestas en las inmediaciones de la sede central del PSOE. El acusado, que entonces tenía 24 años de edad, fue detenido poco antes de las once de la noche y acusado por los policías de haber lanzado “una botella de vidrio” a los antidisturbios durante los enfrentamientos.

El juzgado de lo penal número 24 de Julián Camarillo ha optado por absolver al acusado: “Nos encontramos ante un vacío probatorio y sólo se puede llegar a una sentencia de signo absolutorio”, explica la magistrada. Varios policías afirmaron que arrojó una botella a un compañero, pero la magistrada destaca que los vídeos del momento no muestran que fuera él quien lanzara el vidrio con el acusado, además, negando los hechos.

Uno de los policías explicó que esa tarde estaba actuando como “infiltrado entre los manifestantes” y que los hechos ocurrieron cuando la concentración ya se había disuelto, aunque otro manifestante también involucrado consiguió escapar. El acusado, por su parte, aseguró que mantuvo una actitud “pasiva de protesta e indignación”, que en ese momento trabajaba “para un despacho de abogados” y que la gente se “indignó” por “la brutalidad” de su detención por parte de agentes de paisano.

La magistrada llega incluso a expresar su “estupor” sobre el parte de lesiones de un agente que supuestamente chocó con una valla y se lesionó ambas rodillas. Según la acusación de la Fiscalía, eso sucedió por la resistencia que el acusado presentó contra su detención, pero el agente ofreció varias versiones distintas a lo largo del juicio y otro dijo que el afectado se “resbaló”. “Causa estupor que con esta información la acusación pública indique que debido a la oposición del acusado, el agente se precipitó contra una valla”, afirma la jueza.

El acusado ha sido defendido por el letrado de Guadalajara Ignacio Menéndez, habitual en los círculos de extrema derecha y que en noviembre de 2023 se ofreció a defender gratis a todos los detenidos en las protestas contra la amnistía. Menéndez, hijo del capitán golpista Camilo Menéndez, protagonizó un intento fallido de varias personas entrar al Valle de los Caídos en octubre de 2019 con un megáfono al grito de “El honor ni se divisa” y “voy a defender al comandante Franco” mientras una mujer forcejeaba con la Guardia Civil afirmando: “Queremos ir a misa”.

Las decenas de detenciones policiales durante los disturbios en Ferraz en noviembre de 2023 se tradujeron en diversas causas judiciales que, poco a poco, van llegando a juicio en distintos tribunales de la ciudad de Madrid. Otro de los procesos, en el que la Fiscalía pide más de dos años de cárcel, gira en torno a Pablo Lucini, uno de los dirigentes del grupo ultraderechista Democracia Nacional, con mucha presencia en las protestas de esos días en torno a la sede del PSOE.

En este caso, la defensa del acusado planteó que fuera exonerado a través de la aplicación de la ley de amnistía. La jueza contesta que esa interpretación es “carente de cualquier respaldo legal” y que la aplicación de esta ley es “exclusiva a los delitos cometidos en el marco de las consultas celebradas en Cataluña en 2014 y 2017”.

El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de la ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, propone la eliminación de las pelotas de goma del material de los antidisturbios y la desaparición de las devoluciones en caliente en la frontera. La mayoría del pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox y eso implica que la reforma pasará ahora seguirá su tramitación en la cámara baja.

La enmienda del PP ha sido rechazada con 169 votos a favor y 176 en contra. La de Vox, con 33 votos de su partido a favor, 176 en contra y 137 abstenciones, tampoco ha salido adelante. La norma todavía tiene que tramitarse a través de una ponencia, en la comisión de Interior y nuevamente en el pleno antes de poner rumbo al Senado.

La reforma ha sido impulsada por PSOE, Sumar, EH-Bildu, ERC y PNV y pretende modificar más de dos docenas de artículos de la ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Una de sus principales modificaciones está al final de la norma, que con una nueva disposición adicional sobre el material antidisturbios obliga a ir sustituyendo “progresivamente” el uso de balas de goma “por otros menos lesivos”.

Otra de las nuevas disposiciones adicionales afecta a las denominadas “devoluciones en caliente” en la frontera, una medida migratoria avalada por el Tribunal Constitucional pero que ha recibido el rechazo constante de asociaciones y ONG desde su entrada en vigor. Si esta reforma termina entrando en vigor como ley, echará a correr un plazo de medio año para modificar la ley de Extranjería para que, antes de una posible expulsión, un migrante sea evaluado como posible solicitante de asilo en un lugar “habilitado al efecto en los pasos fronterizos”. Desaparecerá, por tanto, la devolución 'en caliente' en el mismo momento de la entrada.

Fotos a policías y manifestaciones

Otra de las medidas tiene que ver con uno de los puntos más controvertidos de la ley aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y que también fue cuestionada por el Constitucional: la prohibición de fotografiar a policías en acto de servicio. El uso de imágenes o datos personales de un agente será sancionable cuando genere “un peligro cierto” al policía, algo que queda mucho más especificado: “Deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia”. Pero no será una infracción, explica, hacer o difundir fotos de policías en lugares públicos o manifestaciones si no generan ese peligro.

Muchas de las modificaciones que contiene esta reforma afectan también al derecho de manifestación o las identificaciones por la calle. Se añade que la obligación de una persona se base en “una sospecha razonable” tras analizar “el comportamiento individual” de la persona así como a “información o circunstancias objetivas”. Si alguien se niega a identificarse o no puede ser identificado, los policías podrán llevarle a comisaría pero por un máximo de dos horas, prorrogables al actual límite de seis horas en los supuestos más excepcionales.

En una manifestación la intervención policial estará dirigida por “el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión”, con un “enfoque de derechos humanos” y con la obligación de advertir “de manera verbal claramente audible”, indicando plazos, antes de cargar o disolver una concentración.

El sistema sancionador en torno a las manifestaciones también cambia. Los responsables o convocantes de una concentración quedarán exonerados si, aunque se hayan producido disturbios o destrozos, previamente hubieran puesto en marcha las medidas de seguridad y cumplido con los requerimientos de la autoridad gubernativa, generalmente la Delegación del Gobierno del territorio. Sale de la lista de infracciones las perturbaciones de la seguridad ciudadana por manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos regionales en caso de que no incurran en algún delito.

Si los policías llevan cámaras de videovigilancia durante una actuación, su uso debe quedar tasado, constar en el atestado policial y sus grabaciones “custodiadas” por si algún juzgado las necesita. El valor de la declaración de un policía también queda matizado: la palabra de un agente seguirá siendo “base suficiente” para imponer una sanción, pero se añaden matices: “Siempre que la exposición de los hechos resulten coherentes, lógicos y razonables”.

“Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”

El pleno ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas ante la cámara baja por PP y Vox. La enmienda a la totalidad rechazada del partido de Santiago Abascal ha sido defendida por Javier Ortega-Smith: “El objetivo es el control de las calles, mantenerse en el poder cuando lo ven amenazado, controlar la desestabilización de las calles y el caos”, ha explicado. Sobre la eliminación de las pelotas de goma en los equipos de los antidisturbios, ha preguntado: “¿Cómo pretenden que se puedan enfrentar a manifestaciones violentas de la extrema izquierda, los separatistas en Cataluña o kale borroka en el País Vasco? ¿Lanzando flores, caramelos, con buenas palabras?”.

El portavoz de la extrema derecha en esta tramitación parlamentaria también se ha referido a la futura desaparición de las devoluciones en caliente. “Abrir todavía más la puerta de nuestras fronteras y que Ceuta y Melilla se conviertan en barra libre de entrada”, ha criticado. Su propuesta era “reforzar”, precisamente, estas devoluciones en caliente.

Por parte del PP ha sido Ana Vázquez quien ha comparecido para bautizar esta nueva norma como “ley de la kale borroka, de la responsabilidad cero, de seguridad arruinada, de impunidad criminal, de manos atadas, la ley Otegi” que, según dice, “pasará los grilletes a manos de los policías”. Sobre las pelotas de goma, la diputada del PP ha afirmado que su eliminación “obligará a los agentes a enfrentarse cuerpo a cuerpo”. “Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”, ha espetado al parlamentario de EH Bildu, Jon Iñarritu.

El parlamentario de EH Bildu ha contestado en su turno para fijar posición. “EH Bildu busca que no se vuelva a repetir lo que sucedió con Iñigo Cabacas, lo que buscamos es que no se vuelva a repetir algo así, porque las pelotas de goma son material antidisturbios propio del siglo XX, hay que buscar materiales menos lesivos y proporcionales”, ha dicho aludiendo al caso del joven muerto bajo pelotazos de goma de la Ertzaintza en 2012.

Desde la bancada de Podemos, la exministra Ione Belarra ha listado diversos casos judiciales y policiales para citar a quienes considera realmente “desprotegidos, y no la Policía”: “Los seis de la Suiza, el caso Altsasu, Tsunami Democràtic, los Jordis, operación Piñata y Pandora, Futuro Vegetal, Rodea el Congreso, la policía patriótica investigando ilegalmente a Podemos”, ha denunciado. “Mientras todo esto siga pasando en España nuestra democracia nunca va a ser plena”, ha dicho antes de citar a diversos jueces: Manuel García Castellón, Concepción Espejel, Carmen Lamela y el “sacrosanto” Manuel Marchena.

Aquel 25 de septiembre de 2012 decenas de miles de personas se congregaron en la plaza de Neptuno, en Madrid. Convocados ante el llamamiento de rodear el Congreso, la noche terminó con duras cargas policiales que se prolongaron hasta en el interior de la estación de Atocha. Detuvieron a 35 personas y 64 más resultaron heridas. De ellas, 27 fueron agentes, aunque la Delegación del Gobierno no concretó sus dolencias. El próximo 18 de noviembre comenzará la vista oral para 21 de esos detenidos en lo que los organizadores de la protesta han tildado de “macrojuicio”. Más de 12 años después, la Justicia dirimirá lo ocurrido. La Fiscalía pide condenas que en algunos casos superan los siete años de cárcel y que, en total, suman 112 años entre todos los acusados

Decenas de vídeos inundaron las redes aquel martes, 25-S. Uno de ellos dejó una imagen que todavía se recuerda. Ante una de las cargas policiales, un agente de paisano comenzó a gritar “¡Que soy compañero, coño!” para zafarse de los golpes que sus propios colegas de profesión le estaban propinando en el suelo. A su lado, también sobre el asfalto, estaba Ángel García, al que acusan de desórdenes públicos y para quien el Ministerio Público solicita una pena de 3 años y 8 meses de prisión, la más baja de todas. 

Él será uno de los hombres y mujeres que los próximos días desfilarán ante un juzgado de lo penal de Madrid: “Éramos miles de personas en Neptuno, la Policía cargó y la gente echó a correr. Yo noté un fuerte empujón por la espalda y me tiraron al suelo”, comienza su relato.

Ángel asegura que fue arrastrado por dos agentes de paisano. “No hay que olvidar que aquella movilización estuvo infestada de este tipo de policías”, apuntilla Elena García, una de las promotoras de la convocatoria. Tras caer al suelo, este jardinero que por entonces tenía 39 años terminó siendo arrastrado unos metros por policías no uniformados. “Me llevaron cerca de los furgones policiales y ahí los antidisturbios se liaron a golpes conmigo y con ellos dos. Eso sale en las imágenes, en las que uno empieza a decir que es su compañero para que le dejaran de pegar”, ilustra.

Tras la detención terminó en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Asegura que allí sufrió maltrato psicológico por parte de los policías: “No nos dejaban ir al servicio a hacer nuestras necesidades y nos tuvieron todos los días con la luz encendida para impedirnos poder dormir”, denuncia. No es el único que denunció abusos policiales. Unas denuncias de maltrato policial que no fueron investigadas y que se han traducido en una condena para España por parte de la Justicia Europea.

Las calles, un polvorín

En 2012, con Mariano Rajoy y el PP al frente del Gobierno, las clases más humildes todavía no se habían recuperado del fuerte golpe que supuso la crisis financiera de 2008. Las protestas multitudinarias protagonizaban los fines de semana en una capital convertida en epicentro de la movilización. Era el tiempo de las Marchas de la Dignidad, la huelga general, la marcha de los mineros y la eclosión de las mareas en defensa de los servicios públicos. Para intentar aplacar y controlar ese descontento, el 25 de septiembre de 2012 arribaron a Madrid más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Después aprobarían la Ley Mordaza.

Las imágenes de manifestantes ensangrentados coparon portadas al día siguiente, una jornada en la que también se celebró otro Rodea el Congreso. Por aquel entonces, el 77% de la sociedad española compartía los motivos por los que salir a la calle el 25-S. “Pedíamos un nuevo proceso constituyente. Negábamos el Régimen del 78 al completo y queríamos sentar unas nuevas bases sobre las que construir un nuevo modelo de Estado”, recuerda Elena.

Agresiones no acreditadas

Ahora, doce años después, Ángel tiene 51 años y una pena de banquillo que ha arrastrado desde entonces debido a la gran dilación del juicio. “Me acusan de haber pegado a un agente con un palo. Justo da la casualidad de que ese agente no está identificado, nadie sabe quién es”, recalca. Ertlanz Ibarrondo es su abogado e incide en que este se trata de un caso paradigmático al haber imágenes que objetivan todo lo sucedido. Además, señala que la narración de los hechos realizada por los agentes sitúa a su cliente en un lugar diferente al que en realidad se encontraba.

Por eso, durante la vista oral habrá que dilucidar si hubo enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios y quién los provocó, expresa el letrado. También considera que pasar tanto tiempo esperando un juicio es una forma de reducir la capacidad de acción política en aquellas personas con inquietudes que quieren defender sus derechos. “En mi opinión, eso es lo que buscan este tipo de procedimientos, que te pienses muy bien si participas después en otras movilizaciones”, en sus propias palabras.

Ángel confirma esta postura: “Más allá de que llevo más de una década sin saber qué va a ser de mí, todo este tiempo he tenido miedo de participar en otras movilizaciones. Si ya me detuvieron no habiendo hecho nada, podría volver a pasar”. En este sentido, Ibarrondo enfatiza la importancia de los vídeos que objetivan actuaciones policiales, convertidos en pruebas documentales esenciales en casos judiciales como este.

Desde su punto de vista, eso es lo que intentó prohibir el Gobierno de Rajoy con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que en un primer momento censuraba la grabación de esas conductas por parte de los policías. “En el caso de Ángel y en el de los demás acusados se verá una carga documental muy elevada. Hay muchos vídeos que acreditan que los hechos no sucedieron como relatan los agentes”, determina el abogado.

El juicio se alargará durante nueve jornadas en la que los 21 procesados deben acudir a los tribunales. “Nos obligan a estar todos los días con lo que eso comporta para nuestra vida diaria. Hay gente que tendrá que dar muchas explicaciones en sus trabajos por algo que sucedió hace 12 años”, se queja Ángel. Cuando llegue su turno, ante el juez se declarará inocente, e Ibarrondo pedirá su absolución. “Quizá la Fiscalía ofrezca algún tipo de trato, pero yo me voy a negar. No voy a aceptar ninguna pena por algo que no he cometido”, zanja este acusado.

Los convocantes, exonerados por la Audiencia Nacional

Elena Martínez, por su parte, llegó a ser catalogada como una de las convocantes de aquel 25-S. Ella y otros siete activistas se enfrentaron en la Audiencia Nacional a la acusación de un delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal después de haber sido identificados en las asambleas públicas que realizaban los domingos en el Parque de El Retiro. Terminaron absueltos. “Eran tiempos de un gran malestar social y de cierto abandono por parte de las instituciones hacia las clases populares, como sucede ahora”, comenta esta activista. Y añade: “La gente se empezaba a dar cuenta que España arrastraba unas carencias democráticas muy grandes que provenían de la falta de ruptura con el franquismo, por eso pedíamos un nuevo proceso constituyente”.

Eligieron el 25 de septiembre de 2012 para rodear el Congreso y mostrar ese descontento. Las cargas comenzaron en torno a las 19.00 horas, cuando miles de personas atestaban Neptuno. Según la Delegación del Gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes, tan solo fueron 6.000 manifestantes. “Iba a ser algo pacífico y todo el mundo tiene derecho de reunión como bien fundamental sin necesidad de aprobación por ninguna institución, por eso comunicamos la movilización tan solo a nivel administrativo”, recuerda Elena.

Apenas unos días antes del 25-S, ella y otras siete personas recibieron citaciones judiciales: “Es la primera vez que se juzga un delito que todavía no ha ocurrido. Si decíamos que había carencias democráticas, esto nos lo confirma”, opina la activista. La movilización salió adelante. “Aquello fue un despliegue policial brutal. Cientos de personas ni siquiera pudieron llegar a Neptuno porque fueron interceptadas antes”, recuerda.

Elena rememora aquello como una muestra muy fuerte de poder popular, parafraseando sus términos. “Éramos miles de personas que no nos conocíamos, pero nos encontramos ahí como compañeros, codo a codo, y ese es el clima que esperamos que vuelva a haber para el juicio, que los 21 encausados no se sientan solos”, prosigue. Así enfrentan este “macrojuicio”, tal y como lo califica la propia Elena, que tendrá lugar del 18 al 28 de noviembre en Madrid y en el que la Fiscalía solicita condenas que implicarían la entrada en prisión de todos los activistas, acusados sobre todo de desórdenes públicos y atentado y resistencia a la autoridad.

La Ertzaintza ha adquirido este mes de agosto exactamente 82 porras extensibles hechas de “aluminio de alta resistencia”, un material antidisturbios que suelen portar agentes de paisano o infiltrados y que dan apoyo a los uniformados desplegados en operativos de orden público. Según la documentación oficial del Departamento de Seguridad, el material lo aportará la empresa catalana Armería Ravell y ya tendría que estar disponible a tenor del plazo asumido de siete días desde que se formalizó el contrato, a principios de mes.

Se trata de un contrato directo y sin concurso, ya que Seguridad ha comprado estos “bastones” por 14.999,99 euros más IVA, es decir, un céntimo de euro por debajo del límite para tener que realizar una licitación pública, aunque en otros momentos del expediente consta como precio 14.962,54, que es el resultado de multiplicar 82 por el precio unitario ofertado, que son 182,47 euros. Se da la circunstancia de que al mismo tiempo se ha cerrado también la adquisición de “cinturones dobles” para la Ertzaintza igualmente por 14.999,99 euros más IVA. En todo caso, consta que se cursó una invitación a otras dos proveedoras, aunque han sido desechadas.

Armería Ravell ha proporcionado a la Ertzaintza un producto denominado “defensa extensible” del tipo ASP F21 Airweight. La documentación presentada es de apenas un folio con una pequeña descripción y una imagen del producto. En esa ficha se explica que “las defensas extensibles del fabricante americano ASP han sido sin duda alguna los pioneros en el desarrollo de este tipo de productos”. Se añade que tiene 40 años de garantía en el sector y que es “uno de los principales suministradores del mundo” tanto para policías como para militares. Sobre la porra concreta comprada para la Policía vasca, se explica que “la serie Friction (F) funciona por fricción”, que el bastón “se extiende por inercia” y que “se bloquea gracias a la fricción de los tramos”.

“La serie F dispone de empuñadura de polvinilo antideslizante de alta resistencia, de aspecto 'foam' por infinitamente más robusto”, se añade. Está “fabricada en aleación de aluminio 7075 de alta residencia”. El 'foam' es el material de los nuevos proyectiles antidisturbios y ha habido quejas por lesiones producidas en quienes han recibido su impacto. La porra tiene una dimensión de 51 centímetros extendida y de 21 cuando está plegada. Pesa 252 gramos.

En una de sus primeras actuaciones en el cargo, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha escrito una carta a la familia de la mujer que denunció haber recibido el impacto de un proyectil de 'foam' en la cabeza durante las cargas de la Ertzaintza que se produjeron en el último partido de Champions League que jugó la Real Sociedad en Anoeta, el que jugó contra el PSG francés el 5 de marzo. Una magistrada de Donostia, la titular de Instrucción 4, Ana Isabel Pérez Asenjo, decretó a mediados de mayo el archivo provisional de la investigación al no haber encontrado un autor concreto del disparo del material antidisturbios, aunque sí está probado que los agentes emplearon el armamento esa noche. Lo hizo sin haber tomado declaración a la víctima y sin haber escrutado el último informe de Asuntos Internos de la propia Policía vasca, que llegó después, ya en junio. También después ha aparecido un vídeo en el que, según denuncia la familia, un agente propina una patada a la víctima después de que se hubiese incorporado desorientada tras lo que describe como una “detonación” que le impactó en el lado izquierdo de la cabeza y que la dejó sin audición por unos momentos. Ese vídeo era diferente al que les había proporcionado la Ertzaintza antes, indican.

Los abogados de la familia han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa para intentar que se reabra la investigación. En puridad, se han cerrado todas las denuncias de particulares contra la Policía por las actuaciones en el estadio ahora llamado Reale Arena en aquella noche de marzo. Solamente sigue viva una causa de la Ertzaintza contra personas que les increparon y agredieron. La comisión de control y transparencia, un organismo externo y dirigido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, sí mantiene abierta una investigación. Se inició a las 72 horas de los hechos y en ella se apuntaba a que la víctima precisaba de una exploración “forense” para determinar si sus lesiones, perfectamente acreditadas en informes médicos, eran o no “compatibles” con el nuevo material de la Ertzaintza que sustituyó a las pelotas de goma precisamente después de que una de ellas impactara en la cabeza de un aficionado del Athletic de Bilbao, Íñigo Cabacas, que murió en el hospital por el traumatismo. Pero ese análisis tampoco se ha realizado. elDiario.es/Euskadi, con base en los informes de Asuntos Internos de la Ertzaintza, reconstruye lo ocurrido en Donostia aquella noche del 5 de marzo de 2024.

1 - El contexto

Las cargas en Anoeta se produjeron en un contexto muy concreto. Tolosa, noche del 12 al 13 de febrero: un menor resultó herido en un ojo por el impacto tras un rebote de un proyectil de 'foam' lanzado por la Ertzaintza, que intervino por unos altercados nocturnos durante el Carnaval. Donostia, 27 de febrero: se produjeron problemas en el partido entre la Real Sociedad y el Mallorca de la Copa del Rey. Bilbao, 29 de febrero: nuevos incidentes en la Copa del Rey, esta vez en el partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Vitoria, 3 de marzo: los antidisturbios cargan durante la manifestación en homenaje a las víctimas del 3 de marzo de 1976 y en una grabación se ve a un agente uniformado golpeando a un colega de paisano y se denuncian lesiones por parte de algunos de los asistentes.

Ese mismo martes, a mediodía, el entonces consejero de Seguridad, el vicelehendakari Josu Erkoreka, compareció en rueda de prensa. Se informó de que, en el marco dispositivo previo a un partido de alto riesgo como era el del PSG, se había identificado a más de un centenar de ultras de uno y otro equipo y decomisado material lesivo. Erkoreka añadió, preguntado por la concatenación de actuaciones controvertidas, que la “trastienda” de la izquierda abertzale estaba causando incidentes de modo organizado para alentar el debate sobre el “modelo policial” en puertas de unas elecciones, las autonómicas del 21 de abril. Precisamente por el contexto electoral Erkoreka nunca compareció en el Parlamento para atender algunas peticiones de la oposición, principalmente de Podemos y EH Bildu, en torno a estos hechos.

2 - El relato de la víctima

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza citó a la denunciante en una comisaría de Gipuzkoa 48 horas después de que los medios de comunicación informaran del archivo de la investigación judicial. El agente C49L9 tomó declaración a la mujer “en relación con los incidentes de orden público que tuvieron lugar el día 5 de marzo de 2024 en Donostia-San Sebastián, en el marco del partido de fútbol entre la Real Sociedad y el Paris Saint Germain”, aunque ella nunca formó parte de ellos.

—¿Recuerda los hechos?

—Sí, lo recuerdo.

Así arrancó la comparecencia. La mujer explicó que a las 20.30 horas llegó en el Topo, como se conoce al servicio de Cercanías de Euskotren que une Donostia con Hendaya, a las inmediaciones del Reale Arena. Iba con su marido y con su hijo, menor de edad. Padre y niño entraron al estadio pero ella necesitaba cobertura de datos para descargar la entrada y se alejó un instante de nuevo hacia la zona de la estación. Se quedó en la mediana del paseo de Errondo. Mientras consultaba su teléfono, “repentinamente” observó que más de una decena de antidisturbios de la Ertzaintza se acercaban “a la carrera”. “Intenté alejarme de la zona, corriendo en dirección hacia el estadio. Pero, en ese mismo instante, escuché un ruido fuerte, una detonación. Noté un fuerte impacto en la zona lateral izquierda de la cabeza, en la zona del oído. A consecuencia de dicho impacto, resulté precipitada en el suelo sobre el costado derecho. Percibí un fuerte dolor en la cabeza en dicha zona y pérdida momentánea del oído”, indicó. [El testimonio original está transcrito en tercera persona y se ha adaptado]. El agente que tomó la declaración concluye que “a pesar de que no pudo ver a ningún agente disparando” ni “localizar ningún proyectil” lo “achacó” a un “pelotazo de la Ertzaintza”.

La mujer se levantó, buscó refugio en la estación del Topo, pero los vigilantes impedían el paso. “Como me encontraba mareada, me agaché en cuclillas en una pared”, contó también. Es ahí donde un agente figura en el vídeo conocido después del cierre de la causa judicial propinándole una patada. Recibió ayuda de una persona de habla francesa. También de dos chicas. Pudo llamar a su marido y le contó que había recibido “un pelotazo” de la Ertzaintza. No le dieron “trascendencia” a las lesiones y entraron en familia al campo. Pero lo abandonaron sin ver el resultado final -la eliminación europea de su equipo- y buscaron asistencia médica. Acabó ingresada en la UCI. La comparecencia duró 135 minutos y terminó con la mujer remarcando que su relato “es verdad”.

3 - La versión oficial

El agente 22120 es el autor del informe final de Asuntos Internos sobre este asunto. La conclusión es que no hay conclusión, es decir, que es indemostrable que un proyectil de 'foam' causase las heridas de la denunciante. También se apunta que la patada es más un “tropiezo” de un ertzaina. Se concede que víctima y antidisturbios tuvieron una coincidencia “espacio/temporal” en los aledaños de Anoeta, pero se recalca que lo relevante de la noche fueron los continuados disturbios y los ataques sufridos por los agentes intervinientes.

De hecho, el atestado arranca mucho antes incluso de que la familia de la mujer saliera de su casa y cogiera el Topo. El informe empieza con unos “incidentes” a las 19.30 horas. “Grupos de alborotadores” atacaron a la Ertzaintza desplegada. Textualmente, y sin que la denunciante participara en ningún momento en ellos, se indica que “por estos hechos se instruyeron diferentes atestados, entre ellos el presente”. Se detalla casos de agentes con heridas en la cara o incluso en los genitales.

“En lo referente a las lesiones denunciadas, se entendió que esta última cámara [de la Guardia Municipal de Donostia en la rotonda Aita Donosti] recogía un episodio, la caída de una persona frente al avance de una línea de ertzainas”, se indica. La Policía habla de “baja calidad” de la grabación y que encomendó a una empresa externa el “tratamiento y mejora” de la secuencia de vídeo para poder ver lo ocurrido “con mayor claridad”.

Se concreta que a las 20.42 horas el equipo de Reacción 1 de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios del cuerpo, está ubicado en el paseo de Errondo. Estaba compuesto por tres 'francias', las 4MF41, 4MF44 y 4MF21. 'Francia' es el nombre que reciben internamente las furgonetas. Cada una tenía seis agentes, dieciocho en total. Al cargo del equipo estaba el oficial con código profesional M11N9. Vestían buzos negros con su número profesional visible, cascos, escudos y lanzadores de 'foam'. En la retaguardia estaba Reacción 2, pero no intervino en estos hechos.

Explica la Ertzaintza que en la zona de la estación del Topo había un grupo de “alborotadores”. Cuatro carriles, dos líneas de aparcamiento y una mediana los separaban de la dotación. Son unos 60 metros. En ese momento, en medio de ambos, decenas de personas cruzaban a un lado y a otro. Son aficionados totalmente ajenos a cualquier incidencia. También la víctima. Se justifica la carga como un “avance” en la posición. Allí “se observa” que una persona, en la mediana, cae “de forma súbita”. La Policía alimenta como hipótesis que un varón “encapuchado” con el que se cruzó chocara con ella, pero concede que quizás sea un “efecto óptico” de la grabación. La víctima nunca ha mencionado a esa persona y, además, un golpe en la calle no causa lesiones en la cabeza. Esa tercera persona nunca lanzó un objeto a los policías, según la investigación. Consta también que uno de los miembros de Reacción 1 se quedó atrás caído en el suelo.

El informe muestra que la víctima se levantó y se refugió, efectivamente, en la entrada de la estación. ¿Cómo explica la versión oficial la patada que denuncia? “No se puede afirmar con rotundidad, debido a la baja calidad de las imágenes, pero da la sensación de que en ese instante un ertzaina evita tropezar con ella mientras permanece en el suelo. El agente parece perder momentáneamente el equilibrio, no pudiendo afirmarse si llega a colisionar contra ella”, describen.

El informe de Asuntos Internos entrevista a dos agentes. Son los dos mandos al cargo de Reacción 1 y Reacción 2. Esa comparecencias tuvieron lugar en marzo, pocos días después del partido. M11N9, el oficial responsable de la unidad que intervino, inicia el relato de lo ocurrido a las 19.15 horas, es decir, noventa minutos antes de la aparición de la mujer herida. Habla de “piedras”, “botellas” y otros objetos contundentes contra sus hombres y mujeres. Señala que 23083, 25088 y H85E1 salieron heridos. Sobre los hechos concretos, admite que había 60 metros entre la línea policial y la estación donde estaban los “alborotadores” identificados. Se estaban “aprovisionando” de “objetos arrojadizos” y pidió permiso al “mando táctico” de la Brigada Móvil para cargar. No lo recibió y necesitó pedirlo dos veces más. Asume que había “viandantes ajenos” en medio y que, en esa “carrera”, una persona se había caído. No reconoce ningún disparo en ese momento. Solamente en el repliegue y en dirección al colegio Amara Berri. Se empleó, según esta versión, un solo cartucho del tipo más suave, el SIR.

4 - El armamento empleado

Tras la muerte de Cabacas, cambiaron todos los protocolos antidisturbios de la Ertzaintza. Para empezar, nunca se volvió a disparar una pelota de goma, aunque técnicamente la Brigada Móvil mantiene las escopetas en su dotación. Es precisa una orden del viceconsejero de Seguridad para usarlas y ni Josu Zubiaga ni Rodrigo Gartzia la han dado desde 2012. También es ya obligatorio registrar qué armas se disparan y cuántos proyectiles se emplean, además del tipo. El armamento ordinario es un lanzador de 'foam', más preciso y menos letal que las bolas de caucho pero que exige disparos por debajo de la cintura y una determinada gama de distancias igualmente. El equipo de Reacción 1 disparó diez balas de 'foam' del tipo SIR y una del tipo SIR X, que es más dura y causa más dolor en la zona de impacto. Perdió por el camino dos cartuchos de SIR X. Se realizaron también salvas o disparos en vacío, ruidosos pero inofensivos.

Pero la Ertzaintza no admite que hubiera uso de los lanzadores durante el “avance” en el cayó desplomada la denunciante. “Respecto al uso de esta munición, es importante destacar que, más allá de lo expuesto por los agentes actuantes en sus comparecencias, en el caso que nos ocupa no ha sido posible determinar el momento o lugar exactos en que fueron empleadas. Existe constancia de su uso en momentos y lugares anteriores a la aparición en escena de la mujer [...] pero no en esa zona o momento concreto”, describen. ¿Portaban lanzadores? Sí. ¿Si los usaron estaría justificado y sería proporcional? También, porque “en el mismo momento” había una “pluralidad” de personas “en claro lanzamiento de objetos” hacia Reacción 1. La Policía, al menos, concede que no fueron esos objetos los que causaron las lesiones de la víctima.

El nuevo consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha enviado una carta postal a la mujer que resultó gravemente herida en una carga de la Ertzaintza con 'foam' y otro material antidisturbios en la previa del partido de Champions League disputado en marzo en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG. “He sabido, porque así lo he visto reflejado en algunos medios de comunicación, que su familia encuentra desafortunada la actuación de los ertzainas que intervinieron ese día en los aledaños del estadio”, les indica Zupiria, que accedió al cargo en sustitución de Josu Erkoreka, que era el responsable político de la Ertzaintza en el momento de los hechos. Fuentes de la familia han acogido con “frialdad” la misiva, según han explicado a este periódico, ya que en ella el titular de Seguridad “lamenta” lo sucedido pero da “por hecho” que el operativo siguió todos los protocolos y muestra su pesar por la “gran cantidad de informaciones confusas” que “en nada han ayudado” a esclarecer los hechos.

Resumidamente, las lesiones se produjeron cuando, minutos antes del inicio del partido europeo, la víctima se apartó de su familia para poder tener cobertura en el móvil y descargarse la entrada de acceso al recinto. La Ertzaintza tenía desplegados a sus agentes antidisturbios, que realizaron varios disparos con lanzadores de 'foam' en respuesta a lo que han considerado unos graves altercados en el exterior del estadio, ahora conocido como Reale Arena, y en los que en ningún caso participaba la herida. La mujer acreditó lesiones a la altura de la oreja compatibles con un proyectil de 'foam' y tuvo que ser hospitalizada. Posteriormente, ha trascendido un vídeo en el que se aprecia a un agente propinando una patada a esa misma persona cuando estaba tendida en el suelo. Un juzgado de Donostia archivó inicialmente la investigación por falta de autor conocido pero sí hay en marcha una revisión por parte de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano externo presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra y que ya ha emitido algunos dictámenes críticos con el cuerpo.

“Como máximo responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco me dirijo a usted para lamentar la situación que ha vivido y sigue padeciendo tras verse sorprendida por los incidentes que se registraron durante los instantes previos al partido de fútbol celebrado en Anoeta el día 5 de marzo de 2024. No soy ajeno al sufrimiento padecido en un día tan especial para usted y su familia. Tiene que ser duro ir a disfrutar de un gran espectáculo deportivo y encontrarse rodeada de unos incidentes como los que se produjeron. Siento que se viera envuelta en una circunstancia no provocada por usted, y siento la gran cantidad de informaciones confusas que se han publicado desde el primer momento y que en nada han ayudado a arrojar luz sobre lo sucedido”, arranca Zupiria en la carta.

Y sigue: “Confío en que la investigación policial y judicial podrán esclarecer todo lo acontecido con la mayor certeza y a la mayor brevedad posible. Le informo asimismo de que hemos puesto este asunto en manos de la comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco, órgano con autonomía para la ejecución de sus funciones, que tiene como objeto estudiar las actuaciones de la Ertzaintza y las policías locales y analizar si se ha comentido [sic] alguna vulneración de derechos. Doy por hecho que la actuación de los y las agentes de la Ertzaintza debe ajustarse siempre a los procedimientos establecidos y que sus agentes anteponen la seguridad de las personas y los bienes a cualquier otra circunstancia”.

“Confío en que así haya sido también en este caso -continúa Zupiria-. Es nuestra obligación garantizar el bienestar y la seguridad de quienes vivimos en Euskadi, y todas las actuaciones que la Ertzaintza desarrolla deben perseguir ese fin. Le reitero que siento profundamente lo que ha tenido que vivir, y tanto yo mismo como el Departamento que dirijo nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o información que necesite. Le agradezco su atención y le muestro mi solidaridad”.

La carta tiene por fecha el 2 de julio, el martes de la pasada semana. Es decir, se envió apenas una semana después de la toma de posesión de Zupiria al frente de Seguridad dentro del gabinete de Imanol Pradales y es una de las primeras decisiones que han trascendido de su nueva etapa en el Gobierno. Zupiria, sin embargo, es consejero desde 2016. Con Iñigo Urkullu dirigió Cultura y Política Lingüística y desde 2020 también fue el portavoz. El mismo día de los hechos, horas antes del partido, Erkoreka y Zupiria compartieron una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Días atrás se habían producido otras controvertidas actuaciones policiales en partidos del Athletic, en Vitoria o en los carnavales de Tolosa. Erkoreka señaló a la “trastienda” de EH Bildu por estos hechos y defendió la labor de la Ertzaintza. Las noticias sobre la mujer herida llegaron solamente unas pocas horas después.

Once activistas han sido condenados a penas de hasta cinco años y medio de prisión por los disturbios de un mitin de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero en las elecciones autonómicas de 2021. La Audiencia Provincial de Madrid, después de que la mayor parte de los acusados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía, les atribuye delitos de atentado, daños, lesiones y desórdenes públicos, en algunos casos con la agravante de discriminación ideológica por haber intentado impedir un acto de campaña del partido de Santiago Abascal. Las condenas de diez de los encausados, que en su mayoría han reconocido que insultaron a los asistentes, que lanzaron huevos y piedras y se enfrentaron a la Policía, superan los dos años de cárcel, pero la Fiscalía ha apoyado que la mayoría de ellos no tenga que entrar en prisión a cumplir condena.

El partido de extrema derecha acudió a esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid el 21 de abril de 2021, dos semanas antes de la cita electoral y de que otro acto electoral de Vox acabase en disturbios en la Plaza Roja de Vallecas. Varias decenas de personas, la mayoría vecinos del municipio, acudieron a la Plaza del Teatro a protestar contra la presencia del partido de extrema derecha en la localidad, momento en que varios de los encausados, según han reconocido ellos mismos, empezaron a lanzar huevos e insultar a los asistentes: “El fascista bueno es el que está muerto”.

El lanzamiento de huevos y los gritos se transformaron en batalla campal cuando varios manifestantes se enfrentaron a la Policía y la Guardia Civil, lanzando piedras sacadas de los jardines del Ayuntamiento, como también adoquines arrancados de la calle. Los disturbios se trasladaron después a la zona de salida del pueblo, por donde la comitiva de Vox pretendía abandonar la localidad.

Las 15 detenciones iniciales por delitos electorales y de odio se tradujeron en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a finales del pasado mes de mayo con 12 personas en el banquillo acusadas de participar en los disturbios. En el juicio comparecieron los policías y guardias civiles que participaron en el operativo para identificar a casi todos los acusados y explicar que a muchos de ellos ya les conocían “de tiempo atrás”. También compareció Santiago Abascal, que relató cómo tuvo que interrumpir el mitin aunque finalmente y tras hablar con el jefe del operativo de Seguridad decidió seguir adelante.

Ocho de los acusados pactaron con la Fiscalía antes del juicio. El resultado ha sido una sentencia con once condenas y una absolución, exonerando a uno de los que no quiso llegar a un acuerdo con las acusaciones: los jueces entienden que la única prueba que había contra él era la declaración de los guardias civiles que, después de los disturbios, le identificaron en sus informes tras ver las grabaciones.

Dos de los encausados son condenados, en total, a cinco años y medio de prisión por desórdenes, atentado contra la autoridad, daños, y lesiones. Otro más a dos años y cinco meses de cárcel. Un grupo de siete acusados, a dos años y siete meses de prisión y un último encausado, a un año y nueve meses de presidio. En la mayor parte de los casos, la Fiscalía ha explicado que no se opone a que se suspenda la ejecución de la condena si no delinquen en los próximos años y que, por tanto, no tengan que entrar en prisión obligatoriamente. En tres de los casos, las condenas por un solo delito superan los dos años de prisión, línea roja que marca el encarcelamiento ineludible.

“Discriminación ideológica” a Vox

En varios delitos de desórdenes públicos, los jueces aplican la circunstancia agravante que en su mayor parte pactaron las defensas y las acusaciones: la discriminación ideológica del artículo 22.4 del Código Penal. Esa discriminación contra el partido de extrema derecha, dice la Audiencia de Madrid, “se constata de manera clara en los insultos dirigidos contra los representantes del partido político Vox y contra los asistentes al mitin”. También, añade, “con el lanzamiento de huevos a Santiago Abascal y a los asistentes al acto, consiguiendo provocar además que el mitin se interrumpiera”.

Sobre el resto de delitos relacionados con los disturbios y los enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil los jueces acusan a los condenados de actuar “coordinados y crecientemente violentos”, “en unidad de acción, con ánimo de perturbar la seguridad y el orden electoral y poniendo en riesgo la convivencia y la paz social”. Además de las penas de prisión, también son condenados a pagar diversas multas e indemnizaciones a los agentes y pagar los destrozos en las calles y los escudos de los antidisturbios.

Esta no es la primera condena de prisión dictada en los últimos meses contra personas que han protagonizado altercados en actos de Vox protestando contra la presencia del partido de extrema derecha en localidades de todo el país. El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo impuso condenas de cuatro años y nueve meses a los antifascistas que en enero de 2019 participaron en disturbios posteriores a las protestas contra un acto de Vox en Zaragoza. Condenas que recientemente han empezado a cumplir en prisión.

Hace apenas unos días, la Justicia dio un paso más e impuso seis meses de cárcel a un hombre por cometer un delito de odio y seis meses más por amenazas, por una agresión a un dirigente del partido en Ceuta. La sentencia, dictada después de una conformidad entre el condenado y las acusaciones, le atribuye entre otros un delito de odio por llamar “racistas”, “hijos de puta”, “perros” o “maricones” a integrantes del partido en mayo del año pasado. Al ser una conformidad, los jueces de la Audiencia Provincial no entraron en el fondo de las acusaciones ni argumentaron, por tanto, si realmente se trata de un delito de odio, que el Supremo ha ceñido en varias sentencias a colectivos en situación de riesgo o desfavorecidos.

Los tribunales madrileños tienen otro caso pendiente de enjuiciar en el que una persona se enfrenta a una acusación de delito de odio por criticar a Vox. El partido de Santiago Abascal pide seis años de cárcel para un usuario de Twitter que, en la misma campaña electoral de 2021, publicó un mensaje con la foto del cadáver de Benito Mussolini con la frase: “Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas”. La Fiscalía rechazó presentar una acusación en este caso.

En el caso de Navalcarnero, Vox actuó como acusación popular y, según ha podido comprobar este periódico, llegó a pedir más de once años de cárcel para algunos de los acusados por un ramillete de delitos a los que luego renunció al adherirse al acuerdo suscrito entre los acusados y la Fiscalía: delitos electorales y también delitos de odio.

La puerta principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla se ha convertido este mediodía en un hervidero de voces y demandas. Estudiantes y profesores propalestinos, apoyados por representantes de Podemos y Adelante Andalucía, se han concentrado para exigir la dimisión del rector, Miguel Ángel Castro. Este encuentro no solo ha sido una respuesta directa al desalojo “violento” de los estudiantes encerrados en el decanato de la Facultad de Filología sino también un reflejo de un malestar creciente frente a políticas percibidas por algunos miembros de la comunidad universitaria como “represivas”. Las restricciones de acceso por parte de la Hispalense, que han limitado la libertad de movimiento y el acceso a servicios esenciales, solo han servido para avivar las llamas del descontento.

Durante la concentración, el ambiente se ha llenado de gritos y consignas que han evidenciado la profunda indignación estudiantil. “¡Dimisión del rector, ahora!”, “¡Educación libre, no represión!”, ¡Fuera rector de la Universidad!“ o ”¡No más violencia, queremos diálogo!“ han sido algunos de los lemas y consignas que se han escuchado con fuerza.

Llamado a la acción

Durante la movilización, Carlos Bueno, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha leído un manifiesto elaborado por un colectivo de docentes que ha denunciado la actitud del rector y la administración frente a los hechos recientes. En su declaración, Bueno ha expresado que el objetivo es “reivindicar la universidad como un espacio de crítica y diálogo, no como un recinto de represión y silencio impuesto”. Según Bueno, este conflicto “no es solo un episodio aislado” sino un reflejo de problemas más profundos en la gestión universitaria y su relación con la libertad académica.

Alejandro Oviedo, estudiante implicado en el encierro y víctima del desalojo, ha compartido su versión de los hechos con este periódico, que contrasta notablemente con la explicación oficial del rector tras el desalojo. “La respuesta a nuestra protesta pacífica ha sido una intervención policial desproporcionada. No buscábamos confrontación sino abrir un canal de diálogo sobre nuestras preocupaciones respecto a las relaciones de la Universidad con entidades israelíes en el contexto del conflicto en Gaza”, ha explicado Oviedo, quien ha incidido en que los métodos usados han sido “intimidantes y agresivos” enfatizando que la actuación propalestina era un “acto pacífico de resistencia”.

Voces disidentes y respuesta institucional

Mientras los manifestantes han denunciado una “falta de diálogo y una represión inusitada”, el rector de la Universidad, Miguel Ángel Castro, ha defendido las medidas tomadas. Según un comunicado emitido por su oficina de prensa, estas acciones han sido necesarias para “mantener el orden y la seguridad en el campus, especialmente durante el periodo de exámenes”. Castro ha argumentado que se han intentado todas las vías de diálogo posibles pero que las acciones de los estudiantes han interferido con las operaciones normales de la universidad.

Teresa López Soto, profesora de Filología y no directamente involucrada en las protestas, también ha ofrecido su perspectiva, criticando duramente la gestión de la situación: “Lo que se está reprimiendo no son solo manifestaciones sino la esencia misma de lo que debería ser la Universidad. Están bloqueando el acceso al conocimiento, cerrando bibliotecas y restringiendo la libertad de movimiento y expresión dentro del campus”, ha señalado.

La repercusión de la protesta y del desalojo ha trascendido el ámbito universitario, atrayendo la atención de diversas fuerzas políticas. Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, y José Ignacio García, vocero del partido, han expresado su apoyo a los estudiantes y han llamado a la dimisión del rector y al subdelegado del Gobierno en Sevilla, criticando la “respuesta desmedida” ante una protesta estudiantil.

Posicionamiento del Cadus

El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), que hasta la fecha no había emitido ningún comunicado público respecto al conflicto palestino-israelí, también se ha posicionado en la tarde de este martes denunciando los “actos violentos y de brutalidad” contra los estudiantes que se encontraban manifestándose de “forma pacífica” en el ejercicio de su libertad de expresión. En este escrito, han pedido al rector que se “responsabilice y emita una disculpa pública”, a la vez que le han solicitado “una audiencia para tratar lo sucedido.”

Un campus dividido

El campus se encuentra dividido no solo en opiniones sino físicamente, con controles de seguridad que han alterado la rutina académica y han generado un ambiente de incertidumbre. Los estudiantes y profesores han prometido continuar con las manifestaciones, buscando no solo resolver sus demandas inmediatas, sino también “fomentar un cambio más profundo en la política y la cultura de la Universidad”.

En este sentido, durante la manifestación, y también en días anteriores, la administración de la Universidad de Sevilla ha impuesto “severas” restricciones de acceso al Rectorado, afectando al tránsito de estudiantes y personal. Particularmente en el día de la protesta, alumnos presentes en el interior del campus han reportado que durante 20 minutos se les ha impedido la salida de la Universidad, situación que ha exacerbado la tensión tras el desalojo de madrugada.

Según testimonios recogidos, estas medidas no solo han limitado el acceso a áreas comunes y servicios como bibliotecas, sino que también han generado un ambiente de “encierro y control” que muchos han considerado “desproporcionado” y “contrario a los principios de libertad académica y de expresión”.

La agente de Policía Nacional infiltrada en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) y Distrito 104, dos colectivos de la capital, se hacía llamar María Peres, aunque su nombre falso completo era María Lucía Rodríguez Peres. Durante los tres años participó en decenas de asambleas, actos y acciones, pero María Peres no solo recabó información sobre estas organizaciones, sino que repitió en diferentes reuniones que ella no tenía ningún miedo al enfrentamiento físico con la Policía, según varios testigos consultados por elDiario.es. De hecho, compañeros de militancia afirman que llegó a lanzar piedras contra los antidisturbios en una de las movilizaciones en solidaridad con Pablo Häsel.

A quienes sí militaban en esos colectivos les llamó la atención su predisposición a participar en todo tipo de convocatorias desde el principio, tras haber admitido a sus compañeros que nunca antes había participado en colectivos sociales y por ser una recién llegada a Madrid. El MAR Madrid y Distrito 104, del barrio de Aluche, se autodenominan organizaciones anticapitalistas, antifascistas y feministas. Sus actividades callejeras más repetidas se basan en pintar paredes, colgar pancartas y secundar acciones de protesta coordinadas con otros colectivos de la región.

Pese a ser una activista debutante, tal y como afirman desde los dos colectivos, no era raro ver cómo la infiltrada se erigía como una de las participantes que más movilizaba a los demás. “Estaba dispuesta a participar en todo. Si alguien preguntaba quién podía ir a alguna cosa, ella siempre respondía afirmativamente”, recuerdan su hiperactividad desde Distrito 104.

María Peres participó en pintadas contra las casas de apuestas y en acciones de agitación ante fechas señaladas como el 8 de marzo y el 1 de mayo, así como por la abolición de la prostitución. También tiñó de rojo una gran fuente del barrio en solidaridad por los afectados de las cargas policiales ocurridas en Catalunya durante el referéndum de 2017. “Decía que no le costaba la pelea física, que le encantaba”, relata E. C., una integrante del colectivo de Aluche que comenzó a militar el mismo día que la policía infiltrada. 

M. H., miembro también de Distrito 104, fue quien más y mejor conoció esta faceta de María Peres. Él ya militaba en el colectivo antes de su entrada y, al principio, le pareció una persona participativa, que no llamaba demasiado la atención. Desde el MAR Madrid la describen como una persona ensimismada, que apenas socializaba. “Sorprendía su disponibilidad para todo. A cualquier manifestación o acto, ya fuera lejísimos de donde vivía, ella siempre podía ir”, comenta el activista.

Este joven de 22 años y vecino de Aluche recuerda frases textuales de María Peres antes de algunas protestas. “A ver si se puede liar un poco”, le dijo antes de unas “acciones de calle”. “Pero sin pillar palos jajajaja”, apostilló a su compañero. El activista recuerda perfectamente aquella conversación: “Estábamos hablando la posibilidad de ir a una manifestación que, con mucha probabilidad, terminaría con disturbios. Y ella me dijo eso, como si tuviera ganas de que se liara, pero sin que nosotros recibiéramos palos”.

Uno de las acciones más controvertidas que llevó a cabo María Peres fue lanzar piedras a agentes antidisturbios, los que eran sus verdaderos compañeros. Según rememora el propio M. H., “sucedió en estas manifestaciones en contra de la entrada en prisión de Pablo Häsel, en febrero de 2021”. “La Policía cargó contra nosotros porque queríamos hacer una sentada en Gran Vía y nosotros respondimos. Ella participó de esos disturbios y yo vi cómo llegó a lanzar piedras contra los policías”, relata.

María Peres, cuidando las manifestaciones

La forma en la que esta policía se movía dentro de los colectivos sociales, más allá de sus acciones, también estaba ligada con su actitud. Por ejemplo, siempre participaba del cordón de seguridad que acompaña a algunas manifestaciones en las que pueden producirse encontronazos con neonazis. Este cordón cierra la manifestación en su perímetro. “Estaba ahí para que la gente no se saliera del recorrido y avisar a otras personas también encargadas de la seguridad si sucedía algún incidente”, cuenta M. H.

Llegado el caso, esta línea de defensa era la responsable de repeler potenciales agresiones a los manifestantes por parte de elementos de extrema derecha, radicalmente contrarios a los colectivos en que participaba. “Y ahí estaba ella siempre porque, encima, era de complexión muy fuerte. No tenía miedo a pegarse, decía, aunque yo nunca la he visto hacerlo”, añade su antiguo compañero de militancia.

El MAR Madrid añade que María Peres participó en la concentración del 30 de junio de 2022 en la plaza de Tirso de Molina contra la cumbre de la OTAN, organizada en la capital. “Queríamos protestar contra lo que entendemos como una herramienta del imperialismo como es la OTAN, y encima podíamos aprovechar que los máximos mandatarios de los países que la forman estaban en la ciudad, así que convocamos la concentración”, explica el colectivo. Aquella movilización fue totalmente encapsulada por numerosas unidades de antidisturbios y terminó sin incidentes ni detenciones.

Pintadas en solidaridad con los CDR catalanes

María Peres conocía a este colectivo desde sus inicios de militancia en Distrito 104, en noviembre de 2020. No entró a formar parte del MAR Madrid como individualidad hasta septiembre de 2022, un año antes de su marcha precipitada. “También vino con nosotros cuando le hicimos un escrache a Pablo Iglesias en las fiestas del Partido Comunista”, comentan, refiriéndose a un episodio acaecido en septiembre de 2021 en Rivas-Vaciamadrid.

Con el MAR Madrid, sus pintadas versaban sobre los presos políticos enfermos, por la “amnistía total”, pero también en solidaridad con los CDR catalanes detenidos en la Operación Judas de 2019. A través de sus mensajes escritos en las paredes, María Peres llegó a pedir el boicot a las elecciones generales y autonómicas del pasado año, una posición política defendida por el MAR Madrid.

“Podía no participar de algunas cosas, pero siempre se enteraba de todo porque formaba parte de los grupos de WhatsApp y era quien participaba en asambleas y reuniones de otros colectivos en los que nos organizábamos, como la Coordinadora Antifascista de Madrid”, confirma M. H., el integrante de Distrito 104. Aunque él solo tuvo una relación de compañerismo militante con María Peres, sí que nota cierta pesadumbre al descubrir que se trataba de un topo. “Siento una rabia y una impotencia inimaginables”, admite ahora.

Tal y como explican las dos organizaciones en las que se infiltró María Peres, la incertidumbre reina sobre el tipo de información que pudo reportar a sus superiores en la Policía: “No sabemos qué ha dicho de nosotros, ni siquiera qué intenciones tenía cuando entró. Consideramos un abuso de poder por parte de la autoridad movimientos tan opacos como este, que introduce en nuestras vidas militantes personajes totalmente ajenos a ellas con el único fin de perseguirnos y castigarnos”.

Los intentos de este diario por recabar la versión de esta agente de Policía han sido en vano. No ha contestado a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Desde el Ministerio del Interior tampoco han explicado qué objetivo pretende con la infiltración de policías en colectivos sociales perfectamente legales y si esta va a continuar, después de que se hayan destapado media docena de casos. Su respuesta tipo es que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, en el marco del artículo 104 de la Constitución Española, como corresponde a su función en un Estado de Derecho, y en esos términos actúan, con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico”. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía, ante las preguntas realizadas por elDiario.es, ha respondido que no pueden “facilitar información al respecto”.

La opacidad protagoniza las infiltraciones policiales

El artículo 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado justifica cualquier actuación policial, ya sea encubierta o infiltrada y atribuye a la Policía la potestad de “captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia”.

María Peres habría estado actuando como agente infiltrada, pues un policía encubierto siempre lleva a cabo sus funciones bajo autorización judicial. Esta figura queda regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por el momento, la legislación no especifica ningún tipo de control en ninguna de sus normas para aquellos agentes que actúan como topos infiltrados en las organizaciones que la Policía Nacional pone en el disparadero, lo que hace de este campo un terreno totalmente opaco. 

Sí se conoce que es la Comisaría General de Información quien decide infiltrar a los agentes, siempre con el fin de recabar información de manera preventiva. Por contra, las actuaciones de esta Comisaría sobre las operaciones de agentes infiltrados no son públicas. Según la propia web de la Policía Nacional, “los acuerdos del Consejo de Ministros de 28.11.1986 y 16.02.1996 otorgan el carácter de secreto a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”.

La normativa aprobada en febrero de 2012 que desarrolló la estructura interna del Ministerio del Interior describe las funciones de la policía infiltrada como “la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones de la Dirección General, así como su explotación o aprovechamiento operativo, especialmente en materia antiterrorista, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”.

La Audiencia de Madrid ha decidido absolver a tres antidisturbios de la Policía Nacional acusados de mentir en un juicio para perjudicar a una manifestante detenida en el 'Rodea el Congreso' de diciembre de 2013. La sentencia reconoce que no hay pruebas de que la mujer pegara patadas y puñetazos a los policías, pero tampoco ve delito en que tres agentes lo afirmaran con rotundidad en sede judicial, en contra de lo que decían en sus propios atestados y de lo que mostraban los vídeos. Las imágenes no reflejan que la mujer pegara a los policías, “pero lo cierto es que tampoco puede decirse que tal acción no se produjera”, especulan los jueces para absolverles.

Las manifestaciones de 'Rodea el Congreso' congregaron a miles de personas en diciembre de 2013 en Madrid para protestar contra el proyecto de la 'ley mordaza'. La concentración desembocó en disturbios, con más de dos docenas de detenidos, y terminó en juicio casi una década después: seis personas fueron finalmente condenadas a penas de hasta cinco meses de cárcel. Pero dos fueron absueltos: no había ninguna prueba de que, como dijeron varios policías en el juicio, hubieran pateado y agredido a los antidisturbios.

Ese proceso desembocó en un nuevo juicio, pero esta vez con tres policías en el banquillo: los antidisturbios que afirmaron, obligados a decir verdad, que una manifestante les había pegado puñetazos y patadas cuando los vídeos no mostraban nada ni remotamente parecido. La Fiscalía y la acusación particular pidieron hasta dos años y medio de cárcel para ellos por falso testimonio y la Audiencia Provincial de Madrid, según ha sabido elDiario.es, ha optado por absolver a los tres policías antidisturbios, uno de ellos ya jubilado.

El relato de hechos probados cierra la puerta a cualquier condena. “No resulta acreditado que faltaran a la verdad con el objeto de justificar la detención y desfavorecer a la mujer, modificando de manera sustancial su relato para perjudicarla, diciendo que ésta agredió a los agentes”, explica la sentencia. Las juezas reconocen que los vídeos desmienten su testimonio sobre la supuesta agresión, y que esa falta de credibilidad sobre su versión llevó a la Fiscalía a retirar la acusación contra la detenida y al tribunal a absolverla, pero eso no implica que, según su criterio, puedan ser condenados por falso testimonio.

Las magistradas, en su sentencia, tienen en cuenta en primer lugar que el juzgado de lo penal que sentenció ese caso y escuchó la versión cuestionada de los policías no dedujo testimonio contra ellos. También apuntan a que ese juez y su sentencia no hicieron “referencia alguna” a esa acusación y a las palabras de los policías más allá de dictar la absolución de la hoy denunciante. Que la mujer fuera absuelta en contra de la declaración de los agentes, añade ahora la Audiencia de Madrid, “no implica necesariamente que los agentes mintieran ni tampoco que la resistencia no existiera, sino tan solo que no hubo prueba bastante para acreditarla”.

La acusación desmentida “no añadía nada”

La Audiencia Provincial de Madrid, incluso, afirma que la mujer fue absuelta, pero que la agresión que denuncian los policías podría perfectamente ser cierta aunque haya sido descartado en firme por la Fiscalía y los tribunales. “En el video no se ve claramente que la acusada propinara patadas o golpes a los agentes, pero lo cierto es que tampoco puede decirse que tal acción no se produjera”, aseguran las magistradas.

Además, según la sentencia, que los policías dijeran que pateó y golpeó a los agentes no afectó en negativo a la detenida, dice. “No añadía nada ni alteraba la situación de la acusada en el procedimiento, agravándola. No añade nada y no agravaba su responsabilidad”. En el juicio, tal y como explicó este periódico, la representación legal de la joven llevada por el letrado Eric Sanz de Bremond, de la Comisión LegalSol, afirmó lo contrario y destacó el papel clave del testimonio de los tres policías para haber llegado a juicio contra ella, hasta tal punto que la acusación fue retirada cuando sus palabras fueron puestas en entredicho por los vídeos aportados a última hora.

“Si no llegamos a encontrar ese vídeo a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”, lamentó el letrado, destacando que si la mujer fue juzgada fue por la declaración de los policías. A lo largo del juicio, los agentes negaron haber faltado conscientemente a la verdad y la explicación que dieron a haber añadido en el juicio detalles que omitieron, por ejemplo, en el atestado, pasaron por defender que en esos documentos policiales no se refleja todo lo que sucede. “Ella empieza a gritar, me pega un a patada en la pierna, me agrede en el pecho”, dijo uno de ellos, que ese día de diciembre de 2013 ejercía como superior de más de 400 policías.

La acusación terminó el juicio afirmando que “se ha faltado a la verdad” y que los policías ahora absueltos sí conocían las consecuencias de ir variando su testimonio, añadiendo acusaciones que podrían haber acabado en condena para la mujer de no haber surgido los vídeos: “Tienen la experiencia suficiente para diferenciar entre mover los brazos y acometer con patadas y puñetazos, van engrosando sus declaraciones. Es evidente que faltaron a la verdad conscientemente. No olvidemos una cosa: si no llegamos a encontrar ese vídeo, a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”.

Este domingo se produjeron cargas durante la manifestación anual en Vitoria en memoria de las víctimas del 3 de marzo de 1976. La Brigada Móvil (antidisturbios) de la Ertzaintza actuó en respuesta al lanzamiento de adoquines, botellas de vidrio y otros objetos contundentes, como mesas y sillas de terrazas, según el parte oficial. Hay también imágenes de uniformes que acabaron manchados con pintura. Esa misma información apuntaba a siete agentes heridos o contusionados durante la refriega. Pero en esa lista falta otro ertzaina. Se trata de un 'askatu' o agente infiltrado que fue golpeado por sus propios compañeros junto a El Corte Inglés, según confirman fuentes internas.

En el segundo 30 de una grabación de los altercados de 'Gasteiz Hoy' muestra al agente encubierto, que llevaba capucha, la mitad de la cara tapada y ropa totalmente negra, recibiendo un porrazo de un uniformado de la Brigada Móvil. El 'askatu' portaba una porra extensible de dotación. Es habitual que en este tipo de movilizaciones participen de modo discreto agentes de paisano para informar a las dotaciones uniformadas de posibles movimientos extraños o incidencias. Es menos habitual que esos funcionarios acaben siendo golpeados, ya que existen códigos internos para que sean identificados y para que, además, lo sean con seguridad para no ser descubiertos.

La Ertzaintza intervino en Vitoria con porras y también con proyectiles de 'foam'. Los restos de los cartuchos aparecieron en el suelo. Los incidentes tuvieron lugar en las calles de La Paz y Postas, cuando la movilización se escindió. Participaron en ella miles de personas y los disturbios se concentraron en un punto muy concreto, ya casi al final del recorrido entre el barrio de Zaramaga y Fueros. De los siete agentes que precisaron asistencia médica, según fuentes policiales, dos han pedido la baja. Uno de ellos recibió un golpe en la cabeza y otra agente acabó con el brazo en cabestrillo. En cuanto a los detenidos, a los que se les imputan desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, quedaron en libertad con cargos por la tarde-noche del mismo domingo.

En un comunicado, los sindicatos LAB, ELA, ESK y Steilas, además de la asociación de víctimas Martxoak 3, criticaron la “brutal” carga policial de la Ertzaintza y apuntan a tres manifestantes heridos. Entienden que la Policía vasca había preparado “un despliegue desproporcionado” y que aplicó porrazos y disparó 'foam'. Sostienen que una furgoneta de la Brigada Móvil “arremetió” contra los manifestantes y “pasó por encima de un joven”, que habría resultado herido. Otras personas “llegaron a perder el conocimiento”, según esta versión. Remarcaron que esta actuación llega “apenas varias semanas después de que un joven resultara gravemente herido en Tolosa por una carga policial”.

Seguridad insiste en que actúa con “proporcionalidad”

Fuentes del Departamento de Seguridad, dirigido por el también vicelehendakari, Josu Erkoreka, indican que “los operativos policiales los diseñan personas profesionales de la seguridad pública” y que siempre se valora desde la Ertzaintza “la situación” y los “riesgos” antes de actuar. “Esta planificación la hacen los mandos de la Ertzaintza, personas muy cualificadas y con experiencia.  Se prepara todo con muchísima antelación y procurando dar respuesta a toda la casuística que pueda darse ese día, atendiendo a criterios de proporcionalidad en la respuesta a la situaciones complicadas”, añaden estas fuentes.

Seguridad considera “injustas e injustificadas” las críticas de “brutalidad” policial. Afirma el Gobierno que esta misma semana se ha escuchado lo contrario desde otros ámbitos, que no se “actuó lo suficiente” en el partido de la Copa del Rey entre el Athletic y el Atlético de Madrid, por ejemplo. Tiene claro que, “en los tres eventos, las dos semifinales de Copa y la manifestación de este domingo de Gasteiz, había personas que fueron a causar daños y destrozos”. Y añaden: “Personas con rostros cubiertos. Nadie que va a un evento deportivo a divertirse o a una manifestación a apoyar una causa pacíficamente lo hace con la cara cubierta y pertrechado con bengalas, botes de pintura, palos, botellas o adoquines como hemos visto en todas las imágenes”.

Seguridad hace un balance más general de lo ocurrido en la última semana e indica que ha habido “quince agentes heridos”. “La investigación continúa abierta hasta identificar y poner a todas las personas autoras a disposición judicial. Incluyendo el caso del aficionado al Atlético de Madrid que fue herido en una paliza en un restaurante cercano. La Ertzaintza ha actuado en respuesta a altercados y ataques de ciertos grupos que son inadmisibles y condenables. Son personas que aprovechan los grandes eventos para alterar la convivencia de manera absolutamente reprochable”, insisten. El Gobierno recalcan que los alborotadores son siempre “minoritarios” y lamenta que los sindicatos busquen “ganancia” en “río revuelto”.

La Ertzaintza ha compartido con la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un órgano que supervisa las actuaciones policiales y que está presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, sus conclusiones iniciales sobre el fallecimiento de un detenido a principios de este mes de febrero y de lo que no se había informado en ningún momento. En concreto, este varón murió cuando era trasladado en ambulancia desde el lugar donde fue arrestado, en Astigarraga, cerca de Donostia, hasta un centro hospitalario.

Los hechos tuvieron lugar el viernes 2 de febrero, según las fuentes consultadas. Un hombre fue visto descolgándose del balcón de una vivienda y entrando en otra. Desde esa segunda saltó a un tercer balcón. Gritaba y aseguraba que estaba en peligro de muerte porque le iban a disparar, extremo que se reveló incierto. Acudió la Policía Local de Astigarraga y pidió el apoyo de la Ertzaintza. Los agentes desplegados tuvieron dificultades para interceptar y reducir a esta persona, que presentaba signos evidentes de un consumo intensivo de drogas. Finalmente, cuando pudieron retenerle, llegó una ambulancia medicalizada para atenderle y trasladarle a un centro sanitario. Fue en ese tránsito cuando, por causas que ahora se analizan, falleció el detenido.

La normativa estipula que la comisión puede analizar todos los operativos policiales, tanto del cuerpo autonómico como de los municipales, cuando haya razones de relevancia para ello o cuando se produzcan heridos o fallecidos. En este caso, sin embargo, se interpreta de modo preliminar que el fallecimiento tuvo más que ver con el consumo de drogas que con la actuación policial.

Conclusiones preliminares en Tolosa

Por otro lado, están ya también perfiladas las conclusiones preliminares sobre el operativo durante el Carnaval de Tolosa, también en Gipuzkoa, del que salió herido en un ojo un menor por el impacto de una bala de 'foam', el material actual antidisturbios. Se puede leer aquí más información sobre el caso.

Según ha publicado 'El Diario Vasco' y confirmado este periódico de fuentes policiales, el impacto se produjo después de un rebote en el brazo a una persona que se interpuso en la trayectoria del proyectil. Toda la secuencia está grabada en vídeo. Indican las fuentes consultadas que en esa intervención, motivada por un aviso de incidentes, según ha recalcado siempre el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, solamente se empleó un lanzador de 'foam' y la investigación ha logrado identificar al agente que portaba el arma, así como saber quién dio la orden y cuántos disparos se produjeron (tanto salvas como con carga).

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha confirmado hay abiertas tres investigaciones para esclarecer la actuación de la Ertzaintza durante los Carnavales de Tolosa, concretamente en la noche del domingo al lunes. Ya era conocido que un joven de 16 años resultó herido en un ojo. Ahora se le añade un puñetazo en un ojo denunciado por una persona y otra investigación de oficio por un botellazo recibido por una mujer. La comisión de control y transparencia de la Policía vasca también ha iniciado su propio análisis.

Erkoreka ha detallado estas pesquisas, a preguntas de los medios, tras la presentación en Bilbao de la nueva OPE conjunta para cubrir 280 plazas para Ertzaintza y Policías locales. En el caso del presunto impacto de un proyectil de 'foam' en un ojo denunciado por la familia del menor, el vicelehendakari ha confirmado que es objeto de investigación en este momento por parte de la Ertzaintza y que este mismo miércoles se han practicado “algunas diligencias” tendentes a esclarecer lo ocurrido en relación con esa lesión, informa Europa Press.

En este sentido, ha asegurado que será la investigación la que dirá exactamente en qué términos y en qué condiciones lo ocurrido tiene relación con integrantes de la Ertzaintza, y si tiene que ver o no en la lesión con la utilización de material antidisturbios por parte de agentes de la Brigada Móvil. ¿Por qué intervino la Policía? Hubo un incidente que consistió, según Erkoreka, “en un puñetazo en la cara, que es lo que provocó la lesión que sirvió como base para que se requiriera la presencia de la Ertzaintza en dicho bar”. El herido fue trasladado al hospital, donde fue objeto de alguna intervención quirúrgica, ha confirmado.

Tres agentes antidisturbios de la Policía Nacional han sido juzgados este jueves en Madrid, acusados de mentir ante los tribunales y acusar a una joven de patearles en una manifestación de Rodea el Congreso de 2013 cuando los vídeos no muestran ningún tipo de agresión física por su parte. La Fiscalía y la acusación han hecho definitivas sus peticiones de hasta dos años y medio de prisión para ellos: “Si no llegamos a encontrar ese vídeo a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”, ha dicho el abogado de la manifestante, que ha lamentado en el juicio haber estado imputada seis años hasta que fue absuelta. Los tres policías, uno de los cuales no es acusado por la afectada, han negado haber mentido y han alegado que, varios años después, no recordaban bien los hechos. La Abogacía del Estado, que representa en el proceso al Ministerio del Interior, ha pedido que sean absueltos.

El montaje policial que denuncia esta manifestante arranca hace más de una década, en diciembre de 2013, cuando acudió con su pareja a Madrid a una manifestación de 'Rodea el Congreso' que, ese año, centraba sus protestas en la 'Ley Mordaza', por aquel entonces todavía un proyecto salido del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Los dos vieron cómo otros manifestantes reventaban un coche de Policía Municipal e intentaron abandonar la zona cuando se vieron atrapados por distintas unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Fue detenida, según se le dijo entonces, por llamar “hijo de puta” a uno de los agentes.

El caso llegó a juicio seis años después y la mujer se sentó en el banquillo bajo una petición de tres años de cárcel de la Fiscalía por resistencia y desórdenes públicos. El atestado inicial de la Policía reflejaba los insultos, pero los agentes antidisturbios fueron ampliando las acusaciones durante la investigación y durante el juicio: hablaron de patadas y puñetazos y actitudes violentas. Varios manifestantes fueron condenados por los disturbios pero ella fue absuelta: un vídeo encontrado por su defensa a última hora demostraba que, lejos de haber pateado a un policía, ella había sido objeto de una detención “absolutamente desproporcionada”.

La inexistente agresión se transformó en un juicio contra los tres policías que firmaron el atestado y declararon en el proceso, que este jueves han declarado como acusados. Un juicio en el que las defensas han centrado sus esfuerzos en ensalzar el ambiente de violencia y tensión de la manifestación y en alegar que, tantos años después, es normal que no recuerden todos los detalles. El principal acusado, ahora policía jubilado pero ese día al frente de más de 400 policías como coordinador del operativo antidisturbios, ha insistido en que fue pateado: “Ella empieza a gritar, me pega un a patada en la pierna, me agrede en el pecho”, ha dicho.

Fue él quien elaboró el atestado que no reflejaba las patadas y puñetazos que luego, años después, sí recordó en sede judicial. El atestado, ha dicho, fue una “síntesis”. “Llevo en orden público desde 1992, he recibido muchísimas agresiones y en ningún atestado he puesto que he sido agredido, solo en uno”, ha dicho. La acusación particular, ejercida por el abogado Eric Sanz de Bremond de la Comisión Legal Sol, ha preguntado si conoce la diferencia penal entre resistirse a una detención y agredir a un agente: “Yo no sé la calificación penal que puedan tener esos hechos. Yo digo lo que ocurrió”, ha dicho el policía. Los tres han negado haber mentido.

Otro de los policías acusados, que también firmó ese atestado y luego fue añadiendo las agresiones físicas al relato a medida que avanzaba el proceso judicial, ha reconocido que recordaba los hechos “grosso modo” y que la mujer “lanzó patadas que no sé si impactan o no. Después su compañero se abraza y ella lanza patadas y manotazos, no veo que impacte con nadie”. Si en su primera declaración judicial no mencionó esas patadas, dice, fue porque nadie le preguntó.

La víctima ha comparecido para ofrecer una versión opuesta. Tanto ella como su entonces pareja, también juzgado y absuelto en el proceso penal por los disturbios, intentaron abandonar la zona cuando ocurrieron los disturbios pero quedaron atrapados entre unidades policiales. “Me quedé abrazada con mi compañero, en ningún momento lanzo una patada”, ha dicho. Ha reiterado que en ese momento pregunto dos veces al mando policial por el motivo de su detención y no habló de ninguna patada ni ningún puñetazo: “Me contestó que estaba detenida por llamarle hijo de puta”.

“La motivación era justificar la detención”

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han hecho definitivas sus peticiones de cárcel. En el caso del Ministerio Público son dos años y medio de cárcel por falso testimonio para los tres agentes, mientras que la acusación ha renunciado a pedir condena al tercer policía al entender que fue inexacto en sus declaraciones pero no atribuyó una agresión a la afectada, solo una actitud de resistencia.

El fiscal José Luis García Navas ha hecho definitivas sus acusaciones, pero se ha expresado en términos menos contundentes que en su escrito de calificación. Ha abierto la puerta a que la Audiencia de Madrid aplique subtipos atenuados del delito de falso testimonio hasta el punto de que una condena de cárcel se sustituya por una multa, e incluso ha puesto en duda su propia petición de prisión al policía que no es acusado ni por la víctima, lo que ha generado el enfado de la defensa del agente. “Hay que modificar las conclusiones”, le ha reprochado al fiscal.

Para el representante del Ministerio Público, todos faltaron a la verdad en el juzgado y en el juicio. No para perjudicar a la manifestante, sino para reforzar la procedencia de su detención. “La motivación era justificar la detención”, ha dicho el fiscal. “En el vídeo no he visto ni empujones, ni patadas ni puñetazos. En el juicio dan un salto cualitativo para justificar la motivación de esa detención”, ha explicado.

Sanz de Bremond, después de recordar al tribunal que en este proceso no se juzgaba a la víctima del supuesto montaje sino a los policías, ha sido contundente: “Se ha faltado a la verdad. Tienen la experiencia suficiente para diferenciar entre mover los brazos y acometer con patadas y puñetazos, van engrosando sus declaraciones”, ha dicho. “Es evidente que faltaron a la verdad conscientemente. No olvidemos una cosa: si no llegamos a encontrar ese vídeo, a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”.

Las defensas han pedido la absolución de los agentes. Después de que sus clientes hayan insistido en que las patadas, efectivamente, se produjeron, los abogados se han limitado a defender que la confusión del momento y el paso del tiempo disculpan las posibles inexactitudes en su testimonio. “Hoy por hoy salvo que seas catalán no rehabilitan a ningún funcionario policial en la vida”, ha dicho el abogado del tercer agente, solo acusado por la Fiscalía. 

El abogado del Estado, en representación del Ministerio del Interior, ha pedido la absolución: “Es normal que pueden entremezclar intervenciones y que falle la memoria, pero ninguno tuvo la intención de faltar a la verdad conscientemente para perjudicar a la querellante”. Incluso, ha explicado cómo podrían haberlo hecho: “Solo hubieran tenido que decir que estaba en el grupo que lanzaba objetos”. 

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía, un órgano de reciente creación y que está presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, ha recibido ya la documentación inicial para abrir una investigación -previsiblemente este mismo miérrcoles- sobre la actuación de la Ertzaintza en la noche del domingo al lunes en la calle de Beotibar de Tolosa, en pleno Carnaval. Tras intervenir por una pelea en esa zona de hostelería del centro de la localidad guipuzcoana con material antidisturbios, un menor natural de Villabona (de 16 años) permanece ingresado en el hospital Donostia por graves lesiones en el ojo derecho y a la espera de ser intervenido. Los primeros informes médicos salidos del entorno de la familia de la víctima apuntan a que los daños son “compatibles” con los proyectiles de 'foam' que emplea como armamento la Policía autonómica. “No es justo. Tiene 16 años”, manifestó el padre del adolescente tras un acto de apoyo celebrado este martes. La oposición ha demandado ya explicaciones políticas al vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aunque los dos sindicatos principales del cuerpo (Erne y Esan) y Sipe han hecho pública una nota conjunta en la que “felicitan” a los agentes intervinientes y hablan de “profesional actuación quirúrgica” que evitó graves incidentes.

La Comisión de Control y Transparencia es un órgano nacido esta legislatura y que inició su andadura con un duro informe sobre una detención en Bilbao, en la que daba crédito a las denuncias que alertaban de excesos policiales y planteaba una serie de medidas de mejora como la grabación de todos los operativos. También tiene pendiente un dictamen sobre el dispositivo desplegado en el Parlamento Vasco cuando se produjo una movilización del colectivo asindical 'Ertzainas en lucha' en la que no se intervino e incluso se vieron aplausos hacia los manifestantes. Este órgano supervisa igualmente las actuaciones de los cuerpos locales. En el caso del de Vitoria emitirá también un informe sobre el arresto de otro menor que iba en patinete, grabado en vídeo y difundido en redes sociales.

En la primera nota oficial sobre los sucesos de Tolosa, la Ertzaintza informó de que se ha abierto una doble investigación. Por un lado, se analiza la pelea, un “altercado que se originó en el interior de un bar y se trasladó después a la calle”, en la Parte Vieja tolosarra. Ello “requirió de la intervención de la Ertzaintza para restablecer el orden público”. “En el conjunto de actuaciones policiales [...], la Ertzaintza ha identificado a varias personas, ha requisado diversos objetos (palos, botellas, ...) y ha detenido a dos jóvenes que portaban, al menos uno, de uso prohibido (barra extensible). Durante una de estas actuaciones policiales, los agentes se vieron obligados a hacer uso del material antidisturbios para restablecer el orden público”, se explicó.

Oficialmente, hubo un herido por la pelea y un segundo no relacionado con los hechos. Se trata del menor. Es la segunda investigación. “Como medida preventiva, la Ertzaintza ha abierto, de oficio, diligencias de investigación específicas para este último incidente y se ha solicitado al juzgado correspondiente la intervención de un médico forense para evaluar al joven hospitalizado y determinar la naturaleza de las lesiones. Paralelamente, se ha abierto una investigación interna de la Ertzaintza para analizar todos los detalles relacionados con la actuación policial”, se apuntaba. Es decir, Asuntos Internos también tiene el expediente encima de la mesa.

A ello se le suma ahora la intervención de la Comisión de Control. La documentación inicial llegó este martes por la tarde y se revisará este miércoles para dar curso a un expediente. El artículo 17.2.b. de la ley autonómica de Policía le faculta para intervenir ante quejas o peticiones de la Administración, pero su concurso es “preceptivo” si existe “fallecimiento o lesiones graves de una persona”. “La Ertzaintza o el cuerpo de Policía local tendrán la obligación de comunicar tal circunstancia de inmediato a la comisión”, remarca la normativa. Este organismo ha defendido también que se puede investigar incluso aunque haya una causa judicial abierta, lejos de la teoría de que una intervención penal paraliza los expedientes disciplinarios o administrativos.

'Foam', no pelotas de goma

Fuentes policiales indican que no habrá problema para un esclarecimiento de los hechos porque en la zona “había cámaras por todas partes”. Por el momento, sin embargo, apenas han trascendido vídeos del operativo policial. El primer elemento relevante es que no se emplearon pelotas de goma. La Ertzaintza no las emplea desde abril de 2012. La última bola disparada mató a Íñigo Cabacas, seguidor del Athletic que estaba en un callejón en los aledaños del viejo San Mamés tras un partido de competición europea. Precisamente aquel caso motivó cambios en los protocolos antidisturbios, incluida la creación de una comisión de supervisión independiente. La investigación, aunque no determinó quién disparó en concreto el proyectil que golpeó en el cráneo a Cabacas, desnudó la falta de control del armamento, de las municiones y de los protocolos. Se puede leer aquí una reconstrucción de lo sucedido entonces.

Técnicamente, la Brigada Móvil (unidad antidisturbios especializada) todavía dispone de escopetas lanzabolas, pero su uso está restringido y no se han empleado en más de una década. La dotación ordinaria es un lanzador del calibre 40 mm de 'foam'. Permite tres tipos de disparo. Por un lado, hace salvas, ruidosas, que ofrecen un fogonazo e inofensivas. Es lo que se ve en el vídeo más difundido, el que acompaña a estas líneas. Ese disparo no llevaba carga. Después permite arrojar un proyectil de 'foam' blando, que se distingue por sus colores fosforitos verdes y amarillos, y otro más duro, de color negro. Según imágenes recogidas por el diario 'Berria', se han hallado restos de ambos en el centro de Tolosa. El uno se llama SIR y el otro SIR-X. Si el 'foam' de cualquier tipo rompe su trayectoria e impacta con la culata, sí puede ser más lesivo. Una gran diferencia con las pelotas de goma es que aquéllas no eran controlables y que tenían mucho riesgo en caso de rebote. Este material es más dirigible. La Ertzaintza tiene instrucciones precisas para no disparar en partes sensibles y una guía de distancias: el SIR-X no se puede usar a menos de 15 metros. En principio, según datos oficiales, la unidad con lanzadores sobre el terreno fue la Brigada Móvil, aunque también había patrullas normales de Seguridad Ciudadana desplegadas.

Un dato muy relevante: a diferencia de lo ocurrido en la noche en la que murió Cabacas, ahora sí se exige un control exhaustivo de las bolsas con proyectiles que son desprecintadas en la calle y de las armas empleadas. Esos datos deberían aparecer en la aplicación interna Euskarri. Asimismo, los agentes sobre el terreno llevan siempre visible en la pechera (más pequeño) y en la espalda (más grande) un código alfanumérico único que les identifica. Igualmente, los grupos o unidades también se identifican entre sí.

Existe un precedente por una joven herida por 'foam'. Se trata de una manifestante contra un acto político de Vox en Bilbao. Los hechos ocurrieron en abril de 2019, con Estefanía Beltrán de Heredia como consejera de Seguridad. La mujer herida acreditó lesiones en la mandíbula. El asunto fue judicializado pero todo quedó archivado y sin consecuencias. Ahora, según datos de la familia, el adolescente tiene una fuerte hinchazón en el ojo, desprendimiento de retina y otras lesiones en la zona.

El vicelehendakari Erkoreka, este miércoles, ha defendido la “transparencia” de la actuación policial en todo momento y que “de oficio” se han dado pasos para el “esclarecimiento completo” de lo ocurrido. Es el mismo mensaje que lanzó el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria. También se ha indicado que Seguridad se ha puesto en contacto con la familia de la víctima y a su disposición. A Erkoreka, sin embargo, la oposición de izquierdas ya le ha demandado explicaciones. EH Bildu ha registrado preguntas en el Parlamento Vasco y su portavoz en la comisión de Seguridad, Julen Arzuaga, ha pedido a Erkoreka que “aclare” lo sucedido y si la intervención policial fue “proporcionada”. El parlamentario de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez de Zatón también ha presentado preguntas a Erkoreka ante unos hechos que ha calificado como “desproporcionados” e “innecesarios”. La portavoz de la coalición, Miren Gorrotxategi, de la parte de Podemos, también ha demandado una “investigación profunda”. “Es imposible no acordarnos de Cabacas”, ha manifestado.

Por el contrario, los sindicatos Erne, Esan y Sipe han cerrado filas con la actuación policial. En primer lugar, han criticado que se haya mencionado el uso de pelotas de goma, que nunca se produjo. El propio alcalde de Tolosa habló de “pelotazo” en la primera reacción ante lo sucedido, por ejemplo. En segundo lugar, estas organizaciones “felicitan” a los intervinientes. “Lo que empezó como una discusión en un bar en la localidad de Tolosa, pudo acabar en tragedia si no fuera por la profesional actuación quirúrgica de la Ertzaintza”, sostienen. Demandan a Erkoreka una defensa cerrada de los agentes, que “borre” cualquier “sospecha”. Una de estas centrales (Sipe) también sostuvo que no estaba probado que Cabacas muriera a causa del impacto de una pelota de goma, a pesar de la claridad de la autopsia.

El 25 de septiembre de 2012 miles de personas se manifestaron en la plaza de Neptuno de Madrid. Bajo el lema 'Rodea el Congreso', las protestas terminaron en disturbios con más de 60 heridos y 35 personas detenidas. Más de una década después los arrestados siguen a la espera de juicio, la Fiscalía ha pedido hasta siete años de cárcel para ellos pero nadie ha investigado sus denuncias de haber sufrido maltrato policial, tanto en comisaría como en el furgón de la Policía Nacional. Varios de ellos, según ha sabido elDiario.es, han llevado hasta Estrasburgo su alegación de que la Justicia española archivó sus acusaciones de abusos policiales sin poner en marcha “ni una sola diligencia” de investigación, explica la demanda.

La convocatoria reunió a unas 6.000 personas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados mientras, dentro de la cámara baja, el pleno debatía sobre pensiones, el sueldo de los políticos o la lucha contra el fraude fiscal. La Policía Nacional cargó y los disturbios posteriores llegaron hasta los andenes de la estación de Atocha. El balance fue de 64 heridos entre manifestantes y policías y 35 detenciones. Arrancó entonces un proceso judicial que pasó por la Audiencia Nacional, generó un enfrentamiento entre el PP y el Poder Judicial y nunca puso la lupa sobre las denuncias de maltrato policial que más de 20 arrestados pusieron encima de la mesa.

El caso tardó varios meses en aterrizar en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid. La Audiencia Nacional, mediante un duro auto del juez Santiago Pedraz, rechazó la teoría policial que apostaba por acusar a los manifestantes de un delito contra las altas instituciones del Estado. La respuesta del Partido Popular fue llamar “pijo ácrata” al magistrado. Mientras tanto, arrancó en un juzgado de Madrid un proceso que, a día de hoy, se alarga más de una década con un total de 21 acusados a la espera de juicio, que se celebrará finalmente en noviembre de este año, y la Fiscalía pidiendo condenas de entre tres y siete años de prisión por desórdenes, atentado, resistencia y lesiones.

Las presuntas agresiones a policías no es lo único que el juzgado de instrucción 35 de Madrid ha tenido encima de la mesa. Poco después de arrancar la causa, dos decenas de detenidos denunciaron todo tipo de abusos y malos tratos policiales, tanto en la propia manifestación como en el traslado y finalmente en comisaría. Golpes de porra y puñetazos, o la obligación de estar de pie durante horas en comisaría sin poder apoyarse ni ir al baño o beber agua. Dentro de las furgonetas, camino de Moratalaz, varios denunciaron que fueron esposados entre sí, sin cinturón de seguridad, y que los policías se reían mientras chocaban y caían por los volantazos, acelerones y frenazos del conductor.

El juzgado, denuncian ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, estuvo casi diez años sin hacer nada. Ni diligencias de investigación ni tomas de declaración a los denunciantes. Tuvieron que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para que un tribunal colegiado reconociera su derecho a tener, al menos, una respuesta. La respuesta llegó poco después: su denuncia de malos tratos policiales quedaba archivada porque lo que pretendían, según el juzgado, era una “investigación prospectiva”.

El resto de tribunales, tanto la Audiencia como finalmente el Constitucional, confirmaron esta decisión, y más de 20 denunciantes han decidido llevar el caso ante Estrasburgo, representados por abogados de la Comisión LegalSol. En sus demandas, todos denuncian que el juzgado no puso en marcha ni una sola diligencia para analizar, al menos, los indicios que ellos mismos habían presentado de que las agresiones y el maltrato policial eran reales.

“No se ha practicado ni una sola diligencia”

Las demandas que ahora estudiará el TEDH afirman que el caso sobre los abusos policiales fue archivado sin “haberse practicado diligencia de investigación alguna”. Existió, dicen los escritos enviados a Estrasburgo por LegalSol, una “ausencia de una investigación judicial efectiva y rigurosa”. “No se realizó una investigación diligente ante una denuncia de malos tratos, no se motivó adecuadamente la denegación de diligencias” y el auto, añaden, dijo que no había indicios “cuando no se había realizado investigación alguna”.

Sus denuncias de malos tratos, añaden, venían acompañadas de “indicios creíbles”: partes de lesiones, coincidencia entre las denuncias de una decena de detenidos y descripción de algunos policías presuntamente implicados.

Toda esta inacción del juzgado para investigar sus acusaciones durante una década, mientras algunos de ellos siguen imputados hoy a la espera de juicio con una acusación pública que pide siete años de cárcel, vulneró su derecho a tener un proceso equitativo, según denuncian. Recientemente los tribunales han puesto fecha al juicio, que será a finales de noviembre de 2024.

España, condenada por la actuación policial

Los disturbios del Rodea el Congreso de 2012 y las manifestaciones de los años sucesivos han estado o siguen, a día de hoy, en manos de los tribunales. Y la primera concentración masiva en Neptuno ya ha sido estudiada en el pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: en marzo de 2021 la instancia europea condenó a España por la inacción judicial a la hora de investigar hechos similares: la denuncia de una mujer desalojada por la fuerza de un bar cercano al Congreso.

Esa sentencia, también conseguida tras una demanda de abogados de LegalSol, ya repasó la sucesión de resoluciones judiciales españolas que cerraron la puerta a la investigación y entendió que se había vulnerado el derecho de la mujer a no sufrir tortura. Firmó, además, una indemnización de 1.000 euros para la denunciante por daños morales.

“La Corte considera que en las circunstancias particulares del presente caso la investigación llevada a cabo por los tribunales internos no fue lo suficientemente completa y eficaz”, dijo esa sentencia que ahora sobrevuela esta segundo proceso sobre la actuación policial del Rodea el Congreso de 2012. En ese caso estableció una indemnización porque la normativa española no permitía reabrir una investigación y, por tanto, solo se podían “borrar imperfectamente” las consecuencias de la violación de sus derechos.

En otros procesos judiciales, los tribunales de lo contencioso han condenado al Estado a indemnizar a manifestantes que fueron agredidos por la Policía en los aledaños del Congreso de los Diputados de manera injustificada.

En el caso de los más de 20 acusados en la causa principal por los disturbios posteriores a la manifestación, siguen a la espera de juicio 11 años y medio después de los hechos. Según la Fiscalía, cometieron delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y resistencia además de una falta de lesiones. La petición más baja de prisión es de tres años y ocho meses de cárcel y la más alta de siete años y cuatro meses.

El intento de Jupol por dotar de una nueva jornada laboral a los miembros de las Unidades de Intervención Policial, los antidisturbios, ha sido rechazado por los tribunales. El sindicato recurrió en la vía de lo contencioso-administrativo que la Dirección General de la Policía (DGP) no haya desarrollado para los antidisturbios la norma de diciembre de 2015 que afectaba a todos los policías, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo ha desestimado el recurso de Jupol para los antidisturbios, sino que ha condenado a la organización en costas al no apreciar que su reivindicación presentara siquiera “serias dudas de hecho o de derecho”.

El origen de la reivindicación es la norma que se aprobó en 2015 sobre la jornada laboral para el conjunto de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Esa norma regula los horarios, las cadencias de prestación de los servicios o las compensaciones que se reciben con las horas extra. El propio texto ya advertía que unidades policiales con un régimen peculiar necesitarían un desarrollo específico. Los antidisturbios pasan muchas jornadas fuera de su ciudad de destino, ya que son una fuerza que se moviliza en función del “control de masas” requerido por las autoridades. 

En 2021, Jupol recurrió la “total inactividad” de la DGP respecto de su negativa a reformar la jornada laboral de los antidisturbios. Las UIP habían firmado solo cuatro meses antes su propia regulación de la jornada cuando en diciembre de 2015 se aprobó otro general que incluía la necesidad de reformar el vigente entre los antidisturbios. Hasta el día de hoy no se ha hecho, y eso que su modificación provoca un consenso mayoritario entre los sindicatos policiales. 

Sin embargo, la iniciativa de Jupol ha fracasado. En su sentencia, la Sección Séptima de la Sala de lo Social del TSJM ofrece un duro varapalo sobre el fondo y la forma del recurso del sindicato. La Sala destaca una “evidente contradicción en la formulación inicial del recurso, al compaginar dos figuras incompatibles legalmente: el silencio administrativo y la inactividad de la Administración”. Dicen los magistrado que respecto a la “inactividad administrativa”, incluso aceptando “la narrativa de los hechos expuestos en la demanda, no concurren los requisitos establecidos por la doctrina jurisprudencial expuesta: ni existe esa obligación legal de la administración (…) ni se ha producido el requerimiento legal”.

El tribunal recuerda que las UIP tienen en su régimen estatutario, es decir, desde su fundación, “una naturaleza especial”, por lo que debe prevalecer el acuerdo específico para ellas de julio de 2015 frente al posterior, y general, de diciembre de ese año.

En este sentido, el tribunal acusa a Jupol de “clara desviación procesal” al pedir que se derogue el acuerdo para los antidisturbios de julio de 2015 para que prevalezca el posterior que rige para todos los policías. Afirman los jueces que el sindicato alegó una cosa en su recurso inicial y otra distinta en la demanda. Jupol puede recurrir ahora al Tribunal Supremo. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de ser confirmada por el Supremo, supone el cierre de la vía judicial para cumplir con la reivindicación de los sindicatos. Según fuentes policiales, el revés jurídico relega las posibilidades de los antidisturbios a tener una jornada laboral nueva al momento en el que la Administración quiera abrir ese proceso de reforma con los sindicatos.

Cinco guardias civiles que pegaron una paliza a un ciudadano en Majadahonda (Madrid) en 2019 han sido condenados este mes de octubre tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, declararse culpables y aceptar una condena que, en algunos casos, puede suponer el ingreso en prisión. Para que hayan sido condenados se han dado un cúmulo de circunstancias que los abogados especializados en casos de abusos policiales consideran difícil reunir, tales como la grabación de los hechos y testimonios coincidentes de testigos. En la mayoría de las causas se encuentran con tres factores que protegen al uniformado: la falta de controles internos en las Fuerzas de Seguridad, la reticencia de jueces y fiscales a cuestionar el testimonio de los agentes y un corporativismo mal entendido que se impone entre sus compañeros.

En un caso, todavía pendiente de juicio, varias personas que se manifestaron en 2013 contra la ley Mordaza en las calles de la capital fueron llevadas al banquillo acusadas de agredir e insultar a policías. Un vídeo inédito hasta el juicio grabado, y no emitido por HispanTV, demostró que había sucedido todo lo contrario: habían sido detenidos de manera desproporcionada sin que siquiera hubiera una provocación a los agentes. La Fiscalía pide cárcel para los policías por mentir en el juicio. 

Otro caso similar, también desmontado a través de un vídeo, será juzgado en Barcelona el próximo mes de noviembre. La Fiscalía pide hasta ocho años de inhabilitación para un Mosso d'Esquadra por inventarse una agresión por parte de un joven durante el desalojo de un centro social ocupado en Fort Pienc. Un vídeo revelado por elDiario.es revela que el codazo que denunciaba el agente nunca existió y pasó de víctima a acusado. Grabar a policías, ha resuelto el Tribunal Constitucional, no siempre es ilegal; para que sea delito hay que difundir las imágenes de manera irregular.

Eric Sanz de Bremond, desde la Comisión Legal Sol, es el abogado que consiguió dar la vuelta al caso de la falsa agresión a un policía en 2013 y que, el próximo mes de marzo, tiene intención de acusar al agente por mentir. La clave, explica, fue encontrar el vídeo. Pero incluso con esa prueba disponible es difícil que el juzgado no decrete el archivo de la causa contra la manifestante y, por contra, se lance a investigar a los policías por mentir. “No ocurre o lo vemos muy poco. En el caso de este juicio tuvimos que ser nosotros los que interpusimos una querella. El sistema funciona a veces”, afirma a elDiario.es Sanz de Bremond.

Encubrir al compañero

Los obstáculos se incrementan cuando no solo se trata de demostrar la inocencia de un manifestante sino de probar la culpabilidad del policía. Anaïs Franquesa es codirectora de Iridia, una organización de defensa de los Derechos Humanos que trabaja en Catalunya. En conversación con elDiario.es, la letrada se refiere al caso de un joven víctima de agresiones e insultos racistas en Manresa en 2019 por parte de los Mossos d'Esquadra, representado por SOS Racismo. El caso cuenta con una grabación que muestra a los agentes llamando “negro de mierda” a la víctima o profiriendo frases del tipo: “Yo soy racista, mucho, pero si fueras blanco te hubiera pasado igual”. Los mandos de los agentes acusados aseguraron en fase de instrucción no reconocer las voces de sus subordinados. “El escándalo fue tal que tuvieron que rectificar su declaración”, recuerda Franquesa.

La codirectora de Iridia destaca la importancia de que los agentes tengan un “mecanismo de control externo” que evite la necesidad de que sea un compañero, aunque con rango superior, el que inicie las investigaciones internas. Pone como ejemplo que Asuntos Internos de los Mossos depende del director general, un político. Esto no sucede en Policía o Guardia Civil, cuyas unidades de investigación a policías dependen directamente del director operativo, un uniformado.

Con la ventaja de la necesaria opacidad que tienen esas unidades para que otros agentes no sepan que les están investigando, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo de Asuntos Internos de la Policía una pieza clave de la Operación Catalunya, realizando trabajo sobre el terreno de misiones sin control judicial y claramente prospectivas, que escapaban a cualquier fiscalización.

Los policías denuncian una cifra récord de ataques sufridos

La codirectora de Iridia apuesta por un incremento en las partidas presupuestarias que permitan dotar de más medios, humanos y técnicos, a las unidades de asuntos internos de las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado. En el seno de las mismas se pone, por contra, el acento en el aumento de agresiones a uniformados. Recientemente, la Confederación Española de Policía (CEP) lanzó la campaña 'Tiene delito', en el que ofrecía datos del Ministerio del Interior acerca del crecimiento de ataques que sufren los agentes en el cumplimiento de su labor: más de mil agresiones al mes durante 2022, año que reflejó 12.843 atestados que han cursado policías y guardias civiles por haber sido presuntamente agredidos, la cifra más alta en quince años.

Tanto Red Jurídica como Iridia coinciden en destacar la relevancia de las posiciones de fiscales y jueces. “Por sistema y por desgracia se ponen del lado de los policías y no apoyan que se investigue”, explica Sanz Bremond, abogado del despacho madrileño. Iridia, por su parte, publica todos los años una memoria de los casos en los que interviene. En la última, correspondiente a 2022, de 57 casos de presuntos abusos policiales, en dos de ellos la Fiscalía adoptó “un papel proactivo”, fomentando la investigación; en 27 actuó de forma contraria, negándose a que se practicaran diligencias o pidiendo el archivo; y en 28 causas adoptó una posición “pasiva”, a remolque de lo que las acusaciones particulares o populares propusieran.

40 días en la cárcel por un montaje

Existiría un segundo bloque en el que se producen “descuidos” por parte de los policías que permiten que sus compañeros conozcan sus irregularidades y que, de forma extraordinaria, denuncien y hagan prevalecer el buen nombre del Cuerpo frente a las actuaciones irregulares de algunos de sus miembros. Así ocurrió en el caso del montaje policial que llevó a una vecina del barrio madrileño de Moratalaz a pasar 40 días en la cárcel de Alcalá de Henares. Su expareja pagó a dos policías nacionales para que le introdujeran droga en el maletero y acusar en falso a la mujer de haberles apuntado con un arma.

El montaje logró pasar el filtro de un juzgado y provocó que la mujer pasara más de un mes en prisión. Hasta que algunos compañeros de los policías se dieron cuenta de que algo no cuadraba: los perros no habían detectado la droga en el coche, la pistola no aparecía por ninguna parte y las sustancias encontradas estaban en la taquilla de uno de los policías. Los agentes cumplen una condena firme de 11 años de prisión cada uno.

En la localidad malagueña de Coín, un guardia civil estampó su cabeza contra la ventanilla de un coche para después afirmar en el atestado que había sido agredido por un detenido. “Esto me lo has hecho tú”, le espetó. 

La escena fue presenciada con todos sus detalles por varios agentes de la Policía Municipal de Coín. Uno de ellos se atrevió a romper el silencio y acudió pocos días después al juzgado a contar la verdad. Lo hizo, dijo, por su “confianza” en “la Justicia”. La sentencia condenó al guardia civil a tres años de cárcel y a dos policías locales a dos años más por firmar el atestado pese a saber de las falsedades que incluía.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Andalucía lamentó las dificultades a las que se enfrenta los agentes para dar el paso y denunciar abusos policiales. Los magistrados entendieron que el hecho de que el agente tardara varios días en contar la verdad era algo “perfectamente entendible” por el “temor” a “posibles represalias o al enfrentamiento con sus compañeros”. Esa sentencia alertaba de una tendencia de los cuerpos policiales a “lavar los trapos sucios en casa” o incluso a “ocultar la suciedad bajo la alfombra”.

El peso de las palabras y los informes médicos

La sentencia referida no es habitual. “Los agentes jurídicos dan más credibilidad a un policía que a gente de la calle, que a un testigo que ha visto la detención frente a los compañeros del policía. Se da más credibilidad a los policías. Eso dificulta mucho cualquier acusación”, asegura el abogado Sanz de Bremond.

Anaïs Franquesa, de Iridia, se rebela contra la afirmación de que la palabra de un policía tenga mayor valor probatorio que la de un ciudadano, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional en varios fallos. “La presunción de inocencia –continúa Franquesa– es un principio básico, también cuando los policías son los acusados. Pero existe un doble rasero cuando quien se defiende de las acusaciones es un policía y cuando no”, en referencia a lo que ocurre en la justicia ordinaria. Sanz de Bremond se posiciona en la misma línea: “los policías no gozan de presunción de veracidad en procedimientos penales” pero, en la práctica, “gozan de más credibilidad que un testigo normal”.

En este contexto, las cámaras y grabaciones se tornan fundamentales para acreditar un abuso. “Si no hay testigos o cámaras es muy difícil probar que ha habido maltrato en sede policial. Es básico el informe médico, pero es muy importante que se haga bien. Siempre existe la dificultad de que los policías, por protocolo, sean quienes trasladen al detenido, bajo custodia, a ese reconocimiento forense. Y quién va a explicar al facultativo lo que ha pasado con un agente de policía al lado”, explica la codirectora de Iridia.

Sobre las imágenes de las cámaras de videovigilancia, el abogado Sanz de Bremond afirma que “en la mayoría de ocasiones,”, la propia policía responde a su requerimiento: “Lo siento, esas imágenes están borradas”. Desde Iridia, Franquesa se congratula de que los avances de la tecnología hayan puesto en la mano del ciudadano un teléfono móvil con el que poder grabar.

Junto a la disponibilidad de imágenes, la codirectora de Iridia cita las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por negarse a investigar presuntos casos de maltrato y la labor periodística, que ha empezado a poner el foco en este tipo de casos, respondiendo así a una creciente demanda social.