El líder de este golpe contra las bases del sistema democrático, Alberto Núñez Feijóo, fue claro por una vez. Hace unos días, en una entrevista, confesó al fin la verdadera razón por la que su partido lleva cuatro años incumpliendo la Constitución al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “Para protegerlo del Gobierno de Sánchez”, aseguró.
Donde dice “protegerlo de Sánchez”, en realidad el líder del Partido Popular está diciendo otras cosas: protegerlo del voto de los españoles, protegerlo de la soberanía popular, protegerlo de la democracia, protegerlo de lo que manda la Constitución. Protegerlo frente a un Parlamento y un Gobierno que considera ilegítimos y a los que no quiere reconocer los mismos derechos que tuvieron sus predecesores.
Por eso es tan grave lo que está ocurriendo estos días: porque esta serie de maniobras arteras y antidemocráticas tienen como único objetivo que el PP mantenga en la cúpula del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional una mayoría que hace muchos años que perdieron en las urnas. Consideran que la Justicia es de su propiedad. Por encima de la ley, del Parlamento y de la soberanía popular.
Esta semana, en esta batalla de la derecha por atrincherarse en los órganos constitucionales frente al mandato popular, ha estado cerca de cruzarse un nuevo Rubicón.
El plan estaba claro. El PP pretendía prohibir al Congreso que debatiera y votara las reformas legales que la izquierda quería aprobar; esas medidas urgentes para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, que cuenta con un tercio de sus magistrados con el mandato caducado.
Básicamente, esas reformas son dos. Por un lado, impedir que el Constitucional pueda bloquear la entrada de los dos magistrados que nombra el Gobierno –como está haciendo hasta hoy y expliqué en un artículo anterior–. Y en segundo lugar, obligar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar a los dos magistrados que debe elegir, cambiando el método de votación.
En los últimos años –no siempre ha sido así–, esos nombramientos en el CGPJ se deciden por mayorías de tres quintos de los vocales. Un sistema que obliga a pactar a los dos sectores, progresistas y conservadores. Pero que también permite el bloqueo, como el que desde hace varios meses mantienen los vocales conservadores en el CGPJ, que durante todo este tiempo han buscado todo tipo de excusas para impedir la renovación.
El nuevo método que quiere legislar el Parlamento impide el bloqueo. Porque se parece mucho al que se usa para elegir a la mesa del Congreso: cada vocal elige a su candidato preferido y ganan los dos primeros. Es un sistema de votación donde no hay bloqueo posible.
Para la derecha esta reforma era inaceptable. Curiosamente, alegando para ello exactamente los argumentos opuestos a los que defendieron cuando el PSOE, con Zapatero, amplió a tres quintos la mayoría necesaria para los nombramientos en el CGPJ. Durante el Gobierno de Aznar, fue mayoría simple. Lo mismo que hizo Rajoy con los nombramientos, cuando reformó la ley con Gallardón.
Hoy se oponen a lo que entonces defendían, pero por una razón: porque este nuevo método de votación acabará de una vez por todas con el bloqueo del Tribunal Constitucional. Porque terminará con la tomadura de pelo que estamos viviendo desde el mes de junio, cuando el mandato de un tercio de los magistrados del Constitucional caducó. Y un grupo de insumisos en el CGPJ empezaron a incumplir la ley.
Son dos reformas que ojalá no hubieran sido necesarias. Que generan muchas dudas a algunos juristas progresistas porque se están haciendo por una vía de urgencia –a través de una enmienda del Código Penal, sin dar tiempo a presentar alegaciones, ni pedir los informes preceptivos–. Y que en una España donde la derecha no llevara cuatro años incumpliendo la Constitución nadie habría planteado jamás. ¿El problema? Según el Gobierno, que no hay otra opción mejor.
Si el Parlamento optara por la vía lenta –pidiendo informes, alegaciones y todo el procedimiento habitual para los grandes cambios legislativos– la reforma se retrasaría durante meses. Por lo que la derecha podría incluso alargar el bloqueo del Constitucional hasta después de las elecciones –que es su plan, a ver si para entonces ganan y al fin renuevan los órganos constitucionales, pero con una mayoría a su favor–.
Esta no es ni será la última ocasión en la que una mayoría parlamentaria opta por esta vía rápida para legislar. No es algo inusual: muy al contrario. Ha pasado en decenas de ocasiones con anterioridad. Con mayorías de la derecha y de la izquierda. Buena parte de las leyes que se publican en el BOE tienen en sus disposiciones finales modificaciones de otras leyes que nada tienen que ver con el tema en cuestión. Aunque es cierto que rara vez se modifica por esta vía algo tan trascendente como es la forma de elección de los magistrados del Constitucional. No es una enmienda menor, y existe incluso una sentencia del Tribunal Constitucional criticando este atajo para reformar una ley.
Es muy dudoso también que se pueda desbloquear el Constitucional –y solucionar en parte una enorme crisis institucional cuyo primer y principal responsable es el PP– si no se opta por la vía rápida para aprobar estas reformas, como ha votado este jueves la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Para impedir esta renovación, y mantener el control sobre este Tribunal Constitucional, el PP presentó un recurso de amparo ante ese mismo tribunal donde la derecha se ha bunkerizado. Pidiendo unas medidas cautelarísimas, gravísimas y que no se han aplicado jamás: que se amordazara al Parlamento, que prohibiera esa votación sin escuchar a nadie más.
El primer plan del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, fue dejar para el viernes la decisión, según explican magistrados progresistas. No interferir en la votación del Congreso y actuar después. Pero el miércoles por la mañana, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, presionó públicamente a Trevijano, dando por hecho que al día siguiente el Constitucional discutiría la decisión. Ante estas presiones del mismo partido que le nombró, a las 20:30 de la noche del miércoles, Trevijano convocó para el día siguiente un pleno para estudiar la decisión.
Este jueves en el Constitucional fue una jornada para no olvidar. Con un embrollo jurídico difícil de superar.
Una explicación previa. Cada recurso que recibe el Constitucional se asigna a un ponente. En teoría el método de reparto es el azar. A cualquiera de los magistrados le puede tocar. Y en este tribunal, esta semana, han llegado con este asunto tres cuestiones muy relevantes.
La primera, el recurso del PP. El 'azar', y ya es casualidad, ha hecho que le toque al magistrado más del PP que hay en todo el tribunal: Enrique Arnaldo (su vida y milagros, aquí). El 'sorteo' no pudo ser más favorable para este partido. En todo el tribunal, para sus intereses, no tenían un magistrado mejor. Les tocó el gordo de la Navidad.
La segunda, el recurso que ha presentado Vox. Que tendrá como ponente a una magistrada progresista: María Luisa Balaguer.
La tercera, la recusación de dos de los magistrados conservadores sobre estos recursos, que ha presentado Unidas Podemos, y cuya ponente es otra magistrada progresista: Inmaculada Montalbán.
Esta recusación es una de las cuestiones más espinosas a tratar. Porque siempre que se presenta una recusación es lo primero que se debe tratar, antes incluso que las medidas cautelares o cautelarísimas. Y lo que pide Unidas Podemos es que tanto el presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, como otro magistrado conservador, Antonio Narváez, sean apartados de esta decisión. Y es una petición con bastante base legal.
Trevijano y Narváez fueron nombrados directamente por el Gobierno de Rajoy. Ambos tienen el mandato caducado. Y ambos perderían su puesto y su sueldo en el Constitucional antes de Nochebuena si prospera la reforma que pretende el Parlamento.
No se les recusa porque sean cercanos al PP –que por otra parte también lo son, porque por eso los nombró Rajoy–. Se les recusa porque son parte interesada: se discute si es constitucional o no el método que se usará para echarles de un puesto donde hace meses que ejercen con el mandato caducado.
La recusación tiene una clave más. Porque si prospera y el sector conservador perdiera estos dos votos, se quedaría en minoría. Y no saldría adelante el plan de la derecha para descarrilar la reforma que permita el desbloqueo del tribunal.
En cuanto al recurso del PP, Enrique Arnaldo ya tiene tomada su decisión. Y es darle la razón en todo al PP, el mismo partido para el que nunca ha dejado de trabajar.
Este jueves, en las distintas reuniones informales que se celebraron en el Constitucional, Arnaldo fue el más agresivo en la defensa de rechazar de plano las recusaciones, suspender la votación del Congreso y hacer descarrilar cuanto antes el intento de la izquierda para que se renueve de una vez el tribunal. Fue tan duro en sus intervenciones que, con su vehemencia, llegó incluso a avergonzar a otros magistrados conservadores del tribunal.
En cuanto al recurso de Vox, tiene otra peculiaridad: que ni siquiera la extrema derecha fue tan lejos de pedir medidas cautelarísimas, como las que plantea el PP. Ni siquiera a sus abogados se les ocurrió una aberración así.
Cautelarísima (por entendernos) significa que el tribunal tome una decisión urgente antes de entrar en el fondo de la cuestión para evitar daños posteriores irreversibles y sin escuchar a las demás partes interesadas. Un ejemplo de cautelarísima, el intento que hizo el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez pidiendo amparo para evitar que se le retirara el acta del Congreso. Por supuesto, en su caso no prosperó.
Dato importante: el Partido Popular, que con tan duros calificativos ha criticado la reforma de la sedición y la malversación, no ha presentado ante el Tribunal Constitucional ningún recurso ante estas reformas. Se rompe España, aseguran. Pero lo que más les preocupa es perder su mayoría en el Constitucional.
Con toda esta maraña jurídica sobre la mesa, los magistrados progresistas plantearon que no se podía tomar una decisión hoy. Que había que resolver primero las recusaciones, para empezar, y estudiar a fondo la cuestión. Y que no veían materia, no solo para anular la votación sino tampoco para aceptar el recurso de amparo del PP. Y el pleno acabó durando apenas unos minutos, hasta que Trevijano (para cabreo de Enrique Arnaldo) decidió no pasar la apisonadora y dejar para el lunes la decisión.
El revuelo organizado y las numerosas lagunas jurídicas hicieron a Trevijano dudar, probablemente preocupado por el oprobio de pasar a la historia como el primer presidente del Constitucional que impide al Parlamento votar. Así que –según aseguran fuentes del tribunal– acordó con el sector progresista que presentara un documento, solicitando formalmente el aplazamiento hasta el lunes, para poder vender después a los suyos que lo retrasaba porque los progresistas amenazaban con levantarse del pleno y dejar al tribunal sin el quórum necesario. Una versión, la de la amenaza de levantarse, que fuentes cercanas a Trevijano aún mantienen, y que los magistrados progresistas niegan.
Es posible que acabe pasando: que las dudas de Trevijano se disipen, que se impida votar a los senadores y anulen la tramitación de esta reforma. Y será un escándalo sin igual. No solo por la ausencia de muchos precedentes –en España o en el extranjero–. Porque estos tribunales de garantías no están para interferir en el proceso legislativo, sino para analizar su resultado final: la norma que aprueba el Parlamento.
También es inaceptable bloquear el trámite parlamentario por otra enorme anomalía democrática: que unos magistrados con el mandato caducado tuerzan la decisión de un Parlamento con su mandato en vigor y que les afecta personalmente.
Los españoles con su voto son quienes en última instancia deciden las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Quienes las dan y quienes las quitan. Y la derecha está conspirando para mantener artificialmente un control en estos órganos, fuera de su mandato constitucional.
Pero este último episodio de este golpe contra las instituciones democráticas no solo tiene como protagonista al Tribunal Constitucional. No es así, aunque lo parezca. Porque es un error considerar a esos magistrados nombrados en el Tribunal Constitucional por el PP, a esos vocales conservadores del Poder Judicial nombrados por el PP y a esos políticos y dirigentes del propio Partido Popular como actores independientes entre sí. No lo son. Todos ellos –los políticos, los vocales y los magistrados del TC– forman parte de un mismo grupo y un mismo plan. Y actúan coordinados entre sí con un mismo objetivo: mantener a la derecha en ese poder del Estado que perdieron en las urnas.
Es tan indecente como si el PP ganara las próximas elecciones generales y Pedro Sánchez se atrincherara en La Moncloa con la presidenta del Congreso suspendiendo el pleno de investidura. O como si el Gobierno cancelara durante cuatro años la convocatoria electoral a la que le obliga la Constitución por medio de excusas burocráticas. Es la mayor crisis institucional que ha vivido España en muchísimo tiempo, y que tiene como protagonista a una derecha antisistema, que tal vez aquí no esté asaltando el Congreso con tipos ataviados con un gorro de piel con cuernos de bisonte –como se vivió en EEUU–, pero que responde a los mismos principios antidemocráticos que mueven a Bolsonaro o a Trump. Aunque vistan traje y corbata. O toga. Y se den golpes en el pecho con una Constitución que solo respetan en aquello que tiene que ver con la unidad de España, pero que desprecian en su esencia democrática, que están vulnerando cada día.
Su bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por cuatro años sirve para evitar que las actuales mayorías progresistas puedan nombrar a jueces progresistas en el Tribunal Supremo. Y este objetivo –que no se nos olvide– ya lo han alcanzado. Son cuatro años robados a la soberanía popular.
El Poder Judicial nombrado por Mariano Rajoy lleva nueve años al frente de la Justicia, cuando su mandato era de cinco. Y ha estado siete años nombrando a jueces vitalicios –hasta su jubilación– en el Tribunal Supremo español. Muchos de estos nombramientos de magistrados conservadores se hicieron cuando el CGPJ tenía el mandato caducado. Pero no se podrán revertir. Solo esto, nada más que esto, ya es de una gravedad intolerable, y que tiene consecuencias irreversibles sobre la democracia española. Porque sin estos bloqueos –que ni siquiera son novedad, porque es la tercera vez que ocurre con la renovación del CGPJ siempre por culpa del PP– la derecha no tendría la apabullante mayoría que hoy tiene en el máximo tribunal español. Y muchas sentencias del Supremo serían muy distintas a las que son.
Con este bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, la derecha ya ha logrado buena parte de sus objetivos. “Controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás”, como confesó un portavoz del PP.
Ahora la pelea es otra: atrincherarse en el Tribunal Constitucional.
Vocales, políticos y magistrados del Constitucional. Todos siguen directrices de un mismo plan, con algunas personas –Enrique Arnaldo en el Constitucional, José María Macías y Gerardo Martínez Tristán en el CGPJ– actuando como correas de transmisión.
Porque no hay más que ver cómo se producen los movimientos sobre el tablero de ajedrez. A los mismos vocales conservadores del CGPJ que, hace unas semanas, no tenían un solo hueco en su agenda para debatir sobre los nombramientos antes del día 22 de diciembre (alegaron todo tipo de excusas para no reunirse y retrasar aún más la renovación), nada más conocer los planes del legislativo y la reforma en el sistema de votación, les entró una prisa enorme para reunirse y nombrar a toda velocidad.
Las prisas de ahora solo responden a una razón: que su plan inicial era no renovar. Algo que aún sigue siendo posible si triunfan las tesis de Enrique Arnaldo en el Constitucional. Pero, por si acaso, han pasado al plan B. Si no queda más remedio que votar, quieren elegir a los dos magistrados que nombra el CGPJ para el Constitucional: al progresista y al conservador.
Los vocales conservadores del Poder Judicial se pasaron meses sin proponer un solo nombre. De golpe han propuesto a dos: a César Tolosa y a Pablo Lucas.
Tolosa es uno de los suyos, otro magistrado conservador que la derecha judicial antes aupó al Tribunal Supremo. Pablo Lucas es un magistrado progresista, pero no el preferido por el resto de los vocales progresistas. Es el juez que se ocupa de validar las escuchas del CNI.
Que los conservadores propongan a Lucas tiene mucha importancia para entender la situación. Porque en teoría con el sistema vigente hasta que entre en vigor la nueva reforma legal –mayoría de tres quintos– hacen falta 11 votos en el consejo para aprobar estos nombramientos. Y los conservadores suman solo 10 votos. Y hay uno de ellos, Vicente Guilarte, que no participa en las reuniones de los otros nueve ni vota de forma monolítica con ellos.
Así que para que su plan funcione necesitan una de estas dos cosas, además de recuperar a Guilarte para su conspiración. La primera, un tamayazo: un traidor en el bloque progresista, que sin duda están tratando de encontrar.
La segunda es una interpretación imaginativa del quórum necesario, que les permita nombrar a sus dos candidatos con solo 10 votos.
Dato importante: uno de los candidatos propuestos por los conservadores, Pablo Lucas, es hermano de Enrique Lucas, otro de los vocales progresistas dentro del CGPJ, que fue nombrado a propuesta del PNV.
Como Enrique Lucas es hermano de Pablo Lucas, se tendrá que abstener en la votación. Y aquí entramos en el terreno resbaladizo de la interpretación judicial (ya saben el principio jurídico que aplican: ‘in dubio, pro PP’; ante la duda, la interpretación buena es la que favorezca a la derecha). ¿Cómo contamos a Enrique Lucas para el quórum de esa votación? ¿Como parte de esos 11 votos necesarios o fuera de ellos, y que se pueda nombrar con 10?
Con un ‘tamayazo’. O retorciendo la ley. Y sin descartar ese “se sienten, coño”, que hemos estado a punto de ver: anulando de forma torticera la tramitación de una ley en la sede de la soberanía nacional.
El escándalo de este secuestro de la Justicia, que aún no ha terminado, todavía puede empeorar.
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