Andalucía pasa consulta: Moreno y Montero confrontan su gestión sanitaria en unas elecciones clave para España

Las elecciones del 17 de mayo en Andalucía van a escudriñar un intenso debate sobre la sanidad pública, la política con más presupuesto de todas las que gestiona el Gobierno de Juan Manuel Moreno (16.266 millones de euros) y, sin embargo, el principal motivo de preocupación de los andaluces después del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

En el histórico de encuestas de opinión pública e intención de voto que sufraga la Consejería de Presidencia desde hace 20 años, primero bajo gobiernos del PSOE y ahora del PP, nunca hasta hoy había destacado la sanidad por encima del paro como el principal problema de Andalucía.

En el último estudio de opinión publicado con un gobierno socialista en Andalucía (el Egopa de diciembre de 2018, poco antes de las elecciones en las que Moreno arrebató la presidencia a Susana Díaz), la principal preocupación personal de los encuestados era la falta de empleo, señalada en primer lugar por el 43,8% de los andaluces, seguida de la sanidad (21,1%).

En la derrota de los socialistas, después de 37 años en el poder, pesó mucho el descontento ciudadano por la gestión sanitaria -otrora “joya de la corona de la Junta”-, que cristalizó en multitudinarias manifestaciones en las calles de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva.

El polémico proyecto de fusión hospitalaria en Granada prendió la mecha de un malestar acumulado entre la gente, que terminó estallando por la “escasez” de medios y por la “falta de personal” que dejaron los recortes en el gasto público durante la crisis financiera de 2008. El médico Jesús Candel, alias Spiriman, personalizó aquel cabreo visceral con el último Gobierno socialista, que fue duramente castigado en las urnas. Aun así, la encuesta que publicó la Junta en diciembre de aquel año, poco antes de las elecciones, volvió a identificar el paro como el principal problema de los andaluces, por delante de la sanidad.

Siete años después, la foto fija del llamado CIS andaluz (la última edición fue el pasado diciembre) sitúa la gestión sanitaria como el primer problema para el 22,3% de los andaluces, seguido del desempleo para el 15,3%. Este periodo han sido años de gobiernos del PP, que heredó déficits estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunes al resto de autonomías -como la falta endémica de médicos- pero también se enfrentó a la pandemia del Covid-19, que desbordó la atención asistencial y disparó las listas de espera de pacientes.

Moreno, que ha gobernado todos estos años y que llegó a la Junta prometiendo “otro modelo de gestión sanitaria”, ha visto cómo la percepción de los andaluces sobre la atención clínica y hospitalaria iba empeorando año tras año, mientras un ciclo de economía en auge achicaba la tasa de paro a mínimos históricos: el 14,6% de la población activa, unos 622.800 desempleados.

La paradoja para el presidente Moreno es que hoy la sanidad pública disfruta -y la Junta no para de repetirlo- del “presupuesto más abultado de su historia y de una plantilla de sanitarios récord”, que el PP contabiliza en 30.000 más que en 2018. Estas macrocifras, sin embargo, contrastan con la percepción que los ciudadanos tienen hoy de la sanidad pública, y con un dato relevante: en los últimos ocho años, el porcentaje de andaluces con un seguro médico privado ha crecido del 15 al 40% de la población, y en ciudades como Sevilla supera el 50%.

Las listas de espera sanitarias, la bestia negra de la Junta

El malestar ciudadano por los retrasos en la atención primaria, por las listas de espera para un diagnóstico y para operarse será un leit motiv en la campaña de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque es la candidata socialista, María Jesús Montero, quien lo ha apostado todo a esta carta, planteando los comicios como “un referéndum sobre la salud”.

“Nos jugamos la vida en estas elecciones”, ha asegurado esta semana. El presidente y candidato del PP a la reelección le ha reprochado su “tendencia a la hipérbole”: “Decirle a la gente: se va a morir si vota a Juanma no es creíble”.

Moreno y Montero son dos candidatos que pueden confrontar sus modelos de gestión sanitaria, porque ambos han gobernado muchos años esta tierra. Sin embargo, la comparativa entre la gestión socialista y la gestión popular del SAS va a estar trufada de lecturas interesadas y datos retorcidos, porque se trata de dos momentos políticos y económicos muy distintos, con muchos matices.

La socialista acusa al popular de tener “planificada” la “privatización paulatina de la sanidad pública”, y pone como ejemplo el incremento del gasto en derivaciones de pacientes a clínicas y hospitales privadas, tanto por la vía de los conciertos como por el aumento de los contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el SAS prorrogó hasta dos años después de la pandemia, y que están siendo investigados por dos juzgados.

Montero ha llegado a acusar a Moreno, sin datos, que prepara el “copago sanitario”, que ha pedido un informe para cambiar drásticamente el modelo de sanidad, que dejaría de ser “universal y gratuita”, y recuerda las palabras del propio presidente de la Junta durante una entrevista el verano pasado: “La sanidad pública, tal como va envejeciendo la población, llegará un momento que será inviable”.

La Junta ha salido a desmentir tajantemente esta acusación. El PP, además, ha sacado a relucir el presupuesto en conciertos sanitarios en la época de Montero como consejera de Salud, así como los contratos de emergencia que firmó a clínicas privadas. Moreno se ha hecho un buen puñado de fotos ante infraestructuras hospitalarias nuevas que estaban prometidas, y sin ejecutar, de la época socialista, siendo la más significativa el Hospital Militar de Sevilla, abandonado durante 20 años.

Es un choque frontal entre candidatos, aunque ambos coinciden en que “la memoria de los ciudadanos” juega a su favor. Montero no teme que su adversario desempolve datos y cifras de su etapa, y saca pecho por algunos “hitos” clínicos de aquellos años, como la investigación con células embrionarias, el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños nacieran sin la enfermedad de sus padres; el primer trasplantete de cara, o la desconexión de Inmaculada Echevarría como precursora de la muerte digna... “La sanidad es mi especialidad profesional, yo tengo mi plaza en el Virgen del Rocío. Cuando quiera Moreno hablamos del orgullo de la sanidad pública”, le ha retado esta semana, poco antes de abandonar el Gobierno de Sánchez para volcarse de lleno en la campaña.

Montero y los “7.000 médicos menos”

La vicepresidenta del Gobierno fue consejera de Salud en la Junta durante nueve años, entre 2004 y 2013 (y antes viceconsejera de esta misma cartera entre 2002 y 2004). En ese periodo, el PSOE de Manuel Chaves gobernó con mayoría absoluta y el PSOE de José Antonio Griñán lo hizo en coalición con Izquierda Unida (IU). En esos 11 años hay ejemplos de todo, bueno y malo.

También la etapa de Moreno es muy desigual. El dirigente del PP es presidente desde hace más de siete años, los tres primeros gobernó en coalición con Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox; y los cuatro últimos en solitario, gracias a una sólida mayoría absoluta. La “estabilidad” de esta última legislatura, el gran aval de Moreno en campaña, no ha impedido, sin embargo, que haya cambiado tres veces de consejero de Salud en cuatro años.

Ambos candidatos han afrontado periodos particularmente difíciles para la sanidad pública. El de Montero, que abarca más de una década, termina estrellándose contra la gran recesión que puso patas arriba la economía mundial. A partir de 2008, una contracción internacional del crédito interbancario obligó a todos los países a aplicar duros recortes en el gasto público, con especial virulencia en la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencia directa de las comunidades autónomas.

El PP está desempolvando documentación de esos años de recortes para contraatacar a la candidata socialista, acusándola de “prescindir de 7.000 médicos”, y de dejar los hospitales “saturados, con camillas de enfermos en los pasillos”. Los de Moreno se han llevado al Parlamento fotografías que retratan aquel momento, y han repetido hasta la saciedad esta cifra de “médicos despedidos”, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento andaluz, los tres frentes en los que ha jugado Montero.

El dato de médicos que abandonaron el SAS como consecuencia de la crisis financiera aparece por primera vez en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 2013, donde se lee que “el número de efectivos sanitarios disminuyó en 7.773,44 empleados netos” entre 2011 y 2013, siendo Montero consejera de Salud. El mismo documento aclara que esa cifra incluye “médicos, enfermeros, celadores y administrativos”, pero el número concreto de facultativos afectados es muy inferior al que denuncia el PP: 1.286 menos en tres años.

Moreno y las mujeres con cáncer de mama

En el caso de Moreno, el episodio que más tensionó el sistema sanitario andaluz bajo su mandato fue la pandemia de Covid-19, que dejó cerca de 16.000 fallecidos en la comunidad. La presión asistencial desbordó las costuras del SAS, que ya arrastraba serios problemas estructurales, como la falta de médicos, sobre todo en especialidades clave, como anestaesistas, pediatras o radiólogos.

La falta “crónica” de personal daría la cara años después, de la forma más dramática, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política más dura que ha sufrido Moreno en sus siete años de gobierno, y que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula. El presidente andaluz se vio de repente con cientos de mujeres manifestándose a pocos metros de su despacho, mostrando sus pechos cortados, y gritando “¡Moreno dimisión!”.

El dirigente popular pidió disculpas, cesó a una decena de altos cargos (incluida la consejera) y precipitó un “plan de choque”, prometiendo más dinero y más personal, antes incluso de poder explicar qué había ocurrido. La versión oficial, a día de hoy, es que 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama -el 90% atendidas en la unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla- no fueron alertadas por el SAS de que debían hacerse una segunda prueba de contraste. Algunas se enteraron dos años después de que una mamografía suya había arrojado un resultado “no concluyente”.

El escándalo se hace público por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que revela la Cadena Ser, y pone a la Junta contra las cuerdas. Se inicia una investigación judicial y el SAS recibe docenas de denuncias de mujeres por daño patrimonial que, a día de hoy, aún no ha respondido.

El Defensor y las listas de espera: “Es la puerta de la desigualdad”

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud por la vía “urgente y preferente”, pero aún no ha obtenido datos que expliquen qué falló, cuántas de las mujeres afectadas desarrollaron un cáncer por no haber sido avisadas a tiempo, cuántas han fallecido. Moreno llegó a cifrar en 23 las mujeres muertas como consecuencia de la crisis de los cribados, calculando que el 1% de los casos dudosos termina confirmándose como un tumor maligno. Pero el nuevo consejero de Salud y mano derecha del presidente, Antonio Sanz, salió rápidamente a desmentirle.

Esta semana, ya con el Parlamento disuelto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado su informe anual, correspondiente a 2025, que recoge un incremento de quejas ciudadanas por las abultadas listas de espera del SAS. Hay más de un millón de andaluces aguardando para operarse. “La lista de espera en sanidad no es un mero recurso administrativo, es la puerta de la desigualdad, es un síntoma de desprotección”, ha asegurado.

Maeztu también ha expresado su frustración por no haber podido responder a las víctimas de la crisis de los cribados que elevaron sus quejas a su oficina. “El derecho de información de estas muejeres no se ha cumplido, la Junta no me ha respondido a lo que yo he preguntado y la información suministrada es claramente insuficiente. Esto es grave”, ha denunciado, quejándose de no poder ejercer su labor de contrapeso al Gobierno andaluz, por falta de colaboración.

El malestar de los pacientes vs los incentivos de los médicos

La sanidad será la gran batalla electoral del próximo 17 de mayo. Moreno es tan consciente de ello que, en las semanas previas a la convocatoria electoral, se ha movido por toda Andalucía inaugurando instalaciones sanitarias, primeras piedras, ampliaciones y reciclando promesas que llevan en el programa electoral del PP desde 2018, antes de ser presidente. El sábado previo al anuncio electoral presentó el “nuevo hospital de Cádiz” que, en realidad, ni está licitado ni está programado aún. El lunes, horas antes de disolver el Parlamento, anunció “la ampliación del hospital de la Axarquía” en Granada.

Un Consejo de Gobierno, convocado de forma extraordinaria y sin previo anuncio, disolvió el Parlamento el lunes y desde ese instante la Ley Electoral y la de Publicidad Institucional prohíben las campañas de propaganda institucional. Dos días después, el Gobierno de Moreno anunció un acuerdo “histórico” con todos los sindicatos sanitarios que mejora las condiciones laborales y salariales de 44.600 profesionales del sector.

La decisión del PSOE de apostarlo todo a la sanidad en estas elecciones tiene sus riesgos. Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten que en esta legislatura de cuatro años les ha costado mucho recuperar la confianza del sector sanitario, que seguía culpabilizándoles por sus años de gobierno y los recortes durante los años de la crisis.

Además, mientras Moreno acaba de firmar mejoras laborales y salariales para el colectivo, algunas de las apuestas políticas del PSOE y el resto de fuerzas de izquierdas chocan de frente con los intereses de muchos médicos. Por ejemplo, al llegar al Gobierno el PP eliminó la subasta de medicamentos -un sistema ideado por Montero para abaratar la compra de fármacos en el SAS- que benefició mucho a las grandes farmacéuticas.

Moreno también eliminó el plus de exclusividad de los médicos del SAS, una promesa electoral del PP, permitiendo que compaginasen su plaza pública con un trabajo en la privada por las tardes. Además lo hizo extensivo a los jefes de servicio, que son los responsables de decidir cuántos pacientes deriva a la sanidad privada y a qué clínicas u hospitales.

Montero, y también el líder federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, plantean prohibir esa compatibilidad, porque genera un “conflicto de intereses” que va “en detrimento de la sanidad pública y de la ciudadanía”. “No se puede denunciar por la mañana que faltan médicos en el sistema, que no hay dónde contratarlos, y luego permitir que los médicos del SAS hagan caja por las tardes en sus clínicas con los pacientes que ellos mismos envían desde la sanidad pública”, advierten fuentes socialistas.

El riesgo de este planteamiento es calibrar bien hasta dónde llega el hartazgo de los pacientes por el deterioro de la sanidad pública que reciben y hasta dónde llega la indignación de los médicos que no están dispuestos a perder los incentivos que les concedió el Gobierno de Moreno.

La exclusividad de los jefes de servicio de la sanidad pública es algo que también recoge el polémico Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios– y que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos sanitarios.

La receta electoral que usen Moreno y Montero para afrontar este debate trasciende a Andalucía y va a ser clave en las próximas elecciones generales. Esta comunidad, con 8,5 millones de personas y 6,5 millones de votantes potenciales, representa casi el 20% del escrutinio nacional y aporta 61 diputados al Congreso. El resultado de este pulso en Andalucía proyectará el devenir del futuro político de España, con más exactitud que lo hicieron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.