Ser juez y parte: ¿puede un magistrado sentenciar sobre sí mismo y pretender ser imparcial?

La conspiración de la derecha para atrincherarse en el Tribunal Constitucional aún no ha terminado. Esta semana será fundamental. Empezando por el lunes, cuando un tribunal con un tercio de sus magistrados con el mandato caducado tendrá que decidir sobre la petición que hasta allí ha llevado el Partido Popular, que exige algo tan grave, irresponsable e inédito como amordazar al Parlamento: parar en seco la tramitación de una reforma legal.

En anteriores artículos he explicado a fondo el mapa general: qué pretende la derecha, por qué lo hacen, cuál es el fondo de la cuestión. Se resume rápido: el PP quiere mantener en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional unas mayorías que perdieron en las urnas. Por eso llevan cuatro años incumpliendo la Constitución. Este episodio en concreto –esta reforma, este conflicto– es consecuencia de lo anterior.

En este sabotaje de la derecha a lo más básico en una democracia –que las urnas te ponen y las urnas te quitan– este lunes se vivirá una jornada crítica. Porque la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional tratará de dinamitar, por las malas, el intento del Parlamento por normalizar en parte la situación, y acabar con uno de los bloqueos de la derecha para perpetuarse en un órgano del que los españoles con su voto les ordenaron que se fueran: el Tribunal Constitucional.

Las claves del debate del lunes van a ser dos: la forma y el fondo.

La cuestión de fondo: si este Tribunal Constitucional con el mandato caducado puede interrumpir el proceso legislativo del Parlamento. Algo sobre lo que no hay precedentes en democracia –ni en España ni en otros países–. Y que de darse por bueno supone tanto como asumir una democracia tutelada, donde la iniciativa legislativa ya no dependa del Parlamento ni por tanto del voto directo de los españoles.

Los órganos de garantías, como es nuestro Tribunal Constitucional, nunca se deben pronunciar sobre los trámites, sino sobre el resultado final. Su papel es verificar la constitucionalidad de las leyes una vez aprobadas, pero no antes de su tramitación. Y asumir ese salto, gravísimo y sin red, es tanto como descafeinar desde hoy y para siempre la labor del poder legislativo en España.

Esto ya de por sí es grave. Pero los detalles lo hacen todavía peor, porque además ese Constitucional que quiere amordazar al Legislativo –el Senado, que aún no ha votado, también es parte de este poder– tiene el mandato caducado. Y aún así, pretende imponerse en este choque de legitimidades sobre un Parlamento con el mandato de las urnas en pleno vigor.

El tema de fondo no tiene un pase. El procedimiento –la forma– que pretende seguir la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional es más infumable aún. 

Para empezar, por la velocidad. Porque hablamos del mismo tribunal que se suele tomar todos los temas con una enorme parsimonia, y que hace once años que tiene pendiente sentenciar sobre la reforma del aborto. ¡Más de una década de retraso! Y de repente, con este asunto, el Constitucional se convierte en el juzgado más rápido de la galaxia.

Para seguir, por la composición del tribunal. Porque además del recurso de amparo del PP se han presentado otros escritos: las recusaciones de Unidas Podemos y el PSOE, que piden a dos de los magistrados que se abstengan. Y que lo piden con toda la razón.

La mayoría de la derecha en el Constitucional depende de dos magistrados con el mandato caducado: Antonio Narváez y Pedro González Trevijano –que es además el presidente del tribunal–. Los dos fueron elegidos a dedo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Fue hace casi una década, en 2013. Y hace medio año que su mandato caducó.

Que los dos magistrados que nombra el Gobierno cada nueve años marquen las mayorías del tribunal, hacia un sentido o el otro, no es un defecto inesperado: es parte de la arquitectura constitucional. Que de esta forma garantiza algo básico: que el intérprete de la Constitución también emana, aunque sea indirectamente, de la soberanía popular. No es una anomalía: es algo buscado de forma intencionada en la Constitución.

Lo que nunca pudieron prever los padres de la Constitución es que un partido, de forma irresponsable, pretendiera atrincherarse en los órganos constitucionales fuera de su mandato democrático. Y que para ello contara también con la colaboración de algunos jueces y magistrados, que están retorciendo el derecho hasta límites nunca antes vistos.

Trevijano y Narváez han sido recusados. Que es algo que se plantea en todos los tribunales cuando el juez tiene un problema en su apariencia de imparcialidad. Por ejemplo, cuando el juez tiene amistad o relación familiar con una de las partes en conflicto. 

La apariencia de imparcialidad es básica. Y ambas palabras (imparcialidad, pero también apariencia) son importantes. Porque los jueces tienen que parecer imparciales, no solo serlo. Para que la ciudadanía confíe en sus decisiones.

Pero es que en este caso concreto no hablamos de un problema de “apariencia de imparcialidad”. Aunque es obvia la relación de estos dos magistrados con el partido que les nombró, y que es el mismo que ahora plantea este recurso de amparo. Es peor aún: los dos magistrados recusados son el objeto directo de la decisión que el Constitucional va a tomar. Les afecta en primer lugar a ellos. Porque si el tribunal anula la reforma que este lunes se discute, mantendrán su cargo y su sueldo ‘sine die’, hasta que los insumisos del CGPJ decidan al fin cumplir con la ley y renovar. Pero si la reforma del Parlamento no se anula, en menos de una semana serán cesados del tribunal.

Esos sueldos del Constitucional no son precisamente pequeños. Como presidente de la sección cuarta del Constitucional, Antonio Narváez cobra 143.686 euros al año. Como presidente del Constitucional, Pedro Gónzález Trevijano cobra 160.728 euros anuales; uno de los sueldos más elevados de toda la Administración.

Son sueldos que el mes que viene cobrarán, o no cobrarán, en función de lo que el Constitucional decida este lunes sobre el recurso de amparo del PP.

A todo esto, en castellano común, se le llama ser juez y parte. Porque la decisión que se disponen a tomar les afecta directamente, personalmente. No a un amigo, no a un familiar: a ellos mismos. No es una recusación porque hayan perdido su “apariencia de imparcialidad” entre dos partes. Es que son una de las partes en esta cuestión. 

No solo es así de obvio. Es que hay precedentes muy interesantes en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En el año 2007, el Constitucional tuvo que decidir sobre otro recurso del PP, que afectaba directamente a dos de las personas que formaban parte del tribunal. Se trataba de una enmienda que permitía alargar la duración de la presidencia de este tribunal y que también incumbía al vicepresidente. En aquel momento la presidenta era María Emilia Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez. Y ambos decidieron, sin esperar a que nadie les recusara, apartarse de la votación.

Lo normal: porque su sueldo y su puesto dependían de esa decisión.

En aquella resolución, el Tribunal Constitucional elogió a Casas y Jiménez por apartarse. Porque con razón ambos consideraron que no podían ser juez y parte: que no podían votar sobre algo que les afectaba directamente a ellos. 

No abstenerse –dictaminó en su resolución de 2007 el Tribunal Constitucional– habría sido “difícilmente comprensible para la ciudadanía”. Porque mantenerse en el pleno y votar sería poner en duda “la garantía de imparcialidad real y aparente a favor de las partes”. Exactamente igual que ocurre hoy.

Dato importante: aquella decisión de apartarse que tomaron María Emilia Casas y Guillermo Jiménez llegó sin que nadie presentara una recusación. Lo hicieron por su propio pie, sin que nadie lo exigiera legalmente. Por un sentido de la ética y la responsabilidad que hoy brilla por su ausencia en el tribunal. Por defender una de las cosas más valiosas en un tribunal: la apariencia de imparcialidad.

En este caso, hay ya dos recusaciones presentadas: primero del grupo parlamentario de Unidas Podemos y después del grupo parlamentario socialista. Pero los planes del sector conservador es rechazarlas de plano. No tramitarlas siquiera. Porque si las admiten a trámite no llegarían a tiempo en su objetivo final: que no es hacer justicia de la forma más garantista posible, es impedir que la derecha pierda la mayoría en el Constitucional; ser más rápidos que el legislativo, y evitar que este mismo viernes Narváez y Trevijano sean cesados.

Si tramitan estas recusaciones, tendrían que paralizar todo lo demás hasta que se resuelva. Porque mientras no quede claro quién conforma el tribunal, no se puede tomar ninguna otra decisión. Y por eso resolver sobre la recusación –para que así el tribunal mantenga su apariencia de imparcialidad– es lo primero, por delante de las cautelares y las cautelarísimas. Y claro, eso no sirve para los planes de la derecha, que en este caso (a diferencia de absolutamente todos los recursos que resuelve el Constitucional) quiere correr a máxima velocidad. 

Así que los complotados para garantizar el dominio de la derecha en el Constitucional están buscando un resquicio para rechazar de plano la recusación y pasar al siguiente punto, que es el que les interesa: votar sobre las cautelarísimas que pide el PP e imponer esa mayoría tramposa (la derecha gana solo por los magistrados que están en funciones) que aún tienen en el tribunal. Saben bien que, si pierden esos dos votos, la barbaridad jurídica que pretende el PP no se hará. 

Creen haber encontrado esa excusa. Consiste en argumentar que Unidas Podemos y el PSOE no tienen legitimación para recusar: que no son parte en este procedimiento, porque el recurso del PP se presentó contra la decisión de la Mesa del Congreso de aceptar a trámite esta ley, no contra este partido. Y que como la Mesa no ha presentado ninguna recusación, pues no hay nada que estudiar.

Es una excusa bastante ridícula, que demuestra hasta qué punto están dispuestos a retorcer la ley con tal de preservar su mayoría caducada en el Constitucional. Porque los diputados del PSOE y Unidas Podemos son quienes presentaron esa enmienda y son también a los que la cautelarísima les habría dejado sin derecho a votar. ¿De verdad se puede argumentar que estos grupos parlamentarios no son parte implicada en esta decisión? ¿En serio? Pues es la tesis de Enrique Arnaldo, el principal impulsor en el Constitucional de las mayores astracanadas jurídicas que defiende con este tema el PP. 

Por resumir. Bajo la ‘doctrina Arnaldo’ los magistrados directamente afectados por el recurso son imparciales, y los diputados que presentaron esa reforma y cuyo voto se pretende anular no tienen siquiera derecho a recusar.

Lo intentan vestir de legalidad, pero es fútbol marrullero, de patadas en la espinilla: o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no. 

Si de Enrique Arnaldo hubiera dependido, el mismo jueves se hubiera suspendido la votación. Y en la derecha muchos están disparando contra Pedro González Trevijano, al que acusan de blando, de cobarde, de traidor. Aunque solo fuera por posponer hasta el lunes la decisión. 

Trevijano, como muchos otros magistrados del Constitucional que también desprecian la estrategia obstruccionista de los insumisos del CGPJ, vive como una maldición lo que está pasando con la institución que preside. A la que le está alcanzando de lleno la marea de fango que está provocando el Partido Popular con los cuatro años que lleva incumpliendo la Constitución. Un chapapote que sube y sube, y que cada día nos aleja más de los estándares de una democracia europea, como la que nos gustaría ser.

Si este lunes los más ultras del Constitucional se salen con la suya y desde un órgano con el mandato caducado cumplen con su amenaza de amordazar al Parlamento, el deterioro del sistema democrático español será de tal magnitud que entraríamos en un estadio desconocido. En el que cualquier otra cosa puede pasar.

A cámara lenta, pasito a pasito, por culpa de la irresponsabilidad y la cobardía de un supuesto “moderado” –como nos contaron que era Alberto Núñez Feijóo–, se está poniendo en cuestión algo tan serio como la convivencia pacífica y democrática de todos los españoles.

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