Alberto Núñez Feijóo aterrizó en Madrid justo hace cuatro años para liderar un PP enfangado en luchas intestinas, con Vox en 50 diputados en el Congreso y en vísperas del primer gobierno de coalición con los ultras, en Castilla y León. El gallego y su equipo decían tener la vacuna contra Santiago Abascal, quien alienta un ‘sorpasso’ al que fuera su partido durante lustros. Hoy, y pese a ambas promesas, la dependencia mutua de la derecha y la extrema derecha es insoslayable, como demuestra el acuerdo alcanzado este jueves en Extremadura y que marca el camino al resto de comunidades. 

El PP propició un miniciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre en Extremadura con la intención de desembarazarse de Vox. María Guardiola, primero, y Jorge Azcón en Aragón, después, señalaron a los ultras por sumarse a la izquierda para bloquear su acción de gobierno. El rechazo de los de Abascal a los presupuestos fue la excusa esgrimida para adelantar los comicios. El resultado en ambas comunidades no fue el esperado para el PP. En Extremadura, María Guardiola perdió 10.000 votos. Ganó un diputado, eso sí, por el desvanecimiento electoral del PSOE, que se dejó más de 100.000 sufragios. Guardiola logró un 43% del voto, una cifra enorme, pero claramente insuficiente ante el empuje de Vox, que casi duplicó su apoyo popular.

En Aragón fue aún peor: Azcón perdió votos y diputados. Vox volvió a mejorar notablemente sus resultados y duplicó el número de representantes en las Cortes: de siete a 14. La paradoja llegó en Castilla y León. El PP logró su mejor desempeño allí donde menos confianza tenía. Alfonso Fernández Mañueco ganó voto y procuradores. Pero la extrema derecha también mejoró hasta rozar el 19% del apoyo popular.

Pasada la efusividad de la noche electoral y la teatralización del día siguiente, la realidad se hizo patente en el número 13 de la madrileña calle de Génova. El PP y Vox están condenados a entenderse para gobernar, y sus principales dirigentes no tienen más remedio que asumir al otro, pese a la evidente falta de sintonía entre ellos y sus cúpulas, lo que ha devenido en un cruce de declaraciones altisonantes que se han prolongado más allá de las campañas electorales.

En estos largos meses de negociaciones (cerradas en Extremadura, casi concluidas en Aragón e incipientes en Castilla y León), Feijóo ha asegurado, por ejemplo, que PP y Vox no tienen “el mismo concepto europeo”. Que difieren sobre “la Transición”. Que el suyo es un partido “constitucionalista”, lo que permite inferir que cree que el otro no lo es. “Somos un partido que cree en el Estado de las autonomías”, ha afirmado en contraposición a Vox. 

El mismo Feijóo que en julio de 2025 afirmó querer un “Gobierno en solitario”, a principios de este 2026 asumió la realidad electoral: “No le pedimos [a Vox] que comulguen con nuestros principios. Tampoco nosotros vamos a comulgar con los de ellos. Pero es que no tenemos elección”. 

No fueron las únicas lindezas que dedicó Feijóo a su único aliado disponible hoy por hoy. Durante las sucesivas campañas, el líder del PP tildó de “adolescente” la posición teóricamente obstruccionista de Vox. También dijo que era “poco democrático” que no dejaran gobernar a su partido tras ganar las elecciones. 

La respuesta de Abascal llegó a través de su principal canal de difusión: las redes sociales. El líder de Vox pidió “detener la invasión”, en referencia a las personas migrantes, “para proteger a los españoles”. Algo que, apuntó, no quiere hacer la dirección nacional del PP.  “Esto es lo que quiere evitar Feijóo, y por eso dinamita las negociaciones”. Abascal también tildó a la dirección del PP de tener comportamientos de “contrabandistas de ría”, una poco velada referencia a la procedencia gallega de Feijóo y de su equipo de principales colaboradores, y a su larga amistad con el narco Marcial Dorado.

Un programa con mucha huella de Vox

Los discursos han ido por un lado, y las negociaciones por otro. Pese a que el propio secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró el pasado verano que “no habrá coalición con Vox”, las derechas están condenadas a entenderse si quieren gobernar. Y la dependencia parece mayor para el PP, quien ha renunciado no solo a su intención de gobernar en solitario. También ha convertido en papel mojado la propia guía de las negociaciones impuesta por Génova a los barones autonómicos.

Un documento que se hizo público en plena pugna negociadora en Extremadura y cuando el riesgo de descarrilamiento de las conversaciones fue real. La dirección nacional del PP asumió las riendas de las negociaciones, con Tellado y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela, como delegados plenipotenciarios.

El decálogo negociador recoge dos ideas esenciales para marcar los límites de los posibles pactos: nada de exceder los marcos competenciales autonómicos ni “fuera de la legalidad vigente”. En el PP tenían miedo de que sus barones firmaran cualquier papel con tal de garantizarse la investidura, como ocurrió en 2023. El de ahora supera a aquel.

El descontrol de aquella negociación autonómica y municipal fue crucial para el fiasco de Feijóo en las generales del 23J, tal y como reconocen abiertamente en su equipo. En esta ocasión, el control desde la dirección nacional ha sido mayor, pese a que durante los más de 100 días de conversaciones la pérdida del control de los tiempos ha abonado la impaciencia de muchos.

El acuerdo en Extremadura excede los límites marcados por la dirección, al menos en su enunciación política. Está por ver el encaje legal de algunas afirmaciones que incumplen el decálogo planteado por la dirección del PP, y asumido a su vez por ella misma. El pacto se hizo público en la noche del jueves y recoge muchas ideas fuerza de la ultraderecha. El líder de Vox lo recibió de hecho con júbilo. “Hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional; prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”, dijo Abascal.

Ya desde el inicio el texto deja clara su vocación. Habla de la “búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para Extremadura y España” y en su primer punto programático establece “blindar la continuidad de Almaraz”, la central nuclear gestionada por Iberdrola, Endesa y Naturgy. Una idea que excede por completo el marco autonómico

Lo que sí puede hacer el Gobierno de PP y Vox es, tal y como plantean, “eliminar de la ecotasa energética”, que grava precisamente a instalaciones como la central de Almaraz. Supone unos ingresos de unos 80 millones al año, y desaparecerá de forma progresiva durante la legislatura. Las empresas propietarias anticiparon en 2025 beneficios por 10.000 millones de euros.

El acuerdo ataca expresamente a las energías renovables y plantea “evitar la ocupación indiscriminada del suelo”. En la actualidad, menos de un 0,5% del territorio español acoge una central fotovoltaica o eólica, principales objetivos de Vox. A la vez, el documento plantea “implantar industria” con solo una “declaración responsable” de los promotores. A tal fin, se afirma la “revisión de la delimitación de las zonas” de especial protección medioambiental que forman parte de la Red Natura 2000, de ámbito continental.

PP y Vox quieren también “blindar el sector primario frente a la agenda 2030”, de ámbito europeo y aprobada en su momento con los votos favorables del partido de Feijóo. También critica otras “imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde” (negociado también por el PP en la UE). “Manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur”, concluye el texto. Otro elemento ajeno a la política autonómica.

Los ejemplos son muchos: en cuanto a políticas sociales, PP y Vox han acordado dar “prioridad a los españoles” en lo que se refiere a atención sanitaria y ayudas. Reconocen, eso sí, que difícilmente podrán hacerlo porque contraviene tanto la normativa estatal como la europea. También en materia de inmigración PP y Vox asumen unos postulados que escapan al control de un gobierno autonómico, como rechazar la llegada de menores solos o impedir el reparto de migrantes irregulares.

El Gobierno que presidirá María Guardiola (a quien Abascal llamaba despectivamente “Irene Guardiola” en campaña, y de quien ha pedido su cabeza en varias ocasiones) “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”, afirma el documento. Tampoco la “prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos” está amparada por ninguna norma estatal, por lo que no se podrá imponer.

En materia de inmigración, PP y Vox han acordado crear una indeterminada Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva que “tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ‘pisos patera”. 

En materia de vivienda, el documento lo tilda de “prioridad nacional” y exigirá entre cinco y 10 años de empadronamiento para acceder a un piso protegido. El documento dedica varios puntos a la ocupación, pese a que Extremadura registró 142 ocupaciones de viviendas en 2024 y los allanamientos de morada apenas sumaron tres casos el mismo año, según el Sistema Estadístico de Criminalidad. El contenido ultra del documento llega hasta su final, donde se plantea la “declaración como Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres”.

Unidad de destino electoral de las derechas

El acuerdo no se puede circunscribir a Extremadura, dado que no se ha podido firmar sin el visto bueno previo de las direcciones estatales. Además, deberá todavía ser refrendado por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que aglutina a la dirección de Feijóo y a los barones autonómicos. 

Así, todo el partido se hará responsable de este pacto. Y de los que lleguen. Porque la realidad electoral española deja poco margen. Pendientes de ver lo que pasa en Andalucía, donde el PP suspira con retener la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, todas y cada una de las encuestas que se publican en España apuntan a que PP y Vox deberán entenderse en buena parte del país. Y con bases políticas similares.

Así, el documento sellado el jueves por los dos partidos habla de un “compromiso de unidad y confianza mutua”. Y eso que el PP apenas ha hecho comentarios al respecto. En una nota remitida a los medios esa misma noche, se plantea:“ Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente”.

Feijóo todavía no ha dicho nada sobre el acuerdo. Este viernes, se organizó un acto cerrado de aclamación con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y no habló sobre el pacto.

Sí lo han hecho algunos dirigentes autonómicos. Y los dos principales barones se han querido desmarcar expresamente de un pacto que tendrán que votar en los órganos internos.

Moreno, que se enfrentará a las urnas el 17 de mayo, teme perder la mayoría absoluta que logró en 2022 y tener que gobernar con Vox, lo que le haría perder el aura de moderado que se ha construido desde que asumió la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

“Es lo que queremos evitar en Andalucía” dijo expresamente este viernes cuando fue preguntado por el acuerdo firmado por Guardiola y la dirección del PP. El presidente andaluz criticó los “seis meses, medio año, de parálisis” desde las elecciones, aunque han sido cuatro meses. “En Andalucía buscamos otra opción, aspiramos a un gobierno en solitario, a ser libres y no tener que esperar”, zanjó.

Tampoco a la madrileña Isabel Díaz Ayuso le agradó el acuerdo, sobre todo por naturalizar ese lema de “españoles primero” que ella intenta desactivar en su región para impedir el auge de Vox. “Yo creo en la ley y el orden”, dijo este viernes, “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tienen derecho”, añadió, y anticipó un fiasco para los extremeños que se crean el acuerdo: “Como se va a tener que cumplir la ley, creo que muchos de esos requisitos no son legales. No se puede dejar a nadie al margen de un sistema en el que ha contribuido y dejar al margen del sistema sanitario”.

Las siguientes paradas de la negociación son Aragón y Castilla y León, donde se confirmará si lo pactado en Extremadura se va a extender al resto de las regiones pese a las reticencias de los principales barones del PP.

Tras cuatro meses de bloqueo, PP y Vox han reeditado el pacto de gobierno en Extremadura al que estaban abocados desde el principio, aunque ahora con una coalición con una capa más gruesa de ultraderecha con todos los parabienes de la dirección nacional de los populares en Génova. Se da por hecho que el acuerdo extremeño será la guía de referencia a clonar en Aragón y Castilla y León, donde se vive una situación casi calcada. La duda que sobrevuela ahora es qué pasará en Andalucía, que justo en un mes (el 17 de mayo) abrirá sus urnas: ¿esto beneficia o perjudica al actual presidente, Juan Manuel Moreno?

El propio Moreno se ha puesto de perfil este mismo viernes cuando se le ha preguntado por el documento rubricado por su compañera María Guardiola para repetir como presidenta, alegando que no ha tenido “tiempo para leerlo”. Y en cuanto a lo pactado sobre inmigración, ha llegado a asegurar desde El Puerto de Santa María que “no sé cuáles son los acuerdos”. Sí ha subrayado su satisfacción por el desatasco político, pero ha agitado el miedo al bloqueo institucional que provocaría en Andalucía una situación como la extremeña, de ahí su objetivo de “evitar” un gobierno de coalición que meta a la ultraderecha en San Telmo.

La afirmación la hace el primer político del PP que, tras las elecciones andaluzas de 2018, asumió parte del argumentario de Vox para ser investido presidente con sus votos y los de Ciudadanos. Además, hasta ahora nunca ha cerrado de manera contundente la puerta a meter a los de Santiago Abascal en su Ejecutivo, una decisión que no parece dispuesto a tomar él sino que descarga la responsabilidad en la ciudadanía. “Los andaluces van a tener la oportunidad el próximo 17 de mayo de decidir si quieren una vía como la que ha tenido que abrir Extremadura, o Castilla y León, o Aragón, o una vía única, que es la vía andaluza, que es un gobierno con estabilidad y, por tanto, una mayoría suficiente”, ha apuntado este viernes.

Nada que decir sobre la regularización de inmigrantes

Esta postura contrasta con los mensajes que salen de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, que se ha declarado “muy satisfecha” por el acuerdo en Extremadura. Curiosamente, esta semana se sabía que el presidente nacional del PP hará campaña en Andalucía pero casi por su cuenta, coincidiendo lo mínimo con Moreno. El dirigente andaluz, por su parte, sabe que no puede alabar el pacto extremeño en su tierra porque aquí el discurso oficial es lo que machaconamente se vende como la “vía andaluza”, en teoría más centrada en el diálogo que en la confrontación.

Esto ha llevado al presidente andaluz no sólo a no replicar en ocasiones la línea nacional de su partido, sino que incluso ha seleccionado sus confrontaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para aparcarlas, por ejemplo, con Doñana o cuando el accidente de Adamuz o las graves inundaciones de enero y febrero. Lo mismo ocurre ahora con la inmigración, al hilo de la regularización extraordinaria: el Gobierno andaluz se ha desmarcado del argumentario oficial del PP y ni ha querido entrar a valorar la cuestión o aclarar si la recurrirá, con la justificación de “no contribuir a la división” que ha generado el tema.

En el PP andaluz llevan tiempo centrados en que el verdadero peligro viene más por la derecha que por la izquierda, como auguran una y otra vez unas encuestas que reflejan un Parlamento con una rotunda mayoría conservadora. El propio Moreno repite que lo que más teme es el exceso de confianza que lleve a una cierta desmovilización en sus filas, porque a día de hoy la principal incógnita del 17M es si retendrá o no su actual mayoría absoluta.

El PP, el voto útil ante Vox

La estrategia del PP andaluz en estos cuatro años con Vox ha sido más de palo que de zanahoria, con un tono más crudo que el que mantienen las direcciones nacionales. El presidente andaluz ha cultivado en paralelo un perfil amable, cercano a la gente (no hay acto en el que su equipo de comunicación no incluya alguna foto haciéndose un selfi con alguien), moderado e institucional, lejos de la actitud de otros compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso.

Así que estamos en un escenario como el de 2022, y el objetivo de los populares es contraponer la sonrisa de Moreno al colmillo de Vox. En las últimas autonómicas, la izquierda basó su campaña en que el PP se aliaría con Vox y la por entonces candidata de extrema derecha, Macarena Olona, llegó a presentarse varias veces como la futura vicepresidenta de Andalucía. El contraargumento de Moreno fue sencillo: si no queréis a Vox, votadme a mí.

Y caló esa percepción de que el verdadero voto útil para frenar a Vox era el PP, más incluso que la izquierda. Así lo avaló el propio CIS tras las elecciones (el PP le arañó hasta un 16% de apoyos al PSOE), lo que evidenció que los populares ganaron las elecciones, pero fue un electorado de centroizquierda el que le dio la mayoría absoluta.

“O estabilidad o lío”

El pacto extremeño ha servido al PSOE para subrayar que PP y Vox son ya “indistinguibles” y a Por Andalucía para lamentar que los populares “compran el marco político de Vox” y harían lo mismo en Andalucía si es necesario. La izquierda, no obstante, va con pies de plomo para intentar encontrar el punto de cocción exacto que le permita movilizar a su gente pero sin pasarse de frenada, para no asustar demasiado y que no haya otra vez trasvases rumbo al PP.

La formación de ultraderecha, por su parte, está más que dispuesta exportar la vía extremeña, expresando su convicción de que este acuerdo de “sentido común” se trasladará también a Andalucía. Aunque las cosas no han empezado como para tender puentes, ya que el propio Santiago Abascal arrancó la precampaña con un primer mitin en Málaga en el que cargó contra “Juanma Moruno” y le acusó de ser “una estafa permanente”. “Nosotros venimos a defender la Andalucía verdadera, que es la de Fernando III el Santo, que recobró esta tierra de los moros”, afirmó de manera lapidaria.

Todo ello nos lleva a un momento político en el que el PP andaluz menciona más a Vox que la propia izquierda, son ahora los populares los que sacan más a pasear el fantasma de la ultraderecha en Andalucía para así movilizar a los suyos y retener a ese votante de centro que suele mirar más a la izquierda. De paso, la nueva coalición en Extremadura sirve a Moreno para reforzar el que se ha convertido en su lema oficioso en esta precampaña: “O estabilidad o lío”. Y esa estabilidad, a su juicio, sólo la da revalidar su mayoría absoluta. Mientras la izquierda quiere hacer de las elecciones un plebiscito sobre la sanidad, el presidente tiene en mente otro marco mental: o yo o el caos.

No es cuestión de “ideología”

Llegados a este punto, volvemos a la pregunta inicial: el pacto extremeño, ¿beneficia o perjudica al presidente andaluz? Pues dependerá de cómo juegue cada uno sus cartas. El propio Moreno reconocía hace poco que “no sabe cómo parar” la tendencia al alza de Vox, algo desinflada las últimas semanas, y que entre sus asesores los hay que le piden girar más al centro y otros que al contrario, que se acerque a los de Abascal. Hasta la fecha, le ha dedicado más broncas que halagos. Pero lo dicho, nunca ha descartado de manera rotunda una coalición, porque eso dependería de lo que le exigiesen a cambio.

El mantra de “estabilidad o lío” se repetía esta semana desde el Gobierno andaluz, al hilo de las encuestas que le dan muchas opciones de repetir una mayoría que nunca define como absoluta, sino con el eufemismo de “suficiente”. El apoyo del electorado, se resaltaba, ya no es una cuestión de “ideología”, sino que “hay una mayoría que quiere gestión, moderación y estabilidad”. Y eso es lo que vende la marca Juanma Moreno, que fue el primero en pactar con Vox pero ahora se presenta como el parapeto para frenarlo.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha apostado por “intensificar” las negociaciones con Vox en los próximos días para formar el nuevo Ejecutivo. Sin embargo, se ha desmarcado del líder nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que ha dado un plazo de dos semanas a la extrema derecha para los pactos autonómicos en Extremadura y Aragón: “Lo importante es que sea un buen acuerdo”, ha remarcado.

“Estoy convencido de que una vez que el periodo electoral, no solamente en Aragón sino también en Castilla y León, ya ha sido superado, ha llegado el momento de que lleguemos a un acuerdo, de que intensifiquemos esas negociaciones que se iniciaron hace ya unas cuantas semanas, y que puedan fructificar en lo que han querido los aragoneses”, ha insistido, al tiempo insta a Vox a decidir cuál es la posición que quiere ocupar en el nuevo gobierno. “Es verdad que Vox en el pasado ya estuvo dentro del gobierno, pero todavía no ha decidido o no nos han comunicado cuál es el papel que quiere jugar”.

Con respecto a la intención de Santiago Abascal de entrar en los tres gobiernos donde hace falta su apoyo (Extremadura, Aragón y Castilla y León), Azcón ha respondido que lo importante es que haya un buen acuerdo. “Yo oí las declaraciones ayer del señor Abascal, pero lo que también les he oído es que lo importante es que haya primero un acuerdo de programa. Que sean las medidas concretas las que se puedan acordar”.

Por ello, Azcón apuesta por un mínimo común denominador para que puedan confluir ambos programas pensando en la calidad de vida de los aragoneses. “Creo que lo lógico es que primero se acuerden esas medidas y que posteriormente hablemos de si Vox quiere entrar en el gobierno, cuál es el papel que pretende y que quiere hacer dentro del gobierno porque Vox ya entró en el gobierno y salió del gobierno. Y ahora lo que toca es que haya estabilidad”, ha exigido Jorge Azcón, sobre todo, la estabilidad parlamentaria para poder aprobar un presupuesto y para poder aprobar leyes que mejoren la vida de los aragoneses.

De este modo, Azcón da prioridad a una cosa y la contraria: alcanzar el acuerdo cuanto antes pero sin demasiadas prisas, sobre todo, tras el interés mostrado por Abascal en entrar en el Ejecutivo y concede más valor al contenido.“Lo realmente importante es que haya un buen acuerdo. Un día antes o un día después no va a ser lo determinante. Lo determinante va a ser que esas medidas en las que dos partidos políticos pueden encontrarse, porque son los que tienen la responsabilidad después de los que los aragoneses han votado, y que sea lo que determine el gobierno en los próximos cuatro años”.

Por otro lado, el candidato a presidir el próximo Ejecutivo autonómico se ha mostrado partidario de seguir con la misma estrategia de discreción y de trabajo que han mantenido durante estas pasadas semanas de negociaciones. “Creo que es bueno que, para que fructifiquen las posiciones que tiene cada uno de los partidos, no se vayan comentando día a día porque eso dificulta el que haya un acuerdo”. “Lo adulto, lo razonable y lo sensato es que negociemos con discreción”, ha insistido, a la vez que contrasta esta negociación con la que tuvo lugar en 2015 “cuando Podemos decía que se negociaba en las plazas y se retransmitía por streaming, y ya vimos que no tenía ningún éxito y que era populismo”.

Vox ha llançat un nou desafiament al PP a Balears, en aquest cas a nivell municipal: el portaveu de la formació d'extrema dreta a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, ha transmès a l'alcalde, Jaime Martínez, un “consell de bon amic”: “Si vol millorar la gestió i accelerar la recuperació de la ciutat, no dubti a incorporar al seu equip de govern a quatre regidors de Vox els noms dels quals vostè sap”. Unes paraules que, per a sorpresa dels presents en l'hemicicle, ha lliscat durant el debat de política general que se celebra aquest dilluns en el Consistori: “Si han de moure la banqueta perquè alguns no estan a l'altura, canviï'ls. No podem perdre el partit, que no és ni més ni menys que millorar la ciutat, tornar a guanyar les pròximes eleccions i poder recuperar la imatge que Palma va tenir en el seu moment”.

En un dels instants de la seva intervenció, el dirigent ultra ha emplaçat l'equip de govern del PP a millorar “aspectes com la dedicació, el lideratge, la direcció i la coordinació, impulsar els projectes i posar la carn a la graella en comptes de, de vegades, veure's arrossegat per la no sempre necessària presència en actes públics o curiosos viatges de publicitat i d'imatge que els distreuen de les seves tasques. L'imprescindible és bolcar-se en la gestió”.

En concret, els conservadors governen la capital balear amb 11 dels 29 regidors que componen el ple després d'erigir-se a la llista més votada i obtenir el 32,18% vots a les eleccions municipals de 2023, situant-se així per davant del PSIB-PSOE (vuit regidors), Vox (sis), Més per Mallorca (tres) i Podemos (un). Fins a l'últim moment, els ultradretans van intentar sense èxit entrar en el govern municipal i la incertesa va sobrevolar la corporació fins pràcticament la presa de possessió de Martínez, proclamat alcalde sense el suport dels de Santiago Abascal.

Des d'aquell moment, Vox va iniciar un boicot durant els primers mesos de legislatura a les propostes que el PP portava a ple, la qual cosa va obligar els populars a signar un pacte programàtic que incloïa mesures sobre seguretat, estat de les infraestructures urbanes, neteja o mobilitat. En un comunicat, ambdues formacions assenyalaven que “encara que aquest acord no suposi l'entrada de Vox a l'equip de govern la seva empremta quedarà reflectida en les actuacions que dugui a terme el mateix”. Sense ser presents al gabinet de Martínez, la formació d'extrema dreta va començar a guanyar pes a l'entorn municipal, arribant a duplicar els seus membres als consells d'administració de les empreses públiques.

Gairebé dos anys després, Coll ha iniciat el seu discurs del debat de política general recriminant que Palma “ja no estigui entre les 100 millors ciutats per viure al món”, però sí que sigui, en canvi, “la més bruta d'Espanya l'any 2023”. El portaveu d'extrema dreta ha aprofitat per recordar que el seu partit va obtenir un 20 47% dels vots i el PP, un 32,18%. Tot i això, ha afegit, “va decidir governar en minoria”, cosa que, ha recordat, des de Vox van considerar “al seu moment un error”.

“Van perdre l'oportunitat d'incorporar regidors de Vox amb demostrada experiència i capacitat de mèrit per governar amb 15 àrees de govern més equilibrades i sense cap dubte més suportables, millorant la necessària eficiència en la gestió. Crec que el temps ens ha donat la raó”, ha dit Coll dirigint-se a l'alcalde.

Coll ha valorat la gestió dels populars assenyalant que “s'ha millorat en determinades àrees, però en altres percebem la decepció per no haver-se aconseguit les necessàries millores. Sí, ho sé. Li ho van deixar de cap per avall en moltes coses”, ha proferit en al·lusió a l'anterior govern progressista.

El portaveu d'extrema dreta ha recordat que Vox va subscriure un acord programàtic amb el PP “a canvi únicament que els principis que defensava i les solucions que proposava estiguessin presents a l'acció de govern de l'equip municipal”, i que “en les més urgents s'actués des del primer moment”. Cosa que, ha assegurat, “ha suposat un gran sacrifici per a Vox”: “No governem i tampoc té visibilitat el nostre esforç de treball per situar Palma al lloc que li correspon”.

En aquesta línia, Coll ha lamentat que la identitat de Palma s'hagi anat “diluint per una barreja de desídia, ideologia i falta d'ambició”, ha continuat referint-se a l'anterior equip liderat pel socialista José Hila: “Van aconseguir el que no van poder els segles, que Palma fos una ciutat urbanísticament invisible i notòriament mediocre”. “Com comprendran, el grup municipal Vox Palma té per objectiu evitar que es repeteixin errors dels mandats passats i que la gestió de l'equip municipal s'orienti a resoldre els problemes i necessitats dels ciutadans per recuperar l'esplendor que al seu dia va tenir la capital de les Balears”, ha prosseguit.

Per la seva banda, l'alcalde de Palma ha respost a les crítiques tant de Vox com dels partits d'esquerres que, després dels dos primers anys de legislatura, “ja es percep una Palma molt diferent”, criticant a la resta de grups la seva “crítica destructiva”. Durant el seu discurs, Martínez ha repassat les actuacions i projectes realitzats per l'equip de govern davant de la “ciutat abandonada durant vuit anys” que, ha lamentat, es va trobar quan va arribar al capdavant de Cort.

El primer edil ha posat en valor la gestió duta a terme en neteja, seguretat, mobilitat sostenible i vivenda, entre altres matèries, i ha agraït el suport econòmic del Govern i del Consell de Mallorca mentre que, per contra, ha criticat la “manca de compromís” del Govern d'Espanya. “Pel Govern de Sánchez, Palma i els seus 480.000 ciutadans no són importants”, ha lamentat. En aquesta línia, ha retret als grups municipals d'esquerra la seva falta de suport a l'equip de govern que, segons la seva opinió, estan “instal·lats a la crítica destructiva” i són “incapaços de reconèixer els seus errors”.

Vox ha lanzado un nuevo órdago al PP en Balears, en este caso a nivel municipal: el portavoz de la formación de extrema derecha en el Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, ha transmitido al alcalde, Jaime Martínez, un “consejo de buen amigo”: “Si quiere mejorar la gestión y acelerar la recuperación de la ciudad, no dude en incorporar a su equipo de gobierno a cuatro concejales de Vox cuyos nombres usted sabe”. Unas palabras que, para sorpresa de los presentes en el hemiciclo, ha deslizado durante el debate de política general que se celebra este lunes en el Consistorio: “Si tienen que mover el banquillo porque algunos no están a la altura, cámbielos. No podemos perder el partido, que no es ni más ni menos que mejorar la ciudad, volver a ganar las próximas elecciones y poder recuperar la imagen que Palma tuvo en su día”.

En uno de los instantes de su intervención, el dirigente ultra ha emplazado al equipo de gobierno del PP a mejorar “aspectos como la dedicación, el liderazgo, la dirección y la coordinación, impulsar los proyectos y poner la carne en el asador en vez de, a veces, verse arrastrado por la no siempre necesaria presencia en actos públicos o curiosos viajes de publicidad y de imagen que les distraen de sus tareas. Lo imprescindible es volcarse en la gestión”.

En concreto, los conservadores gobiernan la capital balear con 11 de los 29 ediles que componen el pleno tras erigirse en la lista más votada y obtener el 32,18% votos en las elecciones municipales de 2023, situándose así por delante del PSIB-PSOE (ocho regidores), Vox (seis), Més per Mallorca (tres) y Podemos (uno). Hasta el último momento, los ultraderechistas intentaron sin éxito entrar en el gobierno municipal y la incertidumbre sobrevoló la corporación hasta prácticamente la toma de posesión de Martínez, proclamado alcalde sin el apoyo de los de Santiago Abascal.

Desde ese momento, Vox inició un boicot durante los primeros meses de legislatura a las propuestas que el PP llevaba a pleno, lo que obligó a los populares a firmar con Vox un pacto programático que incluía medidas sobre seguridad, estado de las infraestructuras urbanas, limpieza o movilidad. En un comunicado, ambas formaciones señalaban que “aunque este acuerdo no suponga la entrada de Vox en el equipo de gobierno su impronta quedará reflejada en las actuaciones que lleve a cabo el mismo”. Sin estar presentes en el gabinete de Martínez, la formación de extrema derecha comenzó a ganar peso en el entorno municipal, llegando a duplicar sus miembros en los consejos de administración de las empresas públicas.

Casi dos años después, Coll ha iniciado su discurso del debate de política general recriminando que Palma “ya no esté entre las 100 mejores ciudades para vivir en el mundo”, pero sí sea, en cambio, “la más sucia de España en el año 2023”. El portavoz de extrema derecha ha aprovechado para recordar que su partido obtuvo un 20 47% de los votos y el PP, un 32,18%, pese a lo cual “decidió gobernar en minoría”, algo que, ha recordado, desde Vox consideraron “en su momento un error”.

“Perdieron la oportunidad de incorporar a concejales de Vox con demostrada experiencia y capacidad de mérito para gobernar con 15 áreas de gobierno más equilibradas y sin lugar a dudas más llevaderas, mejorando la necesaria eficiencia en la gestión. Creo que el tiempo nos ha dado la razón”, ha espetado Coll dirigiéndose al alcalde.

Coll ha valorado la gestión de los populares señalando que “se ha mejorado en determinadas áreas, pero en otras percibimos la decepción por no haberse alcanzado las necesarias mejoras. Sí, lo sé. Se lo dejaron patas arriba en muchas cosas”, ha proferido en alusión al anterior gobierno progresista.

El portavoz de extrema derecha ha recordado que Vox suscribió un acuerdo programático con el PP “a cambio únicamente de que los principios que defendía y las soluciones que proponía estuvieran presentes en la acción de gobierno del equipo municipal”, y que “en las más urgentes se actuase desde el primer momento”. Algo que, ha asegurado, “ha supuesto un gran sacrificio para Vox”: “No gobernamos y tampoco tiene visibilidad nuestro esfuerzo de trabajo para situar a Palma en el sitio que le corresponde”.

En esta línea, Coll ha lamentado que la identidad de Palma se haya ido “diluyendo por una mezcla de desidia, ideología y falta de ambición”, ha continuado refiriéndose al anterior equipo liderado por el socialista José Hila: “Consiguieron lo que no pudieron los siglos, que Palma fuera una ciudad urbanísticamente invisible y notoriamente mediocre”. “Como comprenderán, el grupo municipal Vox Palma tiene por objetivo evitar que se repitan errores de los pasados mandatos y que la gestión del equipo municipal se oriente a resolver los problemas y necesidades de los ciudadanos para recuperar el esplendor que en su día tuvo la capital de las Balears”, ha proseguido.

Por su parte, el alcalde de Palma ha respondido a las críticas tanto de Vox como de los partidos de izquierdas que, tras los dos primeros años de legislatura, “ya se percibe una Palma muy diferente”, afeando al resto de grupos su “crítica destructiva”. Durante su discurso, Martínez ha repasado las actuaciones y proyectos realizados por el equipo de gobierno frente a la “ciudad abandonada durante ocho años” que, ha lamentado, se encontró cuando llegó al frente de Cort.

El primer edil ha puesto en valor la gestión llevada a cabo en limpieza, seguridad, movilidad sostenible y vivienda, entre otras materias, y ha agradecido el apoyo económico del Govern y del Consell de Mallorca mientras que, por el contrario, ha criticado la “falta de compromiso” del Gobierno de España. “Para el Gobierno de Sánchez Palma y sus 480.000 ciudadanos no son importantes”, ha lamentado. En esta línea, ha reprochado a los grupos municipales de izquierda su falta de apoyo al equipo de gobierno que, a su parecer, están “instalados en la crítica destructiva” y son “incapaces de reconocer sus errores”.

Quan la popular Marga Prohens va agafar les regnes de la presidència de Balears -previ pacte d'investidura amb Vox-, mai no es va imaginar que la seva singladura estaria plena de marees i que els principals esculls a què hauria de fer front se'ls posaria el seu propi soci de legislatura. Les dues últimes setmanes -encara que les discrepàncies entre tots dos sempre han estat latents-, conservadors i extrema dreta escenificaven una profunda crisi que ha desembocat a la retirada dels Pressupostos de 2025 davant la impossibilitat d'arribar a un acord i amb el PP tirant per terra, de la mà de l'esquerra, una de les mesures estrella dels de Santiago Abascal: la derogació de la Llei autonòmica de memòria democràtica.

Enmig d'un maremàgnum d'acusacions mútues sobre enganys i incompliments de paraula, la debilitat de l'Executiu de Prohens ha tornat a quedar evidenciada davant d'un Vox que no ha deixat mai de tensar les cordes per aconseguir els seus objectius. Fins aquest dimarts, quan la líder balear va dir 'prou' a les “exigències inassumibles i xantatges inacceptables” plantejats des de Bambú a canvi d'oferir el seu suport al text pressupostari del Govern: els d'Abascal volien veure fulminat el català com a requisit per accedir a la funció pública i com a llengua vehicular a l'ensenyament, una línia vermella que la màxima dirigent popular no estava disposada a traspassar, veient-se obligada a prorrogar els comptes del 2024 fins que “es donin les condicions” per fer-ho i s'arribi a un nou acord que permeti treure els comptes endavant.

Acérrima va ser aquest dimarts, de fet, la defensa que va fer Prohens de la llengua catalana, en clar retrocés respecte al castellà a les illes. Una defensa motivada, a més, per l'ampli poder que el PP ostenta a nivell municipal a les Balears, que difereix amb escreix de la menor implantació territorial de l'extrema dreta. Enrere queda, a més, la marea verda a què es va enfrontar l'expresident José Ramón Bauzá (PP) per voler desmantellar l'escola en català: l'últim líder autonòmic que va governar amb majoria absoluta a les illes va aconseguir amb la seva polèmica política educativa treure al carrer més de 100.000 persones en la manifestació més gran de la història de les Balears.

Enrere queda la marea verda a què es va enfrontar l'expresident José Ramón Bauzá (PP) per voler desmantellar l'escola en català: l'últim líder autonòmic que va governar amb majoria absoluta a les illes va aconseguir amb la seva polèmica política educativa treure al carrer més de 100.000 persones en la manifestació més gran de la història de les Balears

Davant les manifestacions de la portaveu parlamentària d'extrema dreta, Manuela Cañadas, que va acusar el Govern de no cedir “per supèrbia” davant de Vox “en temes lingüístics que quan eren a l'oposició defensaven” i de preferir “vendre un fetge i un ronyó a l'extrema esquerra abans que el bé de tots els ciutadans”, la presidenta balear li va advertir que no la trobaria “a la confrontació lingüística”, recordant-li que a les illes “hi ha un model en què conviuen dues llengües i vostè vol carregar-se la llengua pròpia que marca l'Estatut, quan sap perfectament que això mai no ha estat en les nostres negociacions”.

Defensa del català com a llengua vehicular

I és que durant els darrers dies Vox ha reactivat la seva croada particular contra el català aprofitant que, fa dues setmanes, el PP va incorporar per error a la Llei autonòmica de simplificació administrativa fins a 34 esmenes que els d'Abascal havien presentat a la normativa, una de les quals contempla la supressió de la llengua catalana com a vehicular a l'educació. Immediatament, el vicepresident econòmic del Govern, Antoni Costa, va anunciar que, així que la Llei es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), aprovarà un decret que eviti que les esmenes aprovades per equivocació entrin en vigor, impedint amb això retrotreure a dècades enrere la legislació en matèria de normalització lingüística. de memòria, facilitant que aquesta continuï vigent. El compromís de l'esquerra de donar suport a l'eliminació d'aquestes mesures ha portat el PP a prometre que s'abstindrà a la votació de la supressió de la llei de memòria, facilitant que aquesta continuï vigent, un “preu” que, segons Prohens, han hagut de pagar davant del “gran error estratègic de Vox”.

“Nosaltres no hem canviat y vostès volen eliminar la lengua pròpia de l'educació, i això no, senyora Cañadas. No faré polítiques ni pactes amb base a un error humà ni a xantatges”, va rematar Prohens davant la insistència de Cañadas a conèixer “per què el PP no vol que l'espanyol sigui llengua vehicular a l'educació”.

Nosaltres no hem canviat i volen eliminar la llengua pròpia de l'educació, i això no, senyora Cañadas. No faré polítiques ni pactes amb base a un error humà ni a xantatges

Marga Prohens, a la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas

Tot i que tot apuntava que les relacions amb Vox havien quedat pràcticament polvoritzades, Prohens rebutjava aquest dimecres qualsevol tipus de ruptura amb l'extrema dreta, assegurant mantenir els seus compromisos amb ells i, sobretot, mostrant-se disposada a complir-los. Començar de cap i de nou, una vegada més. “Si hem pactat, hem pactat” o “quan dic que tinc paraula és perquè tinc paraula” són les frases amb què la líder autonòmica ha deixat les portes obertes a continuar negociant amb Vox “llei a llei i iniciativa a iniciativa”. La presidenta del Govern incidia que aquesta és la formació amb què el PP té “més punts en comú en ideari i programa”, que, recordava, “és el del centre dreta de moderació i llibertat individual”.

Prohens: “No tornaran les polítiques de esquerra”

De fet, després del Consell de Govern celebrat aquest dimecres de forma extraordinària, Prohens remarcava que el pacte aconseguit tan sols un dia abans amb l'esquerra per no derogar la Llei de memòria democràtica va ser un fet puntual a què els conservadors es van veure abocats davant l'enduriment de les exigències de l'extrema dreta durant les últimes setmanes. “No tornaran les polítiques d'esquerra. Seria trair el nostre programa”, recalcava la baronessa popular per aclarir qualsevol sospita d'acostament, encara que oberta a negociar amb totes les forces de l'arc parlamentari balear, novament, “llei a llei i iniciativa a iniciativa”.

La veritat és que és la primera vegada que el Govern frena en sec les reclamacions de Vox, que durant aquest primer any i mig de legislatura ha demostrat que és el que controla el volant i l'accelerador davant d'un PP subjugat que, davant el temor de no poder tirar endavant les seves mesures, no ha dubtat a claudicar davant els seus socis externs, deixant palès que sense l'extrema dreta no van a cap costat. Ja ho van fer en les negociacions dels Pressupostos del 2024, quan els conservadors van aconseguir aprovar els comptes no sense abans doblegar-se als d'Abascal, els qui, a canvi de brindar el seu suport al text, es van guanyar el compromís de destinar 20 milions d'euros per desmantellar l'escola en català i eliminar totes les subvencions a patronals i sindicats.

És la primera vegada que el Govern frena en sec les reclamacions de Vox, que durant aquest primer any i mig de legislatura ha demostrat que és el que controla el volant i l'accelerador davant d'un PP subjugat que, davant el temor de no poder treure'l endavant les seves mesures, no ha dubtat a claudicar davant dels seus socis

Tot i no formar part de l'Executiu de Prohens, Vox va aconseguir així que el PP donés suport a totes les esmenes que van presentar als comptes d'aquest any i extreure'ls, a canvi del seu vot, tot el que demanaven. I tot això malgrat que l'esquerra, des de l'oposició, havia estès la mà diverses vegades al Govern perquè els conservadors no depenguessin de l'extrema dreta en la tramitació dels primers Pressupostos de l'era Prohens. “Vox no extorsiona ningú, només s'agenolla davant Déu”, proferia, no en va, la portaveu de la formació, Idoia Ribas. Prohens, per la seva banda, afirmava que els comptes aprovats permetien “complir els compromisos amb les quatre illes, el programa de govern i l'acord d'investidura”.

De la mateixa manera, el mes d'octubre passat, i després de diverses setmanes de negociacions, el PP treia endavant la seva proposta de sostre de despesa del 2025 gràcies a l'abstenció de Vox, que tot just un dia abans anunciava el seu posicionament després d'arrencar la promesa dels populars que no accediran al repartiment de menors estrangers no acompanyats que proposa el Govern central, així com la implantació d'altres mesures per lluitar contra la “immigració i l'ocupació irregular”.

El PP salva l'ultra Le Senne

Un altre dels episodis més polèmics travessats pel PP i Vox va tenir lloc el passat 3 de setembre, quan el PP va salvar del cessament al president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), la destitució del qual havia estat instada per PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Podem després que el parlamentari ultra trenqués el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'roges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937. Els fets, empresos mentre es debatia l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerres a la derogació de la Llei de memòria democràtica, van provocar una onada d'indignació dins i fora de Balears. La continuïtat de Le Senne va romandre a l'aire fins a l'últim instant davant l'afany dels conservadors per no revelar el sentit del seu vot fins a pocs minuts abans de la votació.

Una postura, la del PP, que contrastava amb les paraules que Prohens havia pronunciat dies després de l'incident i amb què donava “per fet” que Le Senne dimitiria atès que, segons el seu punt de vista, era l'única manera que l'anunci d'Abascal de trencar els acords autonòmics de governabilitat tingués efecte a Balears: “La decisió de Vox de donar per trencat els seus acords [amb el PP] implica també la seva renúncia a la presidència del Parlament de les Illes Balears, que van obtenir fruit daquests acords. Abascal ahir va ser molt clar i va dir que es trencaven els governs de totes les comunitats autònomes i aquí l'única contraprestació [de Vox] era la presidència del Parlament”, va assenyalar la presidenta balear.

El PP va salvar del cessament el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), dos mesos després que el diputat ultra trenqués el retrat de la republicana Aurora Picornell en ple debat de la derogació de la Llei de memòria democràtica. Una postura que contrastava amb les paraules va pronunciar dies després de l'incident, quan va donar “per fet” que Le Senne dimitiria atès que era l'única manera que l'anunci d'Abascal de trencar els acords autonòmics de governabilitat tingués efecte a les Balears

Cal recordar que Le Senne va ser enfilat a la presidència del Parlament el 20 de juny del 2023 gràcies al suport del PP, que a canvi d'aquesta i altres cessions es garantia poder formar govern en solitari, subordinat, això sí, al suport extern de Vox. A dia d'avui continua ostentant el càrrec tot i que és investigat per un presumpte delicte d'odi per destrossar les imatges de les tres republicanes assassinades. En la declaració davant del jutge, la segona autoritat de Balears va assegurar que l'episodi va ser “accidental” i, després de ser preguntat per la Fiscalia sobre si amb una fotografia de Franco hauria fet el mateix, va respondre de manera afirmativa.

Aquest dimecres, lluny de desmarcar-se de l'extrema dreta, Prohens ha recordat que gràcies a Vox han tirat endavant mesures com l'eliminació de l'impost de successions, la rebaixa d'altres tributs o la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys: “Aquestes iniciatives, que han suposat no recular en drets, s'han aprovat amb el vot en contra de l'esquerra i el suport de Vox, amb contrapartides legítimes i que no traeixen la nostra paraula ni el nostre programa”. “I no em mouré d'aquí”, ha sentenciat. Encara queda en l'aire com resoldrà la líder popular l'aprovació dels pressupostos autonòmics del 2025 davant d'un Vox que sembla no voler deixar anar la seva presa, disposat a seguir traient contrapartides el PP i que, en última instància, repta el seu suposat soci a anar a unes eleccions anticipades.

Cuando la popular Marga Prohens tomó las riendas de la presidencia de Balears -previo pacto de investidura con Vox- nunca se imaginó que su singladura estaría plagada de mareas y que los principales escollos a los que tendría que hacer frente se los pondría su propio socio de legislatura. En las dos últimas semanas -aunque las discrepancias entre ambos siempre han estado latentes-, conservadores y extrema derecha escenificaban una profunda crisis que ha desembocado en la retirada de los Presupuestos de 2025 ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y con el PP echando por tierra, de la mano de la izquierda, una de las medidas más ambiciosas de los de Santiago Abascal: la derogación de la Ley autonómica de memoria democrática.

En medio de un maremágnum de acusaciones mutuas sobre engaños e incumplimientos de palabra, la debilidad del Ejecutivo de Prohens ha vuelto a quedar evidenciada ante un Vox que nunca ha dejado de tensar las cuerdas para lograr sus objetivos. Hasta este martes, cuando la líder balear dijo 'basta' a las “exigencias inasumibles y chantajes inaceptables” planteados desde Bambú a cambio de ofrecer su apoyo al texto presupuestario del Govern: los de Abascal querían ver fulminado el catalán como requisito para acceder a la función pública y como lengua vehicular en la enseñanza, una línea roja que la máxima dirigente popular no estaba dispuesta a traspasar, viéndose obligada a prorrogar las cuentas de 2024 hasta que “se den las condiciones” para aprobar las del próximo año -los 26 escaños que suman el PP y un diputado de la derecha local de Formentera no le dan la mayoría suficiente- y se alcance un nuevo acuerdo que permita sacar el proyecto adelante.

Acérrima fue este martes, de hecho, la defensa que hizo Prohens de la lengua catalana, en claro retroceso respecto al castellano en las islas. Una defensa motivada, además, por el amplio poder que el PP ostenta a nivel municipal en Balears, que difiere con creces de la menor implantación territorial de la extrema derecha. Atrás queda, además, la marea verde a la que se enfrentó el expresidente José Ramón Bauzá (PP) por querer desmantelar la escuela en catalán: el último líder autonómico que gobernó con mayoría absoluta en las islas 'logró' con su polémica política educativa sacar a la calle a más de 100.000 personas en la mayor manifestación de la historia de Balears.

Atrás queda la marea verde a la que se enfrentó el expresidente José Ramón Bauzá (PP) por querer desmantelar la escuela en catalán: el último líder autonómico que gobernó con mayoría absoluta en las islas 'logró' con su polémica política educativa sacar a la calle a más de 100.000 personas en la mayor manifestación de la historia de Balears

Ante las afirmaciones vertidas durante el pleno de este martes por la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien acusó al Govern de no ceder “por soberbia en temas lingüísticos que defendían cuando estaban en la oposición” y de preferir “vender un hígado y un riñón a la extrema izquierda antes que el bien de todos los ciudadanos”, la máxima mandataria balear le advirtió de que no la encontraría “en la confrontación lingüística”, recordándole que en las islas “hay un modelo en el que conviven dos lenguas y usted quiere cargarse la lengua propia que marca el Estatut, cuando sabe perfectamente que esto nunca ha estado en nuestras negociaciones”.

Defensa del catalán como lengua vehicular

Y es que, durante los últimos días, Vox ha reactivado su cruzada contra el catalán aprovechando que, hace dos semanas, el PP incorporó por error a la Ley autonómica de simplificación administrativa hasta 34 enmiendas que los de Abascal habían presentado a la normativa, una de las cuales contempla la supresión de la lengua catalana como vehicular en la educación. De inmediato, el vicepresidente económico del Govern, Antoni Costa (PP), anunció que, en cuanto la Ley se publique en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), el Ejecutivo aprobará un decreto ley que evite que las enmiendas aprobadas por equivocación entren en vigor, impidiendo con ello retrotraer a décadas atrás la legislación en materia de normalización lingüística. El compromiso de la izquierda de respaldar la eliminación de estas medidas ha llevado al PP a prometer que se abstendrá en la votación de la supresión de la ley de memoria, facilitando que ésta continúe vigente, un “precio” que, según Prohens, han tenido que pagar ante el “gran error estratégico de Vox”.

“Nosotros no hemos cambiado y ustedes quieren eliminar la lengua propia de la educación, y eso no, señora Cañadas. No haré políticas ni pactos con base a un error humano ni a chantajes”, remató Prohens ante la insistencia de Cañadas en conocer “por qué el PP no quiere que el español sea lengua vehicular en la educación”. 

Nosotros no hemos cambiado y ustedes quieren eliminar la lengua propia de la educación, y eso no, señora Cañadas. No haré políticas ni pactos con base a un error humano ni a chantajes

Marga Prohens, a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas

Sin embargo, pese a que todo apuntaba a que las relaciones con Vox habían quedado prácticamente pulverizadas, Prohens rechazaba este miércoles cualquier tipo de ruptura con la extrema derecha, asegurando mantener sus compromisos con ellos y, sobre todo, mostrándose dispuesta a cumplirlos. Borrón y cuenta nueva, una vez más. “Si hemos pactado, hemos pactado” o “cuando digo que tengo palabra, es porque tengo palabra” son las frases con las que la líder autonómica ha dejado las puertas abiertas a continuar negociando con Vox “ley a ley e iniciativa a iniciativa”. La presidenta del Govern incidía en que ésta es la formación con la que el PP tiene “más puntos en común en ideario y programa”, que, recordaba, “es el del centro derecha de moderación y libertad individual”.

Prohens: “No volverán las políticas de izquierda”

De hecho, tras el Consell de Govern celebrado este miércoles de forma extraordinaria, Prohens remarcaba que el pacto alcanzado tan solo un día antes con la izquierda para no derogar la Ley de memoria democrática fue un hecho puntual al que los conservadores se vieron abocados ante el endurecimiento de las exigencias de la extrema derecha durante las últimas semanas. “No volverán las políticas de izquierda. Sería traicionar nuestro programa”, recalcaba la baronesa popular para despejar cualquier sospecha de acercamiento, aunque abierta a negociar con todas las fuerzas del arco parlamentario balear, de nuevo, “ley a ley e iniciativa a iniciativa”.

Lo cierto es que es la primera vez que el Govern frena en seco las reclamaciones de Vox, que durante este primer año y medio de legislatura ha demostrado que es el que controla el volante y el acelerador frente a un PP subyugado que, ante el temor de no poder sacar adelante sus medidas, no ha dudado en claudicar ante sus socios externos, dejando patente que sin la extrema derecha no van a ningún lado. Ya lo hicieron en las negociaciones de los Presupuestos de 2024, cuando los conservadores lograron aprobar las cuentas no sin antes doblegarse a los de Abascal, quienes, a cambio de brindar su apoyo al texto, se granjearon el compromiso de destinar 20 millones de euros a desmantelar la escuela en catalán y eliminar todas las subvenciones a patronales y sindicatos. 

Es la primera vez que el Govern frena en seco las reclamaciones de Vox, que durante este primer año y medio de legislatura ha demostrado que es el que controla el volante y el acelerador frente a un PP subyugado que, ante el temor de no poder sacar adelante sus medidas, no ha dudado en claudicar ante sus socios

Pese a no formar parte del Ejecutivo de Prohens, Vox consiguió de este modo que el PP diese respaldo a todas las enmiendas que presentaron a las cuentas de este año y extraerles, a cambio de su voto, todo cuanto demandaban. Y todo ello a pesar de que la izquierda, desde la oposición, había tendido la mano en varias ocasiones al Govern para que los conservadores no dependieran de la extrema derecha en la tramitación de los primeros Presupuestos de la era Prohens. “Vox no extorsiona a nadie, sólo se arrodilla ante Dios”, profería, no en vano, la entonces portavoz de la formación, Idoia Ribas (Vox). Prohens, por su parte, afirmaba que las cuentas aprobadas permitían “cumplir con los compromisos con las cuatro islas, el programa de gobierno y el acuerdo de investidura”.

Del mismo modo, el pasado mes de octubre, y tras varias semanas de negociaciones, el PP sacaba adelante su propuesta de techo de gasto de 2025 gracias a la abstención de Vox, que apenas un día antes anunciaba su posicionamiento tras arrancar la promesa de los populares de que no accederán al reparto de menores extranjeros no acompañados que propone el Gobierno central, así como la implantación de otras medidas para luchar contra la “inmigración y ocupación irregular”.

El PP salva al ultra Le Senne

Otro de los episodios más polémicos atravesados por PP y Vox tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, cuando el PP salvó del cese al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), cuya destitución había sido instada por PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos después de que el parlamentario ultra rompiese el retrato de la republicana Aurora Picornell y las conocidas como 'Rojas del Molinar', símbolos de la lucha antifascista fusiladas por los franquistas la noche de reyes de 1937. Los hechos, acometidos mientras se debatía la enmienda a la totalidad de los grupos de izquierdas a la derogación de la Ley de memoria democrática, provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears. La continuidad de Le Senne permaneció en el aire hasta el último instante ante el empeño de los conservadores por no desvelar el sentido de su voto hasta apenas minutos antes de la votación.

Una postura, la del PP, que contrastaba con las palabras que Prohens había pronunciado días después del incidente y con las que daba “por hecho” que Le Senne dimitiría dado que, según su punto de vista, era la única manera de que el anuncio de Abascal de romper los acuerdos autonómicos de gobernabilidad tuviera efecto en Balears: “La decisión de Vox de dar por roto sus acuerdos [con el PP] implica también su renuncia a la presidencia del Parlament de las Illes Balears, que obtuvieron fruto de estos acuerdos. Abascal ayer fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación [de Vox] era la presidencia del Parlament”, señaló en su día la presidenta balear.

El PP salvó del cese al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), dos meses después de que el diputado ultra rompiese el retrato de la republicana Aurora Picornell en pleno debate de la derogación de la Ley de memoria democrática. Una postura que contrastaba con las palabras pronunció días después del incidente, cuando dio “por hecho” que Le Senne dimitiría dado que era la única manera de que el anuncio de Abascal de romper los acuerdos autonómicos de gobernabilidad tuviera efecto en Balears

Cabe recordar que Le Senne fue aupado a la presidencia del Parlament el 20 de junio de 2023 gracias al apoyo del PP, que a cambio de esta y otras cesiones se garantizaba poder formar gobierno en solitario, subordinado, eso sí, al respaldo externo de Vox. A día de hoy continúa ostentando el cargo a pesar de estar investigado por un presunto delito de odio por destrozar las imágenes de las tres republicanas asesinadas. En su declaración ante el juez, la segunda autoridad de Balears aseguró que el episodio fue “accidental” y, al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, respondió de forma afirmativa.

Este miércoles, lejos de desmarcarse de la extrema derecha, Prohens ha recordado que gracias a Vox han sacado adelante medidas como la eliminación del impuesto de sucesiones, la rebaja de otros tributos o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años: “Estas iniciativas, que han supuesto no retroceder en derechos, se han aprobado con el voto en contra de la izquierda y el apoyo de Vox, con contrapartidas legítimas y que no traicionan nuestra palabra ni nuestro programa”. “Y no me moveré de aquí”, ha sentenciado. Todavía queda en el aire cómo resolverá la lideresa popular la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025 ante un Vox que parece no querer soltar a su presa, dispuesto a seguir sacando contrapartidas al PP y que, en última instancia, reta a su supuesto socio a ir a unas elecciones anticipadas.

“No tornaran les polítiques d'esquerra. Seria trair el nostre programa”. En aquests termes s'ha expressat la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, per deixar clar que el pacte aconseguit aquest dimarts amb l'esquerra per no derogar la Llei autonòmica de memòria democràtica va ser un fet puntual a què els conservadors es van veure abocats davant l'enduriment de les exigències de l'extrema dreta durant les darreres setmanes. La líder balear ha rebutjat així qualsevol mena de ruptura amb els de Santiago Abascal, assegurant mantenir els seus compromisos amb ells i, sobretot, mostrant-se disposada a complir-los. “Si hem pactat, hem pactat”, ha remarcat, subratllant que Vox és la formació amb què el PP té “més punts en comú en ideari i programes”, encara que advertint que no permetrà “xantatges” amb qüestions que “mai no hi hagin estat sobre la taula”.

En roda de premsa posterior al Consell de Govern celebrat aquest dimecres de forma extraordinària, Prohens ha descartat convocar eleccions anticipades, com així li van emplaçar aquest cap de setmana diversos batles del PP davant les pressions amb què Vox ha buscat, a canvi del seu suport als Pressupostos del 2025, arrencar al Govern mesures com la supressió del català en la funció pública i la seva eliminació com llengua vehicular a l'educació. En realitat, la del PP és la mateixa reacció que ha adoptat en crisis anteriors amb els seus teòrics socis de legislatura: començar de cap i de nou. Els conservadors insisteixen a afirmar que governen en solitari i que continuaran negociant “llei a llei i iniciativa a iniciativa”. “La meva prioritat absoluta és tornar a la casella inicial”, ha incidit Prohens.

Lluny de desmarcar-se de l'extrema dreta, la presidenta balear ha recordat que gràcies a Vox han tret endavant mesures com l'eliminació de l'impost de successions, la rebaixa d'altres tributs o la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys: “Aquestes iniciatives, que han suposat no recular els drets, s'han aprovat amb el vot en contra de l'esquerra i el suport de Vox, amb contrapartides legítimes i que no traeixen la nostra paraula ni el nostre programa”, que, ha recordat, “és el del centre dreta de moderació i llibertat individual”. “I no em mouré d'aquí”, ha dit.

Prohens sí que ha retret el recent comportament mostrat pels d'Abascal, sobretot perquè això l'ha abocat a pactar amb els grups d'esquerra (PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Més per Menorca) a canvi d'un “preu”: el de no derogar la Llei de memòria democràtica. “Les darreres setmanes, des de la voluntat d'actors polítics externs a aquestes illes -ha lliscat en al·lusió vetllada a la direcció nacional de Vox- d'intentar desestabilitzar el nostre Govern, s'han plantejat exigències inassumibles i xantatges inacceptables per poder aprovar els Pressupostos”.

La popular, en concret, s'ha referit a la negativa de Vox a donar suport a la retirada de les esmenes que van presentar a la Llei autonòmica de simplificació administrativa i que van ser incorporades per error pel PP. Unes mesures que passen per la supressió del català a la funció pública i l'autorització per construir en àrees de màxima protecció, retrotraient la legislació balear fa dècades en matèria mediambiental i de normalització de la llengua catalana. Els populars van anunciar que suprimiran via decret quan la normativa es publiqui al Butlletí Oficial de Balears (BOIB) i s'han guanyat el compromís de l'esquerra de recolzar l'eliminació i de donar suport també a un altre decret: el que prohibirà la construcció de noves edificacions a zones inundables. “Les negociacions amb l'esquerra són dos decrets”, ha recalcat Prohens, puntualitzant així què se cenyeixen als seus acords amb l'oposició.

La intenció dels conservadors de deixar sense efecte aquestes esmenes no va agradar a Vox, que va decidir tirar per terra en primera votació els comptes de 2025 i va buidar de contingut tant l'articulat com les seccions que componen el text dels pressupostos. L'extrema dreta va continuar pressionant el PP, exigint-li l'eliminació del català com a requisit per accedir a l'Administració i com a llengua vehicular a l'ensenyament, aprofitant que aquestes mesures ja han estat incorporades via esmena. Prohens ha lamentat l'actitud mostrada pels d'Abascal: “Vox sabia que eren uns errors. Que no hagi permès en cap moment la seva correcció i, a més, ho hagi vinculat als Pressupostos i ens hagi abocat a corregir-los amb el preu que ha posat l'esquerra és un gran error estratègic de Vox”, ha subratllat.

Amb tot, ha manifestat que “el soroll del Parlament es queda al Parlament”, incidint que “el que toca ara és seguir governant”. “Per sobre dels Pressupostos i de qualsevol negociació sempre hi haurà l'interès general, la pau social i el respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia. La nostra responsabilitat és en tot moment donar certeses i confiança als ciutadans”, ha sentenciat.

“No volverán las políticas de izquierda. Sería traicionar nuestro programa”. En estos términos se ha expresado la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, para dejar claro que el pacto alcanzado este martes con la izquierda para no derogar la Ley autonómica de memoria democrática fue un hecho puntual al que los conservadores se vieron abocados ante el endurecimiento de las exigencias de la extrema derecha durante las últimas semanas. La líder balear ha rechazado así cualquier tipo de ruptura con los de Santiago Abascal, asegurando mantener sus compromisos con ellos y, sobre todo, mostrándose dispuesta a cumplirlos. “Si hemos pactado, hemos pactado”, ha remarcado, subrayando que Vox es la formación con la que el PP tiene “más puntos en común en ideario y programas”, aunque advirtiendo de que no permitirá “chantajes” con cuestiones que “nunca hayan estado sobre la mesa”.

En rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado este miércoles de forma extraordinaria, Prohens ha descartado convocar elecciones anticipadas, como así le emplazaron este fin de semana varios alcaldes del PP ante las presiones con las que Vox ha buscado, a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2025, arrancar al Govern medidas como la supresión del catalán en la función pública y su eliminación como lengua vehicular en la educación. En realidad, la del PP es la misma reacción que ha adoptado en crisis anteriores con sus teóricos socios de legislatura: haciendo borrón y cuenta nueva. Los conservadores insisten en afirmar que gobiernan en solitario y que continuarán negociando “ley a ley e iniciativa a iniciativa”. “Mi prioridad absoluta es volver a la casilla inicial”, ha incidido Prohens.

Lejos de desmarcarse de la extrema derecha, la presidenta balear ha recordado que gracias a Vox han sacado adelante medidas como la eliminación del impuesto de sucesiones, la rebaja de otros tributos o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años: “Estas iniciativas, que han supuesto no retroceder en derechos, se han aprobado con el voto en contra de la izquierda y el apoyo de Vox, con contrapartidas legítimas y que no traicionan nuestra palabra ni nuestro programa”, que, ha recordado, “es el del centro derecha de moderación y libertad individual”. “Y no me moveré de aquí”, ha espetado.  

Prohens sí ha afeado el reciente comportamiento mostrado por los de Abascal, sobre todo porque ello le ha abocado a pactar con los grupos de izquierda (PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca) a cambio de un “precio”: el de no derogar la Ley de memoria democrática. “En las últimas semanas, desde la voluntad de actores políticos externos a estas islas -ha deslizado en alusión velada a la dirección nacional de Vox- de intentar desestabilizar nuestro Govern, se han planteado exigencias inasumibles y chantajes inaceptables para poder aprobar los Presupuestos”.

La popular, en concreto, se ha referido a la negativa de Vox a apoyar la retirada de las enmiendas que presentaron a la Ley autonómica de simplificación administrativa y que fueron incorporadas por error por el PP. Unas medidas que pasan por la supresión del catalán en la función pública y la autorización para construir en áreas de máxima protección, retrotrayendo la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana. Los populares anunciaron que suprimirán vía decreto en cuando la normativa se publique en el Boletín Oficial de Balears (BOIB) y se han granjeado el compromiso de la izquierda de respaldar la eliminación y de apoyar también otro decreto: el que prohibirá la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables. “Las negociaciones con la izquierda son dos decretos”, ha recalcado Prohens, puntualizando así a qué se ciñen sus acuerdos con la oposición.

La intención de los conservadores de dejar sin efecto estas enmiendas no gustó a Vox, que decidió echar por tierra en primera votación las cuentas de 2025 y vació de contenido tanto el articulado como las secciones que componen el texto de los Presupuestos. La extrema derecha continuó apretando las tuercas al PP, exigiéndole la eliminación del catalán como requisito para acceder a la Administración y como lengua vehicular en la enseñanza aprovechando que tales medidas ya han sido incorporadas vía enmienda. Prohens ha lamentado la actitud mostrada por los de Abascal: “Vox sabía que eran unos errores. Que no haya permitido en ningún momento su correción y, además, lo haya vinculado a los Presupuestos y nos haya abocado a corregirlos con el precio que ha puesto la izquierda es un gran error estratégico de Vox”, ha subrayado.

Con todo, ha manifestado que “el ruido del Parlament se queda en el Parlament”, incidiendo en que “lo que toca ahora es seguir gobernando”. “Por encima de los Presupuestos y de cualquier negociación siempre estará el interés general, la paz social y el respeto a la Constitución y al Estatut d'Autonomia. Nuestra responsabilidad es en todo momento dar certezas y confianza a los ciudadanos”, ha sentenciado. 

El 27 de juliol de 1999 va ser un dia inèdit a Balears. Per primera vegada a la història democràtica de les illes, un president d'esquerres, el socialista Francesc Antich, s'alçava amb la presidència de l'Executiu autonòmic. Ho feia encapçalant un gabinet insòlit fins aleshores. Integrat per fins a cinc forces polítiques (PSIB-PSOE, PSM, Esquerra Unida, Els Verds i Unió Mallorquina), aquell laboratori d'idees i acords va trencar amb dècades d'hegemonia de dretes en un arxipèlag assotat per les pugnes de poder, l'especulació i el desenvolupisme. Quan la fórmula de les aliances entre forces de similar espectre era encara una raresa a Espanya, a Balears començava a caminar el que la història recordaria com el primer Pacte de Progrés.

Com proclamava llavors un exultant Antich, es tractava de la “victòria total del canvi”, que -emfatitzava-, lluny de ser una “curiositat localista i pintoresca”, connectava Balears “amb els grans corrents de modernitat i progrés”. Entre altres nombroses mesures, el Pacte, de la mà del seu conseller de Turisme, Celestí Alomar, va impulsar la popularment coneguda com a 'ecotaxa', l'objectiu de la qual implicava compensar l'elevat consum de recursos i el deteriorament del territori a conseqüència de l'activitat turística. Tot i seguir l'exemple de països com França o Suïssa, el nou impost, que va aconseguir una recaptació de 160 milions d'euros durant els dos anys en què va estar vigent (2002–2003), va topar amb la furibunda resistència de gran part de l'imperi hoteler, alçat en bloc contra la mesura.

La feroç campanya va arribar fins i tot fins a Alemanya, on el sensacionalista Bild Zeitung va emplaçar els seus lectors a enviar cartes al rei Joan Carles perquè paralitzés la posada en marxa del gravamen i va arribar a titular així una de les seves portades: “Els taurons a la platja i l'ecotaxa fan fugir els turistes de Mallorca”. Les crítiques d'aquest rotatiu van frenar en sec quan una enquesta als seus lectors va revelar que un 77% de tots ells asseguraven estar d'acord amb el pagament d'impostos de protecció ambiental.

Antich: “El Pacte va suposar una transformació brutal”

“El Pacte va suposar una transformació brutal, amb els sectors econòmics davant acostumats que les institucions estiguessin al seu costat. Els terratinents no volien parcs naturals, els hotelers no volien cap mena de control sobre el turisme. Van fer una batalla duríssima contra l'ecotaxa i avui dia ja ningú no la discuteix”, recorda Antich. Vint-i-cinc anys després, l'exlíder socialista cita elDiario.es en un restaurant dels afores del municipi d'Algaida, del qual va ser batle durant sis anys. Demana un refresc i, immediatament, comença a deixar anar tot el que va suposar aquella aliança innovadora: “Va ser una cosa revolucionària i un autèntic canvi a l'hora de fer política i, sobretot, l'impuls d'un nou model de creixement i d'una nova cohesió social”.

De fet, el nou model de pacte entre forces d'esquerres i de centre va començar a ser mirat amb atenció a tot Espanya, convertint-se en el mirall i l'exemple a seguir per a altres autonomies. Quatre anys després, el 2003, Pasqual Maragall instaurà a Catalunya l'anomenat Govern tripartit, que venia a ser, en paraules del PSIB-PSOE, un “cosí germà” del balear.

Antich parla ara com ja ho feia quan el 1999 va agafar les regnes del nou Govern. Ja llavors va manifestar que els ciutadans havien entès que “la modernitat i el futur estaven dins de les forces progressistes” i que “la dreta de sempre”, la que governava “des del paleolític” -prenent les paraules de l'assagista valencià Joan Fuster-, acabaria per conduir Balears “a una via morta, a una situació gairebé irreversible”. I així ho van plasmar a les urnes.

La fi de l'hegemonia del PP (i un suborn de 50 milions)

Aliança Popular, primer, i PP, després, van ser les formacions que durant diverses legislatures havien dominat fins aleshores l'arena política a les illes, una soberania encarnada, sobretot, a la figura de Gabriel Cañellas, que el 1983 s'havia convertit en el primer president del Govern balear, previ -i opac- acord amb una incipient Unió Mallorquina nascuda a recer de la implosió d'UCD. Mentre el partit regionalista treia partit de la condició de frontissa que durant anys li va brindar la Llei d'Hont, Cañellas governaria durant tres legislatures, fins al 1995, quan José María Aznar va forçar la seva dimissió després de ser acusat del cobrament d'un suborn de 50 milions de pessetes per l'adjudicació de les obres del túnel de Sóller, convertit en focus del primer gran cas de corrupció impulsat a les Balears.

Aliança Popular, primer, i PP, després, van ser les formacions que durant diverses legislatures havien dominat fins llavors l'arena política a les illes. Una soberania encarnada, sobretot, en la figura de Gabriel Cañellas, qui en 1983 s'havia convertit en el primer president del Govern balear. En 1995, Aznar va forçar la seva dimissió després de ser acusat del cobrament d'un suborn de 50 milions de pessetes per l'adjudicació de les obres del túnel de Sóller, focus del primer gran cas de corrupció impulsat en Balears

La crisi oberta el 1992 entre AP i UM va fer entreveure la possibilitat, fins aleshores inimaginable, que l'esquerra pogués governar a Balears, tot i que els conservadors buscaven per tots els mitjans evitar qualsevol indici de poder a les mans de les esquerres i governar les illes in secula seculorum. Tot i això, el pacte aconseguit entre aquestes al Consell de Mallorca el 1995 va obrir la veda perquè aquest model pogués ser exportat a nivell autonòmic. I així va passar quan el 13 de juny de 1999 el llavors president balear, Jaume Matas (PP), perdia la majoria absoluta i les mateixes forces que quatre anys abans havien assajat el pacte al Consell Insular van negociar el que constituiria el primer Pacte de Progrés de Balears. Antich aconseguia la presidència de l'Executiu autonòmic i Maria Antònia Munar, històrica dirigent d'UM, revalidava la de la institució supramunicipal de Mallorca.

El primer gran escàndol electoral protagonitzat per Matas

Aquell mateix any es destapava, a més, el primer gran escàndol electoral de Balears i la primera gran trama que esquitxaria Jaume Matas. Tot just uns dies abans d'aquells comicis, 74 residents de l'Argentina havien estat inscrits de forma massiva al cens electoral de residents absents (CERA) de Formentera, l'escó del qual era capital per inclinar el govern regional a favor del PP o de les forces d'esquerra. Cap dels nous empadronats no tenia una relació directa amb l'illa. L'objectiu, segons va transcendir de les investigacions, era canalitzar els vots cap als conservadors. Només un any abans, Matas, en el seu primer mandat com a president del Govern, havia iniciat un viatge per Llatinoamèrica amb el pretext de dinamitzar les cases regionals radicades a l'exterior. La seva primera parada va ser Argentina, país que la seva número dos i consellera de Presidència, Rosa Estarás, visitaria mesos després fins a dues vegades.

El recompte de vots d'aquests comicis va revelar que més del 90% dels censats havien votat l'Agrupació Popular Independent de Formentera, vinculada al PP. Matas, no obstant això, sortiria indemne d'aquella causa, que finalment va quedar reduïda al paper exercit per tres funcionaris, els “peixos petits”, com els va anomenar el fiscal, davant dels “peixos grossos” que es van alliberar de tota responsabilitat penal.

“La unió era imprescindible”

Al mig d'aquell escenari, el Pacte de Progrés va veure finalment la llum. Un referent comunista, Eberhard Grosske, prenia possessió a la Conselleria de Treball, un nacionalista, Damià Pons, a la d'Educació, una ecologista, Margalida Rosselló, a la de Medi Ambient... “Va ser un laboratori d'acords impressionant i d'una gran generositat per part de totes les forces polítiques. Hi havia una gran voluntat de pacte per part de tots i, en aquest sentit, es va fer un esforç molt gran”, recorda Antich, visiblement agraït: “Des d'una gran varietat de programes vam ser capaços de crear un conjunt que vam debatre i vam posar en marxa”.

L'expresident balear emfatitza la “gran importància” que va suposar aquella aliança tenint en compte l'adversari “tan fort” que tenien davant, en al·lusió al PP, que va d'immediat va posar en marxa un ampli calendari de denúncies polítiques i campanyes de premsa, manifestacions de tractors i aldarulls als ajuntaments en contra del pacte: “La unió era imprescindible, totes les forces polítiques ho van veure i el resultat va ser realment extraordinari”.

A més de l'oposició dels populars a l'arxipèlag, el Govern de José María Aznar, que temia que el nou model d'esquerres fos replicat a altres comunitats autònomes, no ho va posar fàcil al nou pacte. La seva mantra: “Espanya va bé, menys les Balears, perquè el seu Govern s'està carregant el turisme”, repetia l'exlíder popular. Com assenyala Antich, el Govern central del PP, “des del primer moment, va veure el Pacte com una amenaça. Ja no era l'Aznar que parlava català a la intimitat. Era l'Aznar que havia guanyat les eleccions tan potents de l'any 2000”. “Ens van paralitzar inversions i no ens van ajudar en res”, lamenta.

El Govern d'Aznar, des del primer moment, va veure el Pacte com una amenaça. Ja no era l'Aznar que parlava català a la intimitat. Era l'Aznar que havia guanyat les eleccions tan potents de l'any 2000. Amb això ja va venir amb un desvergonyiment brutal. Ens van paralitzar inversions i no ens van ajudar en res

Francesc Antich — Expresident del Govern balear

El socialista recorda amb molt detall l'única entrevista que va mantenir amb Aznar a La Moncloa: “Ell fumant un pur i distant i nosaltres explicant-li els nostres problemes”. “Me'n recordo fins i tot de la vaga d'autocars que es va convocar a l'aeroport i que ens va crear uns problemes que ens vam passar tres dies al Consolat [seu de la Presidència balear]. Recordo que vaig dormir al sofà per a l'endemà continuar negociant amb els sindicats i les patronals. I Aznar, des d'Amèrica o no sé on, dient-nos que el president de les Balears, segur que en comptes d'arreglar la vaga, estava de vacances. Era un desvergonyiment. Nosaltres volíem fer un model de carreteres més d'acord amb el territori i anàvem a parlar amb Francisco Álvarez-Cascos [exministre de Foment]. I Cascos ens deia: 'Autopistes o res'. I que si no teníem més espai, que busquéssim un 'páramo'. Jo li deia que a Balears no teníem 'páramos'”.

Va ser l'època, a més, en què Aznar va acabar nomenant com a ministre de Medi Ambient Matas, el primer de la llarga nòmina de càrrecs d'aquell gabinet del PP que van acabar empantanegats als fangs de la corrupció i que anys abans havien arribat al poder clamant contra “l'atur, el malbaratament i la corrupció” de l'última era de Felipe González. “Matas se n'anava a Aragó quan el president era Marcelino Iglesias (PSOE) i hi havia problemes d'aigua. Marcelino demanava que a la costa es posessin dessaladores i Matas li deia que les dessaladores escalfaven el planeta. I venia aquí, on nosaltres no volíem dessaladores, i ens n'oferia vint. Era un disbarat tot”.

El sistema de finançament d'Aznar

Antich recorda, així mateix, com l'Executiu d'Aznar “va imposar” a Balears un sistema de finançament sota l'admonició que “fora feia molt de fred”. “Va ser un sistema de finançament que ens va deixar 21 punts per sota de la mitjana, que era de 100 punts a Espanya i nosaltres estàvem a 79. Érem la comunitat pitjor finançada de tot Espanya. I això va ser 'gràcies' a Aznar. Després va venir [José Luis] Rodríguez Zapatero i amb el seu sistema ens vam posar 14 punts per sobre de la mitjana. Hi va haver un canvi brutal”.

Malgrat els esculls, el Govern del Pacte va aconseguir impulsar mesures sense precedents a les illes. Entre altres, va materialitzar reivindicacions històriques com portar el tren fins als municipis de Sa Pobla i Manacor, va donar llum verda a la primera llei de paritat de l'Estat, va racionalitzar el sistema d'autocars, va elevar de 8.000 a 27.000 les hectàrees protegides, va quintuplicar el parc de habitatge públic, va aprovar el primer pla energètic de Balears, va estimular el federalisme insular, va impulsar la normalització lingüística de la llengua catalana... “També vam donar més finançament als Consells Insulars i vam donar forma a l'eslògan que posàrem en marxa: 'Quatre illes, un país, cap frontera', treballant en conjunt i respectant la diversitat de cada illa. Va quedar molta feina feta”, destaca Antich, que recorda com els governs d'esquerres següents van continuar reforçant la tasca que va iniciar aquell primer pacte.

Tot i els esculls, el Govern del Pacte va aconseguir impulsar mesures sense precedents a les illes. Entre altres, va materialitzar reivindicacions històriques com portar el tren fins als municipis de Sa Pobla i Manacor, va donar llum verda a la primera llei de paritat de l'Estat, va racionalitzar el sistema d'autocars, va elevar de 8.000 a 27.000 les hectàrees protegides, va quintuplicar el parc d'habitatge públic, va aprovar el primer pla energètic de Balears, va impulsar el federalisme insular i va impulsar el foment de la llengua catalana

L'ecotaxa, però, va ser la iniciativa que es va trobar amb l'oposició més virulenta. Tot i el context de desacceleració econòmica mundial, la crisi d'Alemanya i la guerra de l'Iraq, fets que van acabar impactant en el turisme a nivell internacional, els empresaris del sector veien a l'ecotaxa la causa de tots els mals: “Els hotelers van passar els sopars de Nadal a l'estiu per dir als treballadors que si votaven al 'partit del progrés' no obririen els hotels. Hi va haver un atac molt brutal. Van utilitzar fins i tot els turoperadors. El president alemany es va reunir amb nosaltres al Consolat i va haver de demanar als alemanys que paguessin l'ecotaxa amb tota tranquil·litat. Era una qüestió de 'qui mana aquí'”, assevera l'expresident balear, que subratlla que aquell impost turístic, pel qual es pagava un euro per turista i dia, “va ser la batalla de totes les batalles”.

“Ens tractaven com si fóssim tercermundistes, quan a Barcelona, a Berlín i a moltes altres ciutats ja estaven aplicant un tribut similar. I a més era una manera de donar una possibilitat als hotelers de participar en els projectes que s'havien de fer. Era una forma de millorar el producte turístic”, afegeix.

Al costat dels hotelers, recorda, també hi havia els constructors i els terratinents, que “d'alguna manera manejaven els pous a la seva manera. En definitiva, calia posar en ordre totes aquestes matèries, que afectaven els interessos creats per molta gent”.

Els hotelers van passar els sopars de Nadal a l'estiu, abans de les eleccions, per a dir-los als seus treballadors que si votaven al 'partit del progrés' no obririen els hotels. Va haver-hi un atac molt brutal. Van usar fins i tot als turoperadors. Era una qüestió de 'qui mana aquí'

Francesc Antich — Expresident del 'Pacte de Progrés'

El retorn de Matas

Tot i les nombroses mesures impulsades pel Pacte en matèria social, educativa, mediambiental i econòmica, el maig 2003 Matas aconseguiria de nou la presidència del Govern. Ho va fer després d'una campanya electoral d'alta volada, encara que no tant com la que protagonitzaria el 2007, quan faria gala dels seus megalòmans projectes. El PP s'havia erigit en símbol del “miracle econòmic” i, amb aquests vímets, van arribar a l'arxipèlag les promeses de plena ocupació, la construcció de més carreteres i autopistes i la conversió de les illes en abanderades del creixement econòmic i turístic.

Les investigacions judicials impulsades anys després revelarien, però, com en els prolegòmens dels comicis autonòmics de 2003 i amb unes despeses de campanya desorbitades que depassaven amb escreix les quantitats a què legalment els conservadors podien fer front, aquests es van encomanar a les comptabilitats en B i als pagaments opacs al fisc. Tot just quatre mesos després d'arrencar la nova legislatura, els conservadors van derogar l'ecotaxa.

Quan el 2007 va concloure aquell mandat precedit de grans promeses, Matas havia deixat un llegat de ambicioses infraestructures sota les catifes del qual s'ocultaven contractes il·legals, nombrosos tractes de favor, sobrecostos, suborns i enriquiments il·lícits sota sospita que, amb l'exlíder del PP ja bandejat de Balears després de la patacada electoral que aquell any el va abocar a l'abandonament de la política, van constituir l'epicentre d'una voràgine de casos de corrupció en què van acabar imputats i condemnats, a més del propi Matas, gran part dels seus subordinats.

Antich lidera el segon Pacte

Antich tornaria a agafar les regnes del Govern balear el 2007, un altre cop en aliança amb UM i els ecosobiranistes del Bloc. Durant aquesta legislatura, l'expresident recorda mesures com el pacte per la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social. Tot i això, la crisi del 2008 va suposar un cop dur per a aquell segon Pacte, igual que, afirma, la pandèmia de la COVID també ho seria per al Govern de Francina Armengol (2015-2023), que, amb tot, “va aconseguir que Balears fos una de les comunitats autònomes que millor va sortir de la crisi sanitària i amb uns esforços impressionants del Govern de Pedro Sánchez”.

“Aquella crisi [la de 2008] ens va destrossar, però vam aprendre que les crisis s'han d'afrontar invertint i apostant”, apunta. A més, va arribar el que segons la seva opinió és el “millor” sistema de finançament que ha tingut l'arxipèlag: “Normalment, rebíem 160 milions en inversions i vam passar a gairebé 400 cada any. Les inversions estatutàries van ser el precedent del que després Francina Armengol [presidenta balear entre 2015 i 2023] va aconseguir amb el Règim Especial de Balears (REB)”.

Antich tornaria a prendre les regnes del Govern balear en 2007, de nou en aliança amb UM i els ecosobiranistes del Bloc. Durant aquesta legislatura, l'expresident recorda especialment mesurades com el pacte per la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social

L'exlíder socialista considera que es necessiten “més polítiques de continuïtat” en matèria social a Balears, on actualment governa el PP gràcies a l'acord d'investidura que va arribar amb Vox a inicis d'aquest mandat. Antich titlla d'“insostenibles” les seves polítiques “davant d'un problema social tan greu com és el de l'habitatge”. A les illes, com a molts altres punts d'Espanya, l'accés a un habitatge digne és prohibitiu fruit d'un procés especulatiu alimentat a través de les bombolles immobiliàries i la gravetat de les quals es va accentuar amb les successives crisis del sistema financer. “No pot ser que un país que progressi expulsi la seva gent jove”, comenta Antich.

En aquest sentit, critica el “doble discurs” del PP en anunciar mesures encaminades a reduir la massificació turística a Balears però aprovant, en paral·lel, lleis que van en sentit contrari. Lamenta, a més, que “la ultradreta està destruint la democràcia”: “Cada vegada és més difícil fer política. Tot està molt polaritzat. Ja no hi ha adversaris polítics, sinó enemics”. Per això, envia un missatge d'alè a l'esquerra: “Ha de remar en unes aigües que no són gens fàcils. La lluita és molt dura i cal molt d'esforç. Ens juguem moltíssim. I aquí el que es necessita és més cohesió, més igualtat i més cultura. I, sobretot, no deixar passar ni una en contra de la democràcia”.

El 27 de julio de 1999 fue un día inédito en Balears. Por primera vez en la historia democrática de las islas, un presidente de izquierdas, el socialista Francesc Antich, se alzaba con la presidencia del Ejecutivo autonómico. Lo hacía encabezando un gabinete insólito hasta entonces. Compuesto por hasta cinco fuerzas políticas (PSIB-PSOE, PSM, Esquerra Unida, Els Verds y Unió Mallorquina), aquel laboratorio de ideas y acuerdos rompió con décadas de hegemonía de derechas en un archipiélago azotado por las pugnas de poder, la especulación y el desarrollismo. Cuando la fórmula de las alianzas entre fuerzas de similar espectro era aún una rareza en España, en Balears echaba a andar el que la historia recordaría como el primer Pacte de Progrés.

Como proclamaba entonces un exultante Antich, se trataba de la “victoria total del cambio”, que -enfatizaba-, lejos de ser una “curiosidad localista y pintoresca”, conectaba Balears “con las grandes corrientes de modernidad y progreso”. Entre otras numerosas medidas, el Pacte, de la mano de su conseller de Turismo, Celestí Alomar, impulsó la popularmente conocida como 'ecotasa', cuyo objetivo pasaba por compensar el elevado consumo de recursos y el deterioro del territorio como consecuencia de la actividad turística. Pese a seguir el ejemplo de países como Francia o Suiza, el nuevo impuesto, que logró una recaudación de 160 millones de euros durante los dos años en que estuvo vigente (2002–2003), se topó con la furibunda resistencia de gran parte del imperio hotelero, alzado en bloque contra la medida.

La feroz campaña llegó incluso hasta Alemania, donde el sensacionalista Bild Zeitung emplazó a sus lectores a enviar cartas al rey Juan Carlos para que paralizase la puesta en marcha del gravamen y llegó a titular así una de sus portadas: “Los tiburones en la playa y la ecotasa hacen huir a los turistas de Mallorca”. Las manifestaciones en contra de este rotativo frenaron en seco cuando una encuesta a sus lectores reveló que un 77% de todos ellos aseguraba estar de acuerdo con el pago de impuestos de protección ambiental.

Antich: “El Pacte supuso una transformación brutal”

“El Pacte supuso una transformación brutal, con los sectores económicos enfrente acostumbrados a que las instituciones estuviesen a su lado. Los terratenientes no querían parques naturales, los hoteleros no querían ningún tipo de control sobre el turismo. Hicieron una batalla durísima contra la ecotasa y hoy en día ya nadie la discute. Fue algo revolucionario”, recuerda Antich. Veinticinco años después, el ex líder socialista cita a elDiario.es en un restaurante de las afueras del municipio de Algaida, del que fue alcalde durante seis años. Pide un refresco y, de inmediato, comienza a dar rienda suelta a todo lo que supuso aquella alianza innovadora: “Fue un auténtico cambio a la hora de hacer política y, sobre todo, el impulso de un nuevo modelo de crecimiento y de una nueva cohesión social”.

No en vano, el nuevo modelo de pacto entre fuerzas de izquierdas y de centro comenzó a ser mirado con atención en toda España, convirtiéndose en el espejo y el ejemplo a seguir para otras autonomías. Tuvieron que pasar cuatro años para que, en 2003, Pasqual Maragall instaurase en Catalunya el llamado Govern tripartito, que venía a ser, en palabras del PSIB-PSOE, un “primo hermano” del balear.

Antich habla ahora como ya lo hacía cuando en 1999 cogió las riendas del nuevo Govern. Ya entonces manifestó que los ciudadanos habían entendido que “la modernidad y el futuro estaban dentro de las fuerzas progresistas” y que “la derecha de siempre”, la que gobernaba “desde el paleolítico” -tomando las palabras del ensayista valenciano Joan Fuster-, acabaría por conducir a Balears “a una vía muerta, a una situación poco menos que irreversible”. Y así lo plasmaron en las urnas.

El fin de la hegemonía del PP (y un soborno de 50 millones)

Alianza Popular, primero, y PP, después, fueron las formaciones que durante varias legislaturas habían dominado hasta entonces la arena política en las islas. Una soberanía encarnada, sobre todo, en la figura de Gabriel Cañellas, quien en 1983 se había convertido en el primer presidente del Govern balear, previo -y opaco- acuerdo con una incipiente Unió Mallorquina nacida al abrigo de la implosión de UCD. Mientras el partido regionalista sacaba partido de la condición de bisagra que durante años le brindó la Ley d'Hont, Cañellas gobernaría durante tres legislaturas, hasta 1995, cuando José María Aznar forzó su dimisión tras ser acusado del cobro de un soborno de 50 millones de pesetas por la adjudicación de las obras del túnel de Sóller, convertido en foco del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears.

Alianza Popular, primero, y PP, después, fueron las formaciones que durante varias legislaturas habían dominado hasta entonces la arena política en las islas. Una soberanía encarnada, sobre todo, en la figura de Gabriel Cañellas, quien en 1983 se había convertido en el primer presidente del Govern balear. En 1995, Aznar forzó su dimisión tras ser acusado del cobro de un soborno de 50 millones de pesetas por la adjudicación de las obras del túnel de Sóller, foco del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears

La crisis abierta en 1992 entre AP y UM hizo vislumbrar la posibilidad, hasta entonces inimaginable, de que la izquierda pudiera gobernar en Balears, a pesar de que los conservadores buscaban por todos los medios evitar cualquier atisbo de poder en manos de las izquierdas y gobernar las islas in secula seculorum. Sin embargo, el pacto alcanzado entre éstas en el Consell de Mallorca en 1995 abrió la veda para que este modelo pudiese ser exportado a nivel autonómico. Y así sucedió cuando el 13 de junio de 1999 el entonces presidente balear, Jaume Matas (PP), perdía su mayoría absoluta y las mismas fuerzas que cuatro años antes habían ensayado el pacto en el Consell Insular negociaron el que constituiría el primer Pacte de Progrés de Balears. Antich se hacía con la presidencia del Ejecutivo autonómico y Maria Antònia Munar, histórica dirigente de UM, revalidaba la de la institución supramunicipal de Mallorca.

El primer gran escándalo electoral protagonizado por Matas

Ese mismo año se destapaba, además, el primer gran escándalo electoral de Balears y la primera gran trama que salpicaría a Jaume Matas. Apenas unos días antes de aquellos comicios, 74 residentes de Argentina habían sido inscritos de forma masiva en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) de Formentera, cuyo escaño era capital para inclinar el gobierno regional en favor del PP o de las fuerzas de izquierda. Ninguno de los nuevos empadronados tenía una relación directa con la isla. El objetivo, según trascendió de las investigaciones, pasaba por canalizar sus votos hacia los conservadores. Tan sólo un año antes, Matas, en su primer mandato como presidente del Govern, había iniciado un viaje por Latinoamérica bajo el pretexto de dinamizar las casas regionales radicadas en el exterior. Su primera parada fue Argentina, país que su entonces número dos y consellera de Presidencia, Rosa Estarás, visitaría meses después hasta en dos ocasiones.      

El recuento de votos de esos comicios desveló que más del 90% de los recién censados habían votado a la Agrupación Popular Independiente de Formentera, vinculada al PP. Matas, sin embargo, saldría indemne de aquella causa, que finalmente quedó reducida al papel ejercido por tres funcionarios, los “peces chicos”, como los llamó el fiscal, frente a los “peces gordos” que se libraron de toda responsabilidad penal.

“La unión era imprescindible”

En medio de aquel escenario, el Pacte de Progrés vio finalmente la luz. Un referente comunista, Eberhard Grosske (EU), tomaba posesión en la Conselleria de Trabajo, un nacionalista, Damià Pons (PSM), en la de Educación, una ecologista, Margalida Rosselló (Els Verds), en la de Medio Ambiente... “Fue un un laboratorio de acuerdos impresionante y de una gran generosidad por parte de todas las fuerzas políticas. Había una gran voluntad de pacto por parte de todos y, en este sentido, se hizo un esfuerzo muy grande”, recuerda Antich, visiblemente agradecido: “Desde una gran variedad de programas fuimos capaces de crear uno conjunto que debatimos y pusimos en marcha”.

El ex presidente balear enfatiza la “gran importancia” que supuso aquella alianza teniendo en cuando al adversario “tan fuerte” que tenían delante, en alusión al PP, que puso en marcha un amplio calendario de denuncias políticas y campañas de prensa, manifestaciones de tractores y disturbios en los ayuntamientos: “La unión era imprescindible, todas las fuerzas políticas lo vieron y el resultado fue realmente extraordinario”.

Además de la oposición de los populares en el archipiélago, el Gobierno de José María Aznar, que temía que el nuevo modelo de izquierdas fuese replicado en otras Comunidades Autónomas, no lo puso fácil al nuevo pacto. Su mantra: “España va bien, menos Balears, porque su Gobierno se está cargando el turismo”, repetía el exlíder popular. Como señala Antich, el Gobierno del PP, “desde el primer momento, vio el Pacte como una amenaza. Ya no era el Aznar que hablaba catalán en la intimidad. Era el Aznar que había ganado las elecciones tan potentes del año 2000. Con lo cual ya vino con un descaro brutal”. “Nos paralizaron inversiones y no nos ayudaron en nada”, lamenta.

El Gobierno de Aznar, desde el primer momento, vio el Pacte como una amenaza. Ya no era el Aznar que hablaba catalán en la intimidad. Era el Aznar que había ganado las elecciones tan potentes del año 2000. Con lo cual ya vino con un descaro brutal. Nos paralizaron inversiones y no nos ayudaron en nada

Francesc Antich — Expresidente del Govern balear

El socialista recuerda con sumo detalle la única entrevista que mantuvo con Aznar en La Moncloa: “Él fumando un puro y distante y nosotros explicándole nuestros problemas”. “Me acuerdo incluso de la huelga de autocares que se convocó en el aeropuerto y que nos creó tales problemas que nos pasamos tres días en el Consolat [sede de la Presidencia balear]. Recuerdo que dormí en el sofá para al día siguiente seguir negociando con los sindicatos y las patronales. Y Aznar, desde América o no sé dónde, diciéndonos que el presidente de Balears seguro que en vez de arreglar la huelga estaba de vacaciones. Era un descaro. Nosotros queríamos hacer un modelo de carreteras más acorde al territorio e íbamos a hablar con Francisco Álvarez-Cascos [exministro de Fomento]. Y Cascos nos decía: 'Autopistas o nada'. Y que si no teníamos más espacio, que buscáramos un páramo. Yo le decía que en Balears no teníamos páramos”.

Fue la época, además, en que Aznar acabó nombrando como ministro de Medio Ambiente a Matas, el primero de la larga nómina de cargos de aquel gabinete del PP que acabaron empantanados en los fangos de la corrupción y que años antes habían llegado al poder clamando contra “el paro, el despilfarro y la corrupción” de la última era de Felipe González. “Matas se iba a Aragón cuando el presidente era Marcelino Iglesias (PSOE) y había problemas de agua allí. Marcelino pedía que en la costa se pusieran desaladoras y Matas le decía que las desaladoras calentaban el planeta. Y venía aquí, donde nosotros no queríamos desaladoras, y nos ofrecía veinte. Era un disparate todo”.

El sistema de financiación de Aznar

Antich recuerda, asimismo, cómo el Ejecutivo de Aznar “impuso” a Balears un sistema de financiación bajo la admonición de que “fuera hacía mucho frío”. “Fue un sistema de financiación que nos dejó 21 puntos por debajo de la media, que era de 100 puntos en España y nosotros estábamos a 79. Éramos la comunidad peor financiada de toda España. Y esto fue 'gracias' a Aznar. Después vino [José Luis] Rodríguez Zapatero (PSOE) y con su sistema nos pusimos 14 puntos por encima de la media. Hubo un cambio brutal”.

Pese a los escollos, el Govern del Pacte logró impulsar medidas sin precedentes en las islas. Entre otras, materializó reivindicaciones históricas como llevar el tren hasta los municipios de Sa Pobla y Manacor, dio luz verde a la primera ley de paridad del Estado, racionalizó el sistema de autocares, elevó de 8.000 a 27.000 las hectáreas protegidas, quintuplicó el parque de vivienda pública, aprobó el primer plan energético de Balears, estimuló el federalismo insular, impulsó la normalización lingüística de la lengua catalana... “También dimos más financiación a los Consells Insulars y dimos forma al eslogan que pusimos en marcha: 'Quatre illes, un país, cap frontera' ('Cuatro islas, un país, ninguna frontera'), trabajando en conjunto y respetando la diversidad de cada isla. Quedó mucho trabajo hecho”, destaca Antich, quien recuerda cómo los siguientes gobiernos de izquierdas continuaron reforzando la labor que inició aquel primer pacto.

Pese a los escollos, el Govern del Pacte logró impulsar medidas sin precedentes en las islas. Entre otras, materializó reivindicaciones históricas como llevar el tren hasta los municipios de Sa Pobla y Manacor, racionalizó el sistema de autocares, elevó de 8.000 a 27.000 las hectáreas protegidas, quintuplicó el parque de vivienda pública, aprobó el primer plan energético de Balears, impulsó el federalismo insular e impulsó el fomento de la lengua catalana

De entre todas aquellas iniciativas, la ecotasa fue la que se encontró con la oposición más virulenta. Pese al contexto de desaceleración económica mundial, la crisis de Alemania y la guerra de Irak, hechos que acabaron impactando en el turismo a nivel internacional, los empresarios del sector veían en la ecotasa la causa de todos los males. “Los hoteleros pasaron las cenas de Navidad al verano para decirles a sus trabajadores que si votaban al 'partido del progreso' no abrirían los hoteles. Hubo un ataque muy brutal. Usaron incluso a los turoperadores. El presidente alemán se reunió con nosotros en el Consolat y tuvo que pedir a los alemanes que pagasen la ecotasa con toda tranquilidad. Era una cuestión de 'quién manda aquí'”, asevera el expresidente balear, quien subraya que aquel impuesto turístico, por el que se pagaba un euro por turista y día, “fue la batalla de todas las batallas”.

“Nos trataban como si fuéramos tercermundistas, cuando en Barcelona, en Berlín y en muchas otras ciudades ya estaban aplicando un tributo similar. Y además era una forma de dar una posibilidad a los hoteleros de participar en los proyectos que se tenían que hacer. Era una manera de mejorar el producto turístico. Costaba poquísimo y de alguna forma solidarizaba el turismo con la gente”, añade el exsecretario general del PSIB-PSOE.

Junto a los hoteleros, recuerda, también estaban los constructores y los terratenientes, que “de alguna forma manejaban los pozos a su manera. En definitiva, había que poner en orden todas estas materias, que afectaban a los intereses creados por mucha gente”.

Los hoteleros pasaron las cenas de Navidad al verano, antes de las elecciones, para decirles a sus trabajadores que si votaban al 'partido del progreso' no abrirían los hoteles. Hubo un ataque muy brutal. Usaron incluso a los turoperadores. Era una cuestión de 'quién manda aquí'

Francesc Antich — Expresidente del 'Pacte de Progrés'

El regreso de Matas

A pesar de las numerosas medidas impulsadas por el Pacte en materia social, educativa, medioambiental y económica, en mayo 2003 Matas se haría de nuevo con la presidencia del Govern. Lo hizo tras una campaña electoral de altos vuelos, aunque no tanto como la que protagonizaría en 2007, cuando haría gala de sus megalómanos proyectos. El PP se había erigido en símbolo del “milagro económico” y, con estos mimbres, llegaron al archipiélago las promesas de pleno empleo, la construcción de más carreteras y autopistas y la conversión de las islas en abanderadas del crecimiento económico y turístico. Apenas cuatro meses después de arrancar la nueva legislatura, los conservadores derogaron la ecotasa.

Las investigaciones judiciales impulsadas años después revelarían cómo en los prolegómenos de los comicios autonómicos de 2003 y con unos gastos de campaña desorbitados que rebasaban con creces las cantidades a las que legalmente los conservadores podían hacer frente, éstos se encomendaron a las contabilidades en B y a los pagos opacos al fisco.

Para cuando en 2007 concluyó aquel mandato precedido de grandes promesas, Matas había dejado un legado de ambiciosas infraestructuras bajo cuyas alfombras se ocultaban contratos ilegales y numerosos tratos de favor. Sobrecostes, cohechos y enriquecimientos ilícitos bajo sospecha que, con el exlíder del PP ya desterrado de Balears tras el batacazo electoral que aquel año lo abocó al abandono de la política, constituyeron el epicentro de una vorágine de casos de corrupción en los que acabaron imputados y condenados, además de Matas, gran parte de sus subordinados. 

Antich lidera el segundo Pacte

Antich volvería a tomar las riendas del Govern balear en 2007, de nuevo en alianza con UM y los ecosoberanistas del Bloc. Durante esa legislatura, el expresidente recuerda especialmente medidas como el pacto por la competitividad, el empleo y la cohesión social. Sin embargo, la crisis de 2008 supuso un duro golpe para aquel segundo Pacte, al igual que, afirma, la pandemia de la COVID también lo sería para el Govern de Francina Armengol (2015-2023), quien, con todo, “logró que Balears fuese una de las Comunidades Autónomas que mejor salió de la crisis sanitaria y con unos esfuerzos impresionantes del Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Aquella crisis [la de 2008] nos destrozó, pero aprendimos que las crisis se tienen que afrontar invirtiendo y apostando”, apunta. Además, bajo su mandato llegó el que en su opinión es el “mejor” sistema de financiación que ha tenido el archipiélago: “Normalmente recibíamos 160 millones en inversiones y pasamos a casi 400 cada año. Las inversiones estatutarias fueron el precedente de lo que luego Armengol consiguió con el Régimen Especial de Balears (REB)”.

Antich volvería a tomar las riendas del Govern balear en 2007, de nuevo en alianza con UM y los ecosoberanistas del Bloc. Durante esa legislatura, el expresidente recuerda especialmente medidas como el pacto por la competitividad, el empleo y la cohesión social

El exlíder socialista considera que se necesitan “más políticas de continuidad” en materia social en Balears, donde en la actualidad gobierna el PP gracias al acuerdo de investidura que alcanzó con Vox a inicios de este mandato. Antich tilda de “insostenibles” sus políticas “ante un problema social tan grave como es el de la vivienda”. En las islas, como en muchos otros puntos de España, el acceso a una vivienda digna es prohibitivo fruto de un proceso especulativo alimentado a través de las burbujas inmobiliarias y cuya gravedad se acentuó con las sucesivas crisis del sistema financiero. “No puede ser que un país que progrese expulse a su gente joven”, comenta el expresidente balear.

En este sentido, critica el “doble discurso” del PP al anunciar medidas encaminadas a reducir la masificación turística en Balears pero aprobando, en paralelo, leyes que que van en sentido contrario. Lamenta, además, que “la ultraderecha está destruyendo la democracia”: “Cada vez es más difícil hacer política. Todo está muy polarizado. Ya no hay adversarios políticos, sino enemigos”. Por ello, envía un mensaje de aliento a la izquierda: “Tiene que remar en unas aguas que no son nada fáciles. La lucha es muy dura y se necesita mucho esfuerzo. Nos jugamos muchísimo. Y aquí lo que se necesita es más cohesión, más igualdad y más cultura. Y, sobre todo, no dejar pasar ni una en contra de la democracia”.  

Después de que el miércoles el Partido Popular anunciara el acuerdo con Por La Rioja y la salida de Vinea del Equipo de Gobierno y, por tanto, el cese de Laura Vidaurre como Teniente Alcalde “por falta de confianza”, el partido ya ha respondido. Según Vinea, la destitución de Vidaurre se ha debido a que “pidió explicaciones de decisiones muy importantes como es, sacar de la hucha de todos los jarreros, el remanente de tesorería, 650.000 euros”

Según explica Vinea, el pasado 31 de julio el Partido Popular solicitó una modificación de crédito para varios proyectos de la ciudad, entre ellos un nuevo campo de hierba artificial en la zona deportiva del Mazo. Vinea Haro preguntó antes, durante y después del pleno por el proyecto de este campo,“ nos dijeron que lo tenían y que ya nos lo enseñarían, pero era impensable votar a favor en ese momento de algo que desconocíamos, cómo se va realizar, qué servicios ofrecerá....”, explican.

Por eso, Vinea se abstuvo hasta ver el proyecto y la idea encima de la mesa. “Pensamos que se debería buscar la financiación con el Gobierno de La Rioja, y la Federación Riojana de Fútbol como ya ocurrió en el 2014. VINEA Haro siempre estará a favor de las mejoras en nuestro municipio, pero con un control coherente”, han defendido.

Además, “antes de tener el proyecto licitado, ya hemos solicitado a través del pleno sacar el dinero. Debido a esto en la comisión de Hacienda del pasado 14 de agosto se presentó una nueva modificación de crédito por decreto de alcaldía de 6.000 euros para el encargo del proyecto del campo del fútbol, una verdadera chapuza ya que en el pleno no se contó el dinero que podía costar el proyecto”.

Finalmente, han recordado que “el pacto de gobierno en ningún momento se firmó la posible la realización de este proyecto, lo que sí aparecía en ese acuerdo fue textualmente la total transparencia en el trabajo diario”.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Extremadura un escrito en el que solicita la retirada de la propuesta de modificación del Reglamento para la ampliación de la Mesa, cuyo objetivo era dar entrada a Vox, después de que el partido de Santiago Abascal haya roto de forma “unilateral” el pacto que tenía con ellos. Además, el portavoz del Partido Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido este viernes a Ángel Pelayo Gordillo que entregue el acta de senador autonómico que tiene Vox. Ambos asuntos formaban parte de las medidas acordadas en el pacto de gobierno que PP y Vox firmaron hace un año.

Sánchez Juliá ha subrayado que la dirección nacional de Vox ha decidido romper el acuerdo de gobierno de manera unilateral, “cuando no existía ninguna razón en Extremadura para hacerlo”, ya que no había nada relacionado con la migración, por lo que “tendrán que ser los miembros de Vox quienes den explicaciones de ello. Han roto el pacto y por lo tanto todos los acuerdos de él quedan rotos”, ha afirmado.

Sánchez Juliá, ha agradecido al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que dejará Vox, que apueste por Extremadura y continúe en el cargo anteponiendo los intereses de los extremeños a las decisiones de partido.

En su intervención, ha puesto de manifiesto que Extremadura cuenta con una presidenta a la altura de las circunstancias. “María Guardiola antepone el interés general de los extremeños por encima de todo y ha tomado la mejor decisión para Extremadura: continuar gobernando y seguir consolidando el cambio que los extremeños pidieron hace un año”.

Sánchez Juliá ha asegurado que también se va a seguir luchando para que el proyecto de regadío Tierra de Barros sea una realidad y se dé transparencia y rigor a un proyecto con el que el anterior gobierno socialista ha “engañado” a 1.200 familias. 

Primera crisis de gobierno en el pacto de coalición entre PP y Vox del Ayuntamiento de Ciudad Real. El Grupo Municipal de la extrema derecha, ha amenazado con votar en contra de los presupuestos municipales, que llevan ya meses de retraso, si “no son consensuados como equipo de Gobierno de coalición”.

Así lo ha anunciado este partido después de que, en plena negociación de las cuentas públicas locales, el concejal de Hacienda, del PP, haya “filtrado” a la prensa datos y plazos sobre estos presupuestos, “ya que aún no se han concretado ni negociado puntos fundamentales de los mismos como coalición”.

Vox asegura que ha demostrado “lealtad” al PP como socio de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real y por eso dice no entender que “se filtre información en plena negociación”, y justo ahora “que se están ultimando los detalles para hacer un presupuesto valiente, con la intención de no ser continuistas con las políticas nefastas de equipos de gobierno anteriores”.

“Vox llegó a los gobiernos para cambiar de rumbo, para cambiar las políticas erráticas y sectarias de la izquierda, y cambiar un Ayuntamiento estancado desde hace más de una década, que no beneficia a esta capital de provincia. No hemos venido a otra cosa que a servir a los ciudadanos. El Partido Popular en Ciudad Real debe entender de una vez que no tiene mayoría absoluta, que está en coalición, y que el juego democrático consiste en llegar a acuerdos para ostentar poder municipal cuando no tienes esa mayoría”, avisa la formación de Santiago Abascal.

Sus concejalías son “pilares básicos”

Recuerda con ello que las las cuatro concejalías que tiene Vox en la capital son “cuatro pilares básicos”, que “deben tener entidad propia y financiación adecuada, delimitaciones claras de competencias y libertad para poder desarrollar las políticas que los ciudadanos votaron y los dos partidos en el gobierno pactaron”.

A la vez los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real, según aseguran desde Vox, han de ser unos presupuestos de consenso. “Si el PP quiere tener unos presupuestos similares a los del socialismo para Ciudad Real, que no cuenten con nosotros, Vox no ha venido a la política para cambiar sillas sino para cambiar políticas”.

Lo cierto es que las cuentas del Consistorio local para el presente año ya llevan un sonado retraso. A principios de enero, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, aseguró que no serían “papel mojado” y justificó su demora por hacerlos “fiables”. “Queremos solucionar problemas a nivel presupuestario y, por eso, estamos tardando un poquito más”, ha comentado.

De hecho, también recordó que, en los últimos diez años, tan solo en una ocasión no se han prorrogado los presupuestos municipales, considerando que es “una tónica habitual”.

La crisis entre PP y Vox en el Ayuntamiento no es la primera entre estos dos partidos en la provincia. En la Diputación provincial, donde también gobiernan ambos partidos en coalición, la extrema derecha ya amagó en el mes de noviembre pasado con romper el pacto al afirmar que los acuerdos no se estaban cumpliendo, también en referencia a los presupuestos de esta administración. Finalmente, la situación se solventó y pactaron las cuentas públicas.

Los servicios jurídicos del Parlament balear han anulado, por un “defecto de forma no subsanable”, la expulsión del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, y la líder de Vox en las islas, Patricia de las Heras, después de que la semana pasada fuesen purgados del grupo parlamentario de extrema derecha por los otros cinco componentes del mismo. A raíz de esta decisión, la dirección nacional de Vox suspendió de militancia e inhabilitó a los cinco díscolos, dejando prácticamente pulverizada a Vox en la Cámara balear y desatando con ello una crisis institucional sin precedentes en Balears.

Ahora, los letrados han determinado que la reunión en la que Vox acordó la expulsión de Le Senne y De las Heras -fieles al liderazgo de Santiago Abascal frente a sus cinco compañeros críticos- no había sido convocada formalmente ni constaba de orden del día en el que figurara la propuesta de expulsión. Cabe recordar que, desde Bambú -sede nacional de Vox-, acordaron de inmediato apartar a los “cinco sujetos” -como los denominó el secretario general de la formación, Ignacio Garriga- al haber actuado “de manera unilateral”, sin informar a Madrid y por “ambición personal”.

La crisis abierta dentro del partido de extrema derecha dejó abierto un mar de dudas respecto a qué sucederá con el pacto suscrito entre PP y Vox a principios de legislatura, si los conservadores serán capaces de sacar adelante sus leyes e iniciativas y, especialmente, con quiénes podrán pactarlas.

La presidencia de la institución legislativa también quedó en el aire, dado que Le Senne es uno de los dos diputados inicialmente expusados. Al quedar sin grupo, y de acuerdo al reglamento, Le Senne debía automáticamente haber sido cesado, pero éste decidió aferrarse a su cargo y, con el apoyo de la dirección nacional del partido, inició una batalla legal para combatir su destitución. En medio de la anómala situación que atraviesa la Cámara, el jurista presidió este martes el que se desconoce si será su último pleno.

Los letrados del Parlament han emitido un segundo informe en el que determinan que cualquier grupo parlamentario podría presentar candidato o candidata a presidir la Cámara autonómica en caso que Le Senne cesara y hubiera que elegir a un sustituto. Los jurídicos se amparan en los precedentes existentes en el Parlament y en la necesidad de dar efectividad al principio de representatividad de la mayoría parlamentaria, no sólo en el momento de la constitución, sino “en cualquier momento en que sea necesario cubrir el cargo durante la legislatura”.

Para asegurar una composición plural de la Mesa, los letrados apuntan que la expresión “los candidatos serán propuestos por el grupo parlamentario que propuso a la persona cesada” es aplicable a los cargos de vicepresidente y secretario, pero no a la vacante de presidente.

Le Senne: “No guardo rencor”

Tras la decisión adoptada por los servicios jurídicos, el presidente parlamentario se ha mostrado ante los medios “moderadamente contento” y ha expresado su deseo de que la crisis de Vox se cierre de manera satisfactoria y haya reconciliación entre las partes enfrentadas. “Espero que haya paz. No guardo rencor”, ha manifestado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Mesa del Parlament que ha recibido el escrito de los letrados de la Cámara.

Con todo, el jurista desconoce si sus todavía compañeros de grupo repetirán el intento de expulsión, aunque confía en que se proponga una tregua. “Por mi parte no guardo rencor a nadie y estoy abierto, como siempre, a lo que pida el partido. Todo se puede arreglar”, ha añadido. La dirección nacional, según ha adelantado, ya está informada del contenido de los informes de los servicios jurídicos, si bien aún no se ha pronunciado al respecto. Con quienes no ha hablado, ha admitido, es con los diputados rebeldes.

Poco después, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Idoia Ribas, ha explicado ante los medios que los diputados díscolos estudian ahora los informes de los letrados sin aclarar si volverán a repetir la expulsión de Le Senne y De las Heras. En una comparecencia en la Cámara autonómica, Ribas no ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha evitado pronunciarse sobre la respuesta de sus compañeros a los informes de los letrados.

“Comprenderán que el texto lo hemos conocido hace muy poco y, por tanto, lo que voy a hacer a partir de ahora es ponerlo en conocimiento de los miembros del resto del grupo parlamentario y no les puedo adelantar cuál será nuestra decisión. No se tomará ninguna decisión hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad estos informes”, se ha limitado a señalar.

Mientras tanto, el Parlament celebró este martes uno de los plenos más tensos de esta legislatura. Durante la sesión, el PP tendió la mano a los cinco sublevados que continúan operando bajo las siglas de la formación de extrema derecha pese a su suspensión cautelar. “Tránsfugas no hay ni uno”, llegó a proclamar la consellera popular Antònia Estarellas en un pleno en el que se vivieron duras acusaciones entre Ejecutivo y oposición e incluso entre las dos facciones enfrentadas dentro del partido liderado por Santiago Abascal.

Frente a ello, desde la oposición clamaron contra lo que consideran un “secuestro” del hemiciclo por parte de quienes ahora “chantajean” al Govern presidido por Marga Prohens, en alusión a los díscolos de Vox. Los socialistas pidieron, de hecho, que la líder del Ejecutivo cese de su cargo y convoque elecciones la primera semana del mes de abril para reconducir una situación inédita en Balears.

El PSIB: “El complot de Prohens con los tránsfugas ha fracasado”

Este miércoles, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha celebrado que “el complot de Prohens con los tránsfugas haya fracasado”, insistiendo en la idea de que el PP era conocedor de la maniobra que planeaban los diputados díscolos de Vox para pactar la presidencia de la presidencia de la Cámara autonómica. Para el socialista, la operación ha provocado la inestabilidad del Ejecutivo, por lo que ha reiterado la urgencia de convocar unos nuevos comicios autonómicos. “Es un Govern que ella misma [en alusión a Prohens] ha dinamitado al tensionar a su socio hasta límites que van más allá de la ética y la democracia. Ya no sabe con quién tiene un pacto”, ha señalado. Según el portavoz, el PP y los cinco diputados díscolos tenían pactadas leyes como la del taxi y la de vivienda. “Eso lo sabemos todos”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones, no ha concretado, sin embargo, quién podría ser el candidato o candidata socialista aunque ha reiterado la idea trasladada recientemente de que “el PSIB está preparado para gobernar”. Sí ha confirmado que en el caso de llegar a este escenario, el PSIB volverá a presentar candidato o candidata a la presidencia del Parlament.

Cabe recordar que los populares, con 25 escaños -los mismos que suman las fuerzas de izquierda- necesitan sí o sí a sus socios de investidura para sacar adelante sus iniciativas, dado que la mayoría absoluta en el Parlament balear está fijada en 30 diputados. Las tensiones surgidas en los últimos meses por las desavenencias de los conservadores con Vox han puesto a éstos contra las cuerdas en varias ocasiones, aunque finalmente han logrado desatascar sus sucesivas crisis a costa de claudicar ante los de Abascal.

Ha transcurrido una semana y un día desde que Vox implosionase en Balears, cuando cinco diputados autonómicos decidieron expulsar del grupo parlamentario a otros dos compañeros, a lo que la dirección nacional de Vox respondía de inmediato suspendiendo e inhabilitando a los cinco díscolos y dejando prácticamente fagocitada a la formación en el Parlament balear. Desde entonces, no sólo no se ha producido un acercamiento entre las dos facciones de la extrema derecha, encarnadas por los cinco sublevados y los dos diputados a los que purgaron –nada menos que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, y la líder del partido en Balears, Patricia de las Heras–, sino que los interrogantes en torno a qué sucederá con el pacto suscrito entre PP y Vox a principios de legislatura y de qué manera los conservadores lograrán garantizar la gobernabilidad de las islas continúan sucediéndose.

En medio de una crisis institucional sin precedentes en el archipiélago, y entre peticiones de dimisión y acusaciones de pactos con tránsfugas, el PP no duda en encomendarse a los cinco díscolos de Vox: los populares necesitan sí o sí a sus socios de investidura para sacar adelante sus iniciativas y éstos son plenamente conscientes de ello. Sin embargo, desde la oposición, los partidos de izquierdas claman contra lo que consideran un “secuestro” del hemiciclo por parte de quienes ahora “chantajean” al Govern presidido por Marga Prohens, en alusión a los díscolos de Vox. Los socialistas ya han pedido, de hecho, que la líder del Ejecutivo cese de su cargo y convoque elecciones la primera semana del mes de abril para reconducir una situación inédita en Balears.

Lo han solicitado este martes durante el primer pleno celebrado desde que estalló la crisis y uno de los más broncos de los últimos meses a cuenta de los enfrentamientos entre las dos facciones contrapuestas de la extrema derecha, representadas, por un lado, por el sector más beligerante con la dirección nacional del partido (los amotinados Idoia Ribas –portavoz parlamentaria–, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, María José Verdú y Agustín Buades) y, por otro, por quienes se han mostrado más fieles a Madrid, es decir, Le Senne y De las Heras. Estos dos últimos fueron los únicos dirigentes que acudieron al cónclave de Vox en Madrid para apoyar la aclamación de Abascal como presidente de Vox durante cuatro años más.

Una diputada de Vox, al presidente del Parlament: “¿Quieres otro?”

El salón de plenos ha sido escenario incluso de desafíos directos al presidente de la Cámara por parte de una de sus excompañeros de grupo. Tal ha sido el tono empleado por la diputada Maria José Verdú que Le Senne se ha visto obligado a llamarla al orden en dos ocasiones. Ha sido al finalizar una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Mercedes Garrido. Ante el murmullo generado en la bancada del PP, Le Senne ha pedido silencio “especialmente” a los 'populares'. Tras ello, y de manera irónica, Verdú ha roto en aplausos mientras manifestaba: “Muy bien, muy bien, presidente, muy bien”. Tras llamarle la atención, la parlamentaria le ha proferido: “¿Quieres otro?”. Finalmente, el diputado Sergio Rodríguez ha acabado pidiendo calma a su compañera.

El presidente del Parlament ha lamentado el “espectáculo” ofrecido por los parlamentarios dado que, hasta este martes, únicamente había tenido que llamar al orden al diputado del PSIB Álex Pitaluga por pasarse de tiempo al preguntar. “Les ruego que guarden silencio y no lo digo por nadie, pero estamos dando el espectáculo. Guarden silencio y dejen hablar”, ha concluido.

Otro de los momentos tensos de la jornada se ha producido cuando Le Senne iba a dar paso a la siguiente pregunta parlamentaria, pero la portavoz de extrema derecha Idoia Ribas le ha interrumpido: “Presidente, yo tenía más tiempo para contestar”. “Le quedaban cinco segundos”, le ha respondido Le Senne, ante la aparente sorpresa de Ribas: “¿Cinco segundos?”. Finalmente, el jurista le ha concedido la palabra. Minutos después, el grupo parlamentario de Vox publicaba, en su nuevo perfil de la red social X, un tweet en el que lamentaba la actitud de Le Senne: “¿Y esto? Propondremos un presidente que sea imparcial”.

Mientras tanto, ante las continuas preguntas de la oposición acerca de la estabilidad del Govern y de quiénes intentará recabar sus futuros apoyos, el PP no ha dudado en extender la mano a los cinco díscolos que continúan operando bajo las siglas de la formación de extrema derecha pese a haber sido expedientados por la dirección nacional. “Tránsfugas no hay ni uno”, ha llegado a proclamar la consellera popular Antònia Estarellas.

Los números del PP

El PP cuenta tan sólo con 25 escaños. Son los mismos que suma, en la oposición, la izquierda: el PSOE (18), Més per Mallorca (4), Més per Menorca (2) y Podemos (1). La mayoría absoluta en el Parlament balear está fijada en 30 diputados. Las tensiones surgidas en los últimos meses por las desavenencias de los conservadores con Vox han puesto a éstos contra las cuerdas en varias ocasiones, aunque finalmente han logrado desatascar sus sucesivas crisis a costa de claudicar ante los de Abascal. La situación es ahora más complicada: si el PP pacta finalmente con los cinco rebeldes, esto podría generar serias tensiones con la dirección nacional de Vox.

Unos y otros, tanto los díscolos como Le Senne y De las Heras se erigen como los interlocutores válidos para negociar con el Govern. Estos dos últimos gozan de la máxima confianza de Abascal, pero, a pesar de continuar afiliados a Vox, quedarán como diputados no adscritos en el Parlament balear. De pactar con ambos, el PP no alcanzaría la mayoría absoluta requerida, por lo que también se vería abocado a negociar con el crítico Francisco José Cardona, quien abandonó la formación de extrema derecha después de que Idoia Ribas le retirase la portavocía adjunta para dársela a Sergio Rodríguez, así como con el outsider Llorenç Córdoba, a quien el propio PP echó de la coalición de derechas de la que forma parte en Formentera por presuntamente exigir a Prohens un sobresueldo de 4.000 euros. Aún en este escenario, a los conservadores tampoco les darían los números.

Mientras en Génova descartan que la crisis abierta en Vox vaya a afectar al Ejecutivo balear, sus dirigentes en Balears tienden la mano al transfuguismo. Sabedores de que su apoyo es indispensable, los cinco sublevados del partido de extrema derecha insisten en mantener el pacto con el PP con la mirada puesta en el desarrollo de medidas estrella que pactaron con los conservadores al inicio de la legislatura, como la constitución de una “oficina de garantía lingüística” ideada por Vox con el objetivo, a través de multas desorbitadas, de “luchar contra la imposición del catalán” en las Islas. 

En el primer pleno que se celebra en el Parlament balear tras la implosión de Vox en las islas, el Govern del PP ha extendido la mano a los cinco díscolos que continúan operando bajo las siglas de la formación de extrema derecha pese a haber sido expedientados por la dirección nacional. “Tránsfugas no hay ni uno”, ha proclamado la consellera popular Antònia Estarellas en una tensa sesión en la que se han vivido duras acusaciones entre Ejecutivo y oposición e incluso entre las dos facciones enfrentadas dentro del partido liderado por Santiago Abascal. Desde el PSOE han reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que dimita y convoque nuevas elecciones la primera semana de abril.

Cabe recordar que, hace una semana, cinco diputados autonómicos de Vox expulsaban del grupo parlamentario a otros dos compañeros y, como castigo, la dirección nacional de Vox decidía de inmediato echar del partido a los cinco díscolos, dejando prácticamente pulverizada a la formación en la Cámara balear y abriendo una crisis institucional sin precedentes en Balears. La presidencia de la institución legislativa también quedó en el aire, dado que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), es uno de los dos diputados inicialmente purgados. Al quedar sin grupo, y de acuerdo al reglamento, Le Senne debía automáticamente haber sido cesado, pero éste se aferra a su cargo y, con el apoyo de la dirección nacional del partido, ha iniciado una batalla legal para combatir su destitución. En medio de la anómala situación que atraviesa la Cámara, el jurista ha presidido este martes el que se desconoce si será su último pleno.

Minutos antes de las 10.00 horas, la diputada y presidenta de Vox en Balears, Patricia de las Heras, llegaba al Parlament arropada por el sector oficial del partido en las islas como muestra de unidad frente a los cinco rebeldes. A preguntas de los medios antes de acceder al edificio, la todavía diputada -dado que, junto a Le Senne, permanece a la espera de que los servicios jurídicos dictaminen acerca su expulsión del grupo- ha reivindicado la necesidad de mantenerse unidos “ante determinadas personas que están tergiversando los hechos”.

Acompañada del vicepresidente del partido en Balears, Fulgencio Coll, y los representantes en el Consell de Mallorca Toni Gili y David Gil, entre otros, quienes han asistido como público a la sesión plenaria, la líder de Vox en Balears ha asegurado que no conoce la existencia de negociaciones en las que esté participando la dirección nacional para revocar la crisis y lo ha hecho argumentando que fue el propio secretario general, Ignacio Garriga, el que solicitó la expulsión “de los cinco sujetos”, en referencia a los diputados díscolos y que ahora forman el grupo parlamentario.

Para De las Heras, la gobernabilidad en el archipiélago no tendría por qué estar en peligro si se mantiene el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. “Lo contrario sería votar con la izquierda”, ha concluido. De las Heras también ha afirmado que “no se entendería” que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se apoyara en tránsfugas.

Durante la sesión plenaria, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha acusado en este sentido a Prohens de “dar el ok” a la operación para romper Vox con el objetivo de poner el Parlament “a su servicio”. “Los cinco diputados no son unos cracks, pero tienen experiencia y sabían que necesitan el visto bueno de la presidenta”, ha remarcado el socialista. Según Pons, el objetivo era colocar a la portavoz de Vox en la Cámara, Idoia Ribas en la presidencia de la Cámara en sustitución de Le Senne. En los últimos meses, Ribas ha actuado como líder de facto del partido, dejando en un segundo plano a su verdadera presidenta, De las Heras.

Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha respondido a Pons asegurando que el Gobierno central “es el que tiene pactos ocultos con separatistas” para seguir en la Moncloa. En otro momento del debate, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, ha defendido que el PP tiene un pacto con Vox y ha asegurado que, de momento, “no hay tránsfugas”, asegurando que el Govern no era consciente de la problemática interna de Vox.

En el turno de Prohens, ésta ha insistido en defender la “estabilidad” del Ejecutivo autonómico pese la “crisis” de Vox, recordando que “firmó un acuerdo de investidura con ocho diputados” y que este acuerdo “sigue vigente por parte del Govern y del PP”. “Seguiremos gobernando y seguiremos gestionando. Tenemos un Govern más estable que el de Pedro Sánchez”, ha espetado Prohens al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela ha criticado un “espectáculo que nadie se imaginaba”.

Durante su intervención, el socialista ha advertido a Prohens de que “no está al frente de las instituciones y no dirige la estabilidad”, al tiempo que ha cuestionado las exigencias de la presidenta “a cambio de permitir un golpe de estado en el Parlament”. De su lado, la líder balear ha remarcado que preside un Govern “con un solo partido, que es el que ganó las elecciones en todas las Islas”, y un Govern “que se sustenta en un programa de gobierno y unos acuerdos de investidura con Vox y también con el diputado de Formentera”. “La gobernabilidad se sustenta con el cumplimiento del programa, los acuerdos y la palabra dada”, ha remarcado la popular, recordando que son “acuerdos que siguen vigentes” y que cumplirán.

El portavoz del PSIB ha acabado pidiendo a la presidenta del Govern que dimita y convoque elecciones la primera semana de abril. “Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad. No permita jamás un secuestro de un grupo parlamentario en manos de tránsfugas. Dimita y convoque elecciones”, le ha instado. Prohens, al respecto, ha recriminado que el socialista está “totalmente desnortado” y ha ironizado con su *intento de “probar suerte” para ver si “con un cambio de guion acaba de candidato de este Partido Socialista sin liderazgo”.

También el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha pedido a Prohens que “dé luz a la ciudadanía ante esta crisis”, sobre la que ha considerado que tiene “responsabilidad porque fio la presidencia del Parlament a un grupo de diputados que han demostrado que no son de fiar”.