Eliminación del IBI a casas okupadas, más policía y retroceso del catalán: PP y Vox llegan a un pacto en Palma

PP y Vox han llegado a un acuerdo programático para gobernar en la ciudad de Palma, tras más de dos meses de inestabilidad en el municipio por los rifirrafes entre ambas formaciones, que no fueron capaces de entenderse antes de que Jaime Martínez (PP) fuera investido alcalde el pasado mes de junio. El pacto, que ha adelantado Diario de Mallorca y ha confirmado elDiario.es, ha sido firmado por Martínez -alcalde del PP- y Fulgencio Coll -líder de Vox en Palma-, tras una reunión que han mantenido esta mañana en el Consistorio, e incluye medidas sobre seguridad, estad de las infraestructuras urbanas, limpieza o movilidad, pero no la entrada en el equipo de gobierno de Vox.

En un comunicado, ambas formaciones señalan que “aunque este acuerdo no suponga la entrada de Vox en el equipo de gobierno su impronta quedará reflejada en las actuaciones que lleve a cabo el mismo”. Y añaden: “Después de dos mandatos del pacto de izquierdas nacionalista Palma se encuentra en una situación que es preciso modificar con urgencia. Hablamos de seguridad, del estado de las infraestructuras urbanas, de la limpieza, movilidad, y otras muchas cuestiones”. “Creemos que el trabajo conjunto entre las dos formaciones reforzará esta gobernabilidad y propiciará los cambios que demandan los ciudadanos de Palma. Se trata de un acuerdo en el que se reflejan aspectos programáticos que son comunes a las dos formaciones, pero también aquellos que constituyen las señas de identidad del PP y de Vox”, comentan.

Las medidas del acuerdo

Entre las medidas acordadas -un total de 95-, destacan la modificación de la estructura de la Administración municipal ejecutiva y las delegaciones de competencias de la Alcaldía, la creación de una comisión para la elaboración de los presupuestos anuales -de la cual formarán parte PP y Vox- y de seguimiento del pacto y el “compromiso explícito a la atención y respuesta a los requerimientos de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística” -creada por PP y Vox a nivel balear y controlada por los ultraderechistas para “luchar contra la imposición del catalán”-. De hecho, en el apartado lingüístico, PP y Vox hablan de “hacer efectivo el uso normal y oficial de la lengua catalana y castellana en el ámbito oficial y en el administrativo, creando de nuevo las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas” -sin tener en cuenta el claro retroceso que sufre el catalán en el archipiélago-.

También han pactado eximir del IBI a los propietarios de viviendas okupadas; bonificar al 95% la plusvalía que afecte a las sucesiones y donaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges; “eliminar tanto las subvenciones nominativas como los programas de actuación de carácter ideológico” -en lo que puede ser entendido como el fin a las subvenciones a entidades que promueven el uso del catalán-; promover la protección del monolito de Sa Feixina -el mayor monumento franquista de Balears, inaugurado por el propio dictador y sede habitual de los mítines de Vox en Palma-; “preservar el carácter propio de las fiestas de carácter religioso, evitando los elementos que las desvirtúan” y “abrir el Ayuntamiento el día en que se celebra el Corpus y durante las procesiones de Semana Santa”; otorgar licencias urbanísticas en un plazo máximo de tres meses; crear una “oficina de asesoramiento al arrendador” y garantizar “la seguridad jurídica contra la ocupación ilegal de viviendas”.

En relación a los barrios más complejos de la ciudad, Vox y PP han pactado el desmantelamiento de Son Banya -principal punto de venta de droga de Mallorca-: “Tomaremos las medias oportunas para proporcionar las viviendas necesarias para el desmantelamiento del poblado, acompañadas de las medidas sociales necesarias con la fecha objetivo: septiembre de 2025”. También se han comprometido a llevar a cabo “una regeneración de barrios degradados como Camp Redó, Son Roca, Son Gotleu, Cala Major, Vege de Lluc, La Soledad, entre otros”. Dentro del apartado de seguridad, quieren incorporar 300 agentes nuevos, dotar de mayor equipamientos e infraestructuras a la Policía Local, intensificar los controles y las patrullas e implantar un “plan integral de erradicación de la venta ambulante ilegal”.

En el apartado de la familia, PP y Vox inciden en reforzar las ayudas a la maternidad, “especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, dificultad económica, personal o social”, y consideran “al concebido como nacido a efectos de ayudas públicas y matriculación en las escuelas infantiles”. También hablan de que tanto en las escuelas infantiles como en la Escuela Municipal de Música se recoja “la realidad bilingüe de la ciudad de Palma” y de que en el caso de las escuelas infantiles “se prestará especial atención al uso y conocimiento de la modalidad lingüística de Mallorca cuando se utilice el catalán como lengua de comunicación”.

Sin Vox en el gobierno

El PP siempre había rechazado la entrada de Vox en el gobierno municipal -también lo ha hecho en el Govern balear-, lo cual había generado el malestar de la ultraderecha que capitanea Coll, quien avisó a Martínez -que es el alcalde porque el PP fue la lista más votada- que harían una oposición “constructiva y contundente”. “Vox tendría suficiente fuerza para revertir las políticas de izquierdas en un gobierno de coalición, pero la alternativa por la que ha optado el PP es un gobierno débil con un alcalde, 10 regidores [del PP] y 18 concejales en la oposición”, manifestó Coll. Sin el apoyo de Vox, el PP no tenía la mayoría absoluta para sacar adelante medidas, lo cual generó un importante quebradero de cabeza en el Ajuntament de Palma.

Por ejemplo, en junio, el equipo de gobierno popular no pudo aprobar diferentes propuestas relacionadas con el funcionamiento interno del pleno; el nombramiento de las juntas municipales de distrito; la propuesta de retribución de los miembros de la corporación y órganos directivos y la propuesta del régimen de retribuciones de los grupos políticos municipales. Vox votó, junto a la izquierda, en contra de todas las propuestas, excepto en la última en la que se abstuvo, con lo cual ninguna de ellas pudo ser aprobada por el gobierno en minoría del PP. La situación de bloqueo llevó a los populares a negociar un acuerdo de mínimos con los ultraderechistas durante el pleno ordinario del mes de julio, donde se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para modificar la normativa lingüística municipal con la intención de hacer retroceder al catalán.

Desde Vox siempre han insistido en la idea de que querían entrar en el equipo de gobierno y no habían cerrado dicha puerta. El PP, sin embargo, públicamente siempre ha querido rebajar las expectativas de la extrema derecha. “Se está trabajando para cerrar un acuerdo programático con Vox”, explicó Javier Bonet, primer teniente de alcalde de Turismo, Cultura e Innovación en julio. “Hemos llegado a ciertos acuerdos con Vox para desbloquear determinados temas, pero también con el PSOE”, aclaró Bonet. En cuanto a Vox, volvió a insistir Bonet, los populares no están hablando con los ultraderechistas para que formen parte del gobierno municipal de Palma. “No podemos decir nada sobre su posible entrada (...) porque no se ha mantenido esta conversación”, zanjó.