El pleno del Tribunal Constitucional, con el sector conservador en contra, ha rechazado la mayor parte de las alegaciones que el Tribunal Supremo y el gobierno de Aragón hicieron contra la ley de amnistía, aplicando la doctrina que ya sentó la sentencia del pasado mes de junio que desestimó el recurso del Partido Popular. En el caso de la sentencia relativa a la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, el tribunal estima parcialmente las quejas que coinciden con las que ya hizo el PP, aspectos de la ley que apenas tienen incidencia en su aplicación a más de 300 personas desde que entró en vigor.

Las dos decisiones de rechazar la mayor parte de ambas impugnaciones se han tomado esta mañana con los votos favorables del sector progresista y la opinión contraria de los cuatro integrantes del sector conservador. Dos sentencias que se suman a la que el pasado mes de junio ya rechazó la mayor parte de los argumentos del PP y declaró inconstitucional que la norma no abarcara también a funcionarios que delinquieran mientras se oponían al procés.

La queja del Tribunal Supremo, firmada por su Sala de lo Penal con Leopoldo Puente como ponente, llegaba a calificar por primera vez de “golpe de Estado” el procés soberanista catalán de 2017 y reclamaba su anulación por constituir una “desigualdad” entre ciudadanos. El recurso de Aragón, ahora también rechazado, ponía la lupa sobre el perdón de la malversación, aunque esta sentencia no incide en el caso concreto de Carles Puigdemont. Su recurso y el de dos de sus exconsellers ha sido admitido a trámite esta semana y la sentencia sobre su caso concreto no se espera hasta el año que viene.

Según informa el tribunal de garantías en un comunicado, los magistrados han aplicado la doctrina de la sentencia de junio y ha rechazado “las alegadas vulneraciones del principio de arbitrariedad, de igualdad y prohibición de discriminación y de seguridad jurídica”, el grueso de la impugnación del Supremo. Los magistrados sí añaden algunas “consideraciones adicionales” por la argumentación del Supremo de que la ley de amnistía apelaba a la “desafección” política de una parte de la población catalana también obviaba a los no independentistas.

“Se trata obviamente de aspectos no solo extrajurídicos sino también puramente hipotéticos, cuyo análisis es ajeno al juicio de constitucionalidad que ahora nos corresponde”, contesta el Constitucional. La seguridad jurídica, añaden, no implica que los ciudadanos “puedan y deban confiar, al amparo de la Constitución, en que la ley penal no cambiará, ni que no podrá ser objeto de excepciones”.

La sentencia estima la misma queja del Supremo que ya aceptó al estudiar el recurso del PP hace unos meses: que la amnistía perdone a los policías imputados por las cargas del 1-O o de las manifestaciones posteriores a la sentencia, pero no perdone a otros funcionarios que igualmente fueran condenados por acciones desplegadas para oponerse al procés, un supuesto prácticamente inexistente en las cientos de imputaciones derivadas del desafío soberanista de 2017.

La Ley de amnistía se aprobó en marzo en el Congreso, pasó al Senado, donde fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, y ha vuelto al Congreso, donde se ha aprobado ahora sí definitivamente. El relato político de esto nos lo sabemos: para unos, España rota y traicionada; para otros reconciliación y apaciguamiento del independentismo; para otros, el camino al referéndum. Pero, más allá del discurso de cada uno: ¿Qué implica la amnistía? ¿Cuál es el siguiente paso? 

Hablamos de la aprobación definitiva de la Ley de amnistía con el periodista de elDiario.es en Catalunya Arturo Puente.

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El Tribunal Supremo ha publicado su primera sentencia en la que rechaza de forma definitiva los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos del procés. Esta resolución, que desestima un recurso del partido de Santiago Abascal contra la medida de gracia concedida por el Gobierno a Jordi Sànchez, explica que los partidos políticos no tienen legitimación para cuestionar un indulto ante el Tribunal Supremo: “Ningún precepto confiere a los partidos políticos, no ya la acción popular, ni tan siquiera una defensa generalizada de derechos o intereses colectivos”, dicen los jueces.

El ejecutivo central decidió otorgar indultos a nueve de los condenados por el Tribunal Supremo a condenas de hasta 13 años de prisión por su participación en el procés independentista catalán de 2017. Condenados por sedición y malversación, todos abandonaron la cárcel aunque sus condenas de inhabilitación permanecieron intactas. PP, Vox, Ciudadanos y algunas asociaciones llevaron estos indultos ante el Supremo.

La primera respuesta del alto tribunal fue negativa en enero de 2022: un partido político no tiene legitimación para recurrir un indulto que no le afecta de ninguna manera. Un año después, el debate y la “intensa polémica” en el seno del Supremo se tradujo en una segunda oportunidad para los recursos de las derechas: la composición de la sala cambió y los magistrados, cambiando de criterio, decidieron que merecía la pena estudiar estas alegaciones pero en una sentencia.

Esta primera resolución rechaza el recurso de Vox contra el indulto de Sànchez, pero habla en términos generales de la falta de legitimación de los partidos para recurrir indultos. “El legislador no ha asignado a los partidos políticos la cualidad de depositarios de una defensa abstracta en el proceso de los intereses generales”, reprocha el Supremo al partido de Santiago Abascal. Puede impugnar, explica, aquello que “perjudique directamente a sus estructuras orgánicas o al legítimo desempeño de sus funciones y, con mayor evidencia, cuando afecte a su propia existencia”, pero no indulto.

Vox ejerció la acusación popular

“Ningún precepto confiere a los partidos políticos, no ya la acción popular, ni tan siquiera una defensa generalizada de derechos o intereses colectivos”, dice el Supremo. Pero Vox no es un perjudicado de los indultos del procés, aunque haya ejercido la acusación popular en ese pleito penal. “Haber sido parte en el previo proceso penal no entraña de manera ineludible que se produzca la afectación por la concesión del indulto, porque dicha afectación no surge, no parece necesario insistir, por la sentencia que impone la condena, sino de la resolución que otorga el indulto de la pena ya impuesta”.

El Supremo todavía tiene pendiente estudiar otros recursos, entre ellos los del PP, con argumentos similares sobre la legitimación de partidos políticos para recurrir estas medidas de gracia.

Oriol Junqueras y el resto de acusados del procés fueron condenados por el Tribunal Supremo a condenas que, en el caso del líder de ERC, alcanzaban los 13 años de prisión por sedición, malversación y en algunos casos a penas de inhabilitación por desobediencia. Los indultos del ejecutivo conmutaron las penas de cárcel y permitieron su salida de prisión aunque no modificaron a la baja esas inhabilitaciones, que por el momento impiden a Junqueras presentarse a las próximas elecciones catalanas.

A lo largo del proceso, tanto la Fiscalía como la propia sala del Supremo que dictó la sentencia se pronunciaron en contra de conceder estos indultos a los líderes independentistas catalanes.

El juez Pablo Llarena ha decidido poner en búsqueda y captura dentro de España a la exconsellera Clara Ponsatí al entender que no ha justificado su ausencia el pasado 24 de abril, cuando fue citada por el Tribunal Supremo tras volver a España. El juez del Supremo reprocha a la eurodiputada que no acudiera sin ninguna causa: “Ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial”, dice el juez, para reprochar a Ponsatí que “las funciones parlamentarias no son sino la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales”.

Ponsatí fue una de las integrantes del Govern de Carles Puigdemont que abandonó España en 2017 y no regresó después de ser llamada a declarar por los distintos instructores de la causa del procés independentista. Recientemente, tras la derogación del delito de sedición, el magistrado Llarena dejó su procesamiento en un delito de desobediencia, sin pena de cárcel, y Ponsatí volvió a España, siendo detenida en Barcelona y llamada a comparecer por el juez hace ahora dos meses.

Ponsatí no se presentó y el juez entiende que no presentó ninguna justificación para ello. Su defensa alegó que su trabajo como diputada del Parlamento Europeo en varias de sus comisiones y el juez explica que eran por la tarde, así que podría haber acudido al Supremo por la mañana y unas horas después estar de vuelta en la eurocámara o haber solicitado comparecer por videoconferencia.

Su defensa, reprocha el juez, tuvo un “amplio margen” para contactar con el Supremo y comentar estas dificultades de horario y pedir un “reajuste” de su citación. “Se eludió esta previsión y se optó por presentar un escrito exculpatorio que tampoco ha estado seguido de ninguna propuesta de atender el llamamiento judicial con posterioridad al 24 de abril”, zanja el juez.

El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha decidido confirmar el procesamiento de Carles Puigdemont por malversación y desobediencia después de la reforma del Gobierno que derogó el delito de sedición por el que fueron condenados los otros líderes políticos catalanes. El magistrado instructor de la causa ha decidido rechazar los recursos que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones y las defensas presentaron contra su auto que imputó estos dos delitos al expresident y a Toni Comín y Lluís Puig, dejando la acusación sobre Marta Rovira y Clara Ponsati en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que esta reforma no implica que los delitos atribuidos a Puigdemont, Comín y Puig puedan encajar en una versión atenuada de la malversación y que lo que antes se consideraba sedición ahora se debe considerar desobediencia. Fiscalía y Abogacía del Estado pedían que reconsiderara su decisión y les acusara no de desobediencia sino de desórdenes públicos agravados.

La reforma del ejecutivo central que derogaba la sedición, creaba un nuevo delito agravado de los desórdenes públicos y modificaba también la malversación tuvo una incidencia directa en la causa del procés. La Sala de lo Penal, por su parte, tuvo que adaptar su sentencia que impuso hasta 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición, malversación y desobediencia.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa pasaron a estar condenados en desobediencia en concurso con malversación de caudales públicos. Sus penas de cárcel ya indultadas no se modificaron y tampoco su inhabilitación, lo que mantiene la prohibición del líder de ERC a presentarse a las elecciones en Catalunya en 2025.

En paralelo, el juez Llarena también tuvo que adaptar el procesamiento que pesa desde hace varios años sobre Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes en búsqueda y captura que abandonaron España entre 2017 y 2018, que ya tuvo que ser rebajado de rebelión a sedición después de que el Supremo dictara sentencia. En esta segunda revisión entendió que podían seguir acusados de malversación pero que la sedición debía transformarse en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que los ahora eurodiputados no se pueden ver protegidos por una inmunidad que obtuvieron un año después de su primer procesamiento, y que si en el futuro son encarcelados se les dejará acudir a las sesiones del Parlamento Europeo. Tampoco ven una vulneración de sus derechos en la causa que se sigue contra ellos, por la vía contable, en el Tribunal de Cuentas. “Los dos procedimientos se complementan”, dice Llarena.

La retirada de la sedición el pasado mes de enero ha provocado que el proceso de extradición abierto en Cerdeña (Italia) contra el expresident se haya archivado. El expresident fue arrestado en el aeropuerto de Alguero en septiembre de 2021, pero a las pocas horas fue puesto en libertad. El tribunal italiano consideró que no podía decidir sobre la entrega de Puigdemont hasta que la Justicia europea decidiera sobre su inmunidad.

En un sentido parecido resolvió el pasado mes de enero el juez Llarena, cuando constató que debido a la reforma de Código Penal ya no podía reclamar a los independentistas por sedición, limitando las peticiones de extradición a los delitos de malversación y desobediencia. El juez, sin embargo, dijo que no cursaría una nueva petición de extradición hasta que la controversia sobre la inmunidad estuviera resuelta por los tribunales europeos, algo que podíra no ocurrir hasta finales de año.

En octubre de 1981, los magistrados del recién creado Tribunal Constitucional recibían un recurso firmado por Antonio Tejero, que unos meses antes había intentado tomar el Congreso al asalto a punta de pistola. En su escrito, el guardia civil pedía apartar a un magistrado porque había definido el intento de golpe de Estado como “un tremendo atentado a la Constitución” y eso denotaba una “enemistad manifiesta” con él. Ese día, en su primer año de vida, el Constitucional dijo que las recusaciones y peticiones para apartar magistrados tenían que basarse en “hechos concretos” y no en simples alegaciones. Más de tres décadas después, el tribunal de garantías sigue sin tener una ley propia que regule las abstenciones y el éxito de una recusación depende, en gran medida, de que el propio afectado decida apartarse.

El último ejemplo es el de Juan Carlos Campo y Laura Díez, magistrados incorporados al pleno en la última renovación a propuesta del Gobierno. Sus compañeros han aceptado este lunes sus abstenciones para no formar parte de las deliberaciones sobre varios recursos que afectan, consideran, a sus antiguos trabajos. En el caso de Campo, exministro de Justicia, el recurso de Vox contra la ley del 'solo sí es sí' y el voto favorable de Alberto Casero a la reforma laboral. En el caso de Díez, a la ley catalana que regula la presencia de un 25% de castellano en las aulas.

Juan Carlos Campo abandonó el Ministerio de Justicia en julio de 2021, siete meses antes de que Casero pulsara el botón equivocado al votar telemáticamente la reforma laboral del Gobierno a la que su partido se oponía con todas sus fuerzas. También llevaba un tiempo fuera del Gobierno cuando la ley del 'solo sí es sí' entró en vigor, pero su departamento intervino en la elaboración de la norma impulsada por Igualdad. Laura Díez, por su parte, alega que formó parte de un Consejo de Garantías Estatutarias que, en su momento, emitió un dictamen jurídico sobre estas normas de la Generalitat, y que por tanto debe quedar al margen. Otras recusaciones, entre ellas una planteada por Vox, quedan en manos de un ponente y del pleno.

Los integrantes del Constitucional no tienen una norma específica para regular cuándo deben apartarse o no de un caso. La ley del tribunal de garantías remite a la de un Poder Judicial del que no forman parte. El propio tribunal lo lamentó en 2007: “Nuestra Ley Orgánica no regula por sí misma las causas de recusación de los magistrados del Tribunal, sino que se remite a las que son aplicables a los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria. Se diferencia en este extremo de lo que acontece en otros sistemas”, dijo entonces el Constitucional en alusión, por ejemplo, al caso de Alemania. Destacaron entonces las “dificultades” para aplicar todo esto.

Ese mismo año el tribunal expuso también que había que hacer una “interpretación restrictiva” de esta capacidad de apartarse o de apartar magistrados, porque, a diferencia de un juzgado o tribunal ordinario, ellos no pueden ser sustituidos por ningún otro magistrado y el pleno, sencillamente, pierde a uno de sus miembros. Lo dijo cuando en 2007 el Partido Popular recusó con éxito al progresista Pablo Pérez Tremps y consiguió apartarle de las deliberaciones sobre el Estatut catalán. Una de las recusaciones más discutidas en uno de sus asuntos más polémicos.

Los diputados del PP que recurrieron el Estatut alegaron que este catedrático de derecho constitucional había redactado un dictamen por encargo de un organismo de la Generalitat catalana que, junto con los elaborados por otros nueve juristas, sirvió para remitir propuestas normativas al Parlament. Pérez Tremps se negó a apartarse de las deliberaciones y fue expulsado por sus compañeros. Alegó que en 1989 un magistrado llegó directo del Senado y analizó leyes que había votado como político. Nadie le apartó de las deliberaciones.

La cuestión partió por la mitad al tribunal y el eco de sus argumentos sigue retumbando cada vez que un magistrado tiene que decidir si se aparta o no. “El estudio realizado supone una toma de postura acerca de los límites constitucionales sobre la asunción de competencias por la Comunidad Autónoma de Cataluña”, alegaron sus compañeros para expulsarle. No todos: cinco magistrados, casi la mitad del pleno, plantearon votos particulares en contra.

La abstención y la recusación

El primer filtro siempre es el propio magistrado. Tanto si se aparta a iniciativa propia como si lo hace tras ser recusado, su decisión suele marcar el camino del resto del proceso. Ese mismo año 2007, con la polémica por la recusación de Pérez Tremps todavía candente, dos magistrados se apartaron voluntariamente de otro caso: el recurso contra la reforma legal que limitaba el mandato de la presidencia del Constitucional. Se apartaron, precisamente, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, presidenta y vicepresidente en ese momento, porque la norma afectaba directamente a sus puestos de trabajo.

Sus compañeros avalaron la retirada pero también dejaron claro que tenían poco margen cuando un magistrado decidía apartarse. “No sería comprensible por la ciudadanía”, dijo un pleno nuevamente dividido, que el Constitucional obligara a unos magistrados a participar en unas deliberaciones “contra su expresa y fundada voluntad” de apartarse. Recordaron también que serían más restrictivos a la hora de estudiar recusaciones de parte que cuando tienen abstenciones voluntarias encima de la mesa.

Unos años después, volvían las recusaciones y abstenciones, esta vez en relación con el procés soberanista catalán. En 2014 el Parlament pidió apartar a dos magistrados del recurso del Gobierno de Rajoy contra la ley que sustentó la consulta soberanista del 9 de noviembre. Reprochaba, por ejemplo, que Pedro González-Trevijano se hubiera manifestado en público contra la independencia de Catalunya. Eso, dijo el Constitucional entonces, “no resulta suficiente para articular un prejuicio de parcialidad objetiva en relación con el enjuiciamiento abstracto de la norma legal”.

La segunda tanda de recursos relacionados con el procés independentista llegaba con las condenas. Y dos magistrados optaron por apartarse porque algunas de sus declaraciones podían poner en tela de juicio su imparcialidad. Antonio Narváez se alejó de los recursos contra las condenas del procés porque en 2017, en Granada, calificó el procés de “golpe de Estado”. Poco después Cándido-Conde Pumpido hacía lo mismo porque en otra conferencia en el Congreso había expresado su preocupación por que “se invoque la democracia –en concreto, la democracia directa– para derrocar la Constitución”.

Manual para esquivar una recusación

En 2021, la renovación de una tercera parte del pleno del Constitucional por parte del Congreso y del Senado dio paso a la recusación de los dos magistrados propuestos por el PP: Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. La primera ya se había tenido que apartar del caso Gürtel porque el mismo PP que había impulsado su candidatura a vocal del CGPJ era el que estaba en el banquillo acusado como responsable civil subsidiario. El segundo presentaba una vinculación con la trayectoria académica de Pablo Casado, presidente del partido que le llevó al Constitucional.

El pleno estudió varias decenas de recusaciones, muchas procedentes de los inculpados por el procés independentista y condenados por el Supremo que pretendían apartarles de su caso, en ocasiones amenazando el número mínimo de magistrados necesarios para poder tomar una decisión. Algunas opiniones sobre el procés que reprochaban los encausados, destacó el tribunal, “se produjeron cinco años antes de adquirir la condición de magistrado”. Los “trabajos académicos”, dijo el pleno, “no pueden justificar una sospecha fundada de parcialidad”. Espejel había votado por condenar a Josep Lluís Trapero por su papel en el referéndum del 1-O, pero eso fue “sobre un proceso penal objetiva y subjetivamente” distinto al de los políticos condenados por poner en marcha las votaciones.

Un año después llegaba el momento más delicado de la historia del Tribunal Constitucional. El sector mayoritario y conservador del pleno impulsaba una decisión inédita y el tribunal de garantías impedía una votación en el Senado, una reforma impulsada por el Gobierno para desbloquear precisamente la renovación del Constitucional. Y lo hacía saltando por encima, dos veces, de varias recusaciones en las que los propios recusados tuvieron la llave para mantenerse en el pleno y decantar la votación a favor de las medidas tan cautelarísimas como inéditas que pedía el Partido Popular.

Como alegó la Fiscalía, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez tenían que ser renovados por el Gobierno y ya tenían sustitutos, por lo que la reforma afectaba directamente a sus puestos de trabajo. Y antes de entrar al fondo del asunto, el hecho de que no hubieran votado su propia recusación habría dado la mayoría a un sector progresista que apostaba por, efectivamente, apartarles del caso.

La solución para esquivar una recusación que el Ministerio Público veía clara fue, directamente, rechazarla en el primer filtro. Un primer auto afirmó que los dos magistrados recusados no tenían “interés directo o indirecto alguno en el presente recurso de amparo”, referido a la tramitación de una reforma destinada a desbloquear su renovación. Además, los que les recusaban todavía no estaban personados y no se podía estudiar, por tanto, la recusación. El fallo, redactado unos párrafos después, ya les tenía por personados.

La nueva etapa del Constitucional

La llegada de cuatro nuevos magistrados y magistradas al Constitucional ha provocado una oleada de recusaciones, principalmente desde los partidos de la derecha a los dos candidatos nombrados a propuesta del Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Varias no han tenido que ser estudiadas porque ellos mismos han decidido apartarse. Otras serán estudiadas más adelante, por ejemplo la petición en la que Vox entiende que cuatro integrantes del sector progresista deben apartarse de su recurso contra la reforma de la sedición y la malversación.

Apartar a cuatro magistrados de un pleno que, a día de hoy, cuenta de forma efectiva con 11 miembros colocaría al tribunal por debajo del mínimo de miembros necesarios para dictar sentencias, dejando además en franca minoría a un sector progresista con la recusación de más de la mitad de sus miembros. La decisión que tome el pleno marcará el camino de un mandato complicado para Campo, que ya tuvo que apartarse de determinados casos en la Audiencia Nacional cuando volvió a vestir la toga: si debe o no apartarse de todos los recursos que afecten a normas del Gobierno al que perteneció, incluso después de dejar el ejecutivo central.

La Ley del Poder Judicial, que regula las abstenciones en el Constitucional a falta de una norma más específica, recoge 16 causas distintas por las que un juez puede ser apartado de un caso. Desde estar casado con alguna de las partes, haber tenido pleitos anteriores con alguna de ellas, tener un “interés directo o indirecto” en la causa, haber participado “directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito” o, finalmente, haber ocupado un puesto en el que haya tenido “conocimiento del objeto del litigio” y se haya podido formar una opinión “en detrimento de la debida imparcialidad”.

El criterio está abierto, por tanto, y su aplicación varía en función de si un magistrado se abstiene de forma voluntaria o si deja el caso en manos de sus compañeros del pleno. En el horizonte cercano están, por ejemplo, las deliberaciones sobre la Ley del Aborto, y tanto Concepción Espejel como Inmaculada Montalbán formaron parte del CGPJ que informó sobre la norma recurrida después por el PP. Enrique Arnaldo, ponente del asunto, fue abiertamente crítico con la ley en diversos artículos de su puño y letra. Campo era secretario de Estado de Justicia cuando la norma entró en vigor.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido que Catalunya quiere “resituarse” en España y ha defendido la mesa de diálogo, de la que ha dicho sentirse muy orgullosa. “Si transmitimos que no hay ningún avance creo que nos vamos a equivocar. Creo que Catalunya quiere otra cosa, yo creo que ha pasado página, que está mirando hacia adelante”, ha respondido al ser preguntada por las exigencias de amnistía y autodeterminación del Govern en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Así, ha sostenido que “nadie está pensando” en el unilateralismo, aunque ha dicho comprender la legitimidad de que cada uno defienda las ideas que considere pertinentes pacíficamente. Sobre el nuevo Govern de ERC en solitario, Díaz ha avisado de que “sostener un gobierno con una minoría muy minoría es muy difícil” y ha pedido un Ejecutivo catalán sólido, fuerte, progresista y útil.

En julio el Gobierno y la Generalitat llegaron a un acuerdo en la mesa de diálogo para desjudicializar el conflicto y que contempla impulsar antes de final de año reformas legislativas en este sentido. Una de estas reformas puede ser la del delito de sedición pero, al ser preguntada sobre cuándo se llevará a cabo, Díaz no ha querido ponerle una fecha: “Me amparo en el principio de prudencia”, y ha asegurado que la mesa de diálogo se volverá a reunir en cuanto haya avances.

También ha sostenido que España “necesita una reforma” de algunos tipos penales, en los que ha incluido el de sedición y otros en materia ambiental y económica.

La vicepresidenta segunda tampoco ha detallado cuándo decidirá si se presenta a las próximas elecciones generales, al considerar su plataforma ciudadana, Sumar, un movimiento que definirá “con el paso del tiempo” si se convierte en una plataforma electoral. “Creo que sumar va a buen ritmo, ya he recorrido parte de nuestro país”, ha celebrado, y ha dicho que hasta principios de 2023 los grupos sectoriales de la plataforma están impulsando el proyecto. Este sábado la plataforma celebra un acto en Sabadell.

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar todos los recursos interpuestos contra los indultos de los líderes independentistas condenados por el procés catalán. Los jueces han estimado las alegaciones de la Abogacía del Estado y entienden que ningún recurrente estaba legitimado para cuestionar la medida de gracia: ni representantes de PP, Vox y Ciudadanos ni tampoco una asociación ni finalmente Convivencia Cívica Catalana.

En un comunicado, el Supremo explica que la sala de lo contencioso ha estudiado hoy estas alegaciones de la Abogacía del Estado y ha decidido, por mayoría, darle la razón y entender que ninguno de los recurrentes tenía habilitación legal para recurrir los indultos. “La Sala ha decidido por mayoría estimar las referidas alegaciones previas en relación con la falta de legitimación activa en todos y cada uno de los recursos interpuestos”, explica el comunicado. Los autos completos, con los argumentos de los magistrados, se conocerán en los próximos días pero la decisión de esta sección de lo contencioso no ha sido unánime.

El Gobierno concedió indultos a los presos del procés condenados a penas de prisión el pasado mes de junio. El Tribunal Supremo impuso condenas de inhabilitación a tres de los políticos encausados por un delito de desobediencia y para el resto condenas de hasta 13 años de cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, por sedición y malversación de caudales públicos. Recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado la mayoría de las condenas de los líderes independentistas.

Varios partidos de la oposición así como distintas asociaciones decidieron recurrir los indultos por la vía contencioso-administrativa, una vez cerrada la vía penal contra el ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, justificó el recurso de su partido en un “atropello democrático” a “millones de españoles”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, habló de “atropello al Estado de Derecho” y Santiago Abascal, acusó al ejecutivo central de dar “una puñalada por la espalda a los españoles y al Rey”.

Los dos primeros partidos recurrieron a través de diputados: Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, José María Espejo-Saavedra, Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista y Lorena Roldán. Recurrió también el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo así como Convivencia Cívica Catalana y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Ninguno estaba legitimado para interponer este recurso, según acaba de zanjar la sala tercera por mayoría de sus miembros aunque los argumentos del alto tribunal se conocerán en los próximos días.

En un tuit, la diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado que la formación ultraderechista recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional. El partido de Santiago Abascal ejerció la acusación popular en el juicio contra los líderes independentistas, aunque no fueron considerados perjudicados o víctimas en la sentencia, y entienden que esa posición les permite poder cuestionar los indultos y que la sala entre a estudiar el fondo del asunto.

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya contaba con antecedentes sobre la legitimación de los partidos políticos y sus representantes para recurrir indultos sin ser parte del proceso judicial. En 2012, por ejemplo, la sala rechazó el recurso de Joan Coscubiela y Laia Ortiz (Iniciativa per Catalunya Verds) contra el indulto concedido al banquero Alfredo Sáenz. Los argumentos de este auto, que tuvo como ponente al hoy presidente del Supremo Carlos Lesmes, eran claros: “Su legitimación no puede fundarse en el simple hecho del cargo público que desempeñan, pues su campo de actuación propio es la representación política, pero no el de la genérica defensa de la legalidad ante los tribunales”, dijo entonces el Supremo.

Ya entonces los jueces advirtieron contra los peligros de permitir que los políticos recurrieran indultos sin formar parte del proceso judicial. “Produciría como inmediata consecuencia la apertura de la legitimación para recurrir a un innumerable número de personas y grupos que transformaría la legitimación en acción pública, lo que indudablemente no puede admitirse en los términos de la Ley para el presente caso”, zanjó la sala. Recientemente la misma sala rechazó por el mismo motivo los recursos de Partido Popular y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En ese caso Vox y PP también recibieron una respuesta contundente del Supremo. Los jueces reprocharon a ambos partidos que intentaran ejercer una “acción popular de carácter político” inexistente en la Ley. En esa sentencia ya dejaron claro que su decisión sobre su falta de legitimación era previsible por su “abrumadora” jurisprudencia con varias decenas de casos resueltos en sentido similar en los últimos años.

 A la tercera ha podido celebrarse el juicio a los cinco académicos que formaron la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O. En la sesión de este miércoles no se ha escuchado a los acusados, que declararán el jueves, y los testigos que han comparecido, los síndicos de los distintos territorios catalanes a los que nombraron, han negado que la Sindicatura Electoral del 1-O llegara a ejercer. La Fiscalía discrepa y por ello acusa a los profesores Jordi Matas, Tània Verge, Josep Pagès, Marta Alsina y Marc Marsal -éste último ha seguido la sesión por videoconferencia.

Lo que sí ha quedado claro de la declaración de los ocho síndicos territoriales de Tarragona, Barcelona y Girona que han testificado este miércoles es que ellos no hicieron nada e incluso dejaron sus cargos después de recibir la advertencia del Tribunal Constitucional para que no continuaran la preparación del referéndum. Los testimonios también han constatado cierta decepción porque desde el Parlament se les convocó a una reunión para decirles que no hicieran nada porque el Constitucional había suspendido la consulta.

Pero la Fiscalía no ha preguntado a los testigos si los cinco acusados estaban en la reunión, si tuvieron alguna relación con ellos o por su papel una vez la votación fue suspendida, por lo que se deberá esperar a su declaración de este jueves para saber si, al igual que sus compañeros territoriales, también acataron la indicación de no hacer nada y no seguir en sus funciones. A preguntas de la defensa, algunos testigos se han limitado a decir que no tuvieron relación alguna con los acusados.

“No fui al Parlament con la idea que me dijeran que no hiciera nada, fue decepcionante”, ha relatado Simeó Miquel, de la sindicatura territorial de Lleida, que ha añadido que no tuvo relación con la “Sindicatura central”, en referencia a los cinco acusados. Los acusados tampoco han identificado quién les convocó para la reunión del Parlament del 12 de septiembre ni quién les instó a dejar de preparar la supervisión de la votación. Algunos sí han explicado que recibieron el encargo de formar parte de las sindicaturas territoriales por parte de políticos del PDeCAT o ERC.

“En el Parlament nos dijeron que no hiciéramos nada porque el Constitucional había suspendido la votación y nos enviaron para casa”, ha expresado la síndica de Tarragona Montserrat Aumatell. “En la reunión alguien expresó desencanto y decepción porque nos habían hecho venir al Parlament para nada”, ha abundado el síndico de Barcelona Roc Fuentes. “También nos dijeron que se nos darían instrucciones y a día de hoy todavía tienen que llegar”, ha apostillado Jordi Casadevall, síndico de Girona.

La propuesta para síndica electoral del Aran, Carmen Vilanova, ha explicado que ni llegó a aceptar el cargo, y así lo puso de manifiesto en una carta que dirigió al Parlament, por lo que ni acudió al encuentro. “En la reunión dieron por concluida una función que nunca empezó”, ha zanjado Marta Cassany, otra de las síndicas de Tarragona. “La reunión fue decepcionante, todo en el plano teórico sin concretar nada”, ha lamentado su excompañero Xavier Faura.

La causa contra los síndicos del 1-O se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de ese órgano de control electoral, quienes días antes del referéndum presentaron su renuncia ante el Tribunal Constitucional, después de que éste les multara con 12.000 euros diarios si no cesaban en sus funciones. La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para los cinco académicos y juristas que conformaron la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la votación pero que fue disuelto antes del referéndum ante la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional a sus miembros.

Entre los actos por los que acusa de desobediencia está el hecho de que los acusados nombraron a los síndicos territoriales una vez la votación ya estaba suspendida. Antes de empezar la sesión, la fiscal ha comparado la desobediencia que, a su juicio, cometieron los acusados con con conducir sin puntos o quebrantar una orden de alejamiento.

La sesión ha empezado con una alegación de vulneración de derechos fundamentales por parte de la defensa de los acusados, que ejerce el abogado Ramon Setó. Según la defensa, se ha vulnerado su derecho a la libertad de conciencia y académica y que han sido doblemente castigados, dadas las multas que les impuso el Constitucional para que dejaran de ejercer su función. La jueza, de acuerdo con la Fiscalía, ha rechazado todas las alegaciones. Fuera de la Ciudad de la Justicia, los académicos acusados han recibido el apoyo de dirigentes independentistas como el expresident Quim Torra y los consellers Bernat Solé y Ramon Tremosa. El juicio quedará visto para sentencia este jueves.

Un grup de 13 militants històrics del PSUC, entre ells l'arqueòleg Eudald Carbonell, han impulsat aquest dilluns un manifest de suport al referèndum que el Govern preveu celebrar l'1 d'octubre, segons exposen en un comunicat.

Al manifest, els signants expliquen que l'Estat “no està preparat per a una veritable democratització sense una teràpia de xoc que remogui les estructures de poder” polítiques i econòmiques, cosa que, al seu parer, pot representar el referèndum.

“Ara i aquí, aquesta teràpia es diu República i es diu referèndum”, subratllen en el text signat per l'exdiputat del Parlament Alfredo Amestoy, l'exalcalde de Cornellà Frederic Prieto i el excalcade de Tiana Emili Muñoz, entre altres.

Segons tots ells, a través de l'1-O s'obrirà la possibilitat “al canvi i a ruptura tan necessàries amb el caduc règim espanyol de 1978”.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al president del Govern, Mariano Rajoy, que permeti el referèndum d'autodeterminació que la Generalitat preveu convocar per l'1 d'octubre i que l'Executiu central faci propostes “en positiu” per a Catalunya.

“S'ha demostrat que l'estratègia del Govern central d'enviar-ho tot als tribunals no ha funcionat”, ha sostingut Colau en una entrevista a la Cadena Ser, en què ha subratllat que l'“obligació” de Mariano Rajoy és “dialogar i fer propostes en positiu”.

L'alcaldessa ha explicat que no comparteix el “full de ruta” cap al referèndum de Junts pel Sí, tot i que ha assenyalat a Mariano Rajoy com “el principal responsable” del conflicte entre la Generalitat i el Govern central. “No pot ser que el Govern central tingui la seva principal crisi d'Estat a Catalunya des de fa anys i hagi fet zero propostes”, ha afirmat Colau.

La inacció del Govern espanyol, segons l'alcaldessa, només contribueix a “enquistar” la situació i a “fabricar nous independentistes”. “Si fos responsable, el Govern d'Espanya permetria un referèndum l'1 d'octubre, que sabem que no és el referèndum que Catalunya necessita, i el 2 d'octubre hauria de fer alguna proposta en positiu”, ha asseverat Colau.

Sobre el paper de l'Ajuntament de Barcelona en cas que el referèndum s'acabi celebrant, Colau ha recordat que encara no s'ha convocat la votació –es preveu que es faci aquesta setmana–, i que la Generalitat no ha fet cap petició formal al consistori perquè hi col·labori, per exemple cedint locals municipals.

L'alcaldessa ha reiterat que està disposada a “facilitar que es posin urnes” a Barcelona sempre que no es posi en risc als funcionaris municipals. “No seria lògic traslladar als funcionaris el que s'ha de resoldre a la taula política”, ha indicat.

Just abans de les vacances d'estiu al Parlament de Catalunya, Junts pel Sí i la CUP han entrat la llei del referèndum al registre de la cambra. És la norma amb la qual pretenen emparar la convocatòria anunciada per l'1 d'octubre. Demanen que la llei del referèndum es tramiti per urgència extraordinària, sense descartar altres vies.

L'acceptació a tràmit de la llei per part de la Mesa de la cambra catalana no serà, com a mínim, fins al 16 d'agost, quan la Mesa es reuneixi per primera vegada després de vacances. Serà a partir d'aquest dia quan la Mesa haurà de decidir si l'admet a tràmit o no. En cas afirmatiu, la llei del referèndum hauria de ser votada la primera setmana de setembre per poder arribar a l'1 d'octubre. Un cop aprovada es podria recórrer al Constitucional.

La llei, que van signar tots els diputats de tots dos grups del Parlament divendres passat, preveu declarar la independència en 48 hores l'1-O si guanya el 'sí', mentre que en cas que guanyi el 'no' es convocarien eleccions autonòmiques. Els diputats de Junts pel Sí, Jordi Orobitg, Marta Rovira i Lluís Corominas, i els diputats de la CUP ,Gabriela Serra i Benet Salellas, han estat els encarregats de registrar la llei. Salellas ha qualificat la norma com una llei “de país” i ha avisat que buscaran suports més enllà de Junts Pel Sí, en referència a Catalunya Sí Que és Pot.

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha assegurat que la llei del referèndum es podrà aprovar per la via ordinària, encara que el Tribunal Constitucional suspengui la reforma del Parlament aquest dilluns.

Segons el text, aquesta norma serà “suprema” i prevaldrà sobre qualsevol altra. En el pla tècnic, la norma estableix tots els aspectes que han de permetre, segons el pla independentista, que el referèndum sigui vinculant: entre d'altres, crea la Sindicatura electoral, formada per cinc juristes, indica que l'1-O comptarà amb la presència d'observadors internacionals i assenyala que el Govern ha de ser “neutral” abans la votació i fomentar una campanya informativa.

Per la seva banda, el Tribunal Constitucional admetrà a tràmit aquesta tarda el recurs plantejat pel Govern contra la reforma del reglament del Parlament català, que permet accelerar el tràmit per aprovar lleis en temps rècord i gairebé sense burocràcia.

Els 61 diputats de Junts pel Sí, entre ells el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els 10 parlamentaris de la CUP han signat aquest divendres la llei del referèndum. Els dos grups registraran el proper dilluns 31 de juliol al Parlament la norma, amb la qual pretenen emparar la convocatòria anunciada per a l'1-O.

Habitualment l'entrada a registre d'un text al Parlament compta amb la signatura del president i el portaveu del grup parlamentari. En aquest cas, però, són tots els diputats de JxSí i la CUP els que han signat la llei, per donar solemnitat al tràmit parlamentari. La idea ha sorgit de les files dels anticapitalistes.

La llei del referèndum preveu declarar la independència en 48 hores si l'1-O guanya el 'sí', mentre que si guanya el 'no' es convocaran eleccions autonòmiques.

D'altra banda, JxSí i la CUP estudien posposar fins a finals d'agost la presentació de la llei de transitorietat jurídica, l'anomenada llei de ruptura, informa Europa Press.

Tots dos grups han canviat la seva posició inicial, que passava per explicar la llei de ruptura abans que l'agost, perquè consideren que en les dues pròximes setmanes han de centrar-se en la campanya que estan fent per tot Catalunya per defensar davant dels ciutadans les “garanties” de la llei del referèndum.

Hi ha un altre debat obert entre els socis independentistes: si la llei de transitorietat jurídica s'ha d'aprovar abans del referèndum de l'1 d'octubre o després. El PDECat és partidari de fer-ho després de l'1-O perquè sostenen que només pot donar-se llum verda a una llei així si els catalans diuen 'sí' a la independència, mentre que ERC, la CUP i Demòcrates consideren que han de deixar clares abans de l'1-O les seves intencions de declarar un Estat català per evidenciar determinació i per explicar als votants què passaria si guanya el sí.

“Abús de poder” i “preludi de l'estat d'excepció”. En aquests termes s'han referit diferents polítics sobiranistes a l'interrogatori aquest dijous del coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, per part de la Guàrdia Civil. Però, què investiga la Guàrdia Civil? I el jutge instructor? Per què una querella sobre el cas Santiago Vidal ha derivat en una investigació sobre el referèndum?

A aquestes preguntes només es pot respondre en part ja que la causa en què s'emmarquen els successius interrogatoris de la Guàrdia Civil a alts càrrecs i funcionaris de la Generalitat està sota secret de sumari. De fet, aquest dijous el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha prorrogat el secret un altre mes.

El que sí que se sap de moment és que les indagacions de la Guàrdia Civil, que actua com a policia judicial, versen sobre la preparació del referèndum. En concret, la campanya de publicitat als mitjans de comunicació que l'Executiu va promoure per incentivar la inscripció en el registre de catalans a l'estranger.

També s'ha preguntat als interrogats per dues webs. La primera, garanties.cat, propietat del grup parlamentari de Junts pel Sí, informa sobre aspectes del referèndum a càrrec del Govern, tot i que el portal no compta amb cap segell de la Generalitat. Els agents, per ordre del jutge, també van acudir al Teatre Nacional de Catalunya per demanar dades sobre el míting organitzat per JxSí en què van presentar el web.

La segona web és la del Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma que agrupa partits, sindicats i entitats tant partidàries com contràries a la independència però que estan a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat. El portal és propietat d'Òmnium Cultural, el Centre Internacional Escarré per a Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) i lafede.cat, entitat que agrupa les ONG catalanes.

La Guàrdia Civil no ha imputat cap dels interrogats perquè només pot fer-ho el jutge. El que sí que han fet els agents, en el cas del director de Comunicació del Govern, Jaume Clotet, i el secretari general de Presidència, Joaquim Nin, és aturar el seu interrogatori al detectar que les seves respostes els podien incriminar en la causa. Segons fonts coneixedores del cas, després d'aquesta advertència l'interrogatori ha conclòs. Tots ells han acudit a declarar a la Guàrdia Civil, tot i que no hi estaven obligats.

Previsiblement, afegeixen les mateixes fonts, la Guàrdia Civil lliurarà un informe al jutge un cop acabi les indagacions on informarà al magistrat dels presumptes delictes que es podrien atribuir als interrogats. En qualsevol cas, serà el magistrat qui decideixi la seva imputació.

Per ara, el jutge s'ho està prenent amb calma. El magistrat va admetre a tràmit al febrer i al març les querelles de VOX i de Miguel Durán (advocat defensor de Pablo Crespo a la Gürtel) contra l'exjutge Santiago Vidal, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, i l'assessor governamental Carles Viver i Pi Sunyer. No obstant això, encara no ha citat cap dels tres com a imputats.

En un inusual comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que els interrogatoris de la Guàrdia Civil d'aquesta setmana no han estat ordenats pel magistrat instructor. Amb tot, cal recordar que la Guàrdia Civil no va per lliure i totes les seves actuacions estan avalades pel jutge, encara que no les ordeni expressament.

En aquest cas, les regnes no les porta el fiscal del jutjat d'instrucció 13 sinó la Fiscalia Superior de Catalunya, que ha volgut pilotar la investigació des de les primeres querelles, i la Guàrdia Civil.

L'origen: les conferències de Santi Vidal

El jutge, en la interlocutòria en què va rebutjar la personació de la CUP a la causa, va assegurar: “Aquesta causa no té per objecte l'organització política ni la convocatòria d'un referèndum”. No obstant això, la connexió entre la investigació del referèndum i la querella inicial per les presumptes il·legalitats comeses pel Govern en relació a les dades fiscals dels catalans revelades per Santi Vidal es troba, precisament, en les indiscretes conferències que va donar l'exjutge i exsenador d'ERC.

En concret, va ser la partida “camuflada” de 400 milions que Vidal va assegurar que tenia el Govern pel referèndum i les estructures d'Estat la que va obrir la porta perquè el jutge investigués l'1-O, ha informat en primer lloc l'agència EFE i ha pogut confirmar aquest diari.

“Oculta als pressupostos hi ha una partida de 400 milions destinats al referèndum i a les estructures d'Estat. No us diré en quins epígrafs, perquè estan degudament camuflats i si no ens els impugnarien immediatament”, va assegurar Vidal a les seves conferències, paraules que els investigadors consideren que permeten indagar si la Generalitat ha incorregut en una malversació de cabals públics.

El vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, va incloure als comptes una partida de 5,8 milions destinada al referèndum, que el Constitucional va anul·lar a principis d'aquest mes. A la presentació dels pressupostos el novembre de l'any passat, quan es va preguntar a Junqueras si existia una partida oculta per assegurar el referèndum en cas que el TC tombés els 5,8 milions, el vicepresident va considerar que aquestes partides no eren “impugnables”, i va afegir: “Algú en aquesta sala creu que no faré tot el necessari per complir el mandat dels catalans? Faré tot el que pugui i més”.

El més semblant al món real a la quantitat “oculta” que va revelar Vidal són els 330 milions d'euros del fons de contingència inclòs en els pressupostos de la Generalitat, diners que el Constitucional ja ha advertit que no es poden destinar al referèndum.

Amb tot, el més probable és que després de les vacances, quan la Generalitat, si compleix el que ha promès, comenci a fer passos sense marxa enrere cap al referèndum, part o tota la causa del jutjat d'instrucció 13 passi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja investiga el referèndum arran del fallit concurs d'urnes.

Tempesta política

Els interrogatoris han provocat una tempesta política que ha reescalfat més si és possible l'ambient de cara a l'1-O. La Generalitat ultima la seva denúncia pels interrogatoris a alts càrrecs i la podria presentar davant el jutjat de guàrdia el dissabte o aquest mateix divendres, jornada en què continuaran els interrogatoris a la comandància de la Travessera de Gràcia de Barcelona. S'ha citat com a mínim a un càrrec de la conselleria d'Afers Exteriors i a un altre de Presidència.

Només el PP i Ciutadans han defensat els interrogatoris. El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha acusat els independentistes d'“haver perdut el nord i el seny” per confondre l'opinió pública sobre les actuacions de la Guàrdia Civil. Per contra, sobiranisme en bloc ha sortit a criticar la investigació policial. “Quan s'investiga el fet de promoure un referèndum acordat, el problema de fons és la democràcia”, ha dit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

“Un abús de poder que pot ser delicte de prevaricació. Una imputació policial en un cas judicialitzat és, senzillament, un abús de poder”, ha sostingut el tinent d'alcaldia de Barcelona i advocat, Jaume Asens (BComú). Des de la CUP, Quim Arrufat ha advertit que els interrogatoris “siguin el preludi d'un estat d'excepció”, pel què ha demanat “estar preparats” per respondre “a la repressió”.

Les paraules més contundents les ha dit en sortir de la comandància Joan Ignasi Elena, un ex del PSC que mai s'ha declarat partidari de la independència i ha promogut tan sols el referèndum pactat amb l'Estat: “Hi ha poders que utilitzen els instruments de l'Estat per perseguir i destruir la dissidència política. Cal dir prou. Això no va d'independència, d'opinar d'una manera o d'una altra, va de democràcia i de respecte a la diferència”.

La campanya a favor del referèndum té un nou escenari: la comandància de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona. Per allà han desfilat entre aquest dimecres i aquest dijous per ser interrogats pels agents tres alts càrrecs del Govern i també Joan Ignasi Elena, coordinador i portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, una plataforma no governamental que agrupa partits, sindicats i entitats tant partidàries com contràries a la independència però que estan a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat.

Els interrogatoris de la Guàrdia Civil s'emmarquen en la causa oberta sobre els preparatius de l'1-O oberta pel titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. El magistrat manté el secret de sumari de la causa des dels seus inicis i aquest dijous ha decidit prorrogar-lo un altre mes.

Malgrat que les indagacions sobre el referèndum efectuades per la Guàrdia Civil, que actua com a policia judicial, han estat avalades pel jutge, Sunyer, en la interlocutòria de la setmana passada en què va negar a la CUP seva personació en el cas, va assegurar que la causa “no té per objecte l'organització política ni la convocatòria d'un referèndum”.

Tota una paradoxa, que ha augmentat més, si és possible, aquest dijous amb l'interrogatori per part de la Guàrida Civil del coordinador del Pacte pel Referèndum, Joan Ignasi Elena. A Elena, de fet, l'han interrogat sobre la gestió econòmica i el manteniment del web del Pacte Nacional pel Referèndum. Per la seva banda, l'interrogatori d'aquest dijous el director de Comunicació del Govern, Jaume Clotet, ha versat sobre els preparatius de l'1-O.

Aquest dimecres, dos alts càrrecs van ser interrogats en relació amb la posada en marxa de les webs que informen sobre el referèndum i la campanya institucional sobre el registre de catalans a l'estranger que va llançar el Govern.

El paper de la Fiscalia Superior

Què investiga, doncs, el jutjat d'instrucció 13? En teoria, les revelacions sobre presumptes il·legalitats de la Generalitat revelades per l'exjutge Santi Vidal. El magistrat va iniciar la causa després d'admetre a tràmit sengles querelles de l'advocat Miguel Durán i el partit ultraconservador VOX contra el mateix Vidal, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, i l'assessor governamental Carles Viver Pi Sunyer.

No obstant això, el jutge no ha citat encara a declarar com a imputats cap dels tres. En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha indicat aquest dijous que els interrogatoris d'aquests dies a la comandància de la Guàrdia Civil “no han estat sol·licitats pel magistrat d'instrucció 13 de Barcelona”.

D'altra banda, tot i les crítiques del Govern, que aquest dimecres va anunciar que es querellaria contra el jutge i la Guàrdia Civil per vulneració de drets fonamentals, els agents no van per lliure, sinó que segueixen les ordres directes de la Fiscalia Superior de Catalunya -i no del fiscal del jutjat d'instrucció 13-, segons ha informat El Punt Avui i han confirmat fonts jurídiques a aquest diari. El magistrat, d'aquesta manera, pràcticament ha deixat al ministeri públic la direcció de la investigació.

Amb tot, cal afegir que tots els alts càrrecs i funcionaris de la Generalitat que han estat citats a declarar com a testimonis s'han presentat a la comandància de la Guàrdia Civil malgrat que la llei no els hi obliga.

Les indagacions que es coneixen, tot i el secret de sumari, ordenades pel jutge desmenteixen la seva pròpia afirmació que no investiga el referèndum. Per exemple, el magistrat va autoritzar a la Guàrdia Civil a anar al Teatre Nacional de Catalunya per requerir informació de l'acte sobre el referèndum organitzat per Junts pel Sí.

Després d'obrir la investigació, el jutge va acordar en primer lloc preguntar al Senat si Santiago Vidal continuava formant part de la cambra alta, per certificar que ja havia abandonat el seu escó i no era aforat. Així mateix, el jutge va requerir el passat 1 de març al Parlament la transcripció de la compareixença del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la qual va desmentir amb un rotund “no, no, no i no” el contingut de les xerrades de Vidal. Poc després, el magistrat va acordar decretar el secret de sumari i encarregar la investigació a la Guàrdia Civil.

L'escalada de desacords i tensió entre la Generalitat i les institucions de l'Estat ha augmentat un grau més aquest dimecres. La Generalitat ha anunciat que denunciarà davant els tribunals per vulneració de drets fonamentals “totes” les persones que han participat en la investigació del referèndum, començant pels agents de la Guàrdia Civil i el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que pilota les indagacions.

Paradoxalment, en una interlocutòria, el jutge, que manté la causa secreta des de fa cinc mesos, ha dit que no investiga el referèndum, encara que al llarg de la causa ha enviat agents de la Guàrdia Civil al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a buscar documentació sobre un acte de JxSí sobre el referèndum i ha permès a la Guàrdia Civil interrogar funcionaris sobre els preparatius de l'1-O –els últims, aquest mateix dimecres.

El conseller de Presidència i portaveu, Jordi Turull, ha focalitzat les seves crítiques en el secret de les actuacions que manté el jutge, que ha considerat que genera “una enorme indefensió als qui van a declarar a la Guàrdia Civil”.

Fonts jurídiques independents consultades coincideixen a considerar excessiu el temps que porta la causa sota secret (des que es va iniciar al febrer), encara que una d'elles afegeix que només es podrà avaluar plenament si el secret ha comportat vulneració de drets un cop s'aixequi. El magistrat ha de decidir si l'aixeca en els propers dies.

Turull ha mostrat el to més contundent que es recorda fins ara sobre la investigació del referèndum. “Ja n'hi ha prou, això és una causa general contra la voluntat de votar on es passa de testimoni a investigat policial sense que ho digui el jutge”, ha asseverat.

El portaveu es referia als interrogatoris d'aquest dimecres al matí per part de la Guàrdia Civil de dos alts càrrecs de la Generalitat, el secretari general de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin, i el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells. Nin ha estat citat a declarar aquest matí com a testimoni, però al llarg del seu interrogatori els agents han apreciat indicis que podrien vincular-lo als delictes que investiga el jutge pels preparatius del referèndum.

Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ha aturat l'interrogatori per comunicar a l'alt càrrec de la Generalitat que havia de seguir declarant amb la condició d'investigat, i per tant assistit per un advocat. Amb tot, el jutge no ha ordenat en cap moment la imputació de Nin.

De fet, en una interlocutòria del passat 19 de juliol on va rebutjar l'autoinculpació de la CUP pel referèndum i la seva sol·licitud de personar-se en la causa com a imputada, el magistrat Ramírez Súñer va negar que investigués l'1-O. “Aquesta causa no té per objecte l'organització política ni la convocatòria d'un referèndum ni és una causa general contra els que directament o indirectament tinguessin interès en ell”, diu la interlocutòria a què ha tingut accés aquest diari. Fonts de la CUP han indicat que recorreran.

La causa que instrueix el jutge Ramírez Súñer es va originar per dues denúncies de l'advocat Miguel Durán i del partit VOX contra l'exsenador Santiago Vidal i diversos alts càrrecs de la Generalitat després de les revelacions de Vidal sobre suposades il·legalitats del Govern. El magistrat va acceptar la querella contra el propi Vidal, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, i l'assessor governamental i expresident del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), Carles Viver Pi i Sunyer.

Mentrestant, la Guàrdia Civil continua amb les seves citacions. Aquest dijous serà el torn del coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha avançat Nació Digital. El Pacte és una plataforma integrada per partits, sindicats i entitats sobiranistes que recull suports a favor de la celebració d'una consulta d'independència a Catalunya. El referèndum que, segons ha escrit el mateix jutge, no s'investiga.

El nou reglament del Parlament que permet la 'via exprés' per aprovar qualsevol llei, inclosa la del referèndum, ja és una realitat. Junts pel Sí, la CUP i el diputat no adscrit Germà Gordó han estat els únics que han votat a favor de la reforma aquest dimecres al Parlament. L'oposició en ple ha criticat el canvi, que ha titllat de “cacicada” o “atropellament”.

Amb el canvi de reglament aprovat –en concret, el nou article 135– una proposició de llei es podrà dur directament al ple sense passar pel seu debat en comissió a petició d'un sol grup. Es normalitza així un procediment parlamentari de màxima urgència i extraordinari (només podien fer-lo servir el Govern amb un projecte de llei o la unanimitat de tots els grups).

La lectura única escurça els terminis del debat i restringeix la presentació d'esmenes per part de l'oposició. Ara es podrà fer servir per aprovar la llei del Referèndum i les tres lleis independentistes o de 'desconnexió' –la llei de ruptura o de transitorietat jurídica i la de la Hisenda i Seguretat Social catalanes.

El debat ha estat tens i s'ha centrat en l'article 135 i la lectura única. Tot i la insistència dels grups, Junts pel Sí no ha dit explícitament si pretén fer servir el nou reglament per aprovar per la via ràpida les lleis independentistes, tot i que ha deixat clar que pot fer-lo servir si així ho desitja. “Acataran el que digui la majoria del Parlament o no els sembla democràtic?”, ha contestat a l'oposició, a mode de pregunta, el diputat de JxSí Roger Torrent.

La majoria independentista ha rebutjat totes les esmenes de l'oposició al nou article 135 que, en línia amb el que va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries (el Constitucional català), pretenien posar allargar el procediment de lectura única perquè qualsevol llei no es pugui aprovar en un dia i sense gairebé debat –per exemple, incloent la possibilitat de demanar dictamen al CGE o una setmana per a la presentació d'esmenes.

Un imputat per corrupció mantindrà l'escó

D'altra banda, després d'una transacció de JxSí i la CUP, el nou reglament suspendrà la condició de diputat a qualsevol representant a qui se li obri judici oral per corrupció. En conseqüència, Germà Gordó, diputat no adscrit i, de moment, tan sols imputat pel 3%, conservarà el seu escó.

Només la CUP ha posat èmfasi en la resta d'aspectes del reglament, especialment les seves esmenes que els grups han rebutjat: els anticapitalistes proposaven, per exemple, que les treballadores de la neteja del Parlament fossin personal propi de la Cambra i no d'una empresa externa. També volien limitar el sou dels diputats a tres vegades el salari mínim interprofessional (ara el sou base dels diputats que no s'autorebaixen el salari supera els 3.000 euros mensuals i augmenta en funció dels seus càrrecs en comissions o a la Mesa).

L'oposició parla de “atropellament” i “cacicada”

Les crítiques al procediment de lectura única introduït en el reglament han centrat les intervencions de l'oposició. El diputat de Ciutadans José María Espejo-Saavedra ha titllat el nou text de “mordassa”, “cacicada” i de “reglament de Matrix”, i ha considerat que, amb el canvi, Junts pel Sí i la CUP busquen “emmordassar la oposició democràtica”.

Per part del PSC, Ferran Pedret ha criticat que la reforma del reglament serveixi per “tramitar de forma exprés i amb les mínimes molèsties” les lleis de desconnexió, cosa que, ha recordat, el CGE “ha dit que no es pot fer ”. “És un atropellament”, ha conclòs.

També ha fet referència al dictamen del CGE el portaveu de Catalunya Sí que és Pot, Joan Coscubiela. En concret, l'apartat que considera que la tramitació per lectura única de les lleis independentistes vulnera els drets de participació política dels diputats per reduir el debat i la possibilitat d'esmenes. “Continuen amb la piconadora de trepitjar els drets democràtics dels que no pensen com vostès”, ha advertit Coscubiela a JxSí i CUP.

Alejandro Fernández, del PP, ha titllat la reforma'“antidemocràtica”. “Ni creuen en la democràcia ni hi han cregut mai. Vostès van a la independència a les braves”, ha llançat als independentistes. I ha acabat la seva intervenció amb aquest missatge: “El PP garantirà que quan aquest estiu de caloroses astúcies cutres i aquest malson acabi, la democràcia real prevalgui i que tots els catalans estiguem orgullosos d'una Catalunya i una Espanya prosperes”.

La CUP retreu als grups que només es fixin en el 135

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha retret als grups de l'oposició que les seves intervencions tan sols hagin versat sobre l'article 135, el de la lectura única, i que no hagin parlat de la resta de modificacions del reglament. “Potser no importen els drets de les netejadores del Parlament?”, ha preguntat.

“Tot el que se surt de la legislació vigent per a vostès és de cop d'estat cap amunt. No tenim cap problema en dir que si la legislació vigent no es pot canviar, s'ha de desbordar”, ha dit sobre el nou article 135 del reglament. També ha criticat l'oposició per, segons el seu parer, la “incoherència de defensar els drets de les minories parlamentàries i no defensar el de la majoria del país que vol votar”. “Donarem suport a la reforma del reglament si serveix perquè aquest poble s'autodetermini”, ha tancat.

Un Govern digne d'admirar però del què han caigut tres consellers. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha omplert d'elogis aquest dimarts als tres consellers que van cessar del càrrec la setmana passada i ha esquivat –de fet, ni ha esmentat– els diferents motius polítics que van portar a abandonar l'executiu català a Neus Munté, Meritxell Ruiz, Jordi Jané i al secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana, tots del PDECat.

En contrast amb els vint minuts de compareixença de Puigdemont sobre el cessament de l'exconseller Jordi Baiget, aquest dimecres el president ha estat més d'una hora al faristol del Parlament. Ha lloat els consellers cessats i ha basat la major part del seu discurs a llegir les diferents mesures impulsades pels antics responsables de Presidència, Ensenyament i Interior.

“Els consellers han prestat un servei exemplar al país”, ha dit Puigdemont, i ha avisat als nous consellers, Jordi Turull, Clara Ponsatí i Joaquim Forn, que hauran de fer front a l'“ofensiva per terra, mar i aire” de l'Estat de cara al referèndum. “L'estat espanyol fa servir tots els instruments, els lícits i els il·lícits”, ha advertit el president.

Tal com va fer a la roda de premsa on va anunciar els canvis a l'Executiu, Puigdemont no ha fet esment als motius polítics de l'última crisi de Govern, que tenen el seu origen en la introducció del referèndum en el full de ruta sobiranista. Entre ells hi ha el de no voler assumir la resposta de l'Estat en forma d'eventual pèrdua de patrimoni personal o discrepàncies sobre l'estratègia cap a l'1-O. En qualsevol cas, els nous consellers sí que estan disposats a anar fins al final amb el referèndum.

L'oposició carrega contra Puigdemont

Els grups sí que han vist clar, al contrari que Puigdemont, que els canvis en el Govern estan relacionats amb la recta final cap al referèndum. La líder de l'oposició, Inés Arrimadas (Ciutadans), ha retret a Puigdemont la paradoxa d'haver omplert d'elogis als consellers cessats i que, malgrat la seva bona tasca, ja no formin part del Govern.

“Ho han fet tan bé que com a premi els ha cessat”, ha ironitzat Arrimadas, que ha considerat que els canvis al Govern demostren que l'interès de l'Executiu no està en “gestionar bé”, sinó en “tenir peons del Procés”.

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha dit que Puigdemont “com més s'explica, menys se l'entén”, i ha lamentat el cessament, especialment, dels consellers Neus Munté i Jordi Jané. “Si en el que han de fer ara no hi cap una persona com Neus Munté, haurien de pensar-s'ho bé”, ha dit.

Des de Catalunya Sí Que es Pot, Lluís Rabell ha considerat la crisi de Govern com una “fugida cap endavant” que denota la “debilitat” de l'executiu català. També ha indicat que la crisi és un reflex d'una “sensació de descomposició política”, pel que ha pronosticat unes noves eleccions autonòmiques aviat.

Per part del PP, Xavier García Albiol ha comparat la crisi de Govern i els consellers cessats –“víctimes setmanals del radicalisme de Puigdemont”– amb l'antiga Unió Soviètica. “És com a l'URSS: allà no se cessava a ningú, als qui es purgava, simplement dimitien i eren enviats a Sibèria. Vostès no els envien a Sibèria, però els envien a casa”, ha asseverat, abans de titllar a Puigdemont de “troll” pels seus comentaris a Twitter.

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, s'ha mostrat desconfiada sobre si els nous consellers giren cap a polítiques més feministes o puguin dissoldre els concerts educatius amb escoles d'elit. “Només tenim en comú fer un referèndum l'1 d'octubre i demanem als nous consellers que ho garanteixin. Que el Govern posi les urnes i la gent posarem la resta”, ha reclamat.

La Guàrdia Civil ha citat a declarar al matí d'aquest dimecres com a testimonis el secretari general de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin, i el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells, en el marc de la investigació pels preparatius del referèndum que dirigeix el jutge d'instrucció número 13 de Barcelona.

Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, els alts càrrecs de la Generalitat han estat citats a la comandància de la Guàrdia Civil, situada a la Travessera de Gràcia de Barcelona, per ser interrogats al llarg d'aquest matí en relació amb l'organització del referèndum que el Govern ha anunciat per l'1 d'octubre.

Les preguntes als dos testimonis de Presidència han versat sobre la creació i manteniment del web garanties.cat. El web és propietat del grup parlamentari de Junts pel Sí i, tot i que conté informació sobre l'operativa del Govern sobre el referèndum, no té cap segell de la Generalitat.

Als alts càrrecs de la Generalitat també se'ls ha preguntat per la gestió econòmica i manteniment del web del Pacte Nacional pel Referèndum, una plataforma integrada per partits, sindicats i entitats sobiranistes que recull suports a favor de la celebració d'una consulta d' independència a Catalunya.

Altres qüestions per les que la Guàrdia Civil ha requerit informació als testimonis són la campanya institucional sobre el registre de catalans a l'estranger que la Generalitat va impulsar el passat mes d'abril, on figurava la silueta d'un mapa de Catalunya amb la pregunta “Sí o no?” impresa sobre la mateixa.

En el marc de la mateixa causa, que el jutge manté secreta, la Guàrdia Civil ja va interrogar fa un mes a diversos càrrecs de la Generalitat en relació a l'1-O. En concret, un càrrec de confiança del Govern, un funcionari i un treballador extern a la Generalitat van declarar pel registre de catalans a l'estranger i la web del Pacte Nacional del Referèndum. Així mateix, els agents van acudir per ordre del jutge al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per demanar documentació sobre l'acte que va celebrar JxSí sobre el referèndum.

Malgrat que va iniciar la causa arran de la presumpta obtenció il·legal de les dades fiscals dels catalans per part de la Generalitat revelada pel jutge Santiago Vidal, la investigació que pilota el titular del jutjat d'instrucció 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha derivat en diverses indagacions sobre els preparatius del referèndum.

L'últim ple del Parlament del curs tindrà el seu punt fort aquest dimecres a la tarda quan, si no hi ha un gir d'última hora, Junts pel Sí i la CUP aprovaran la reforma del reglament de la Cambra que han promogut. La modificació, criticada tant per l'oposició com pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE, el Constitucional català), permetria tramitar per la via ràpida la llei de ruptura i la del referèndum, aquesta última entre finals d'agost i principis de setembre.

Els debats sobre els canvis al reglament han durat cinc mesos i s'han dut a terme a porta tancada i amb el rebuig de l'oposició. D'entre la vintena d'articles que es canviaran, que afecten les vacances, els horaris i la conciliació dels diputats o les comissions d'investigació del Parlament, el quid de la qüestió està en l'article 135.

Aquest article regula la tramitació per lectura única, i amb el canvi es pretén que, a petició d'un sol grup, una proposició de llei es pugui portar directament al ple sense passar pel seu debat en comissió. En altres paraules, el canvi normalitza un procediment parlamentari extraordinari i de màxima urgència que escurça els terminis del debat i restringeix la presentació d'esmenes per part de l'oposició.

Fins ara només podien fer servir la lectura única el Govern amb un projecte de llei o la unanimitat de tots els grups parlamentaris si es tractava d'una proposició de llei. El CGE no va qüestionar la constitucionalitat del canvi al reglament –la lectura única s'usa tant al Congrés com en diverses cambres autonòmiques–, tot i que va retreure que es vulgui utilitzar per lleis de tanta importància com les independentistes. En aquest sentit, va dictaminar que la lectura única només s'hauria de fer servir en normes “d'escassa rellevància política”.

Si el nou reglament s'aprova tal i com ha sortit de la comissió, la tramitació d'una proposició de llei per lectura única, sigui quina sigui, la podrà demanar un sol grup i haurà de ser validada pel ple del Parlament prèvia reunió de tràmit de la Junta de Portaveus. Amb tot, tant JxSí com l'oposició mantenen vives esmenes a l'article 135 que podrien canviar el seu articulat després del ple d'aquest dimecres.

Les esmenes de l'oposició van en la línia del dictamen del CGE i busquen diluir la 'via exprés' parlamentària que JxSí i la CUP han introduït en l'article 135. Per exemple, Ciutadans proposa la possibilitat de sol·licitar un dictamen al CGE quan un grup vulgui fer servir la lectura única, i el PSC reclama un termini de set dies per poder presentar esmenes als textos que es debatin per aquesta via. L'objectiu comú és posar més tràmits perquè les lleis independentistes no es puguin aprovar en un dia i sense pràcticament debat.

JxSí també ha presentat una esmena a l'article 135 en què assenyala que la lectura única amb les proposicions de llei es farà servir “sempre que la seva naturalesa ho aconselli o la simplicitat de la seva formulació ho permeti”. Fonts parlamentàries consultades han assenyalat que l'esmena de JxSí és prou ambigua (posa dues condicions, però no que s'hagin de complir totes dues) perquè les lleis de ruptura i del referèndum es puguin tramitar igualment per lectura única.

Aquest dimarts cap representant de JxSí ha donat l'habitual roda de premsa dels dimarts. Per la seva banda, la diputada de la CUP Mireia Boya ha donat el vistiplau a la reforma argüint el futur del procés sobiranista. “La lectura única no és la nostra opció preferida, però volem el referèndum sí o sí, per la qual cosa cal utilitzar qualsevol mecanisme democràtic que permeti aprovar la llei corresponent”, ha asseverat.

Un cop s'aprovi la reforma del reglament, la intenció de JxSí i la CUP és registrar la llei del referèndum al Parlament divendres o dilluns. També preveuen explicar –que no tramitar– la llei de transitorietat jurídica, l'anomenada llei de ruptura, tot i que encara està per decidir si la presentació d'aquesta norma i el registre de la de l'1-O es fan de forma simultània. En qualsevol cas, la norma del referèndum s'aprovarà després de l'estiu –s'estudia que sigui la primera setmana de setembre, just abans de la Diada.

Ciutadans i PP ho portaran al TC

Ciutadans, partit que lidera l'oposició, i el PP han sortit en tromba en contra de la reforma i ja han anunciat que interposaran un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional perquè, al seu parer, el canvi limita els seus drets com a diputats.

El portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, ha qualificat la reforma de “salvatjada parlamentària”, mentre que el líder del PP català, Xavier García Albiol, l'ha definida com una “cacicada”. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Eva Granados, ha explicat que, de moment, no portaran la reforma del reglament al TC, però sí que emprendrien mesures si finalment es tramiten les lleis de ruptura i del referèndum per lectura única.

Qui sí que ha aplaudit la reforma és el diputat no adscrit expulsat de JxSí i del PDECat per la seva imputació pel cas del 3%, el també exconseller Germà Gordó. Tot això malgrat que Gordó i la resta de diputats, amb els canvis, podrien haver de començar a treballar a partir del 15 d'agost i no l'1 de setembre com fins ara. El procés sobiranista no s'agafa ni un mes de vacances.